Etiqueta: Bertolini

  • Suspensión del intendente Luis Bertolini tras imputaciones judiciales

    Suspensión del intendente Luis Bertolini tras imputaciones judiciales

    Una sesión que terminó con el intendente afuera

    El Concejo Deliberante de Plottier aprobó por mayoría la suspensión preventiva del intendente Luis Bertolini, luego de que la Justicia le formulara cargos en una causa que investiga supuestas incompatibilidades con la administración pública.

    La decisión se tomó en una sesión extraordinaria que avanzó sobre el artículo 79 de la carta orgánica municipal, que habilita este tipo de medidas cuando existe una imputación por un delito doloso.

    Qué dice la norma que aplicaron

    El punto clave que usaron los concejales establece que la suspensión procede “de pleno derecho” cuando un funcionario es imputado en una causa penal.

    Además, la resolución fija que la medida se mantendrá “hasta que recaiga sentencia firme”, es decir, hasta que la causa tenga una definición judicial definitiva.

    Quién queda a cargo del municipio

    Con la suspensión ya aprobada, el Ejecutivo municipal quedó en manos de Malena Resa, actual presidenta del Concejo Deliberante.

    El cambio se activó de manera inmediata, en medio de una jornada marcada por movimientos políticos y decisiones en cadena.

    La causa y los nombres involucrados

    Bertolini está imputado por el presunto delito de negociaciones incompatibles con su función. En el mismo expediente también aparecen su subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez; su hijo, Mauricio López; y el empresario Pedro Vilchez.

    La formulación de cargos se extendió durante dos días y dejó abierta una serie de medidas que todavía se siguen resolviendo en el ámbito judicial.

    Un fallo previo que aceleró todo

    Horas antes de la sesión, la jueza de Garantías Carina Álvarez rechazó el pedido de prisión domiciliaria para el intendente, con cuestionamientos a los planteos de la fiscalía.

    Ese contexto judicial fue el marco en el que el Deliberante avanzó con la suspensión.

    La reacción del propio intendente

    Minutos antes de que se votara la medida, Bertolini brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó lo que estaba ocurriendo y habló de “un golpe” contra su gestión.

    Mientras tanto, dentro del recinto, los concejales avanzaban con una decisión que terminó por sacarlo del cargo de manera preventiva.

    Un escenario abierto

    La suspensión no cierra la causa, pero cambia el escenario político de la ciudad de forma inmediata. Con el intendente imputado y apartado, el proceso judicial sigue su curso mientras la conducción del municipio ya quedó en otras manos.

  • Tensión en Plottier: el Concejo Deliberante suspendió y apartó a Luis Bertolini como intendente

    Tensión en Plottier: el Concejo Deliberante suspendió y apartó a Luis Bertolini como intendente

    En una sesión especial cargada de tensión política y mucho ruido en las afueras del edificio con protestas de vecinos, este jueves el Concejo Deliberante de Plottier aprobó por mayoría la suspensión preventiva del intendente de Plottier, Luis Bertolini.

    ,

    La medida, sin goce de haberes y con carácter inmediato, marcó un hecho inédito en la historia institucional de la ciudad: es la primera vez que un jefe comunal electo por el voto popular es apartado de sus funciones por decisión del cuerpo legislativo local.

    ,

    La resolución se adoptó luego de que la Justicia formulara cargos contra el intendente en el marco de una investigación por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, aunque minutos antes de esta sesión especial la jueza de garantías Carina Álvarez rechazó la prisión domiciliaria solicitada por el Ministerio Público Fiscal contra el intendente de Plottier.

    ,

    El proyecto aprobado se sustentó en la información remitida por la fiscal del caso, Rocío Rivero, y en la decisión de la jueza de garantías Carina Álvarez, quien dio por formalizada la imputación y habilitó un plazo de seis meses de investigación penal preparatoria.

    El texto votado establece la “suspensión preventiva” de Bertolini mientras dure el proceso judicial, con el objetivo de “garantizar la transparencia” y evitar cualquier posible interferencia en la causa. Además, dispone que la medida se aplique sin percepción de haberes y que, durante ese período, la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, asuma de manera interina al frente del Ejecutivo municipal.

