Buscan garantizar la atención de personas con discapacidad auditiva en todas las dependencias del Estado
La diputada Carina Riccomini (Juntos) presentó un proyecto de ley que busca garantizar la accesibilidad comunicacional de las personas con discapacidad auditiva en la realización de trámites y consultas, ante los tres poderes del Estado, para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad.
La medida prevé que las dependencias estatales que brinden atención al público deberán contar con personal capacitado en Lengua de Señas Argentina (LSA) o sistemas de interpretación remota.
En este aspecto, se refiere a sistemas de interpretación remota como aquellos que permiten la comunicación en tiempo real entre personas usuarias de la LSA y las dependencias, mediante el uso de tecnologías como videollamadas, plataformas digitales o aplicaciones específicas, que garanticen accesibilidad, calidad, confidencialidad y disponibilidad del servicio.
Además, la norma contempla que las dependencias alcanzadas por la presente norma deberán exhibir en lugares visibles cartelería clara y accesible indicando la disponibilidad del servicio de asistencia en LSA.
También la norma prevé la capacitación obligatoria y periódica en LSA del personal que se desempeñe en áreas de atención al público.
La legisladora considera que la incorporación de estas herramientas constituye una respuesta eficiente e inclusiva que permite ampliar el alcance del servicio, optimizar recursos y garantizar condiciones de accesibilidad e inclusión en la gestión pública.
El proyecto de ley (18282) ingresó por Mesa de Entradas el 21 de abril de 2026, con las firmas de Carina Roccomini (Juntos); Claudio Domínguez, Ludmila Gaitán, Juan Sepúlveda, y Patricia Fernández (MPN); y César Gass (JxC-UCR).
Impulsan la creación del Programa de Ciudadanía Digital Crítica en las escuelas de Neuquén
La diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN) presentó un proyecto de ley para crear el Programa de Ciudadanía Digital Crítica destinado a la promoción de una ciudadanía digital responsable, la prevención y concientización de riesgos en entornos digitales y la protección de la salud mental en el uso de tecnologías, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.
La iniciativa busca integrar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo herramientas que promuevan un uso responsable de internet, la prevención de riesgos y la protección de la salud mental.
Tras la reciente sanción de la ley 3.520, que regula el uso de celulares en las aulas, la diputada Tulián sostiene que la prohibición por sí sola es insuficiente si no va acompañada de educación.
El proyecto propone que los estudiantes dejen de ser usuarios pasivos para convertirse en ciudadanos críticos que entiendan cómo funcionan las plataformas. Esto incluye la alfabetización algorítmica, que se traduce en comprender por qué redes sociales como TikTok o Instagram muestran ciertos contenidos y cómo utilizan mecanismos de diseño persuasivo para captar la atención mediante la generación de dopamina.
La propuesta se fundamenta en datos alarmantes revelados por un relevamiento del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) en 2024. Sobre una muestra de casi 3.000 adolescentes neuquinos, se detectó que la mitad de los jóvenes utiliza dispositivos antes de dormir, afectando su descanso y rendimiento escolar.
Tal es así, que se registraron casos de exposición extrema de hasta ocho horas diarias frente a pantallas, vinculados a agotamiento y menor capacidad intelectual. Además, hay un avance de grooming (acoso sexual en red) y la ciber-ludopatía (apuestas digitales).
Asimismo, el programa también pone el foco en el rol de los adultos responsables. El proyecto advierte sobre el fenómeno del sharenting —la sobreexposición de menores en redes por parte de sus padres—. Esta práctica afecta el derecho a la privacidad y construye una huella digital sin el consentimiento pleno de los niños, por lo cual queda expuesta su seguridad e identidad futura.
También, la ley contempla una intervención pedagógica que comienza desde los primeros años de escolaridad para garantizar la equidad en el acceso al conocimiento. Al respecto, en el nivel inicial se fomentarán hábitos saludables y se procurará el acompañamiento a las familias en la regulación de pantallas. En tanto, para el nivel primario establece el desarrollo de habilidades de convivencia digital, cuidado personal y pensamiento crítico. Y, para el nivel secundario, se prevé el análisis complejo de identidad digital, uso ético de la inteligencia artificial y autonomía en la toma de decisiones.
Con este proyecto, se busca que el sistema educativo sea el ámbito donde se garantice que los jóvenes neuquinos puedan ejercer sus derechos y proteger su bienestar emocional frente al avance vertiginoso de la tecnología.
