El debate por la reforma de la ley vinculada a la protección de glaciares y zonas periglaciares expuso fuertes tensiones en el Congreso, pero también dejó en primer plano el papel de los legisladores neuquinos, atravesados por la defensa de los recursos naturales y el desarrollo productivo de sus territorios.
Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis lanzó duras críticas contra el proyecto impulsado por el oficialismo. “Se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”, advirtió, al tiempo que aclaró que el rechazo “no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo”, sino con evitar lo que consideró una “regresión” en materia ambiental.
Durante su exposición, y con la asistencia del dirigente social Juan Grabois, Serquis utilizó una maqueta para ilustrar el impacto que podría tener la explotación en zonas sensibles.
En ese marco, subrayó que “solo un 1% de la cordillera, donde están los glaciares, alimenta cuencas que abastecen a 7 millones de personas”.
En contraposición, el oficialismo y sus aliados defendieron la iniciativa. El diputado radical Darío Schneider sostuvo que la reforma apunta a “perfeccionar las facultades constitucionales de las provincias” para decidir sobre inversiones en sus territorios.
En la misma línea, la legisladora del PRO Daiana Fernández Molero cuestionó la normativa vigente desde 2010 y llamó a superar la dicotomía entre desarrollo y ambientalismo.
Por La Libertad Avanza, Silvana Giudici afirmó que la ley busca “armonizar de modo constitucional” la regulación de los recursos naturales con la normativa ambiental.
El rol clave de Neuquén
En este escenario, los diputados neuquinos tuvieron posiciones divididas que reflejan el debate interno sobre el uso y la protección de los recursos estratégicos de la provincia.
Los legisladores de La Libertad Avanza Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz acompañaron el proyecto. Riesco defendió la iniciativa en nombre del “federalismo ambiental” previsto en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio de sus recursos naturales.
Además, planteó la necesidad de dejar atrás lo que denominó “terrorismo ambiental” y avanzar hacia decisiones basadas en criterios científico-técnicos.
Por su parte, Mondaca consideró que la aprobación de la ley marca “un hito” en la protección de los recursos estratégicos, en línea con la nueva orientación del Gobierno nacional.
En la vereda opuesta, el diputado de Unión por la Patria Pablo Todero votó en contra y centró su argumentación en el impacto hídrico. “El recurso más importante que hoy tenemos los neuquinos es el agua, y esta ley lo afecta”, afirmó.
Todero también advirtió sobre la situación de sequía en la región y recordó la importancia de cuencas como la del río Limay y el río Neuquén, claves tanto para el abastecimiento como para la generación de energía.
En tanto, la diputada Karina Maureira, de La Neuquinidad, optó por la abstención, marcando una posición intermedia en un debate atravesado por intereses productivos, ambientales y políticos.
Una votación con apoyos cruzados
El proyecto fue aprobado con el respaldo de un amplio arco político que incluyó al PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales, además de parte de la oposición. Incluso, el oficialismo logró sumar votos de legisladores de Unión por la Patria.
Sin embargo, también reunió un rechazo significativo, encabezado por ese mismo espacio, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros referentes.
El resultado dejó en evidencia no solo la fragmentación política, sino también la centralidad de provincias como Neuquén en la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental.
Allí, donde nacen cuencas clave para el país, el debate adquiere una dimensión estratégica que excede lo legislativo y se proyecta sobre el futuro de los recursos naturales.
Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y conKarina Mileipresente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace,La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.
Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones,se sancionó la iniciativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan),Karina Banfi(Adelante Buenos Aires),José Luis Garrido(Por Santa Cruz),Nicolás Massot(Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninosCristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID,Oscar Zago y Eduardo Falcone, yKarina Maureirade La Neuquinidad.
En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade),Miguel Pichetto(Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda,Natalia de la Sota(Defendamos Córdoba),Marcela Pagano(Coherencia) yJorge Fernández(Primero San Luis).