    Cómo fue la votación

    La sesión estuvo lejos de ser un trámite. Por el contrario, expuso con crudeza las tensiones políticas y jurídicas que rodean el caso. Mientras un sector del Concejo defendió la necesidad de actuar con rapidez ante la gravedad de los hechos investigados, otro grupo cuestionó el procedimiento por considerarlo apresurado y con posibles falencias legales.

    Uno de los posicionamientos más críticos fue el del único concejal que rechazó la iniciativa, Carlos Ponce, quien advirtió que se estaba avanzando “antes que la Justicia” y sin una decisión firme del Poder Judicial. “Hoy no hay una decisión del juez definitiva, no hay un auto de procesamiento. Se está haciendo una equivalencia que no corresponde”, planteó durante su intervención.

    En ese sentido, recordó que la modificación del Código Procesal en 2019 introdujo diferencias entre la formulación de cargos y el auto de procesamiento, y cuestionó que se utilice la primera como argumento suficiente para una medida de esta magnitud. “Acá hay dos libros, y estamos interpretando de manera apresurada una instancia que no es definitiva”, sostuvo.

    También hizo foco en las garantías institucionales, al señalar que el proceso impulsado no respeta plenamente el derecho a defensa. “La Carta Orgánica es clara: hay procedimientos que deben cumplirse. Estamos iniciando un proceso con nulidades y actuando de la misma manera, de forma apresurada”, afirmó.

    En otro tramo de su discurso, el edil alertó sobre el riesgo de afectar la legitimidad del Concejo Delibertante. “No estamos ganando tiempo, estamos perdiendo legitimidad. La suspensión es una de las decisiones más graves que puede tomar este cuerpo, y creo que no estamos a la altura de las circunstancias”, expresó antes de votar en contra.

    Por su parte, la concejala Dianela Huento optó por la abstención, en una postura intermedia que reflejó tanto la gravedad del caso como las dudas sobre el procedimiento.

    “Hemos tomado una decisión histórica. Se está definiendo si se suspende a un intendente elegido por el voto popular, y de hacerse efectiva sería la primera vez en este Concejo”, señaló. Sin embargo, aclaró que el cuerpo no actúa como tribunal judicial: “Esto no es un juzgado. No juzgamos, lo nuestro es político, y tenemos que hacernos cargo de las consecuencias políticas”.

    Huento reconoció la gravedad de los hechos que investiga la Justicia, pero remarcó que eso no habilita a actuar sin la debida prudencia. “Nadie puede negar la gravedad de lo que se está investigando, pero antes de la urgencia está la decisión de no actuar en base a dudas”, sostuvo.

    “No voy a forzar una interpretación jurídica para sostener una decisión política”. Y agregó que, en situaciones de este tipo, se requiere “la máxima prudencia institucional”.

    La concejala también recordó que existe el mecanismo de un juicio político previsto en la normativa vigente abierto, como alternativa para abordar este tipo de situaciones. “Cada cuatro años la ciudadanía elige, y hay herramientas institucionales claras. No puedo tomar decisiones con dudas, por eso mi voto es la abstención”, concluyó.

    Apoyo a la suspensión y críticas a la gestión

    Del lado de la mayoría, fue un solo concejal el que pidió la palabra antes de votar: Paulo Scrugli, quien anunció su voto de acompañamiento a la suspensión basado en la parálisis del Ejecutivo municipal.

    El concejal Scrugli apuntó directamente contra la gestión de Bertolini. “No estamos opinando sobre si se recoge la basura o no, pero es evidente que hay una falta de toma de decisiones”, planteó.

    Según su mirada, la crisis política no es nueva, sino que se arrastra desde hace meses. “Hace tiempo que no sabemos quién gobierna la ciudad de Plottier. Pregúntenle a los vecinos cuando van a Catastro o al Tribunal de Faltas si tienen respuestas del Ejecutivo”, afirmó.

    Para Scrugli, el Concejo debe asumir su rol sin dilaciones. “Plottier necesita gente que tome decisiones y gobierne. Tenemos que ser claros y actuar”, sostuvo antes de confirmar su voto a favor de la suspensión.

  • Luis Bertolini denunció un “intento de golpe” tras el fallo judicial y habló de persecución

    Luis Bertolini denunció un “intento de golpe” tras el fallo judicial y habló de persecución

    Luis Bertolini abandonó la Sala 12 del Poder Judicial de Neuquén con alivio este jueves, tras conocerse la decisión judicial que rechazó toda medida de coerción en su contra. no irá a prisión domiciliaria, pero si tiene sellado su destino desde lo político. El Concejo Deliberante lo suspendió a los pocos minutos de conocida la decisión.