El proyecto de ley (18272) ingresó por Mesa de Entradas el 21 de abril de 2026, con las firmas de Gisselle Stillger y Marcelo Bermúdez (PRO-NCN); Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria); Brenda Buchiniz (Cumplir); Cecilia Papa (Democracia Neuquén); César Gass (JxC-UCR); y Gerardo Gutiérrez (MPN).
Buscan crear un sistema provincial de videovigilancia en establecimientos educativos y de salud
Con el objetivo de fortalecer la seguridad en escuelas y hospitales, diputados y diputadas de distintos bloques impulsan un proyecto de ley para implementar un Sistema Provincial de Videovigilancia Preventiva. La iniciativa busca reforzar la seguridad en estos ámbitos mediante herramientas de monitoreo con fines preventivos y disuasivos, garantizando al mismo tiempo el respeto por la intimidad, la dignidad y la protección de datos personales.
“Se trata de una herramienta concreta y moderna orientada a la prevención del delito, la disuasión de conductas violentas y la mejora en la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, priorizando siempre la protección de las personas por sobre cualquier otro fin”, sostienen los y las autoras en los fundamentos.
La propuesta establece la obligatoriedad de instalación de dispositivos en instituciones públicas, mientras que en el ámbito privado prevé un régimen de adhesión voluntaria con incentivos. Entre ellos, se contemplan beneficios impositivos, asistencia ante alertas y bonificaciones en los servicios de conectividad para el transporte de datos de seguridad.
Las cámaras podrán instalarse en espacios comunes, como pasillos, patios, salas de espera y áreas de atención al público. A su vez, prohíbe su instalación en lugares que puedan afectar la intimidad, como baños, vestuarios, consultorios médicos y aulas durante el dictado de clases. También se excluye el uso de tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial, especialmente en el caso de menores de edad.
En cuanto al funcionamiento, las cámaras deberán estar conectadas al centro de monitoreo provincial, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El acceso a las imágenes estará restringido a autoridades específicas, al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, en el marco de investigaciones penales. Además, se establece un plazo máximo de conservación de las grabaciones de 30 días, con eliminación automática salvo requerimiento judicial.
El proyecto plantea que la medida apunta a fortalecer la seguridad en espacios donde circulan diariamente estudiantes, pacientes y trabajadores. En ese sentido, se inscribe en una línea de políticas públicas orientadas a prevenir situaciones de violencia institucional, como la ley provincial N° 3522, que aborda la protección de trabajadores de la educación.
Entre los fundamentos, se destaca que la incorporación de sistemas de videovigilancia puede contribuir a disuadir hechos de violencia, vandalismo y robos, así como mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. También se señala que las grabaciones pueden constituir una herramienta útil para el esclarecimiento de hechos en el ámbito judicial y administrativo.
Remarca que la iniciativa establece un equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección de derechos individuales, mediante límites claros en el uso de la tecnología, protocolos de acceso a la información y mecanismos de resguardo de datos personales.
El proyecto (18281) ingresó por Mesa de Entradas el 21 de abril con las firmas de Gerardo Gutiérrez (MPN), Brenda Buchiniz (Cumplir), Cecilia Papa (Democracia Neuquén) y César Gass (JxC-UCR), y la adhesión de Mercedes Tulián.
El proyecto para generar un régimen de pasividad anticipada en la administración pública de Neuquén comenzó a generar repercusiones en la Legislatura, donde podría tomar estado parlamentario en la sesión de este miércoles.
La presentación de la iniciativa estuvo a cargo de la conducción provincial de ATE, con su secretario general, Carlos Quintriqueo, a la cabeza.
El dirigente fue recibido por un nutrido grupo de diputados, entre los que hubo varios representantes de la oposición, desde la UCR a Unión por la Patria. También estuvo presente un aliado del oficialismo, el legislador de Avanzar Francisco Lépore.
Pasividad anticipada para estatales: la propuesta de ATE
De acuerdo a la redacción que presentó el gremio, la medida busca reparar la situación de los empleados estatales que superaron en al menos cinco años la edad jubilatoria, pero siguen trabajando por falta de aportes.
En ese contexto, el régimen de pasividad anticipada propone pasar los agentes a retiro y continuar pagándoles su sueldo habitual hasta que finalmente completen los años pendientes con el sistema previsional.