Apartamientos de reglamento
En el inicio de la sesión, la diputada nacional del Frente de IzquierdaRomina del Pláy su par de Unión por la PatriaLorena Pokoikfracasaron en su intento por incorporar al temario sendos proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.
Posteriormente, el diputado de Unión por la PatriaEduardo Valdesplanteó otra moción de apartamiento de reglamento para que se trataran los proyectos de resolución que apuntan a que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente en términos de votos.
Seguidamente, a través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la PatriaPaula Penaccaplanteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos requerida.
Entre los votos negativos que salieron al rescate del jefe de Gabinete se anotaron los del PRO y la UCR.
Además, la oposición -a través de una moción presentada porMaximiliano Ferraro-sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento del orden del día los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia,Karina Milei,y al jefe de Gabinete,Manuel Adorni,pero no alcanzó una mayoría suficiente.
Debate por la Ley de Glaciares
Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente,José Peluc(La Libertad Avanza) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.
El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.
Por su parte, el otro miembro informante,Nicolás Mayoraz(LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia.
“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.
El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”.
“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, explicó.
A su turno, la diputada nacional de Unión por la PatriaAdriana Serquiscriticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.
“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Con la ayuda deJuan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.
“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria,Germán Martínez,reafirmó que su espacio político “está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial” y «a favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”.
El santafesino se pronunció “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”.
“No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, remarcó, en referencia a la transferencia de facultades a las provincias sobre la determinación de las áreas protegidas.
En tanto,Sabrina Selva(Unión por la Patria) sostuvo que “el debate propuesto respecto a la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato».
«Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, anticipó la diputada massista.
El diputadoNéstor Pitrolaaseguró que desde el Frente de Izquierda van a «defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.
Por el MID,Eduardo Falconeanticipó su voto a favor en general de la ley por sus convicciones en pos de «la inversión productiva en todo el país, especialmente en el Interior».
No obstante, advirtió que “la ley tiene un error importante” y es que «habilita la posibilidad de desinventariar glaciares, y eso no corresponde porque todos los glaciares cumplen una función hídrica”.
«Distinto es el caso de los ambientes periglaciares. Ahí puede haber formaciones rocosas que pueden tener o no una función hídrica. Y que podrían haber sido inventariadas a partir de una foto satelital, pero ningún técnico haya ido a verla en el terreno», indicó.
«Hoy no se puede realizar ninguna actividad productiva o comercial en esa zona. Y si no tuviera una función hídrica no tiene sentido que no se pueda invertir allí y crear empleo», razonó.
Señaló que “en esos casos, me parece razonable que las provincias puedan intervenir y evaluar» ya que son «decisiones sobre su propio territorio”.
A su tiempo, el diputado nacional de Encuentro FederalMiguel Pichettorecordó que él había votado a favor de la ley de Glaciares que está vigente en el año 2010, y que su idea era sostener el mismo criterio, rechazando la propuesta modificatoria.
“¿Por qué estoy en contra? Porque no hay ningún elemento nuevo, ninguna cuestión técnica central que indique la necesidad de los cambios que se incorporan. En segundo lugar, porque tengo una visión del Estado Nación en la que la Nación no puede delegar alegremente atribuciones que le son propias de la Constitución Nacional en el artículo 41”, explicó.
“Nadie puede desconocer la realidad de las provincias argentinas, las dificultades que tienen en materia de coparticipación y lo apetecible que puede ser, a lo mejor, alguna inversión que abra un camino para generar empleo. Pero la Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de entidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, ahondó.
El veterano legislador, integrante del interbloque Unidos, afirmó que “el argumento que utiliza la propuesta del oficialismo, sosteniendo la necesidad de inversiones, es un argumento falaz”.
“Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido para tratar esta cuestión”, señaló.
Darío Schneider(UCR) destacó que “esta reforma busca perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias para que puedan tomar decisiones sobre futuras inversiones en sus territorios que hoy están limitadas por las superposiciones de incumbencias con la Nación”.
