Instancias de protección ante el uso de servicios automatizados de spam, bots y publicidad digital


La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) de la Legislatura de Neuquén inició el tratamiento de un proyecto para crear un archivo filmográfico de la Memoria, con testimonios de diputados, diputadas y personal legislativo sobre la última dictadura militar.
El cuerpo, presidido por Yamila Hermosilla (Comunidad), recibió a autoridades de la Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC), organismo que tendrá a cargo la implementación del registro.
La propuesta contempla recopilar testimonios voluntarios de personas que cumplían funciones en la Legislatura al 24 de marzo de 1976, fecha en la que las fuerzas militares derrocaron el orden democrático. El objetivo apunta a preservar relatos institucionales para las futuras generaciones.
La coordinadora general de CLEC, Candela Bermúdez, expresó su respaldo a la iniciativa: “Estamos de acuerdo y es necesario reforzar la memoria de lo que ocurrió con el último golpe militar”. En ese sentido, planteó la necesidad de definir el objetivo final, el formato y el público destinatario para orientar el desarrollo del archivo audiovisual.
Bermúdez también advirtió sobre los requerimientos técnicos del proyecto y sostuvo que se deben garantizar recursos profesionales, equipamiento y condiciones de conservación para asegurar su continuidad en el tiempo.
Durante su exposición, destacó las actividades impulsadas por el organismo en el Mes de la Memoria, entre ellas muestras fotográficas, charlas, intervenciones artísticas, talleres infantiles y proyecciones documentales, además de encuentros con víctimas y familiares.
En esa línea, afirmó que el registro “sería un gran aporte a la memoria institucional” del Poder Legislativo y vinculó la propuesta con el proyecto de actualización museográfica que impulsa CLEC, orientado a modernizar la narrativa histórica mediante recursos pedagógicos y comunicacionales.
Bermúdez participó junto a Agnese Boaretto y Sofía Maiolo, integrantes de la coordinación, quienes coincidieron en la importancia de precisar los objetivos y destinatarios del archivo.
A pedido del autor del proyecto, el diputado César Gass (JxC-UCR), la comisión convocará a especialistas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, entre ellos su decano Juan Carlos Fernández y los docentes Marcelo Fabián Miranda y Dardo Fabián Gobbi, quienes ya manifestaron su apoyo a la iniciativa.
Leyenda por los 20 años de la reforma constitucional
En otro punto del orden del día, la comisión emitió despacho unánime para incorporar la leyenda “2026-20° aniversario de la reforma de la Constitución de la Provincia del Neuquén” en documentos oficiales, comunicaciones internas y el sitio web legislativo.
El diputado Matías Martínez (Comunidad) recordó que la reforma se concretó entre 2005 y 2006, tras el trabajo de una Convención Constituyente de 35 integrantes, y destacó que permitió actualizar el texto constitucional a nuevos paradigmas democráticos.
Según detalló, la modificación incorporó nuevos derechos y garantías, la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. También incluyó protección para sectores vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, niñez, juventud, consumidores y veteranos de guerra.
Además, subrayó la creación del Consejo de la Magistratura y la incorporación de herramientas de participación ciudadana como la iniciativa popular, la consulta popular, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato.
#NW

<!– –>
La Ley de Glaciares no avanza con la velocidad pretendida por el Gobierno, algunos gobernadores y las empresas mineras. Una vez finalizadas las audiencias públicas, el esquema que maneja el oficialismo es convocar a un nuevo plenario informativo con gobernadores el 1 o el 8 de abril antes de dictaminar. Con esos tiempos, el tratamiento en el recinto llegaría, en el mejor de los casos, recién a mediados de abril.
Así lo confió a este medio una fuente de La Libertad Avanza involucrada en el tema mientras avanzaba la segunda y última audiencia pública, con una presencia realmente escasa de diputados en la sala de reuniones. A diferencia de la primera jornada, que fue presencial y estuvo cargada de tensión, los expositores hablaron esta vez de manera virtual, por lo que bajó el nivel de expectativa.
Ante los insistentes cuestionamientos por las restricciones a la participación ciudadana, los libertarios aprovecharon para hacer una picardía: llegaron unos minutos antes a la sala de reuniones del Anexo C y se fotografiaron todos sentados, mientras del otro lado las sillas de la oposición lucían, en ese momento, prácticamente vacías. Luego, a lo largo de la jornada, las presencias fueron variando de uno y otro lado.