Entre los trabajadores impactados, estaría el personal que cumplió funciones bajo los términos de la ley 2128 o fue parte de algún programa laboral de la Provincia como el plan jefes y jefas de hogar.
«Hablamos de trabajadores que fueron vulnerados en sus derechos»
Uno de los diputados que estuvo en la reunión con Quintriqueo fue Juan Sepúlveda del MPN. Consultado por Diario RÍO NEGRO, dijo que «obviamente» acompañará el proyecto y remarcó que funcionará como una suerte de reparación para «mucha gente que trabajó, pero no incorporó aportes».
«Hablamos de trabajadores que fueron vulnerados en sus derechos», añadió el legislador, quien denunció la presencia de una importante cantidad de empleados que «todavía no puede ir a su casa a descansar» aunque superó ampliamente la edad jubilatoria de la ley 611 del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).
Respecto a la posición que tomará el partido provincial, comentó que aún no se llegó a un acuerdo. No obstante, dijo que la definición podría darse en la reunión que el bloque tendrá este miércoles a las 9.
Mónica Guanque (Democracia Neuquén), otra de las diputadas que asistió al encuentro con ATE, también anticipó su respaldo a la medida.
Incluso, según le dijo a este medio, pedirá una moción de preferencia durante la sesión de hoy para darle premura al tratamiento. «Queremos mejorarlo un poco, porque creemos que el límite de cinco años es mucho», dijo y agregó: «Tenemos gente de 80 años que no puede seguir esperando más».
Cautela y reparos
Más cauta, en cambio, se mostró su compañera en el interbloque Neuquén República, la diputada de Brenda Buchiniz (Cumplir). En diálogo con este diario, evitó precisar una posición y se limitó a decir que acompañará el tratamiento. «Luego cada uno hará sus aportes o consideraciones», añadió.
En el oficialismo tampoco hay una postura unánime, al menos hasta ahora.
Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO con fuentes de Comunidad, la bancada que responde al gobernador Rolando Figueroa todavía no tomó una decisión acerca de la iniciativa.
Desde el PRO, a su vez, manifestaron reparos. «Lo tengo en estudio pero seguramente no voy a acompañar un régimen de excepción más para jubilaciones», dijo al respecto el diputado Damián Canuto.
Pasividad anticipada para estatales en Neuquén: el camino del proyecto
El proyecto tomaría estado parlamentario este miércoles. De no recibir una moción de preferencia, como dijo Guanque, lo más probable es que sea girado a la comisión de Trabajo, que preside Lépore.
Este cuerpo tiene previsto reunirse una vez más antes de fin de mes, el 28 de abril. Por ahora no se informó si el esquema será uno de los temas a discutir ese día.
ATE informó que los trabajadores beneficiados por la pasividad anticipada serían unos 3.000 en toda la provincia. Actualmente el sindicato se encuentra haciendo un relevamiento para determinar con precisión el número de agentes alcanzados.
Del universo mencionado, desde la entidad gremial explicaron que la amplia mayoría son mujeres. «Muchas entraron en el programa de jefas de hogar o en educación como porteras y cocineras», agregaron.
El programa prevé cubrir las vacantes que eventualmente se generen de acuerdo a las necesidades de la administración pública. El proceso administrativo para otorgar la jubilación, además, se activaría de forma automática una vez que se hayan completado los aportes previsionales pendientes.
El proyecto de “ley hojarasca”, impulsado por el Gobierno nacional, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y quedó listo para su tratamiento en el recinto.
La iniciativa, promovida por Federico Sturzenegger, reunió 35 firmas de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, lo que le permite avanzar en el trámite parlamentario.
Qué propone la ley hojarasca: derogación de normas obsoletas
El proyecto plantea eliminar alrededor de 70 leyes consideradas obsoletas, como parte de un proceso de “ordenamiento legislativo”.
Desde el oficialismo sostienen que muchas de estas normas ya no tienen aplicación práctica o fueron superadas por cambios tecnológicos, económicos o institucionales.
El objetivo es reducir la carga normativa y eliminar estructuras que, según el Gobierno, encarecen el funcionamiento del Estado.
Sin sesión: el debate se posterga en el Congreso
Pese al avance en comisiones, el oficialismo no logró acelerar el tratamiento en el recinto y no habrá sesión en el corto plazo.