Daiana Fernández Molero(PRO) cuestionó la ley vigente desde el año 2010 y pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos malos que vienen por el agua” y “las almas bellas ambientalistas”.
Al hacerse cargo de uno de los discursos de cierre de Unión por la Patria,Máximo Kirchneraclaró que “nadie dice que no vengan a invertir en nuestro país, pero una cosa es que vengan a invertir y que el pueblo argentino les fije las condiciones, y otra cosa es que este Congreso le de patente de corso”.
“¿Teniendo extensos territorios en nuestro pais por explotar, vamos a poner en peligro los glaciares y periglaciares?”, se preguntó el líder de La Cámpora.
“Chile exporta 10 veces más que Argentina en el total y tiene un tercio de la población que tiene Argentina. Sin embargo, yo no veo que eso les haya servido ni a la micro ni a la macro, porque ha tenido 9 puntos de déficit fiscal”, comparó.
A su vez, señaló que “es una pena que en el país de Vaca Muerta los argentinos no puedan cargar nafta y que no haya una política que aborde el tema del gas”.
“En el país de las vacas cada vez se come menos carne y menos leche. En el país donde hay un glaciar, que es una de las maravillas del mundo, no cuidamos los glaciares. Por eso no tiene destino lo que se discute acá. Se está regalando al país”.
Por La Libertad Avanza,Silvana Giudicidijo que “esta ley viene a armonizar de modo absolutamente constitucional la manda sobre los recursos naturales como también el resto de normativa ambiental que rige en nuestro país”.
Consultan por interrupción de subsidios para personas con discapacidad
Diputados y diputadas de distintos bloques presentaron un pedido de informe sobre el pago de los subsidios económicos para personas con discapacidad. La medida se dirige a la Subsecretaria de Discapacidad y busca conocer el estado del pago durante en el último año y los motivos de posibles demoras.
En particular, consulta por el total de beneficiarios activos desde abril del año pasado a abril de este año y las fechas mensuales efectivas de pagos. Además, pregunta sobre el accionar del organismo ante demoras, interrupciones o irregularidades de los pagos, en caso de que los hubiera, y sobre los motivos que hayan ocasionado dichas irregularidades.
En ese marco, consulta cuáles son las medidas adoptadas o previstas para garantizar la regularidad y previsibilidad del subsidio.
Los fundamentos explican que la preocupación deriva de reiteradas situaciones de “incertidumbre, demoras y posibles irregularidades” en la percepción de tales subsidios. Además, recuerdan que se trata de aportes económicos que no constituyen un beneficio secundario ni accesorio, sino una herramienta concreta de asistencia, contención e inclusión, destinada a personas que dependen de ellos para afrontar gastos esenciales vinculados a su vida cotidiana como el pago de alquileres, tratamientos de salud, movilidad y bienestar general.
El proyecto de comunicación (18239) ingresó por Mesa de Entradas el 7 de abril firmado por Andrés Blanco (PTS-FIT-U); Lorena Parrilli y Darío Peralta (UxP); Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén) y César Gass (JxC-UCR).
Luego de más de 11 horas de una sesión tensa, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.
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Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
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La diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis criticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.
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“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Con la ayuda de Juan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.
“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.
Darío Schneider (UCR) destacó que “esta reforma busca perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias para que puedan tomar decisiones sobre futuras inversiones en sus territorios que hoy están limitadas por las superposiciones de incumbencias con la Nación”.
Daiana Fernández Molero (PRO) cuestionó la ley vigente desde el año 2010 y pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos malos que vienen por el agua” y “las almas bellas ambientalistas”.
Por La Libertad Avanza, Silvana Giudici dijo que “esta ley viene a armonizar de modo absolutamente constitucional la manda sobre los recursos naturales como también el resto de normativa ambiental que rige en nuestro país”.
Cómo votaron los diputados de Neuquén
Tal como se preveía, los diputados de La Libertad Avanza, Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz, acompañaron el proyecto; mientras que Pablo Todero, de Unión por la Patria, votó en contra. Karina Maureira, de La Neuquinidad, se abstuvo.
