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  • El Gobierno busca un dictamen exprés de la Ley de Glaciares en Diputados

    El Gobierno busca un dictamen exprés de la Ley de Glaciares en Diputados

    Este martes el oficialismo intenta avanzar de forma exprés con la reforma de la Ley de Glaciares, ya que busca obtener este martes el dictamen y llevar el proyecto el miércoles a Cámara de Diputados.

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    A las 14 horas tendrá lugar el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde se buscará firmar dictamen y dejar la iniciativa lista, ya que se trata del único proyecto de La Libertad Avanza que quedó pendiente de las sesiones extraordinarias.

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    La inciativa, que cuenta con media sanción desde febrero, fue sometida a dos audiencias públicas solicitadas por la oposición y se llevaron adelante el 25 y 26 de marzo pasado. Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron los métodos de selección de participantes y pidieron la nulidad de las mismas.

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    La sesión de este miércoles fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni; de la UCR, Pamela Verasay; de Independencia Gladys Medina, de Por Santa Cruz, José Luis Garrido; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de Innovación Federal, Alberto Arrúa.

    Inversiones mineras para explotar el recurso glaciar

    El proyecto busca fomentar inversiones mineras en provincias del norte y de Cuyo, en el marco del régimen de incentivos incluido en la Ley de Bases, a pedido de gobernadores aliados. Entre ellos se destacan Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo.

    Con esta ley se busca redefinir los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, y otorga mayor poder a las provincias para determinar qué áreas deben ser consideradas dentro de esas categorías en sus territorios.

    Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

    La ley en sí no presenta mayores inconvenientes, salvo un artículo específico que propone eliminar el financiamiento estatal directo a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores, obligándolos a sostenerse con recursos propios.

    Poroteo para la votación de la ley

    Desde el oficialismo se muestran confiados en alcanzar el quórum de 129 diputados y reunir entre 130 y 134 votos para convertir en ley la reforma. Para eso, cuentan con una base propia cercana a los 94 votos y el respaldo de bloques aliados y provinciales.

    Entre estos últimos se destacan espacios vinculados a gobernadores de provincias con actividad minera, como Catamarca y San Juan, que impulsan la reforma como una herramienta para atraer inversiones.

    Cuestionamientos a las audicencias públicas por la Ley de Glaciares

    El tratamiento del proyecto llega luego de una audiencia pública realizada a fines de marzo, que se extendió durante dos jornadas y tuvo una convocatoria masiva: más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 pudieron exponer de manera presencial o virtual.

    Según trascendió, en ese espacio predominaron las posturas en contra de la modificación de la Ley 26.639, sancionada en 2010 para proteger los glaciares y el ambiente periglacial.

    Organizaciones ambientales y particulares ya anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si el proyecto se convierte en ley. Cuestionan, entre otros puntos, la validez de la audiencia pública y sostienen que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa ambiental vigente.

  • Debatirán proyecto de reforma de la ley de Glaciares en Diputados

    Debatirán proyecto de reforma de la ley de Glaciares en Diputados

    La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas pidieron una sesión especial para este miércoles a las 15 para debatir el proyecto de reforma de la ley de Glaciares,  y así cumplir con el pedido de gobernadores aliados que buscan con esta norma captar nuevas inversiones mineras.

    La sesión especial fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, de la UCR, Pamela Verasay, de Independencia  Gladys Medina, de Por Santa Cruz José Luis Garrido, de Producción y Trabajo Nancy Picón Martínez, y de Innovación Federal Alberto Arrúa.

    También firman el pedido los libertarios y titulares de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, de Peticiones Poderes y Reglamento, Giselle Castelnuovo, la secretaria parlamentaria de la LLA, Silvana Guidici, y el macrista Javier Sanchez Wrba.

    La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los gobernadores aliados para fomentar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.

    Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

    Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 a 31 votos.

    En comisiones

    Pero para tratar el proyecto en el recinto de sesiones, el oficialismo y sus aliados deben conseguir un dictamen de mayoría este miércoles en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, que fue citado para las 14.

    Para poder tener despacho de comisión, LLA y aliados deberán tener 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, lo cual lo tiene garantizado junto a sus aliados provinciales, de la UCR y el PRO.

    En primera instancia habrá una reunión informativa con la exposición de invitados, entre quienes se incluirían a gobernadores de provincias, y en segundo término se pasará a la firma de los dictámenes.

