Autor: Ministerio Público Fiscal

Condenan a un varón por tenencia de armas y le unifican condenas

03-04-2025

Neuquén-Por pedido del fiscal del caso Hernán Scordo y del asistente letrado Federico Surá, Claudio Javier Sanhueza fue condenado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión por tener un arma de guerra sin su debida autorización.  El monto fue unificado con otra condena que tenía, en un total de 7 años y 6 meses.

En febrero de este año, Sanhueza fue declarado responsable por el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra, por un hecho que ocurrió el 23 de marzo de 2024, a las 18, en la localidad de San Martín de los Andes, en la que el imputado tenía, sin la debida autorización legal, un arma de guerra.

El pasado 31 de marzo y 1 de abril se realizaron las audiencias de cesura de la pena, en la que la fiscalía requirió la pena de 2 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento.

Luego de escuchar a las partes, el tribunal conformado por los jueces Nazareno Eulogio, Federico Sommer y Juan Pablo Balderrama, hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que no fue controvertido por la defensa, y condenó a Sanhueza a la pena de 2 años y 6 meses de prisión.

Unificación de penas

En segundo término, las partes discutieron la pena final que le corresponderá cumplir, teniendo en cuenta que al momento de cometer el hecho, el acusado estaba cumpliendo una pena, desde el 2020.

En ese contexto, Surá indicó que en el 2019, Sanhueza fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén, a seis años de prisión, por tráfico de estupefacientes: uno en calidad de tenencia para comercialización y otro en calidad de transporte.

Agregó, que estamos frente a un caso de unificación de penas, “un delito cometido con posterioridad a la firmeza de una condena por un delito anterior, cuya ejecución no está finalizada, es decir que el imputado se encuentra en cumplimiento de la pena”, indicó Sura.

La fiscalía manifestó que la escala penal sobre la que se debe partir, empieza con un mínimo de 5 años, por el delito de tráfico de estupefacientes, y llega a 50 años. “Tenemos la pena de 6 años de prisión y la nueva pena de 2 años y medio, unificando ambas penas solicitamos 8 años de prisión”, señaló el asistente letrado, quien junto al fiscal, pidió la declaración de primera reincidencia del imputado.

“Tenía un cumplimiento parcial de la pena que se le había impuesto; es por esto que a la pena de 2 años y 6 meses debe acompañarlo la declaración de reincidencia y la unificación de pena”, indicó el asistente de la fiscalía.

Por su parte, la defensa se opuso a la declaración de reincidencia y planteó que debía unificarse sólo el tiempo que restaba cumplir de la pena, solicitando la aplicación de la pena única de 2 años y medio de prisión efectiva.

“Nuestro sistema argentino tiene el régimen de pena, en el que una misma persona no puede estar cumpliendo dos penas a la vez, tiene que cumplir una única pena y hay que unificarla”, indicó el tribunal, quien luego de deliberar, resolvió imponer la pena única de 7 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento y declaró la primera reincidencia de Sanhueza.

MPF presentó un recurso extraordinario por absolución en un caso de robo

31-03-2025

Neuquén – El fiscal jefe Pablo Vignaroli y la fiscal del caso Rocío Rivero presentaron un recurso de impugnación extraordinario ante el Tribunal Superior Justicia (TSJ) y solicitaron que se anule la decisión de un Tribunal de Impugnación (T.I) que absolvió a un acusado de robo en la ciudad de Rincón de los Sauces.

La presentación del recurso fue el viernes pasado y los representantes del MPF pretenden revocar la decisión de un T.I que absolvió a un condenado y, que de esta manera, quede firme la sentencia del tribunal colegiado que dictó la responsabilidad penal.

La persona condenada es Miguel Ángel Monsalve y luego de un juicio fue declarado responsable por robar, junto a otras dos personas, en una empresa de la industria petrolera ubicada en Rincón de los Sauces. También por tener en su poder un arma de fuego sin autorización.  Se le impusieron 3 años y 8 meses de prisión efectiva.

Luego, en una audiencia de impugnación, fue absuelto bajo el argumento de que se habían extinguido los plazos procesales. Esta es la resolución que cuestionó la fiscalía ante el TSJ bajo los siguientes argumentos: que los plazos procesales no se vencieron y las prórrogas fueron pedidas oportunamente; que existe arbitrariedad por parte del T.I ya que su resolución es contradictoria a un fallo anterior del mismo tribunal; y que la sentencia carece de fundamentación; entre otros.