Ahora, el oficialismo trabaja para concretar un plenario de comisiones más antes de dictaminar, con la complicación logística que implican los próximos feriados de Semana Santa. Convocarán para el 1 o el 8 de abril y citarán a gobernadores: los interesados en la ley son los que integran la Mesa del Cobre (Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza) y la del Litio (las tres primeras provincias).
El más expectante es el sanjuanino Marcelo Orrego, quien envió a sus funcionarios a disertar a favor en las audiencias. La expectativa está puesta en el megaproyecto Vicuña, que prevé invertir US$ 7.100 millones en tres años para extraer cobre. Según denunció un abogado ambientalista, para cumplir con el objetivo utilizarán “2.000 litros de agua por segundo”.
En el caso de Catamarca, participantes de la audiencia denunciaron que 30 años de explotación de litio dejaron totalmente seco el Río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Desde Jujuy también se habló de más de 1.700 proyectos mineros con diferentes grados de avance en la región de la puna que utilizan miles de litros de agua por segundo.
“Otro que debe dar explicaciones es el gobernador (Alfredo) Cornejo. En Mendoza impulsa el proyecto megaminero San Jorge, en la cordillera, que enfrenta un fuerte rechazo social y masivas movilizaciones. En el último año, 32 ambientalistas fueron detenidos por su gobierno”, denunció la diputada de izquierda Myriam Bregman. Una de las detenidas, Valentina Spalenza, habló en las audiencias.
La Libertad Avanza confía en tener los votos para sancionar la ley a mediados del mes próximo, con ayuda de aliados del interbloque PRO-UCR-MID, bloques provinciales de Catamarca y San Juan y, probablemente, un puñado de peronistas de provincias mineras. Sin embargo, en el oficialismo saben que lloverán recursos en la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la futura ley.
Además de su contenido (según advierten la oposición y ambientalistas, viola el artículo 41 de la Constitución) van contra el formato de las audiencias públicas por impedir la participación oral de los más de 100.000 inscriptos. En ese punto reparó una de las expositoras de este jueves, la exdiputada justicialista Graciela Camaño.
Otra de las ponencias sobresalientes fue la de Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que tiene a su cargo la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares.
Para el funcionario, el proyecto “no representa una mejora respecto de la ley vigente porque deja áreas con hielo sin proteger; no elimina las ambigüedades planteadas sino que, por el contrario, genera nuevas ambigüedades; y desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades de cada provincia”.
“Desde el punto de vista glaciológico, todos los cuerpos de hielo cumplen con el rol tanto de reserva hídrica cuando el agua está congelada; de aporte cuando está derritiéndose; y de regulación hídrica en los procesos de congelamiento y descongelamiento”, especificó. En ese sentido, advirtió que habrá “subjetividad” a la hora de definir la “importancia hídrica” de una zona y la “afectación relevante” de los cuerpos de hielo.
En la vereda opuesta, Néstor Rigamonti, presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, dijo estar ante “una oportunidad única para mejorar la eficacia del régimen vigente”, ya que “la ambigüedad de conceptos normativos ha generado interpretaciones dispares, conflictos de competencia entre jurisdicciones e inseguridad jurídica”.
También dijo que la nueva ley “no implica una regresión ambiental” porque, a su criterio, “el núcleo de protección de mantiene intacto” y “se propone clarificar su alcance, no reducirlo”. Además, consideró que “las provincias, por su cercanía territorial y conocimiento específico, están en mejores condiciones de aportar información relevante para sus recursos” en lugar de la Nación.

La nominación de Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá avanza a paso firme en el Senado a pesar de las denuncias del kirchnerismo sobre una supuesta devolución de favores por su voto a favor de la Ley Bases de Javier Milei. El pliego de la exsenadora neuquina obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos y se tratará en la próxima sesión.
La Libertad Avanza, al mando de Patricia Bullrich, firmó el dictamen junto con aliados de la UCR, el PRO y provinciales como Carlos Espínola (Corrientes), Beatriz Ávila (Tucumán) y Sonia Rojas Decut (Misiones). Crexell se presentó en la reunión para exponer su currículum y se enfrentó a un fuerte embate del kirchnerismo, que puso en tela de juicio su designación.
La candidata a embajadora repitió su relato: que su voto a favor de la Ley Bases fue negociado con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa, y que su nombramiento en el exterior estaba acordado desde la campaña electoral con Bullrich, entonces candidata presidencial.