Durante el debate, Riesco defendió la necesidad de aplicar el «federalismo ambiental» contemplado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. Sostuvo que es imperativo poner fin a lo que denominó «terrorismo ambiental» y pasar de una «lógica de la forma» a una «lógica de la función» mediante el uso de base científico-técnica para determinar la protección hídrica real en el territorio.
En tanto, Mondaca expresó que la aprobación de esta ley marca un hito en la protección de los recursos naturales estratégicos y destacó la existencia de una nueva decisión política bajo el actual Gobierno.
Por su lado, Todero planteó la afectación al recurso hídrico que traerá la reforma. «Tenemos una de las cuencas más grandes: la cuenca del Río Negro, nace en Neuquén, río Limay, río Neuquén, los lagos tan bonitos del sur que todos conocen… se están viendo afectados por una sequía que es la más grande de los últimos cien años. Pero no solo afecta a esos lagos, la cordillera, afecta también a los lagos que dan la energía», mencionó el diputado.
Y enfatizó: «Neuquén es una provincia que le da mucho al país, le está dando mucho de su suelo, de su tierra. El recurso más importante que hoy tenemos los neuquinos y neuquinas para la Argentina es el agua y puntualmente esta ley afecta ese recurso. Por eso, defender a los neuquinos es votar no a esta ley»
Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
Inclusive, el oficialismo captó los votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
Además de Maureira, las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone.
En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
En una maratónica sesión que se extendió por más de 11 horas, la coalición de La Libertad Avanza y sus aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares. La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.
La norma modifica los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, flexibilizando las condiciones para la explotación de recursos naturales. Además de los diputados de La Libertad Avanza, votaron a favor el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y seis legisladores de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila.
El oficialismo incluso logró sumar a dos diputados de Unión por la Patria: Cristian Andino y Jorge Chica, ambos de San Juan. Las abstenciones provinieron de Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) y Karina Maureira (La Neuquinidad).
En oposición se expresó la mayoría de Unión por la Patria, gran parte de Provincias Unidas (11 integrantes), los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum necesario para avanzar en la sesión y sancionar la norma. Junto a los legisladores libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y cinco miembros del bloque Unidos, incluido el presidente del bloque, Jorge Rizzotti, y Gisella Scaglia.
Pasada la una de la mañana, y tras un debate más ágil de lo previsto, la votación final reflejó 137 votos a favor frente a 111 en contra, consolidando la sanción definitiva de la reforma.
La Libertad Avanza consiguió sancionar la reforma a la Ley de Glaciares, promovida por un grupo de gobernadores cordilleranos para expandir la actividad minera en sus provincias. El proyecto obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La pelea continuará ahora en los tribunales, donde prometen presentarse demandas de inconstitucionalidad.
El resultado significó un alivio para un gobierno asediado por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Para exaltar el triunfo, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, fue al recinto de la Cámara de Diputados a presenciar la votación. La acompañó el ministro del Interior, Diego Santilli.
El objetivo no se hubiese logrado sin la presencia clave de dos de los representantes del oficialismo cordobés: las de Ignacio García Aresca y Alejandra Torres. Ambos diputados, que ya habían sido funcionales al Gobierno cuando se ausentaron en la sesión por la reforma laboral, ayudaron a La Libertad Avanza a abrir la sesión.
Tras dar quórum, García Aresca tuvo un comportamiento extraño: faltó a la votación. En cambio, Torres fue a fondo: votó a favor a pesar de que era crítica del proyecto y de que, además, su apoyo no hacía la diferencia. En otras palabras, el oficialismo no necesitaba su voto para lograr la meta.
Estas actitudes contrastaron con el rechazo que, desde un primer momento, expuso puertas adentro y luego públicamente el exgobernador Schiaretti, en línea con el voto de su esposa, la senadora Alejandra Vigo. Esta posición se extendió a Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y el democristiano Juan Brügge.
