La Fiscalía de Delitos Económicos eligió un tipo penal preciso para ir contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y los otros tres imputados: negociación incompatible con la función pública. No es el mismo delito que se investigó en la causa de los planes sociales ni en la de Gloria Ruiz, donde se avanzó por administración fraudulenta.
,
Si todo marcha sobre ruedas este martes a las 8.30 en la Sala 12 de Ciudad Judicial finalmente lo acusarán a Bertolini de ese delito, después de dos audiencias fallidas. En una no se presentó por malestar estomacal y avisó con un certificado médico. En la otra, de este último lunes, por un pedido de apartamiento del fiscal Pablo Vignaroli, -formulado por la defensa- que deberá resolver la jueza Carina Álvarez a primera hora.
,
Negociaciones incompatibles con la función pública es una figura diferente, con otra lógica. El delito está previsto en el artículo 265 del Código Penal y castiga al funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.
,
En otras palabras, no hace falta probar que el dinero llegó al bolsillo del funcionario. Alcanza con demostrar que ese funcionario usó su posición para favorecer a alguien con quien tenía un interés, aunque ese interés fuera indirecto.
La pena prevista va de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
El delito imputado a Luis Bertolini: por qué encaja en este caso
La acusación construida por Pablo Vignaroli y la fiscal del caso Rocío Rivero se apoya exactamente en esa lógica. Bertolini, según la fiscalía, no metió la mano en la caja. Lo que habría hecho es usar su cargo para direccionar sistemáticamente contratos municipales hacia Pedro Vilches, sabiendo que Vilches era socio de Mauricio López, hijo de la subsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez.
El interés era favorecer a alguien del entorno cercano a través del manejo discrecional del poder de compra del municipio. Eso, para la fiscalía, es suficiente para configurar el delito.
La acusación distingue entre quienes tenían poder de decisión y quienes se beneficiaron de él.
Bertolini y Ramírez son imputados como coautores: tenían función pública y, según la fiscalía, se interesaron activamente en que los contratos fueran adjudicados a las empresas del entorno.
Mauricio López y Pedro Vilches son imputados como partícipes necesarios: no eran funcionarios, pero sin su participación activa —aceptando las condiciones, operando las empresas, recibiendo las adjudicaciones— el esquema no se cerraba.
Por qué no es administración fraudulenta
La administración fraudulenta requiere probar un perjuicio patrimonial concreto al Estado y una gestión que traicione los deberes del cargo en términos de daño económico directo. La negociación incompatible, en cambio, no exige probar el perjuicio: basta con acreditar el interés del funcionario en la operación.
Es una figura que permite avanzar aunque no haya una caja negra identificada ni un circuito de pagos que llegue directamente al imputado. La fiscalía apuesta a que el patrón de 160 contratos, las directivas verbales del intendente al área de Compras y el vínculo societario entre Vilches y el hijo de Ramírez son suficientes para sostener esa acusación ante la jueza Álvarez.