“Me dan vergüenza las imputaciones falsas. Fue un acuerdo previo. Alguien muy malintencionadamente lo deja trascender cuando en un momento de negociaciones por la Ley Bases se avanzó en la designación y por eso se estaba preparando el expediente para el pliego”, respondió la exlegisladora sobre la filtración de un documento de Cancillería.
En esa línea, recordó que las denuncias fueron desestimadas por el juez Daniel Rafecas: “Han sido archivadas por inexistencia de delito, falta de relación causal y por haber sido hechas en base a especulaciones periodísticas”. Y remató: “Para mi es un tema cerrado. No quiero polemizar sobre un aspecto en el que la Justicia ya se expidió”.
Las respuestas no fueron suficientes para el kirchnerismo, que descargó todas sus sospechas contra Crexell. “Nuestra valoración como senadores es ética y moral, no tiene nada que ver con la valoración que haga la Justicia. Enviar a una embajadora sospechada de cohecho, que repudia al presidente y su Gabinete y al chupamedias del jefe de Gabinete es una irresponsabilidad”, arremetió la riojana Florencia López, sentada en primera fila a escasos metros de Crexell.
La bonaerense Juliana Di Tullio se sumó a la ofensiva y denunció que el proceso “está viciado de nulidad”. “¿Me quieren decir que el presidente la designa como embajadora por el currículum que tiene? No es por el currículum: es por los favores y los votos prestados”, aseguró.
Desde el interbloque Popular también marcaron supuestas contradicciones de Crexell. Por un lado, recordaron que la candidata había declarado que “nunca le delegaría facultades a ningún presidente”, pero hizo lo contrario al apoyar la Ley Bases. Por otro, señalaron que la postulante reivindica la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es rechazada por el propio Milei.
“Puedo mantener diferencias con la actual gestión, pero veo la transformación en el país”, fue la respuesta de Crexell. “Los fueros no la avalan a decir lo que se les ocurra. Pagué un costo emocional y personal muy alto por una operación política que terminó esclareciendo la Justicia”, insistió.
Algunas senadoras afines a La Libertad Avanza salieron en su defensa. “La cuestionan los mismos que dicen que una persona presa con tobillera por chorra y condenada por tres tribunales tiene que salir libre porque es inocente”, retrucó la radical Carolina Losada en alusión a Cristina Kirchner.
También respaldó a Crexell la jujeña Carolina Moisés, quien se fue del interbloque peronista por sus diferencias con Cristina. “Se intenta poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de ocupar un lugar de poder”, dijo la senadora, sentada justo al lado de Di Tullio, que en ese momento se levantó de su silla. “Qué poca sororidad de algunas”, lanzó Moisés.
Desde el oficialismo, Nadia Márquez (mujer de confianza de Karina Milei), quien comparte con Crexell el origen neuquino, destacó que será la primera embajadora de esa provincia y se pronunció en el mismo sentido que Losada: “Hacen un escándalo por una denuncia que fue desestimada, y ante una sentencia condenatoria dicen ‘Cristina libre’”.
Bullrich se puso al hombro la defensa final antes de fundirse con Crexell en un abrazo al final de la reunión. “Nuestro gobierno está muy orgulloso de que sea embajadora en Canadá. Tiene un perfil profesional adecuado y representa a una de las provincias con más intereses en Canadá”, resaltó la líder del bloque libertario.
Asimismo, apuntó que al determinar la “inexistencia de delito”, el juez Rafecas sostuvo que “no es judiciable el voto y que los acuerdos y negociaciones parlamentarias son las bases de un Parlamento”.


El oficialismo y aliados respaldaron este jueves en una comisión del Senado el pliego de la ex senadora Lucila Crexell, quien mantuvo un fuerte contrapunto con legisladores peronistas por su postulación a la Embajada de Canadá.
,
El pliego de Crexell tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, ya que fue respaldada por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, con lo cual estaba garantizada su aprobación, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.
,
Ahora ese dictamen de la comisión se podrá tratar en la próxima sesión ordinaria junto a los ascensos militares y la designación de las autoridad Nacional de la Competencia.
,
El despacho se pasó a la firma tras un fuerte contrapunto entre Crexell y legisladores peronistas, quienes la acusaron de haber votado la ley Bases a cambio de un cargo diplomático.
“A mi me dan vergüenza las imputaciones falsas”, respondió la ex legisladora ante las acusaciones del senador peronista Carlos Linares.
Linares le había pedido que «explique cómo llega a esta designación ya que su pliego, cuando entró, se dijo que iba a la Unesco, y ahí hubo un voto trascendental para el oficialismo”, por lo que le preguntó a Crexell si “no le da vergüenza”.
