Autor: Ministerio Público Fiscal

MPF rechazó pedido de sobreseimiento de imputado por estafas

14-03-2025

Neuquén- El fiscal de Delitos Económicos Juan Narvaez, junto a la asistente letrada de la misma unidad fiscal, Agustina Jara, rechazaron la propuesta de un imputado por realizar una estafa mediante la venta de una camioneta por Facebook, quien pidió ser sobreseído luego de que la víctima recuperara su dinero, y pidieron que sea juzgado por un tribunal colegiado.

El juez de garantías Luciano Hermosilla coincidió con el fiscal y la asistente letrada y consideró que no podía acceder al pedido del acusado, por lo que dictaminó el pase de la investigación a etapa de juicio, en las condiciones indicadas por la fiscalía.

“La fiscalía tienen intenciones de llevar estos casos a juicio, justamente, para poder erradicar este tipo de hechos, de estafas genéricas, en la ciudad de Neuquén y sus alrededores”, afirmó el fiscal.

El hecho se remonta al 2 de mayo de 2023, cuando dos compradores viajaron desde Buenos Aires para adquirir una camioneta.

La teoría de la fiscalía es que, previo al viaje, las víctimas vieron una publicación en Facebook en la que se ofrecía el vehículo, del año 2013. Se contactaron y los atendió una persona que se presentó como “Franco”. En ese instante comenzó la maniobra tendiente a ganarse la confianza de los compradores, mediante el envío de fotos y detalles de la camioneta, para luego fijar un precio de venta. Tras pagar una seña de 20 mil pesos, las víctimas viajaron a Neuquén el 2 de marzo de 2023 y fueron recogidos en el aeropuerto por el vendedor. “Franco” los pasó a buscar en un auto de alta gama y los llevó hacia un domicilio del barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén, donde se encontraban varias personas, entre ellas, el imputado, D.E.

Durante la negociación, la víctima se interesó en una camioneta más nueva y D.E. le exhibió otra que estaba en el lugar, al mismo precio que la anterior. Para concretar la operación ingresaron a la casa, una de las víctimas entregó el dinero al imputado y comenzaron a llenar la documentación. Luego, con la excusa de completar el trámite en la gestoría, E.D se fue del lugar, llevando consigo el dinero y los papeles. Mientras esperaban que el imputado regresara de la gestoría con el trámite realizado, la persona que se identificó como Franco llevó a las víctimas a un comercio de autopartes donde le hizo comprar distintos accesorios para la camioneta.

Más tarde, D.E volvió al domicilio y les dijo a las víctimas que, debido a un problema de la ex AFIP, no se podía realizar la transferencia en ese momento, pero que cuando se solucionara les avisaría para que volvieran a buscarla. De ese modo, las víctimas retornaron a la provincia de Buenos Aires, sin el dinero ni el vehículo que habían comprado. En los días siguientes las excusas continuaron hasta que finalmente se cortó la comunicación.

El perjuicio causado, explicó el fiscal, fue de U$D 10.000 dólares y $ 175.000, y ratificó el delito por el que originalmente se habían formulado cargos: estafa, en calidad de coautor (artículos 172, 45 y 46 del Código Penal).

Durante la audiencia realizada ayer, el abogado defensor del imputado solicitó el sobreseimiento, debido a que durante el proceso, una tercera persona le pagó a la víctima una suma de dinero, por fuera del ámbito del proceso penal.

El fiscal Narvaez se opuso, debido a que, en primer lugar, en ningún momento el pago a la víctima se realizó a modo de compensación por el perjuicio causado; y por el otro, porque la pretensión de la fiscalía es avanzar hacia el juicio y solicitar una pena superior a los 3 años de prisión.