    La reunión de la comisión se hará luego de haber realizado el 25 y 26 de marzo las Audiencias Públicas donde expusieron unos 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100 mil inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

    El punteo del oficialismo 

    La Libertad Avanza es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión, habilitar el debate y al menos entre 130 y 134 votos convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado.

    La Libertad Avanza tiene 94 votos —ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar— y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio-que integran la UCR, PRO, Por Santa Cruz.

    También acompañarán el proyecto los tres legisladores de Independencia, y por lo menos 2 cordobeses y el bonaerense Nicolas Massot, respaldarán el proyecto del Gobierno.

  • La construcción del nuevo polideportivo de Dina Huapi genera «preocupación» vecinal

    La construcción del nuevo polideportivo de Dina Huapi genera «preocupación» vecinal

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    La edificación de un nuevo polideportivo municipal de unos 3.000 metros cuadrados en Dina Huapi encendió las alarmas de una junta vecinal que advierte su preocupación por las dimensiones de la futura construcción que ya comenzó con el armado de estructuras de hierro y preparación del terreno.

    El polideportivo es un proyecto del intendente Hugo Cobarrubia (UCR) que anunció la inversión con recursos propios del municipio y destinó unos 2.400 millones de pesos del presupuesto para ese fin, con el aval del Concejo Deliberante.

    La ubicación elegida es una reserva fiscal del barrio Dina Hue en las calles Nogales entre El Ceibo y Las Acacias, próximo a la ladera del cerro Leones, y a comienzos de marzo la Municipalidad informó que inició el armado de las estructuras de hierro del futuro polideportivo, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, aunque aún no se concretó la licitación para las bases y edificación.

    La junta vecinal Dina Hue hizo pública su “preocupación” por el avance de esta obra que consideran que presenta irregularidades en varios aspectos, luego de manifestar sus reparos al propio intendente y distintos organismos municipales desde el año pasado cuando comenzó el cercado y movimiento de suelo.

    En el mismo predio la Justicia frenó en 2023 un loteo social del programa Suelo Urbano que había autorizado la gestión anterior de la intendenta Mónica Balseiro, ante una acción de amparo impulsada por los vecinos porque la reserva fiscal estaba prevista para otros destinos no habitacionales.

    Reparos de la Junta Vecinal a las dimensiones de la obra


    No estamos en contra de un polideportivo, pero sí nos preocupa el lugar elegido y la superficie”, señalaron desde la Junta Vecinal a Diario RÍO NEGRO y enumeraron entre las preocupaciones que la nueva estructura tendrá una dimensión muy por encima de la superficie permitida para el terreno; además de presentar “deficiencias” en el armado de la estructura de hierro ya realizada y no presentar “dirección de obra, ni responsable de la ejecución”.

    En el último punto, según la documentación presentada por la Junta Vecinal, los planos y la obra fue presentada por la secretaria de Obras Públicas y aprobada también por la misma funcionaria, y en el cartel de obra instalado en el predio no se indica responsable.

    En el predio cercano a la ladera del cerro Leones se emplazará el futuro polideportivo municipal de Dina Huapi. Foto: Gentileza

    «Es parte del crecimiento de Dina Huapi»


    El jefe de Gabinete, Hernán Terrens, dijo a RÍO NEGRO que el polideportivo es una obra que cuenta con “la autorización del Concejo Deliberante, el Tribunal de Contralor, tiene autorización ambiental y tiene los planos aprobados”, enumeró y también afirmó que la superficie está dentro de los “parámetros del Código Urbano de Construcción”.

    Para el funcionario los cuestionamientos de la junta vecinal Dina Hue se deben a un “rechazo de dos o tres personas que tienen sus casas cerca y no quieren el polideportivo ahí por la gente que va a circular, por el ruido, pero es parte de vivir en sociedad”.

    “Gobernamos para todo Dina Huapi, el nuevo polideportivo es parte del crecimiento de Dina Huapi, hace 20 años que no se hacía una obra pública grande con fondos propios”, afirmó Terrens.

    La Junta Vecinal indicó que existían otras opciones de ubicación del polideportivo incluso a propuesta de otros barrios que ofrecían espacio y expondrán la situación el próximo 23 de abril en una asamblea informativa que realizarán en el polideportivo municipal y que será abierta a la comunidad.