Sobre la denuncia que presentaron en su contra, Crexell señalo que “para mí es un hecho cerrado” y le advirtió a Linares “sino reconoce que hay una sentencia firme no es republicano”.
La ex senadora fue respaldada no solo por el oficialismo sino por los bloques aliados, pero llamó especial la atención la fuerte defensa que hizo la senadora peronista de Convicción Federal, Carolina Moisés, quien acusó a sus ex compañeros de ejercer “violencia de género” por afirmar que “no llegó por merito propio”.
En ese sentido, Moisés dijo “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”.
Los dardos mas fuertes del peronismo fueron lanzados además de Linares, por Juliana Di Tullio y Florencia López.
Di Tullio señaló que «no es cierto que haya sido absuelta, se archivó porque no se ha mandado el pliego»
En el ultimo tramo, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, dijo que el Gobierno dirigiéndose a Crexell “mucho orgullo que seas embajadora. Estamos seguros que vas a representar muy bien a la Argentina”
Dijo que en la denuncia de los kirchneristas “no hubo agravios sino mentira. Los argumentos que dio el juez fue que hubo inexistencia de delito porque no es judiciable el voto”.
Al comenzar la reunión, Crexell expuso sobre las políticas que instrumentará en Canadá y en ese sentido señaló que “tenemos una fuerte relación en materia de energía nuclear, Argentina tiene reactores de tecnología canadiense y eso ha permitido mantener relaciones prolíferas en aspectos sobre seguridad nuclear”.
Crexell dijo que entre Argentina y Canadá hay «más de 150 años de historia diplomática” y defendió también la soberanía de Malvinas.

La Plaza de Mayo se volvió a llenar. Este 24 de marzo se cumplen 50 años de la última dictadura militar en Argentina, hecho que dejó miles de muertos y más de 30.000 desaparecidos. Esta fecha, cada año, reúne a organismos de derechos humanos y otras organizaciones con un único objetivo: pedir Memoria, Verdad y Justicia.
En el interior del país se llevarán a cabo distintas actividades para conmemorar este día y acompañar a las Madres de Plaza de Mayo, pero el acto central se realiza en Buenos Aires, en el histórico lugar donde la lucha por los desaparecidos empezó en 1976.
«Son 30 mil y que nos digan dónde están», expresaron los organismos de Derechos Humanos sobre los desaparecidos en el acto central que se realizó en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas de referencias con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
«Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando», manifestaron.
Al cuestionar la postura del Gobierno, que relativiza la cifra de desaparecidos, los organismos señalaron que «son 30 mil y fue genocidio». No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui», arengaron.
También hubo referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos. “Lucharon por una sociedad sin opresión, sin explotación; venimos de esas tradiciones y recrear la lucha popular contra el gobierno de Milei y Villarruel”. La frase despertó gritos de los manifestantes, con “Milei basura, vos sos la dictadura” en primer plano.
“Hay gobiernos de derechas junto con el imperialismo que atacan a pueblos de nuestro continente. El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo económico, con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado de una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y conciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron.
Y remarcaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, agregaron. «Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente», aseguraron.
La principal convocatoria se hizo en Plaza de Mayo, que se ubica frente a la Casa Rosada. Este año la movilización se organizó bajo la consigna “Que digan dónde están», en referencia a los desaparecidos.
El acto central inició a las 16.30 y contó con las presencias de referentes de los organismos, como «Taty» Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se esperaban discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.
Cerca de las 17.30, se leyó un segundo documento firmado por los espacios políticos del Frente de Izquierda, como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO).
En cuanto a la marcha, las distintas organizaciones convocaron a movilizarse desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.
La agrupación kirchnerista La Cámpora inició a las 9 su caminata a la plaza desde la exESMA, en el barrio de Núñez. La UCR convocó a su militancia en el Comité Nacional en Alsina y Entre Ríos a las 13. En tanto, los gremios también lanzaron diferentes horarios de concentración:
En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, distintos referentes políticos y judiciales dejaron definiciones sobre la fecha y el presente del país.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de la movilización en Plaza de Mayo y cuestionó al presidente Javier Milei, al afirmar que algunos de sus discursos son “idénticos” a los del exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que “la democracia, la ley y el respeto a las diferencias no son de un sector”.
Desde el Congreso, el diputado Máximo Kirchner señaló que el actual Gobierno “apuesta a la deshumanización de las personas” y advirtió sobre un intento de retroceso en políticas de derechos humanos impulsadas desde 2004.
