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Tras un debate cargado de tensión, La Libertad Avanza se encaminaba a sancionar en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Glaciares, promovida por un grupo de gobernadores cordilleranos para expandir la actividad minera en sus provincias. Al cierre de esta edición, el oficialismo reunía unos 140 votos positivos para aprobar la norma, que promete cosechar varios planteos de inconstitucionalidad en la Justicia.
La Libertad Avanza y aliados sumarían un nuevo triunfo en Diputados
El bloque libertario supo que lograría el objetivo desde el momento en que logró superar la prueba de fuego: el quórum. La sesión se abrió con presencias de sus habituales aliados del PRO y la UCR, pero también con los oficialismos de Catamarca, San Juan, Salta, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Santa Cruz, diseminados en distintos bloques.
Las denuncias de lobby minero volvieron a aflorar mientras transcurría el debate. Esta vez, los detractores de la ley hicieron circular la versión de una reunión entre directivos de la minera Glencore y diputados que viajarán próximamente a Estados Unidos invitados por la organización RAP (Red Acción Política).
El proyecto de ley fue impulsado por gobernadores de la Mesa del Cobre y del Litio (San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy y Mendoza) que quieren “recuperar” el dominio que les da la Constitución sobre los recursos naturales de sus provincias. Para eso, se los faculta a autorizar la actividad minera en aquellas zonas periglaciares que, según definan, no constituyan reservas hídricas relevantes.
La oposición advierte que el cambio es regresivo en términos ambientales porque invierte la lógica de los presupuestos mínimos nacionales y permite a un distrito tomar decisiones que pueden perjudicar cuencas enteras. Además, denuncian que se violó el Acuerdo de Escazú (al que adhiere la Argentina) por las limitaciones a la participación oral plena en las audiencias públicas.
Lo cierto es que si se tienen en cuenta las firmas que recibió el dictamen de comisiones, las que tuvo el pedido de sesión y los apoyos registrados en el Senado, La Libertad Avanza contaba con unos 140 votos para sancionar la ley.
El bloque dirigido por el cordobés Gabriel Bornoroni partía de una base de 95 miembros propios, a los que suma 12 del PRO, 6 de la UCR, 2 del MID, 9 de Innovación Federal (contiene a diputados de Salta, Misiones, Formosa y San Luis), 3 de Elijo Catamarca, 2 de Producción y Trabajo (San Juan), 3 de Independencia (Tucumán), 1 de Santa Cruz, 1 de Encuentro Federal y 3 integrantes de Unión por la Patria de provincias mineras (2 de San Juan y 1 de Catamarca).
Se sumaban otros dos votos a favor a fuerza de negociaciones: los de los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez. Ambos dieron quórum y se disponían a acompañar al Gobierno después de que el gobernador Maximiliano Pullaro cerrara un importante acuerdo con la Nación para cobrar $120.000 millones (en 12 cuotas) de la deuda de la ANSES con la caja previsional provincial.
Unión por la Patria no dio quórum y lideraba el rechazo (con la excepción de los representantes de San Juan y Catamarca, que se encaminaban a votar a favor). También se oponían la mayoría de los cordobeses de Martín Llaryora, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y diputados como Miguel Pichetto.
Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, sostuvo que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” y alegó que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”.
El libertario santafesino también afirmó que “queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, insistió Mayoraz.
La rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria), de trayectoria científica, fue una de las principales voces en contra. “Se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”, dijo la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Con una maqueta que la ayudó a sostener su par Juan Grabois, Serquis se refirió a los periglaciares y geoformas ubicadas en la cordillera: “No se ven los glaciares y sin embargo están, esos son los tipos de glaciares que están tratando de demostrar que no tienen una función hídrica, cuando la ley actual protege absolutamente a todos los que están en el Inventario”.
“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó. Además, advirtió que “si el IANIGLA no puede hacer las cosas es porque este gobierno lo está desfinanciado, como a todos los organismos de ciencia y tecnología”.
Corresponsalía Buenos Aires.