La discusión quedará postergada al menos hasta después del 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinde su informe de gestión ante el Congreso.
La decisión responde a acuerdos políticos y a la falta de consenso con sectores de la oposición y aliados.
Argumentos del Gobierno: “ordenar un sistema desactualizado”
El Ejecutivo defendió la iniciativa como un paso necesario para modernizar el sistema legal argentino.
Funcionarios del área de Desregulación señalaron que existen miles de normas sin vigencia real o en una “zona gris”, producto de un proceso inconcluso del Digesto Jurídico.
También advirtieron que algunas leyes datan de contextos históricos o tecnológicos ya superados, e incluso de gobiernos de facto.
Críticas de la oposición y debate sobre el alcance
Desde la oposición surgieron cuestionamientos tanto al contenido como a la oportunidad del proyecto.
El diputado Diego Giuliano consideró que el listado es incompleto y advirtió que algunas derogaciones requieren un análisis más profundo.
En la misma línea, Myriam Bregman criticó con dureza la iniciativa y cuestionó su impacto político, mientras que Vanesa Siley rechazó el enfoque del proyecto por considerar que se aleja de las prioridades sociales.
Cambios al dictamen y próximos pasos
Durante el tratamiento en comisiones, el oficialismo introdujo modificaciones para facilitar consensos.
Entre los cambios, se eliminaron artículos vinculados a cooperativas, beneficios para legisladores y financiamiento de organismos.
Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de avanzar, aunque su tratamiento dependerá de las negociaciones políticas en una agenda legislativa marcada por tensiones y prioridades cruzadas.
El Gobierno punta a la aprobación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Esta propuesta es una de las iniciativas centrales del paquete de reformas que se presentó este 2026 y busca: reforzar el derecho de propiedad privada, limitar la capacidad del Estado para expropiar bienes y acelerar procesos de desalojo, entre otras cosas importantes.
Sin embargo hay uno de los puntos del proyecto que ya está generando tensiones entre el bloque libertario y sus aliados, una situación que podría llegar a interferir en una votación que le permita obtener el triunfo el Ejecutivo. Se trata de la falta de restricciones a los extranjeros.
Grietas en La Libertad Avanza y sus aliados
Si el oficialismo logra avanzar con la nueva ley de propiedad privada, los extranjeros ya no van a tener restricciones para comprar tierras en el país. A esto también se les suma las dudas sobre los cambios que se quieren aplicar en la ley de barrios populares. Los dos puntos están generando fricciones y abriendo nuevas grietas.
Para evitar divisiones, el oficialismo planea abocarse esta semana a la búsqueda de acuerdos con los bloques de la UCR, PRO y sectores provinciales. El objetivo es tener primero las firmas para el dictamen y luego poder aprobar la iniciativa en el recinto de sesiones.
Una fuente ligada al oficialismo, reconoció: «Por ahora no están los votos se debe seguir conversando porque hay varios bloques que quieren hacer cambios». Por este motivo, hasta este domingo no se había convocado al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General que presiden Agustín Coto y Nadia Márquez.
Desde la UCR manifestaron que se está estudiando cada capítulo y analizando los cambios que se van a proponer al proyecto. Por su parte, una aliada del Gobierno, la senadora de Chubut, Edith Terenzi, también ya expresó su críticas a la eliminación de las restricciones para extranjeros.
Terenzi, señaló al respecto: «En Chubut tenemos más de 200.000 km2 de superficie con zonas de amplio valor estratégico. Me preocupa que sin límites cuantitativos para la propiedad de los extranjeros, el gobierno provincial pierda el argumento legal de cuestionar la concentración de tierras en capitales foráneos«.
El proyecto del Gobierno modifica la ley 26.737 votada en el 2011 que puso el límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Los puntos que más incomodan de la nueva ley
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y propone varios cambios. En este caso los puntos que más incomodan a los aliados del gobierno, son:
Tierras rurales
El proyecto propone cambios de la Ley de Tierras Rurales que establece límites a la compra de tierras por parte de inversores extranjeros. En la redacción del proyecto, el ministro propuso:
Eliminar el tope del 15% del territorio
Quitar límites por nacionalidad
Suprimir el máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo
Mantener restricciones solo para Estados extranjeros y organismos públicos
Cambios en la Ley de Integración Socio Urbana
La propuesta del Gobierno busca darle un rol más activo a las provincias y los municipios. Concretamente se propone:
Se elimina la expropiación generalizada de inmuebles en barrios populares
Se habilitan otros mecanismos, como la usucapión
Se quitan artículos que hoy suspenden desalojos
Se da mayor participación a provincias y municipios
Museo de la Comunicación Regional de la FADECs a favor de crear un archivo legislativo sobre la última dictadura
La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) recibió a docentes y autoridades del Museo de la comunicación Regional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDeCs), quienes avalaron la iniciativa que busca poner en marcha un archivo de la Memoria con testimonios de diputados y personal del Poder Legislativo respecto del golpe militar del ‘76.