    Tratamiento de efluentes y tala de pinos


    Entre los reparos de la Junta Vecinal también se señala la falta de factibilidad de servicios y alertan un especial problema con los efluentes cloacales que no se contempló. Desde el municipio se indicó que el polideportivo “no tendrá nichos nitrificantes sino biodigestores que permitirán reutilizar el agua en riego”, explicó Terrens.

    También se expresó una diferencia por la tala de unos 192 pinos que tienen autorización de la Dirección de Bosques y que exige el chipeado o generación de leña. Según los vecinos, esa tala masiva impactará en el escurrimiento del agua proveniente del cerro Leones, ubicado a pocos metros, y además dejará un predio con estacionamiento sin sombra; pero también apuntaron al daño de la vegetación baja autóctona del terreno que era parte de estudios de biólogos por su variedad y riqueza.

    Terrens aclaró que “no se sacarán todos los pinos y se dejará sombra para el estacionamiento”.

    La Junta Vecinal apela a una revisión del municipio de su proyecto y del Concejo Deliberante, antes de que comience la construcción de las bases.


  • Reforma a la Ley de Glaciares en Diputados: el Gobierno busca destrabar inversiones mineras

    Reforma a la Ley de Glaciares en Diputados: el Gobierno busca destrabar inversiones mineras

    El oficialismo avanza con decisión en el plano legislativo pese a la fuerte turbulencia política y judicial que lo rodea. La Casa Rosada planea abrir el recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles para sancionar definitivamente la reforma a la Ley de Glaciares. Esta iniciativa habilita nuevas inversiones mineras en zonas periglaciares, un cambio que genera fuerte debate entre desarrollo económico y preservación ambiental.

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    La jugada legislativa se produce en un contexto complejo. Persisten interrogantes sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sobre la posible participación del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en el auge y caída de la criptomoneda $LIBRA, cuyo desarrollo investiga la Justicia.

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    Tensiones políticas en el recinto

    El recinto de Diputados amplificará las tensiones. La oposición se prepara para la sesión y diseña una estrategia destinada a incomodar al oficialismo. De acuerdo a trascendidos en medios nacionale, la oposición impulsará una interpelación al ministro coordinador. Esta medida requiere mayoría simple, y las ausencias de algunos aliados podrían facilitar el número sin exponerlos directamente.

    En paralelo, la Justicia mantiene actividad intensa. Si continúan las revelaciones sobre viajes, departamentos y gastos, los pedidos de explicaciones públicas ganarán fuerza. La oposición cuenta con esta carta en una sesión donde parte en desventaja numérica. Sin embargo, la correlación de fuerzas favorece al Gobierno, que se encamina a convertir la reforma ambiental en ley sin mayores sobresaltos.

    Según sondeos informales, el oficialismo reúne más de 130 voluntades junto a aliados del PRO, la UCR, el MID y diputados cercanos a gobernadores de provincias con potencial minero como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy. En este debate prevalecen los intereses regionales por sobre las lógicas partidarias tradicionales.

    Apoyo de los gobernadores mineros

    Los mandatarios provinciales que impulsan la reforma incluyen a Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan). La Casa Rosada busca sumar su respaldo político y convoca a un plenario de comisiones para este martes con presencia de los gobernadores o sus representantes. Inicialmente se había previsto una reunión informativa para el lunes, pero se descartó.

    Algunos gobernadores prefieren no exponerse públicamente porque saben que sus diputados se dividirán en la votación. Durante las audiencias públicas previas, solo el gobernador de San Juan participó indirectamente a través de su ministro de Producción, Gustavo Fernández. El resto de las provincias mineras evitó posiciones públicas, aunque colaboraron en la elaboración del proyecto.

    En el oficialismo descuentan que diputados de distritos cordilleranos de Unión por la Patria acompañarán la iniciativa. Entre ellos figuran Jorge Chica y Cristian Andino de San Juan, y Claudia Palladino de Catamarca. En el Senado, sus comprovincianos Sergio Uñac y Lucía Corpacci ya votaron a favor.

    Los cambios clave de la reforma

    La iniciativa del Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado. Si supera el trámite en Diputados, se convertirá en ley. Las organizaciones socioambientales anticipan que acudirán a la Justicia para impugnar la norma por inconstitucional, al considerar que vulnera el principio de “presupuestos mínimos” de protección ambiental establecido en la Constitución Nacional.

    El proyecto propone diferenciar el área periglaciar de las geoformas periglaciales que cumplen funciones de reserva estratégica de recursos hídricos. De esta manera, no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino únicamente aquellas formaciones con función hídrica comprobable.