“Venimos del interior productivo del país, donde para nosotros el agua, además de ser un bien común, es un signo de desarrollo y de producción. El 36% de la superficie continental de nuestro país está cubierta por cuencas que dependen de los glaciares. Esto abarca 20 provincias y 7,5 millones de argentinos”, expuso Basualdo, integrante de la Comisión de Recursos Naturales.
Cómo votaron los senadores la nueva ley de glaciares
A la hora de los votos, el bloque dirigido por el cordobés Gabriel Bornoroni consiguió respaldo del PRO, la UCR y bloques referenciados en gobernadores de provincias mineras: el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Marcelo Orrego, el salteño Gustavo Sáenz y el jujeño Carlos Sadir. Se sumaron los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Santa Cruz, Claudio Vidal.
El respaldo de Santa Fe quedó plasmado por la jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, y tuvo como trasfondo el importante acuerdo que selló Pullaro esta semana con la Nación para cobrar $120.000 millones (en 12 cuotas) de la deuda de la ANSES con la caja previsional provincial.
Unión por la Patria votó en contra con la excepción de dos representantes de San Juan que lo hicieron a favor. También se opusieron la Coalición Cívica, el socialismo santafesino, el Frente de Izquierda y diputados como Miguel Pichetto (Encuentro Federal), quien había votado la ley vigente y fue consecuente con esa postura. El rionegrino se diferenció de su par Nicolás Massot, que votó a favor.
Las únicas tres abstenciones fueron de dos aliados del MID y la neuquina Karina Maureira, que responde al gobernador Rolando Figueroa.
El proyecto de ley fue impulsado por gobernadores de la Mesa del Cobre y del Litio (San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy y Mendoza) que quieren “recuperar” el dominio que les da la Constitución sobre los recursos naturales de sus provincias. Para eso, se los faculta a autorizar la actividad minera en aquellas zonas periglaciares que, según ellos definan, no constituyan reservas hídricas relevantes.
La oposición advierte que el cambio es regresivo en términos ambientales porque invierte la lógica de los presupuestos mínimos nacionales y permite a un distrito tomar decisiones que pueden perjudicar cuencas enteras. “Si aguas arriba, en Catamarca o en Salta, tomaran una decisión, afectaría directamente a nuestro Mar Chiquita, Mar de Ansenuza, uno de los humedales más grandes de Sudamérica”, ejemplificó la cordobesa Basualdo.
Las denuncias de lobby minero volvieron a aflorar mientras transcurría el debate. Esta vez, los detractores de la ley hicieron circular la versión de una reunión entre directivos de la megaempresa Glencore y diputados a favor de la ley que viajarían próximamente a Estados Unidos invitados por la organización RAP (Red Acción Política).
Ajeno a todas las acusaciones, el oficialismo defendió la ley. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, sostuvo que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” y alegó que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”.
El libertario santafesino también afirmó que “queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, insistió Mayoraz.
En contra, la camporista cordobesa Gabriela Estévez explicó que “el ambiente glaciar y periglaciar en Argentina representa apenas el 0,4% del territorio, pero ese porcentaje tan mínimo representa ni más ni menos que nuestra seguridad hídrica. Se trata del principal regulador de nuestras cuencas en un contexto de crisis climática global y de sequías extremas”.
“No es una exageración ambientalista: es una realidad científica que el Gobierno decidió negar por necesidad de caja y fundamentalismo ideológico”, aseveró Estévez.
Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) también fue enfática: “Votar esta ley es actuar con irresponsabilidad y con injusticia para las generaciones que vienen. Esta reforma pone en peligro un bien y recurso estratégico y vital, que es el agua. Esta reforma viola principios constitucionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y es una ley regresiva”.
La schiarettista Basualdo aprovechó su discurso para confrontar (sin nombrarlo) con el senador Luis Juez, quien había votado a favor de la ley vigente pero ahora apoyó la reforma. “A los cordobeses nos sorprenden algunos que con tanta pasión defendieron la ley en 2010 y después aprobaron esta modificación. ¿Será porque en algún momento fueron amarillos, hoy son violetas o pasaron por el kirchnerismo?”, lanzó.