En tanto, el juez federal Daniel Rafecas remarcó que, aunque gran parte de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad ya avanzaron, “el trabajo no está del todo terminado” y aún quedan causas pendientes.
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también se expresó en su cuenta de X: «Hay algo que no se negocia: la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas».

El intendente de Rawson, Damián Biss, dinamitó este lunes la alianza con el gobierno provincial tras lanzar duras críticas contra el gobierno que encabeza Ignacio Torres al que denunció de “asfixiarlo financieramente” y de “entorpecer su gestión con fines políticos”.
Este martes, consultado al respecto por diario RÍO NEGRO durante el acto por los 50 años del golpe de Estado de 1976, el jefe comunal de la capital de la provincia no quiso profundizar sobre sus declaraciones: “Ya dije todo lo que tenía que decir”, expresó.
El divorcio entre dos de los principales actores de la alianza que llevó a Torres a la gobernación en 2023 y terminó con 20 años de peronismo en Chubut fue anticipada por este medio cuando reprodujo las palabras de Biss al finalizar un encuentro de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Trelew. A propósito de la estampida del bloque oficialista de la Legislatura en la que se encuentra la exfuncionaria del municipio, la actual diputada Mariela Tamame, Biss había dicho: “El problema de la fractura del bloque no es un problema interno partidario sino un problema con el gobierno”.
Torres contestó rápidamente a las acusaciones. Dijo que “yo no tengo tiempo ni ganas de estar en dimes y diretes y en Rawson hay últimamente mucho de eso y yo me tengo que concentrar en la gestión; estoy para hablar de gestión y no de rosca” y agregó que “Rawson es de las ciudades que más inversión per cápita se está haciendo desde la Provincia y Biss puede venir a verme a la casa de gobierno cuando quiera. Está a una cuadra”.
Ambos dirigentes fueron clave en la conformación de la entonces alianza Juntos por el Cambio que reunió a dirigentes del PRO, al que pertenece Torres y de la UCR que tuvo a Biss como presidente. Fue en 2023 en las elecciones generales cuando Torres le arrebató, integrando la fórmula con el radical Gustavo Menna, el poder provincial al peronismo después de dos décadas.
Este lunes, Biss se despachó con todo lo que tenía guardado durante todo este tiempo en que su relación con Torres se fue esmerilando. “Quieren entorpecer mi gestión con fines políticos”, aseguró y dijo que “hay operaciones que llegan desde el gobierno provincial para entorpecer la gestión”. En este aspecto en las últimas horas, anunció que la Municipalidad de Rawson dejará de operar con el Banco del Chubut (manejado por el gobierno provincial) y lo hará con un banco privado. “Tenemos restricciones para acceder a herramientas del Banco del Chubut, lo que impacta directamente en el funcionamiento municipal”, denunció el jefe comunal.
De esta manera y con la interna desatada entre el gobernador de la provincia y el intendente de la capital chubutense, el futuro de la alianza con vistas a las elecciones generales de 2027 aparece como poco probable. La Unión Cívica Radical irá a elecciones internas para la nueva conducción el próximo 10 de mayo. Torres apoya a su delfín, el intendente de Trelew Gerardo Merino. Todavía no se sabe qué hará Biss, aunque sus relaciones extrapartidarias de los últimos tiempos hacen pensar que tomará otros rumbos.
Finalmente, y de manera inmediata, las declaraciones de Biss recibieron el apoyo del actual diputado nacional kirchnerista y rival de Torres en 2023 Juan Pablo Luque. Y también del exministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, un número puesto para ser candidato a intendente de Trelew en 2027 casi con seguridad por La Libertad Avanza.

A quienes tenían algún tipo de participación política en la provincia de Neuquén, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no los tomó por sorpresa. Se sabía que el gobierno de Isabel Perón tenía las horas contadas, aunque nadie podía imaginar el nivel represivo y criminal que la dictadura le iba a imprimir al régimen.
,
El accionar de la Triple A venía haciendo su parte. Ya se había intervenido la universidad en enero de 1975, a través de Dionisio Remus Tetu, bajo el objetivo, según la consigna impuesta desde el Ministerio de Educación, de retomar el control de las casas de altos estudios.
,
Y jugaba un rol importante Raúl Guglielminetti, uno de los principales personajes del aparato represor, que desembarcó en Neuquén en 1973 como agente de inteligencia y que se infiltró haciéndose pasar por periodista.
,
El andamiaje represivo se intensificó desde la madrugada misma de ese 24 de marzo, con una verdadera cacería hacia políticos, gremialistas y líderes universitarios.