    La legislación vigente protege tanto los glaciares visibles como los cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que forman parte del ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduce ese alcance al limitar la protección a las geoformas relevantes desde el punto de vista hídrico.

    Otro punto central otorga mayor poder a las provincias. El proyecto establece que la autoridad jurisdiccional provincial actualizará el inventario glaciar sobre la base de estudios técnicos-científicos. Actualmente esa tarea corresponde al IANIGLA, organismo científico nacional con sede en Mendoza. La oposición advierte que esta transferencia podría debilitar el sistema de protección ambiental.

    Agenda paralela en el Congreso

    Los cambios en la legislación ambiental dominarán la agenda de esta semana en la Cámara baja. El oficialismo descartó avanzar simultáneamente con el proyecto “hojarasca” —que busca eliminar normas obsoletas— para evitar contratiempos. Esa iniciativa se postergó para mediados de abril.

    En el Senado, la agenda aún se define. El oficialismo evalúa sesionar el jueves con un temario acotado que incluye el pliego de Lucía Crexell como embajadora en Canadá, ascensos militares y el ingreso formal de 62 pliegos judiciales. La decisión se confirmará tras una reunión de jefes de bloque dialoguistas.

    El Gobierno busca mostrar capacidad de gestión legislativa en un momento de cuestionamientos. La reforma a la Ley de Glaciares representa un paso concreto hacia la desregulación ambiental y el impulso a la actividad minera, sector clave para el desarrollo de varias provincias andinas. Sin embargo, el debate trasciende lo técnico y se instala en el centro de la disputa entre modelo productivo y protección de recursos hídricos estratégicos.

  • El DNU de la SIDE sigue en pie: la oposición no logra consenso para rechazar el decreto

    El DNU de la SIDE sigue en pie: la oposición no logra consenso para rechazar el decreto

    A pesar del enérgico repudio inicial, la oposición aún no logra articular un rechazo al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei el 1ro de enero para ampliar las facultades de los servicios de Inteligencia. Aunque hay algunas sigilosas conversaciones para intentar voltear el DNU en la Cámara de Diputados, las voluntades no aparecen y se complica romper el cerco oficialista.

    El Gobierno aprovechó que el Congreso estaba en receso para decretar una profunda reforma en la SIDE que reestructuró todo el organigrama, habilitó la detención de personas ante hechos de flagrancia y estableció que todas las actividades de Inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”, entre los puntos más cuestionados.

    DNU de la SIDE en el Congreso


    El DNU ingresó al Congreso el 15 de enero con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, Carlos Presti. En ese momento comenzaron a correr los 10 días reglamentarios para dictaminar en la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza la validez legal de los decretos. Pero el oficialismo bloqueó hasta hoy la conformación de esa estratégica comisión de control.

    Lo cierto es que los plazos para dictaminar vencieron hace tiempo y el decreto está en condiciones de ser tratado de oficio en cualquiera de las dos Cámaras, pero la oposición hoy carece de número para pedir una sesión con ese tema y también para incorporarlo a alguna otra sesión convocada por el oficialismo. Por eso, algunos diputados del ala dura empezaron a conversar alternativas mientras ponen el ojo en los aliados.

    El decreto recibió fuertes críticas de Unión por la Patria, el interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y otros diputados como la cordobesa Natalia De la Sota. Juntos, quedaban cerca de las 129 voluntades para llamar a una sesión y voltear la medida: el éxito estaba en manos del PRO y la UCR, bloques que desde el primer momento se mostraron esquivos con el tema.

    En el Senado la misión es mucho más complicada, con un peronismo en retroceso que tiene enfrente al “grupo de los 47” de La Libertad Avanza, el radicalismo, el macrismo y bloques provinciales. En otras palabras, Patricia Bullrich tiene el recinto blindado de cualquier ofensiva opositora, que requiere 37 votos.

    En este escenario, la oposición no logra concretar una gesta como la de 2024, cuando las distintas bancadas (e, incluso, un sector del PRO) se unieron para voltear el DNU que incrementó en $100.000 millones el presupuesto reservado de la SIDE. Fue el primer decreto anulado por el Congreso en la historia.