El cierre del debate estuvo a cargo del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. “Desde Córdoba exigimos constantemente el federalismo: ahora viene el presidente Javier Milei a traernos el federalismo”, destacó en un breve discurso, en referencia al poder que tendrán ahora las provincias para decidir sobre las áreas periglaciares.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de Glaciares en la primera sesión ordinaria del año, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
La iniciativa impulsada por el oficialismo recibió el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales de San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, entre otros.
El proyecto otorga mayor autonomía a las provincias para definir autorizaciones de proyectos mineros en zonas periglaciares y redefine el alcance de las áreas protegidas.
En ese sentido, la nueva redacción limita la tutela ambiental a los cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva y transfiere a los distritos provinciales la capacidad de determinar qué sectores quedan resguardados.
El acompañamiento de los bloques provinciales resultó clave para alcanzar la mayoría. También se sumaron legisladores de distintos espacios federales, mientras que el rechazo provino principalmente de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros integrantes de bloques provinciales.
El debate estuvo acompañado por movilizaciones de organizaciones ambientalistas en las inmediaciones del Congreso. Durante las audiencias públicas previas, la mayoría de los expositores había manifestado su rechazo a la reforma, lo que anticipaba un escenario de fuerte controversia.
Tras la sanción, referentes ambientales confirmaron que impulsarán acciones judiciales para frenar la aplicación de la norma y adelantaron que seguirán de cerca los proyectos mineros que se habiliten bajo el nuevo marco legal.
La oposición también cuestionó que la modificación podría reducir la protección ambiental y facilitar actividades extractivas en zonas sensibles.
Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.
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Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
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Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
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Inclusive, el oficialismo captó los votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.
En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
Debate por la Ley de Glaciares
Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (La Libertad Avanza) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.
El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.
Por su parte, el otro miembro informante, Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia.
“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.
El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”.
“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, explicó.
Denunciaron un impacto negativo
A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis criticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.
“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Con la ayuda de Juan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.
“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reafirmó que su espacio político “está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial” y «a favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”.
El santafesino se pronunció “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”.
“No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, remarcó, en referencia a la transferencia de facultades a las provincias sobre la determinación de las áreas protegidas.
En tanto, Sabrina Selva (Unión por la Patria) sostuvo que “el debate propuesto respecto a la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato».
«Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, anticipó la diputada massista.
El diputado Néstor Pitrola aseguró que desde el Frente de Izquierda van a «defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.
Por el MID, Eduardo Falcone anticipó su voto a favor en general de la ley por sus convicciones en pos de «la inversión productiva en todo el país, especialmente en el Interior».
No obstante, advirtió que “la ley tiene un error importante” y es que «habilita la posibilidad de desinventariar glaciares, y eso no corresponde porque todos los glaciares cumplen una función hídrica”.
«Distinto es el caso de los ambientes periglaciares. Ahí puede haber formaciones rocosas que pueden tener o no una función hídrica. Y que podrían haber sido inventariadas a partir de una foto satelital, pero ningún técnico haya ido a verla en el terreno», indicó.
A su tiempo, el diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto recordó que él había votado a favor de la ley de Glaciares que está vigente en el año 2010, y que su idea era sostener el mismo criterio, rechazando la propuesta modificatoria.
“¿Por qué estoy en contra? Porque no hay ningún elemento nuevo, ninguna cuestión técnica central que indique la necesidad de los cambios que se incorporan. En segundo lugar, porque tengo una visión del Estado Nación en la que la Nación no puede delegar alegremente atribuciones que le son propias de la Constitución Nacional en el artículo 41”, explicó.
“Nadie puede desconocer la realidad de las provincias argentinas, las dificultades que tienen en materia de coparticipación y lo apetecible que puede ser, a lo mejor, alguna inversión que abra un camino para generar empleo. Pero la Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de entidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, ahondó.
El veterano legislador, integrante del interbloque Unidos, afirmó que “el argumento que utiliza la propuesta del oficialismo, sosteniendo la necesidad de inversiones, es un argumento falaz”.
“Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido para tratar esta cuestión”, señaló.
«En el país de Vaca Muerta los argentinos no puedan cargar nafta»
Al hacerse cargo de uno de los discursos de cierre de Unión por la Patria, Máximo Kirchner aclaró que “nadie dice que no vengan a invertir en nuestro país, pero una cosa es que vengan a invertir y que el pueblo argentino les fije las condiciones, y otra cosa es que este Congreso le de patente de corso”.
“¿Teniendo extensos territorios en nuestro pais por explotar, vamos a poner en peligro los glaciares y periglaciares?”, se preguntó el líder de La Cámpora.
“Chile exporta 10 veces más que Argentina en el total y tiene un tercio de la población que tiene Argentina. Sin embargo, yo no veo que eso les haya servido ni a la micro ni a la macro, porque ha tenido 9 puntos de déficit fiscal”, comparó.
A su vez, señaló que “es una pena que en el país de Vaca Muerta los argentinos no puedan cargar nafta y que no haya una política que aborde el tema del gas”.
“En el país de las vacas cada vez se come menos carne y menos leche. En el país donde hay un glaciar, que es una de las maravillas del mundo, no cuidamos los glaciares. Por eso no tiene destino lo que se discute acá. Se está regalando al país”, finalizó.
Ley de Glaciares: posturas a favor
Darío Schneider (UCR) destacó que “esta reforma busca perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias para que puedan tomar decisiones sobre futuras inversiones en sus territorios que hoy están limitadas por las superposiciones de incumbencias con la Nación”.
Daiana Fernández Molero (PRO) cuestionó la ley vigente desde el año 2010 y pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos malos que vienen por el agua” y “las almas bellas ambientalistas”.
Por La Libertad Avanza, Silvana Giudici dijo que “esta ley viene a armonizar de modo absolutamente constitucional la manda sobre los recursos naturales como también el resto de normativa ambiental que rige en nuestro país”.
Los usuarios del Tren del Valle atraviesan una situación crítica tras la reducción de horarios y frecuencias en el tramo que conecta Cipolletti con Neuquén y Plottier. Lo que hasta hace poco ofrecía al menos dos servicios por la mañana y dos por la tarde quedó reducido a una única frecuencia diaria por sentido, generando complicaciones para cientos de pasajeros que dependen de este medio de transporte para trabajar, estudiar o realizar trámites.
El cambio quedó formalizado el pasado 1 de abril, cuando la Secretaría de Transporte de la Nación actualizó los horarios en su sitio web oficial. Desde entonces, el esquema se mantuvo sin modificaciones y, según fuentes vinculadas al sistema ferroviario, no hubo perspectivas de que se restituyan las frecuencias en el corto plazo.
Frente a este escenario, los legisladores Javier Acevedo (CC ARI Cambiemos), Lorena Matzen (UCR) y Lorena Yensen (JSRN) presentaron un proyecto de comunicación en el que reclamaron la restitución inmediata de los horarios matutinos y vespertinos, además de inversiones en material rodante y mantenimiento para garantizar un servicio eficiente, regular y continuo.
En los fundamentos, remarcaron que el Alto Valle de Río Negro y Neuquén es una región de gran relevancia económica y productiva, históricamente sostenida por la fruticultura y actualmente vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. En este contexto, destacaron que la circulación entre ciudades es intensa por motivos laborales, educativos, sanitarios y sociales, lo que genera congestión, demoras y altos niveles de siniestralidad vial, especialmente en horarios pico.
“La decisión de mantener un esquema mínimo no sólo degrada la calidad de vida de los habitantes del Alto Valle, sino que también contradice la necesidad de fortalecer el transporte ferroviario como eje de integración regional”, advirtieron.
Finalmente, concluyeron que es imprescindible que la Secretaría de Transporte de la Nación, a través de Trenes Argentinos, restituya las frecuencias y garantice un servicio estable y continuo, en línea con las demandas de la comunidad y el crecimiento de la región.