Tras la presentación del recurso en la Sala Penal del T.S.J, en los próximos días deberá fijarse la fecha para la realización de la audiencia.

El tribunal colegiado que juzgó el caso y declaró la responsabilidad penal estuvo integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Cristian Piana y Gustavo Ravizzoli, mientras que el Tribunal de Impugnación que absolvió posteriormente, estuvo conformado por el juez Mauricio Macagno y las juezas Florencia Martini y Liliana Deiub.

Los delitos por los cuales Monsalve fue declarado penalmente responsable por unanimidad son: robo doblemente calificado, por ser en poblado y en banda y por escalamiento, en grado de tentativa y en calidad de partícipe necesario; en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento por supresión, en calidad de autor (artículos 167 incisos segundo y cuarto, 189 bis apartado dos cuarto párrafo, 277 inciso “c” en función del artículo 289 tercer párrafo, 42, 45 y 55 del Código Penal).

El hecho

La teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal es que el hecho ocurrió el 12 de septiembre de 2020, cerca de la medianoche. Dos varones, M.A.O y L.F.R, ingresaron a una oficina de la empresa Tacker ubicada en el Barrio Parque Industrial. Previamente atravesaron un cerco perimetral hasta llegar al sector de oficinas de Recursos Humanos, ubicadas en la parte posterior del predio. Allí violentaron una puerta y forzaron un tramo de elástico metálico. Del lugar se llevaron un monitor, una impresora, una pava eléctrica y una cafetera. Luego transportaron los artefactos hasta un canal de riego seco, a donde arribó una camioneta conducida por Miguel Ángel Monsalve. Al momento de cargar los elementos en el vehículo fueron detenidos por el personal policial.

De la camioneta conducida por el acusado se secuestró un arma con cuatro municiones que con la numeración suprimida y que el imputado tenía sin la autorización como legitimo usuario.

La situación de los otros dos implicados en la causa, se resolvió o está en trámite: en el caso de L.F.R, ya fue condenado; mientras que M.A.O se encuentra en rebeldía y tiene una orden de captura vigente.

Fijan 3 años de prisión para responsable por homicidio en riña

31-03-2025

Neuquén – En una audiencia de determinación de la pena realizada hoy en la Ciudad Judicial, el fiscal del caso Andrés Azar requirió que Imanol Martin Huenuman sea condenado a 5 años de prisión efectiva por el asesinato de Aníbal Rodolfo Vides ocurrido en el Loteo Social ubicado en la meseta neuquina. Además, pidió que la pena se unifique con una anterior en 6 años y 6 meses.

En una audiencia previa, el acusado reconoció su participación en el hecho y, mediante un acuerdo de partes, fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio en ocasión de riña, agravado por el uso de arma de fuego (artículos 41 bis, 95 y 45 del Código Penal).

Durante la audiencia de hoy y para pedir la pena, Azar valoró como agravantes: el grado de impunidad para cometer el hecho; la existencia de antecedentes penales previos; y la extensión del daño causado; entre otros. En relación a los atenuantes, tuvo en cuenta que el imputado reconoció su participación en el hecho mediante un acuerdo y que siempre estuvo a derecho.

El tribunal colegiado integrado por la jueza Florencia Martini y los jueces Gustavo Ravizzoli y Mauricio Macagno, resolvió por unanimidad imponer 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. En relación a la unificación solicitada por Azar, no hicieron lugar pero enviaron el caso a ejecución para que se realice el cómputo de la pena.

El caso

La acusación inicial fue por homicidio en calidad de autor pero, a partir de la investigación y de las evidencias recolectadas, no se pudo determinar la autoría o quién efectuó el disparo mortal. En el marco de la investigación se realizaron allanamientos en distintas domicilios y en la vivienda del acusado, pero no se encontraron proyectiles. Las cámaras de seguridad de la zona tampoco aportaron claridad sobre si Huenuman efectuó el disparo que causó la muerte de Vides.