Felipe Sapag, el entonces gobernador de la provincia de Neuquén, no utilizaba la residencia de Roca y La Rioja porque vivía en su casa particular, ubicada sobre calle Belgrano.
En la residencia estaba Luis, el hijo de Felipe, junto a la su familia. Después de tomar posesión de ese lugar, los militares montaron puestos con hombres armados en toda la cuadra, mientras que a la gran mayoría de los empleados que llegaron a trabajar los mandaron de vuelta a sus casas. A muchos los terminarían cesanteando, igual que a otros trabajadores de la Legislatura.
En todas las dependencias oficiales se multiplicaron las guardias armadas, lo mismo que en el barrio militar, ubicado en pleno centro de la ciudad. Ese día Felipe Sapag se quedó en su casa durante todo el día a la espera de novedades.
Habló con sus colaboradores, recibió la visita de sus amigos y escuchó una y otra vez las noticias que llegaban desde Buenos Aires. Tenía tanta preocupación como miedo y estaba abrumado por la situación: Desde hacía cuatro meses sus hijos Ricardo (Caíto) y Enrique habían anunciado que pasaban a la clandestinidad para participar en la lucha armada en la organización Montoneros y estaban bajo la mira de las Fuerzas Armadas. Por este motivo, había presentado su renuncia como mandatario provincial el 10 de diciembre de 1975 pero la Legislatura de Neuquén la rechazó poco después. Por lo tanto, continuaba ejerciendo sus funciones.
Felipe le ordenó a su hijo Luis, que vivía en la residencia de Casa de Gobierno, que se fuera a Chos Malal, en el norte de la provincia, temeroso de que corriera el mismo riesgo que sus hermanos, sin saber que estos estaban sentenciados y encontrarían la muerte al año siguiente, con una diferencia de casi tres meses.
En Buenos Aires, cinco días antes del golpe, el senador por Neuquén Elías Sapag se reunió con el entonces presidente de la Cámara Alta, Ítalo Argentino Luder, en su despacho, para plantearle la situación de ingobernabilidad que vivía el país y le pidió que asumiera la presidencia de la Nación, ante un gobierno que estaba virtualmente acéfalo. Luder rechazó esa posibilidad.
La actitud solidaria hasta de personajes impensados fue lo que posibilitó a algunos militantes políticos de la época salvar sus vidas y la de sus familias. Fue el caso de César Gass, actual diputado provincial de la UCR, que por ese entonces era un joven radical, avanzado estudiante de Historia, y que en 1974 se había consagrado como presidente del centro de estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
El 23 de marzo, el padre de César, Adolfo Gass, que cumplía mandato como diputado nacional, alertó a su hijo y a otros militantes radicales de Neuquén que el golpe de Estado era inminente y que, seguramente, se iba a producir esa noche.
También les sugirió que no duerman en sus casas, por lo que César se fue a lo de un amigo donde, en la madrugada del 24 de marzo, escuchó por la radio que los militares habían tomado el control del país.
En la mañana, Gass decidió no ir a la concesionaria de autos en la que trabajaba y tampoco a su casa. Al primero de estos lugares se dirigió un grupo de tareas del Ejército que, al no encontrarlo allí, trasladó el operativo al domicilio particular de Gass, de donde se terminaron llevando a su mujer Teresa Benso y sus dos pequeños hijos de tres años y medio y seis meses.
Gass se escondió primero en la casa de Norman Portanko, donde permaneció tres días, y después en lo de amigos y conocidos del Partido Radical que le brindaron ayuda, como Armando Toto Vidal (hermano de Cacho). De Neuquén cruzó a Cipolletti, esquivando rigurosos controles policiales, y llegó a Roca, donde se alojó en la casa de otro conocido.
Después de un largo periplo, que incluyó la intervención milagrosa del padre Juan Gregui, fundador de los colegios Don Bosco y San José Obrero de Neuquén, logró salir del país, al que volvería recién con la vuelta de la Democracia.
Del lado del peronismo, uno de los que dio testimonio de lo que fue ese fatídico 24 de marzo de 1976 fue Oscar Massei, histórico dirigente que en esa época era secretario del bloque de diputados del Frejuli.
A la una de la mañana, la esposa de Massei se asomó por la ventana de la casa que habitaban en el barrio Provincias Unidas de Neuquén capital, y observó que a lo largo de la cuadra sobre la calle Río Mocoretá, de frente al domicilio, se había apostado un operativo del Ejército. En medio del grupo de uniformados asomó Guglielminetti, que golpeó la puerta de un vecino y, al no encontrar respuesta, la terminó pateando para ingresar.