Tras un debate cargado de tensión, La Libertad Avanza se encaminaba a sancionar en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Glaciares, promovida por un grupo de gobernadores cordilleranos para expandir la actividad minera en sus provincias. Al cierre de esta edición, el oficialismo reunía unos 140 votos positivos para aprobar la norma, que promete cosechar varios planteos de inconstitucionalidad en la Justicia.
La Libertad Avanza y aliados sumarían un nuevo triunfo en Diputados
El bloque libertario supo que lograría el objetivo desde el momento en que logró superar la prueba de fuego: el quórum. La sesión se abrió con presencias de sus habituales aliados del PRO y la UCR, pero también con los oficialismos de Catamarca, San Juan, Salta, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Santa Cruz, diseminados en distintos bloques.
Las denuncias de lobby minero volvieron a aflorar mientras transcurría el debate. Esta vez, los detractores de la ley hicieron circular la versión de una reunión entre directivos de la minera Glencore y diputados que viajarán próximamente a Estados Unidos invitados por la organización RAP (Red Acción Política).
El proyecto de ley fue impulsado por gobernadores de la Mesa del Cobre y del Litio (San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy y Mendoza) que quieren “recuperar” el dominio que les da la Constitución sobre los recursos naturales de sus provincias. Para eso, se los faculta a autorizar la actividad minera en aquellas zonas periglaciares que, según definan, no constituyan reservas hídricas relevantes.
La oposición advierte que el cambio es regresivo en términos ambientales porque invierte la lógica de los presupuestos mínimos nacionales y permite a un distrito tomar decisiones que pueden perjudicar cuencas enteras. Además, denuncian que se violó el Acuerdo de Escazú (al que adhiere la Argentina) por las limitaciones a la participación oral plena en las audiencias públicas.
Lo cierto es que si se tienen en cuenta las firmas que recibió el dictamen de comisiones, las que tuvo el pedido de sesión y los apoyos registrados en el Senado, La Libertad Avanza contaba con unos 140 votos para sancionar la ley.
El bloque dirigido por el cordobés Gabriel Bornoroni partía de una base de 95 miembros propios, a los que suma 12 del PRO, 6 de la UCR, 2 del MID, 9 de Innovación Federal (contiene a diputados de Salta, Misiones, Formosa y San Luis), 3 de Elijo Catamarca, 2 de Producción y Trabajo (San Juan), 3 de Independencia (Tucumán), 1 de Santa Cruz, 1 de Encuentro Federal y 3 integrantes de Unión por la Patria de provincias mineras (2 de San Juan y 1 de Catamarca).
Se sumaban otros dos votos a favor a fuerza de negociaciones: los de los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez. Ambos dieron quórum y se disponían a acompañar al Gobierno después de que el gobernador Maximiliano Pullaro cerrara un importante acuerdo con la Nación para cobrar $120.000 millones (en 12 cuotas) de la deuda de la ANSES con la caja previsional provincial.
Unión por la Patria no dio quórum y lideraba el rechazo (con la excepción de los representantes de San Juan y Catamarca, que se encaminaban a votar a favor). También se oponían la mayoría de los cordobeses de Martín Llaryora, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y diputados como Miguel Pichetto.
Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, sostuvo que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” y alegó que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”.
El libertario santafesino también afirmó que “queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, insistió Mayoraz.
La rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria), de trayectoria científica, fue una de las principales voces en contra. “Se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”, dijo la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Con una maqueta que la ayudó a sostener su par Juan Grabois, Serquis se refirió a los periglaciares y geoformas ubicadas en la cordillera: “No se ven los glaciares y sin embargo están, esos son los tipos de glaciares que están tratando de demostrar que no tienen una función hídrica, cuando la ley actual protege absolutamente a todos los que están en el Inventario”.
“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó. Además, advirtió que “si el IANIGLA no puede hacer las cosas es porque este gobierno lo está desfinanciado, como a todos los organismos de ciencia y tecnología”.