    El que se firmó en enero no solo sigue firme, sino que además carece de control parlamentario porque todavía no se conformó la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que debe controlar, entre otras cosas, que no se produzcan excesos. De fondo hay una puja entre la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

    La presidencia de la comisión le corresponde este año a un diputado y en los últimos días trascendió que Karina quiere colocar a alguien de su riñón político, el bonaerense Sebastián Pareja, en lugar de cedérselo a Cristian Ritondo. El jefe del bloque PRO tenía el aval de Caputo, quien todavía conserva poder sobre la SIDE pese a la avanzada karinista.

    En cuanto a la otra bicameral, la de Trámite Legislativo, le corresponde en este turno a un senador, ya que hasta diciembre la dirigió el aliado oficialista Oscar Zago. Hasta el momento no están los nombres de quienes la integrarán y falta acordar los lugares que le tocará a cada fuerza política.

    Días atrás, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al radical Pablo Juliano, de Provincias Unidas, exigieron por nota constituir con urgencia ambas bicamerales. Ya lo habían hecho el 2 de enero, inmediatamente después de la publicación del DNU de Inteligencia, pero el pedido fue ignorado.

    “La demora en la integración y puesta en funcionamiento de estas comisiones no constituye una mera cuestión administrativa o reglamentaria, sino que afecta de manera directa el adecuado funcionamiento del Congreso de la Nación, al impedir el ejercicio pleno de competencias de control, seguimiento institucional y tratamiento legislativo que resultan esenciales para el sistema republicano”, sostuvieron los legisladores.

    Mientras tanto, sigue sin ingresar el proyecto de ley paralelo que, según trascendió, iba a remitir el Poder Ejecutivo al Congreso a partir de marzo para reforzar por ley el DNU. Se pensaba incluir partes del decreto y sumar otras, siempre bajo el espíritu de empoderar a los organismos de Inteligencia.

    Corresponsalía Buenos Aires


  • La oposición analiza aprovechar la sesión de la Ley de Glaciares para apurar una interpelación a Manuel Adorni

    La oposición analiza aprovechar la sesión de la Ley de Glaciares para apurar una interpelación a Manuel Adorni

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    La Libertad Avanza quiere sesionar el próximo miércoles para ponerle el broche de oro a la nueva Ley de Glaciares, pero se expone a que la oposición intente apurar ese día los distintos pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este jueves recibió un nuevo espaldarazo del presidente Javier Milei en el acto por Malvinas.

    Diputados de Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda evalúan aprovechar la sesión (aún no convocada de manera formal) para destrabar el debate de los proyectos que buscan que Adorni vaya el recinto a responder preguntas en un formato mucho más incómodo que el de la sesión informativa que tiene previsto encabezar el 29 de abril.

    Adorni ya recibió casi 5.000 consultas por escrito y en la oposición lo esperan con los tapones de punta, pero hay quienes no quieren esperar hasta fin de mes y podrían proponer votar un emplazamiento para tratar antes en comisiones los distintos pedidos de informes (tanto verbales como escritos), que no solo abarcan el patrimonio del funcionario sino también el caso $LIBRA.

    El primer proyecto fue liderado por el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, y establece que luego de la interpelación la Cámara puede abocarse a una moción de censura: de aprobarse, significaría la expulsión de Adorni. Es lo que buscaban hacer con su antecesor, Guillermo Francos, por no asignar los fondos para cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad.

    La iniciativa más reciente fue impulsada el lunes por Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, del interbloque Unidos. Es un interrogatorio de 29 preguntas que apuntan, sobre todo, al rol que tuvo la Oficina Anticorrupción para determinar si tuvo un rol activo o no a la hora de monitorear la evolución patrimonial de Adorni.

    El emplazamiento es la herramienta que le permitió a la oposición desbloquear el tratamiento de todos los proyectos incómodos para Milei el año pasado, y se aprueba con mayoría simple (mitad más uno de los presentes). Sin embargo, para el éxito de la jugada dependen de la colaboración de aliados como el PRO y la UCR, que pueden llegar a argumentar que hay una causa judicial en curso.

    En Unión por la Patria hay diputados que, optimistas, se ilusionan con un apoyo del PRO. Recuerdan que Mauricio Macri vetó la designación de Adorni como jefe de Gabinete para reemplazar a Francos: en aquel momento, el expresidente calificó como “desacertada” la decisión al señalar que el elegido carecía de experiencia.

    Desde el MID, otro bloque aliado al Gobierno integrado por dos diputados, exigieron directamente la renuncia de Adorni y por eso consideraron “innecesaria” la interpelación: opinan que el funcionario ya no tiene crédito político y que es difícil que llegue al 29 para presentar el informe de gestión.