En la ocasión, los docentes Dardo Fabián Gobbi y Marcelo Miranda, adelantaron su acompañamiento a la propuesta y explicaron el funcionamiento del Museo a su cargo. Respecto del alcance de la iniciativa en debate, hicieron hincapié en la necesidad de especificar el objetivo del Archivo y determinar la estrategia para el registro audiovisual de los testimonios, así como también el público al que estará dirigido el material final.
En su intervención, definieron a la entrevista como una materia prima de la cual se pueden extraer otros formatos, ideas y piezas comunicacionales que exceden al relato verbal y que le puedan aportar diversidad de soportes al Archivo. En ese sentido, ahondaron también en la importancia de definir aspectos más técnicos, vinculados a la producción, la conservación y la utilidad del material, así como también a los recursos profesionales y materiales, y al concepto comunicacional que enmarque la propuesta.
El Archivo no se constituirá como un compilado de entrevistas sino como “un espacio vivo que se pueda trasladar a la comunidad” sostuvo Gobi, quien remarcó la importancia de digitalizar la mayor cantidad de información ya que el formato analógico recae en desuso cada vez más. “La digitalización es la forma de hacer perdurables los testimonios”, resumió.
A su turno, Miranda hizo hincapié en que la implementación del Archivo “es una tarea urgente” en la medida en que las personas que pueden brindar el testimonio de su experiencia directa de aquella época son, en muchos casos, adultos mayores. “La visión de esas personas se va con ellas” si no se registra su relato en la memoria institucional, concluyó Miranda.
En ese marco, recomendaron su ejecución en etapas, siendo la primera de ellas el rescate de los testimonios y el resguardo del material, para dar lugar luego a la creación de diferentes productos comunicacionales y de distintos canales de difusión.
La propuesta original, presentada por el diputado César Gass (JxC-UCR) contempla la recopilación de testimonios de quienes cumplían funciones en la Legislatura provincial en marzo de 1976, cuando las fuerzas militares derrocaron el orden democrático. El objetivo es preservar los relatos tanto de personal del Poder Legislativo como de diputados y diputadas de la época, a fin de contribuir a la memoria institucional.
A fin de avanzar en aspectos técnicos y metodológicos referidos al alcance del Archivo, se propiciará un encuentro de trabajo entre autoridades de la Casa de las Leyes-Espacio Cultural (CLEC), en tanto unidad de aplicación del Archivo, y los docentes de la Unco a cargo del Museo de la comunicación Regional.
En otro orden, en la reunión de esta mañana, el cuerpo que preside la diputada Yamila Hermosilla (Comunidad) votó el archivo de un listado de expedientes, en el marco del artículo 113° del Reglamento Interno.
Impulsan programa para prevenir el agotamiento profesional en el personal de salud
Diputadas y diputados de distintos bloques presentaron un proyecto para crear el “Programa Provincial de Fomento del Bienestar y la Responsabilidad del Personal de Salud”, con el objetivo de establecer estrategias preventivas frente al agotamiento profesional (burnout) en el sistema sanitario. La iniciativa plantea un marco para instituciones públicas —de aplicación obligatoria— y la adhesión del sector privado.
La propuesta fija como ejes la autonomía de cada establecimiento para diseñar sus propios métodos de prevención, la responsabilidad individual en el cuidado de la salud física y mental, y un rol subsidiario del Estado centrado en la capacitación y el acompañamiento a áreas vulnerables.
Entre las medidas, plantea herramientas de gestión laboral y flexibilidad operativa orientadas a reducir el estrés crónico. En ese sentido, habilita el intercambio voluntario de turnos entre profesionales y promueve la reconfiguración de guardias, con la posibilidad de pasar de esquemas de 24 a 12 horas con descansos compensatorios.