La teoría del caso de la fiscalía que acordaron la fiscalía y la defensa con el reconocimiento de Huenuman es que Vides recibió un disparo de arma de fuego que le causó la muerte. Fue luego de un enfrentamiento vecinal ocurrido el 31 de enero de 2024. El conflicto, había comenzado entre las 22 y las 22:30 cuando la víctima junto a un grupo de personas se dirigió a la casa del acusado a recriminarle que estaba al frente de una iniciativa para echarlo del barrio. Luego entre las 00:30 y la 1:30 Huenuman, también acompañado por un grupo de personas, se dirigió a la casa de la Vides y se produjo un enfrentamiento con armas de fuego, en una calle interna del sector Loteo Social de la meseta neuquina. En un momento de la disputa, el imputado se ubicó tras un montículo de tierra desde donde se efectuaron disparos. Uno de ellos le impactó a la víctima, que murió luego de ser trasladado a un centro de salud por un familiar.

Ordenan realizar juicio directo por intento de robo a una pizzería

31-03-2025

Neuquén- A partir del pedido del fiscal del caso Hernán Scordo, una mujer que el sábado por la noche intentó robar mercadería en una pizzería de San Martín de los Andes será juzgada mediante el sistema de juicio directo.

Durante una audiencia realizada ayer, a menos de 24 horas del hecho, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó a la jueza Leticia Lorenzo que en ese lapso había desarrollado todas las medidas de investigación necesarias para juzgar el caso.

También precisó que la mujer tiene una condena de prisión condicional impuesta a fines de 2024 por la que debía cumplir reglas de conducta durante 4 años, por lo que no existía una salida alternativa: como no se requiere un tiempo adicional para evaluar su situación, pidió pasar directamente a la etapa de juicio.

“Lo que establece el Código Procesal Penal como relevante para esta situación es que en los casos de flagrancia, el Ministerio Público Fiscal puede solicitar el juicio directo aún sin el acuerdo de la defensa, que es lo que está sucediendo en este momento”, explicó la jueza tras escuchar a las partes.

Destacó que en las primeras 24 horas, el MPF “cerró la investigación” y remarcó los antecedentes de la imputada. “Eso la coloca en una posibilidad de pena efectiva, más que en otro tipo de salida. Y si el MPF manifiesta que, independientemente de cómo vean ellos la situación de la señora, la Ley no los habilita a buscar una alternativa ni ven que se pueda optar por una reparación del daño, oponerse al juicio no puede ser valorado, porque no soy yo la que puede determinarlo. Eso lo debe decidir el titular de la acción y yo tengo que determinar la razonabilidad de la determinación que  toma”, agregó Lorenzo, que estableció los límites de su intervención.

El hecho

La imputada es M.L.G, quien de acuerdo con la teoría que presentó el fiscal del caso, el  29 de marzo de 2025, a las 23:30, ingresó a una pizzería ubicada en el barrio Los Radales de San Martín de los Andes y, utilizando un cuchillo, intentó robar mercadería. La víctima logró evitar el robo y la sacó del local, donde fue detenida por la policía.

El hecho fue calificado como robo calificado por el uso de arma, en grado de tentativa y en calidad de autora (Artículos 166, inciso 2, primer párrafo; 45 y 42 del Código Penal).

“Nos encontramos ante un caso de flagrancia, con una imputada que ya ha utilizado todas las opciones de salidas alternativas que prevé nuestro Código Procesal, sin quedar otra más que una condena a prisión efectiva”, sostuvo Scordo respecto de las distintas soluciones que en los últimos años se adoptaron respecto del accionar de la imputada.

Tras aceptar el pedido de la fiscalía, la jueza dispuso el cierre de la investigación y ordenó que a la oficina judicial que fije el juicio en un plazo de 30 días corridos, para que la defensa pueda evaluar “si quiere aportar su propia prueba en el juicio”.

Finalmente, el asistente letrado Federico Surá, quien participó de la audiencia junto a Scordo, pidió que durante el plazo que la jueza dispuso hasta la audiencia de juicio, disponga la prisión domiciliaria de la acusada. Argumentó que, de aguardar el juicio en libertad, existe riesgo de que entorpezca la investigación, ya que dos testigos dijeron haber sido amenazados, o de que atente contra la integridad de la víctima.

“Quedan formulados los cargos y elevado el caso a juicio, con tribunal unipersonal, por el delito de robo calificado por el uso de armas, en grado de tentativa, en calidad de autora”, sostuvo en primer lugar la magistrada. Luego tuvo por admitidos los testigos de la fiscalía y ordenó “que el juicio no se fije antes de los próximos 30 días corridos”, plazo durante el que impuso la prisión domiciliaria solicitada por la fiscalía.