    Lo cierto es que no será fácil que los aliados se desmarquen y el intento podría quedar en la nada, aunque la oposición también podría apelar a cuestiones de privilegio (son meros discursos sin votación) para mantener el tema en agenda. Es el riesgo que afronta La Libertad Avanza al abrir el recinto en un momento delicado para el Gobierno.

    Por lo pronto, Adorni fue nuevamente ratificado en su cargo este jueves, en el marco del acto por el 44 aniversario de la guerra de Malvinas. En la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, el jefe de Gabinete recibió un efusivo abrazo de Milei y su hermana Karina, en un gesto para volver a dejar en claro su continuidad.

    También recibió un fuerte espaldarazo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y soldado de Karina. “Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, dijo al riojano a La Nación. Afirmó que su respaldo es “desde el primer día” y consideró que “las pruebas las tiene que evaluar la Justicia, no el periodismo”.


    Antecedentes negativos


    El Gobierno ya dejó dos antecedentes negativos con las dos interpelaciones aprobadas por el pleno en 2025. La primera fue por el caso $LIBRA y solo asistió Francos: faltaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces responsable de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. No hubo sanción ni consecuencia alguna.

    El resultado de la segunda interpelación fue aún peor: no fue ninguno de los tres citados. Caputo había sido convocado por el acuerdo financiero con Estados Unidos. Y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tampoco recibieron ninguna penalidad.


  • Adhesión a la ley nacional de cuidados paliativos

    Adhesión a la ley nacional de cuidados paliativos

    Adhesión a la ley nacional de cuidados paliativos

    El diputado César Gass (JxC-UCR) presentó un proyecto para garantizar la cobertura del servicio de cuidados paliativos en la provincia. A tal fin, la iniciativa adhiere a la ley nacional 27.678 que busca mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento físico, psíquico, social y espiritual del paciente y su entorno familiar, asegurando el respeto a su dignidad y autonomía.

    Dicha norma fue sancionada en el 2022 y define los cuidados paliativos como un modelo de atención que mejora la calidad de vida de personas con enfermedades graves, crónicas, progresivas o amenazantes para la vida. Constituye el marco legal para garantizar el acceso integral a prestaciones paliativas en ámbitos público, privado y de la seguridad social, así como también el acompañamiento a las familias.

    En ese marco, el legislador entiende que la adhesión sugerida representa una decisión estratégica de política sanitaria, de fortalecimiento institucional y de garantía de derechos fundamentales, en consonancia con el modelo federal de organización del sistema de salud argentino.

    La ley invita a las provincias a adherir a sus términos y reglamentación correspondiente, siendo cinco las jurisdicciones que ya lo han hecho: Catamarca, La Pampa, la Rioja, Salta y Tucumán.

    Además de cumplir con el fundamento constitucional de acceso a la salud y de fortalecer el federalismo sanitario, la iniciativa implica la posibilidad de asegurar y efectivizar la cobertura concreta para los cuidados paliativos a fin de mejorar la calidad de vida de pacientes y familias.

    El proyecto de ley (18230) ingresó por Mesa de Entradas el 1 de abril.

  • El oficialismo acelera por la Ley de Glaciares: fijó fecha para la sesión y adelantó que contaría con los votos

    El oficialismo acelera por la Ley de Glaciares: fijó fecha para la sesión y adelantó que contaría con los votos

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    Tras unas audiencias públicas donde el rechazo ciudadano fue contundente, La Libertad Avanza toma la delantera con la nueva Ley de Glaciares. Confiado en tener los votos para convertir el proyecto en ley y empezar a revertir el mal momento político del Gobierno, el bloque oficialista fijó fecha para el tratamiento en el recinto: será el próximo miércoles 8 de abril.

    Un día antes, el martes 9, se realizará un plenario informativo de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales para escuchar a funcionarios del Poder Ejecutivo y gobernadores interesados en la ley. Ese mismo día se firmará dictamen: aunque se hablaba de dos reuniones distintas, finalmente resolvieron comprimir todo en una misma jornada.

    La convocatoria promete abrir una nueva polémica: los presidentes de las comisiones (el sanjuanino José Peluc y el santafesino Nicolás Mayoraz) planean convocar solamente a los gobernadores que integran la Mesa del Cobre (el sanjuanino Marcelo Orrego, el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir y el mendocino Alfredo Cornejo) y la del Litio (Jalil, Sáenz y Sadir).