“Si no me opongo a esto, damos un mensaje a la sociedad, en el que le decimos al imputado que estafe a otra víctima, que no habrá problemas: afrontará un proceso penal, pero antes del control de acusación podrá ofrecer la reparación. Y esto permite burlar al sistema”, cuestionó Narvaez, que aclaró que la reparación integral a las víctimas es una vía posible para solucionar el conflicto, pero que “en este caso concreto, con el imputado en concreto, por su trayectoria y antecedentes, por investigaciones en curso y otros criterios de oportunidad, no lo es. La idea es que esto se termine”.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías rechazó el pedido de la defensa y ordenó que el caso se resuelva en un juicio, con la modalidad de tribunal de tres integrantes, como solicitó la fiscalía.

Estafas con planes sociales: un juez rechazó dos acuerdos de condena

12-03-2025

Neuquén- Tras un cuarto intermedio de 48 horas, el juez de garantías Juan Pablo Encina rechazó dos acuerdos para imponer condenas en la causa que investiga estafas con planes sociales. Comprenden a A.A.M.L y a R.A.L, quienes reconocieron haber sido parte de una asociación ilícita que defraudó al Estado.

El magistrado consideró que los acuerdos afectaron el principio de “legalidad” por falta de fundamentación de las  partes. Sobre el final de la resolución, que dictó durante una audiencia celebrada hoy, resaltó que los imputados habían tenido participación en “muchos hechos”.

Las condenas propuestas por el fiscal del caso Juan Narvaez y por la asistente letrada Agustina Jara, consistían en imponer 3 años de prisión en suspenso en ambos casos, con 432 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta para A.A.M.L  y 360 para R.A.L.

Como en otros cinco acuerdos en los que se avanzó, la resolución de acordar las penas se adoptó en los casos en los que el rol desempeñado por la persona acusada era de menor responsabilidad. En todos se impusieron penas de prisión condicional y trabajo no remunerado.

Respecto de los dos imputados con los que se había acordado la declaración de responsabilidad y la aplicación de una pena de prisión en suspenso, el fiscal del caso había precisado el perjuicio atribuido a cada uno de ellos:

–A R.A.L, se le atribuyó haber participado en 264 hechos, con un perjuicio al Estado estimado en $ 12 millones.

–A A.A.M.L, se le endilgaron 103 hechos, con un perjuicio estimado en $ 4.9 millones.

En la audiencia en la que se solicitó el acuerdo, el representante de la Fiscalía de Estado, que interviene como querellante en el legajo, aclaró que A.A.M.L depositó recientemente la suma reclamada. Por otra parte, indicó que respecto del resto del perjuicio, el gobierno provincial inició acciones civiles contra la totalidad de los imputados. 

Condenas

Sobre fines de 2024, la unidad fiscal de Delitos Económicos resolvió avanzar en una serie de acuerdos para obtener condenas sin pasar por el juicio, en aquellos casos en los que los niveles de responsabilidad fueran bajos. Esa vía de resolución del conflicto permitiría, tal como se argumentó en las audiencias, centralizar la investigación en los niveles superiores de responsabilidad.

En ese momento se acordaron condenas respecto de Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea, quienes aceptaron haber integrado la asociación ilícita y hacer tareas como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra.

Control de acusación

En paralelo al rechazo del juez Encina, desde ayer y hasta mañana se desarrolla la audiencia de control de la acusación respecto de las 17 personas acusadas que la fiscalía resolvió llevar a juicio.

Como se trata de los casos en los que se cuenta con evidencias de una mayor participación, el MPF impulsará penas de prisión efectiva, desde un mínimo de 3 años de detención, por lo que solicitó a la jueza Carina Álvarez que habilite el pase a etapa de juicio, con la intervención de un tribunal de tres integrantes.

La estafa

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF), un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo y particulares externos al Estado que se beneficiaron con la maniobra, integraron una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.

En todos los casos, el delito que se atribuye a los acusados y acusadas es el de haber sido parte de una asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal). Los cinco funcionarios de alto rango, que son a los que se les endilga una mayor responsabilidad, están imputados por esos delitos pero en carácter de “jefes” de la organización.