Planes Sociales: acuerdan dos nuevas condenas y continúa el control de acusación
20-03-2025
Neuquén– Durante el plazo que la jueza Carina Álvarez había otorgado para realizar convenciones de prueba de cara al juicio por estafas con planes sociales, dos de los imputados reconocieron su participación en la asociación ilícita y acordaron aceptar una condena.
La magistrada homologó las condenas a las que se arribó mediante el acuerdo de partes y, en la misma audiencia, continuó con el control de las evidencias y testigos. Con las dos nuevas condenas aprobadas hoy, entre jefes e integrantes de la organización criminal, la responsabilidad de las restantes 15 personas imputadas se definirá en juicio.
El acuerdo fue anunciado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez hoy, apenas iniciada la audiencia en la que las partes debían informar a la jueza los puntos en los que se habían puesto de acuerdo para reducir el listado de testigos que inicialmente iban a ser convocados al juicio.
Se trata de Ulises Omar Rodríguez Quezada y Aaron Escobar, quienes, en la pirámide de responsabilidades que estableció la fiscalía en relación con la estructura de la asociación ilícita, ocupaban los niveles más bajos. La dinámica de las estafas investigadas establece que los jefes de la organización estructuraron un sistema de planes sociales destinados a paliar situaciones de desempleo que finalmente no cumplieron ese objetivo, sino que se utilizaron mediante cobros con cheques y tarjetas de debido, para hacerse con fondos públicos. Ambos limitaron su participación al cobro de cheques: Rodríguez Quesada cobró 46 cheques por un total de $2.163.000, mientras que en el caso de Escobar, los cheques fueron 61, por la suma de $2.365.600. El dinero siempre fue entregado a otras personas y no varió su situación económica.
Al momento de definir la imputación, la semana pasada, la jueza ya había retirado los cargos por defraudación especial por el uso indebido de tarjeta de débito sin la autorización del titular respecto de Rodríguez Quezada. El acuerdo amplió esa condición a Escobar, ya que no participaron de las extracciones de dinero con esa modalidad.
Tal como se ratificó hoy, todos y todas las imputadas comparten la imputación por asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores, (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal). En el nivel superior de la pirámide, la imputación es por la calidad de “jefes”, lo que agrava su situación.
Respecto de Rodríguez Quezada y Escobar, Vignaroli planteó que “el rol que cumplieron aportó a la extracción, pero no es comparable a quienes tuvieron una mayor incidencia en la asociación. Eso es lo que nos permite evaluar su responsabilidad penal”, y pidió a la jueza que imponga 3 años de prisión en suspenso, más los controles de la Dirección de Población Judicializada y la realización de 432 horas de trabajos no remunerados.
El fiscal jefe explicó que respecto del perjuicio económico, la fiscalía de Estado inició acciones para reclamar el resarcimiento a todas las personas imputadas.
Tanto en los acuerdos presentados hoy como en los que se realizaron desde fines de 2024, el Ministerio Público Fiscal tuvo el objetivo de centralizar la acusación en los niveles superiores de responsabilidad.
Tras escuchar a las partes, la jueza hizo lugar a los acuerdos, ponderó el reconocimiento de su participación por parte de los imputados, y consideró fundada la acusación de la fiscalía, por lo que declaró la responsabilidad penal de ambos y les impuso la pena de 3 años de prisión condicional.
Luego, la audiencia continuó con el control de la prueba, que proseguirá la próxima semana, en una nueva jornada bajo la dirección de la jueza Carina Álvarez.
La investigación
La teoría del caso de la fiscalía comprende a ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
La investigación se centró en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022, y se delimitaron roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel. En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios
Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles:
-Colaboradores/as: L.M.G.; L.C.R.; J.O.; y J.A.
-Reclutador/a: I.M
-Recaudadores/as: V.N.H; A.K; y V.C.E.
-Beneficiados/as por la maniobra: A.A.C; y F.C.R
Con esa estructura, la organización se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar), con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, En audiencias previas se acordaron cinco condenas a prisión condicional y hay otros dos casos que resta resolver.