    Según supo este medio, las autoridades no invitarán a mandatarios de otras provincias que no tienen potencial minero pero se verán afectadas por las decisiones que tome el resto, como en el caso de Córdoba.

    En efecto, el proyecto de ley le da a las autoridades provinciales la potestad de definir en qué zonas periglaciares se pueden realizar prácticas extractivas, según tengan o no una “función hídrica relevante”. Lo que advierten la oposición y los sectores ambientalistas es que la decisión que adopte una provincia puede “dejar sin agua” a otra aledaña.

    En estado de alerta, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó por nota la semana pasada “que se amplíe la invitación a todos los gobernadores de aquellas provincias cuyas cuencas hídricas podrían verse comprometidas como consecuencia de eventuales modificaciones al régimen vigente”.

    También marcó “la importancia de que las exposiciones cuenten con el acompañamiento de funcionarios competentes en materia de recursos hídricos y/o ambiente de las respectivas jurisdicciones, a fin de aportar sustento técnico y especializado al debate”.

    En el oficialismo defienden la decisión de acotar la convocatoria a un grupo de gobernadores cordilleranos y señalan que los demás tuvieron la oportunidad de hablar en las audiencias públicas. Ponen como ejemplo al bonaerense Axel Kicillof, que mandó a disertar en contra a su ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

    Diputados de distintos bloques de la oposición ya impugnaron el formato de las audiencias con el argumento de que se impidió la participación oral de los más de 100.000 inscriptos. Aunque la presentación no tuvo efectos prácticos, será un elemento más para los amparos que prometen presentarse en la Justicia una vez que la ley sea sancionada.

    A la hora del dictamen, los libertarios están tranquilos. En Asuntos Constitucionales tienen 15 diputados puros y al menos 3 aliados (2 del PRO y uno de la UCR) dispuestos a acompañar. Unión por la Patria, que está en contra, tiene 13, y suma a 3 de Provincias Unidas (entre los que se encuentra el cordobés Juan Brügge) en la misma sintonía.

    En Recursos Naturales, el conglomerado a favor se compone de 12 libertarios, 2 del PRO, una de la UCR, un sanjuanino y una catamarqueña. En contra hay 10 de Unión por la Patria, 2 de Provincias Unidas y el “lilito” Ferraro. La camporista Gabriela Estévez y la schiarettista Carolina Basualdo son las dos cordobesas en contra.

    Ambas comisiones se completan con dos representantes del gobierno misionero cuya posición se desconoce pero que no hace la diferencia.


    Rechazo internacional


    Especialistas internacionales en glaciología y disciplinas afines enviaron este lunes una carta a Diputados para expresar su preocupación por la reforma, según informó la organización Greenpeace.

    La misiva lleva la firma de representantes de la UNESCO, el INAIGEM (Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña) de Perú, y las universidades de Newcastle (Reino Unido), Innsbruck (Austria), Grenoble Alpes y Saboya Mont-Blanc (Francia).

    “El ambiente periglacial es uno de los componentes más determinantes del sistema hídrico. Lejos de ser un espacio marginal, concentra grandes volúmenes de hielo subterráneo que no se ven en la superficie y que cumplen funciones esenciales para la estabilidad de las cuencas de montaña”, explicaron los especialistas acerca el nudo de la reforma.

    Además, advirtieron sobre el retroceso acelerado de los glaciares debido al cambio climático, al precisar que “en las últimas dos décadas se dio el mayor nivel de pérdida de masa, generando el 21% del aumento del nivel del mar a nivel mundial”.

    Por eso, advirtieron que desproteger los glaciares implica “comprometer las nacientes de agua de zonas áridas; perder reservas de agua que sostienen caudales en épocas críticas; aumentar la vulnerabilidad de las cuencas ante sequías prolongadas; afectar el caudal de cursos hídricos; y reducir la resiliencia hídrica en regiones que ya están experimentando crisis hídricas”.


  • Exigen mayor información sobre la situación epidemiológica asociada al cáncer en la provincia

    Exigen mayor información sobre la situación epidemiológica asociada al cáncer en la provincia

    Exigen mayor información sobre la situación epidemiológica asociada al cáncer en la provincia

    La diputada Lorena Parrilli (UxP), acompañada por pares de otros bloques, presentó un pedido de informe sobre la situación oncológica vinculada, según datos oficiales, a la principal causa de muerte en la provincia. 