La vivienda era del legislador peronista Carlos “Chango” Arias, que no se encontraba en Neuquén. El que estaba allí dentro era al diputado provincial del Frejuli, Eduardo Buamscha, que escaló por el fondo de la casa, pasó a la de Massei, tomó ropa prestada de éste y logró escapar.
Massei era de los pocos abogados que Neuquén tenía por esa época. Bajo ese rol y con muchas precauciones, se presentó durante seis meses en la sede de la Policía Federal por las causas de quienes habían sido expulsados de la universidad.
En dos de esas causas hizo figurar como domicilio real su propia casa, poniendo en riesgo riesgo su vida, dado que, a través de un operativo con policías federales, fueron a buscar a sus defendidos allí pero no los encontraron.
Mucho después, en Democracia, Massei declaró en los juicios de lesa humanidad. En el caso del episodio del 24 de marzo del 76 lo hizo contra los imputados Pedro Laurentino Duarte, ex juez federal, y Víctor Ortiz, ex fiscal federal, ambos acusados de brindar cobertura judicial a los crímenes que se cometieron durante la dictadura.
Raúl Radonich, que fue tres veces diputado provincial y ex convencional de la Carta Orgánica de Neuquén, resultó otro de los peronistas víctima de la represión ilegal en la provincia.
Tenía por ese entonces 21 años. Salió en la primera baja del servicio militar en noviembre del 76 y fue secuestrado el 13 de enero del 77. La razón por la que lo buscaban se remonta a una casa en La Plata, que compartió con Oscar Ragni (hoy desaparecido, secuestrado el 23 de diciembre del 76) y otras dos personas. Oscar se había ido a estudiar la carrera de Arquitectura a la ciudad de las diagonales en el 73, y Radonich llegaría allí un año después para iniciar la carrera de Psicología en la Facultad de Humanidades.
Comenzó a militar en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) hasta 1975 y en el 76 debió dejar sus estudios porque le tocó hacer el servicio militar en Neuquén.
Es decir, al momento de su secuestro ya no tenía contacto ni con Ragni ni con los otros compañeros con los que había compartido casa en La Plata. Pero sus secuestradores llegan a él por ese dato, en especial, porque estaban detrás de una de las personas que habitó esa vivienda, que militaba en la organización Montoneros.
Radonich fue interrogado bajo tortura en un galpón del centro Clandestino La Escuelita. “Grado y nombre de guerra” le pedían mientras le aplicaban la picana eléctrica por distintas partes de su cuerpo, cosa que no pudo responder porque no tenía ni “grado” ni “nombre de guerra”.
Su situación como detenido en La Escuelita duró seis días. En la madrugada del 19 de enero lo trasladaron. Iba atado y vendado en la parte de atrás de un auto, en el que hicieron un trayecto de unos 20 a 25 minutos, en la última parte por un camino de tierra. El vehículo se detuvo, lo sacaron hacia afuera y le pidieron que se arrodille. Pensó lo peor.
Luego le desataron las manos, le quitaron venda y una persona detrás suyo le dijo que permaneciera con los ojos cerrados 15 minutos. Una vez que oyó que el auto se había ido abrió los ojos, divisó una luz y al llegar al lugar vio un cartel sobre la ruta que decía Senillosa.
Radonich pensó que el suplicio había terminado. Pero no. El 2 de abril personal del Ejército lo fue a buscar a la casa de sus padres, a quienes les dijeron que el motivo era que a su hijo “lo pedían de La Plata”.
En ese momento Radonich fue llevado de manera “semi legal” a la U9, donde permaneció detenido hasta el 30 de junio en un subsuelo de ese servicio penitenciario destinado a presos políticos y cargo de la denominada subzona 52.
Durante la dictadura en Neuquén, el general José Andrés Martínez Waldner gobernaría hasta 1978 para luego ser reemplazado por otro militar de facto: Domingo Manuel Trimarco.
Lo mismo ocurriría en el municipio capitalino: Aldo Robiglio, quien había asumido tres años antes, también sería desplazado de su cargo de intendente.
Ese 24 de marzo de 1976 comenzaba para esta provincia y el país la etapa más sangrienta y oscura de la historia política argentina, que se había iniciado a la medianoche, en Buenos Aires, cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea trasladó a la ex presidenta Isabel Perón, en calidad de detenida, a la residencia El Messidor, ubicada en Villa La Angostura.