Además, contempla la opción de realizar hasta un 30% de las tareas administrativas bajo modalidad de teletrabajo y prevé la implementación de un sistema de autoevaluación de riesgo mediante herramientas digitales anónimas, cuyos resultados serán de uso exclusivo de cada profesional.
En los fundamentos, se advierte que el burnout dejó de ser un problema individual para convertirse en una problemática estructural del sistema de salud. Según datos del Foro de Sociedades Médicas (2025), el 64% del personal sanitario en Argentina presenta síntomas de agotamiento físico o mental, cifra que asciende al 73,5% en unidades críticas y residencias en estudios locales.
En esa línea, se señala que el síndrome impacta en la calidad de atención y en la seguridad del paciente, al aumentar el riesgo de errores médicos. En ese marco, sostiene que la flexibilidad en la organización del trabajo y la reducción de la carga burocrática pueden contribuir a mejorar las condiciones laborales sin afectar la productividad.
A la vez, el proyecto plantea que la implementación de estas medidas podría reducir el ausentismo y las licencias por motivos de salud mental, con impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario y en la calidad de las prestaciones.
“Enmarcar la salud mental de quienes nos cuidan como una política de Estado es, en última instancia, proteger el derecho a la salud de todos los neuquinos”, indican los autores y autoras.
El proyecto (18262) ingresó por Mesa de Entradas el 17 de abril y lleva las formas de Cecilia Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén); César Gass (JxC-UCR); Brenda Buchiniz (Cumplir) y Gerardo Gutiérrez (MPN).
Solicitan informes ante la ola de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia
El diputado Darío Peralta (UxP) presentó un proyecto de resolución para solicitar información a los ministerios de Seguridad y de Educación, respecto a las intimidaciones durante el mes en curso, en colegios de la provincia.
Su autor señala que, como es de público conocimiento, una ola de amenazas de tiroteos vinculadas con un posible reto viral difundido a través de redes sociales, afecta a establecimientos educativos de la provincia.
El diputado Peralta, expresa que la metodología es por medio de mensajes anónimos en baños escolares o en plataformas digitales, con fechas específicas y amenazas de violencia armada, que generan pánico en las comunidades educativas y fuerzan la suspensión de actividades.
En este marco, el legislador le solicita a los ministerios de Seguridad y de Educación, información detallada de las denuncias recibidas; las actuaciones judiciales y policiales; listado de establecimientos afectados; medidas de seguridad; acciones de contención y acompañamiento psicológico para las comunidades educativas afectadas; entre otros ítems a consultar.
El proyecto de resolución (18260) ingresó por Mesa de Entradas el 17 de abril de 2026 con las firmas de Darío Martínez (UxP) y César Gass (JxC-UCR).
Medio Ambiente votó archivar proyectos y mantener otros en estudio
La comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) analizó una serie de proyectos en condiciones de ser remitidos al archivo y resolvió avanzar con esa medida en la mayoría de los casos, al tiempo que definió mantener algunas iniciativas en agenda para continuar con su tratamiento. Así lo acordó esta mañana el cuerpo que preside la diputada Giselle Stillger (Arriba Neuquén) en su reunión semanal.
Durante el debate, la comisión revisó el listado de propuestas con posibilidad de ser archivadas en el marco del artículo 113 del Reglamento Interno y, a pedido de diputados y diputadas de los bloques MPN, UxP, Cumplir y JxC-UCR, decidió mantener en estudio algunos proyectos.
Según establece ese artículo, las comisiones pueden girar al archivo, por simple mayoría de sus miembros, expedientes, proyectos o actuaciones que hayan sido remitidos a su ámbito, con constancia del trámite en el acta de la reunión e información mensual posterior a la Cámara a través de la Sala de Comisiones.
En ese marco, se acordó reiterar algunos pedidos de informe remitidos previamente y aún no respondidos, para contar con la información necesaria que permita avanzar en el tratamiento legislativo.
Asimismo, se solicitó incluir en los próximos órdenes del día algunos proyectos que requieren un tratamiento más inmediato para no perder actualidad. Entre ellos, se mencionaron dos pedidos de informe dirigidos al Poder Ejecutivo. Uno, para que brinde información sobre el plan de obras, acciones y medidas adoptadas ante el desvío del cauce del río Colorado; y otro, para que informe sobre los datos epidemiológicos y las acciones implementadas para garantizar la seguridad sanitaria del agua.