    La consulta deriva de las recientes campañas sanitarias de concientización en las que se afirma que las enfermedades oncológicas constituyen la principal causa de mortalidad en todo el territorio provincial. 

    En ese marco, el pedido –dirigido al Ministerio de Salud- apunta a retomar los datos oficiales que dan cuenta de dicho diagnóstico sanitario, en particular en cuanto a su distribución territorial y a las acciones implementadas para su correspondiente prevención, diagnóstico y tratamiento.

    En efecto, la consulta solicita información detallada sobre la distribución geográfica de la incidencia y sobre índices de mortalidad por enfermedades de tipo oncológicas; los tipos de cáncer con mayor prevalencia en cada región; los recursos humanos disponibles para la atención, especificando su distribución territorial; el equipamiento sanitario destinado al diagnóstico y tratamiento, indicando su localización y nivel de complejidad; las fuentes de información utilizadas (registros epidemiológicos, sistemas estadísticos y organismos intervinientes) y los criterios metodológicos aplicados para la elaboración de los datos difundidos y, finalmente, el período temporal considerado para la elaboración de los indicadores.

    Los fundamentos explican que la consulta deriva de la información de tipo oficial difundida en distintas campañas de concientización sobre enfermedades oncológicas y su incidencia en los índices de causas de mortalidad en toda la provincia. 

    “Resulta valorable la implementación de campañas orientadas a la prevención y detección temprana; sin embargo, ello también pone de manifiesto la necesidad de contar con información precisa, actualizada y accesible que permita dimensionar el alcance real de esta problemática”, sostienen los diputados y las diputadas firmantes.

    El proyecto de resolución (18212) ingresó por Mesa de Entradas el 30 de marzo, firmado por Lorena Parrilli y Darío Peralta de UxP; Andrés Blanco de PTS-FIT-U; César Gass  de JxC-UCR; Brenda Buchiniz de Cumplir y Cecilia Papa de Democracia Neuquén.

  • Diputados: el oficialismo concentra poder en comisiones y se queda con la mitad de las presidencias

    Diputados: el oficialismo concentra poder en comisiones y se queda con la mitad de las presidencias

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    El oficialismo consolidó su control en la Cámara de Diputados al quedarse con 17 de las 35 presidencias de comisiones y ampliar su influencia con aliados del PRO y la UCR. La Libertad Avanza también obtuvo 13 vicepresidencias y avanza en la definición del temario legislativo.

    Según se detalló, el bloque libertario logró la primera minoría con el ingreso de legisladores aliados, lo que permitió ampliar su peso en la estructura interna.

    Cómo el oficialismo amplió su poder en comisiones


    El Gobierno avanzó en la conformación de 35 de las 46 comisiones permanentes de la Cámara baja. Además de presidir 17, sus socios del PRO y la UCR quedaron al frente de tres de las cinco restantes ya integradas.

    En términos porcentuales, La Libertad Avanza concentra el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias. Si se suman los aliados, el oficialismo alcanza el 57,14% de los cargos que definen el funcionamiento de las comisiones.

    La Libertad Avanza amplía su influencia junto a aliados parlamentarios. Foto: Gentileza NA.

    La próxima semana se prevé completar otras ocho comisiones, entre ellas la de Juicio Político. El oficialismo impulsa a la diputada Lilia Lemoine para presidir ese espacio y también busca quedarse con Peticiones, Poderes y Reglamento.

    “Nunca nos pasó algo así, ni siquiera con el kirchnerismo teníamos un oficialismo que avanzara de esta manera con una clara intención de bloquear cualquier tipo de agenda de la oposición”, señaló un legislador opositor a Infobae.

    La oposición busca estrategias frente al control legislativo de La Libertad Avanza


    Desde los bloques opositores reconocen dificultades para impulsar proyectos propios. “Ya nos estamos organizando y trabajamos con otros bloques para intentar romper este esquema. Nos espera un año muy largo y difícil”, indicó otro diputado.

    El diputado Pablo Juliano explicó el proceso legislativo necesario para avanzar sin respaldo oficialista: “Desde que asumió LLA, impulsar otros asuntos por fuera de los que plantea el Ejecutivo resulta muy difícil y lleva mucho tiempo”.

    En paralelo, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley Hojarasca y anticipó nuevas iniciativas. También definió un cronograma que incluye el tratamiento de la Ley de Glaciares y otras propuestas vinculadas a propiedad privada y manejo del fuego.

    Con información de Infobae