El Comunicado N° 1 que informó a la población sobre el nuevo gobierno de facto se emitió a través de la televisión y la cadena de radios a las 3 de la madrugada. Luego, se repitió en varias oportunidades y recién a las 10 se transmitió la jura y asunción de Jorge Rafael Videla como presidente.
El saldo que el accionar de las fuerzas represivas de la dictadura cívico militar dejó en Neuquén es difícil de determinar en cuanto a desaparecidos y muertos porque algunas de las personas privadas de su libertad en la provincia, que aún están desaparecidas, fueron trasladadas a Bahía Blanca o terminaron en centros clandestinos de Buenos Aires u otras jurisdicciones del país.
El lugar más importante de detención que tuvo Neuquén en relación a la cantidad de gente que pasó por allí fue La Escuelita, donde se torturaba e interrogaba a los detenidos. Pero también cumplieron esas funciones la delegación de la Policía Federal en la calle Santiago del Estero, la Comisaría Cuarta de Cutral Co y la delegación de Gendarmería de Junín de los Andes.
Muchos operativos represivos fueron coordinados a nivel del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, por lo que la Comisaría Cuarta de Cipolletti y otras dependencias policiales en General Roca formaron parte del engranaje de secuestros, torturas, desapariciones y muerte.
De la resistencia y la lucha inclaudicable contra esa dictadura atroz persiste la tarea de los organismos de derechos humanos, con Noemí Labrune (ADPH) y las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén Alto Valle, cuyas referentes más visibles (hoy fallecidas) fueron Inés Ragni y Lolín Rigoni.
Y, por supuesto, el rol fundamental que jugó durante esos años el obispo Jaime de Nevares quien, en ese marzo del 76, y ante la inminencia del golpe, dejó abiertas las puertas de la Catedral para contener y acompañar a los perseguidos por el régimen.
Fue una de las voces más fuertes de Neuquén contra la dictadura pero, por sobre todas las cosas, y como señaló Sara Mansilla, resultó el “paraguas protector” para quienes pedían, en ese tiempo tan difícil, por el paradero de los desaparecidos.

La pulseada por el control del Congreso suma un nuevo capítulo. En pleno reparto de poder legislativo, La Libertad Avanza avanza para quedarse con una de las comisiones más sensibles y reactiva la tensión con el PRO, que aspiraba a ese mismo lugar.
El foco está puesto en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un espacio clave porque supervisa el funcionamiento de los servicios de inteligencia, controla sus fondos y será la puerta de entrada de la futura reforma del sistema que impulsa el presidente Javier Milei.
En ese escenario, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, buscaba quedarse con la presidencia, pero sus aspiraciones chocan con la estrategia del oficialismo, decidido a colocar un nombre propio en ese sillón.
Detrás de esa jugada aparecen el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes empujan para que el control de esa comisión quede en manos libertarias.
Entre los nombres que circulan con fuerza están los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, ambos cercanos a Menem. Treffinger aparece mejor posicionado, sobre todo porque Bornoroni tendría a su cargo la estratégica Comisión de Juicio Político, otra pieza clave del engranaje parlamentario.
La disputa no es menor. La Bicameral de Inteligencia es uno de los órganos más sensibles del Congreso, ya que puede requerir información a los servicios, auditar sus recursos y seguir de cerca operaciones clasificadas, en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional.
En los pasillos del Congreso, además, circula otra explicación política. La cercanía de Ritondo con el asesor presidencial Santiago Caputo —figura influyente en el esquema de inteligencia— habría jugado en su contra a la hora de definir quién encabezará la comisión.
El trasfondo es aún más profundo. El oficialismo busca consolidar el control político de la estructura de inteligencia, un área donde conviven tensiones internas y disputas de poder. Actualmente, el esquema operativo mantiene peso del asesor Caputo, junto a la conducción de Cristian Auguadra, pero la intención de la Casa Rosada es ordenar ese tablero con nombres propios.
La comisión estará integrada por 14 legisladores, siete por cada cámara, en una negociación que también involucra al resto de las fuerzas. Unión por la Patria, con figuras como Germán Martínez, Rodolfo Tailhade y Eduardo Wado de Pedro, busca sostener su representación. Incluso suena el nombre de Agustín Rossi para ocupar un lugar.
Por su parte, el PRO mantendría bancas tanto en Diputados como en el Senado, mientras que la UCR y otros bloques provinciales también negocian espacios en un armado que promete nuevas fricciones.