    ,

    Luego de que la jueza Carina Álvarez rechazara las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, el intendente de Plottier salió públicamente a fijar su postura en una declaración potente desde lo político y fuertes acusaciones.

    ,

    “Agradezco todo todo el apoyo que he tenido en esta batalla de hace cuatro meses, totalmente injusta, donde he sido sometido permanentemente a un ataque”, comenzó en una conferencia de prensa en Plottier.

    ,

    Previo, en diálogo con LM Neuquén a la salida de su audiencia, dijo que la decisión de la jueza Álvarez «fue muy justa y es lo que esperaba».

    Bertolini planteó que detrás del proceso existe una intencionalidad política. “Ustedes lo vieron, un ataque a un intento de golpe que sigue latente”, sostuvo y destacó que pese a la exposición mediática del caso, “no ha tenido ni en la práctica ni en los papeles eco”.

    El jefe comunal también cuestionó de manera directa el rol del Ministerio Público Fiscal, al que acusó de impulsar imputaciones sin sustento.

    “Esas mentiras, esta cuestión de persecución a los empleados públicos, cuando jamás, ustedes me conocen, jamás yo he estado en ninguna situación ”, afirmó.

    Y reforzó su defensa con un perfil de gestión: “Siempre me he dedicado a que los empleados públicos sean dignificados, pagando los sueldos, tratando de mejorar las condiciones de trabajo”.

    El descargo de Bertolini estuvo vinculado al pedido de prisión domiciliaria que había impulsado la Fiscalía. Para Bertolini, esa solicitud fue desproporcionada y sin fundamentos.

    “Querer imponerme una prisión domiciliaria en relación a que yo pueda influir en personas para estas causas inventadas, realmente parecía aberrante”, expresó.

    Además, relató el impacto personal del proceso judicial, en especial tras el allanamiento en su domicilio. “Después de haber invadido mi casa y haber padecido junto con mi señora todas las intromisiones que tuvimos, insistir con estos cargos creo que era una aberración”, señaló.

    El intendente buscó ampliar el foco más allá de su caso particular y lo planteó como una situación que podría afectar a cualquier ciudadano.

    “No lo digo solo por mí, que por supuesto me indigna, sino por cada persona, porque esto le puede pasar a cualquiera”, concluyó.

    El fallo de la jueza Álvarez frenó a las medidas patrimoniales y restrictivas que pretendía la Fiscalía, pero el conflicto político y judicial sigue.

    La batalla está en el Concejo Deliberante, donde tiene todas las fichas para ser suspendido.

  • Luis Bertolini presentó su renuncia como intendente de Plottier: denunció una “maniobra judicial y política”

    Luis Bertolini presentó su renuncia como intendente de Plottier: denunció una “maniobra judicial y política”

    Este jueves sumó un nuevo capítulo de alto impacto para Plottier. El intendente, Luis Bertolini, presentó su renuncia al cargo en medio de una escalada de tensiones políticas, acusaciones judiciales y un clima de creciente incertidumbre en la ciudad.

    ,

    La decisión fue comunicada a través de una carta dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, en la que el ahora exjefe comunal defendió su gestión, negó irregularidades y denunció una “maniobra judicial y política” en su contra.

    ,

    En su escrito, el intendente aseguró que su renuncia no responde a una admisión de culpa, sino a la necesidad de “defender la democracia” desde otro lugar, en medio de lo que considera un proceso irregular.

    ,

    “He decidido presentar mi renuncia al cargo de intendente, decisión que no nace de la debilidad ni de la culpa, sino del profundo respeto que tengo a la voluntad popular”, sostuvo en la carta. En ese sentido, remarcó que fue electo con el 57% de los votos y cuestionó que ese respaldo “pretende ser neutralizado” mediante acciones que calificó como inéditas en la historia política de la ciudad.

    Noticia en desarrollo.

  • Luis Bertolini libre: la jueza rechazó la prisión domiciliaria y lanzó un palo por los “excesos” de los fiscales

    Luis Bertolini libre: la jueza rechazó la prisión domiciliaria y lanzó un palo por los “excesos” de los fiscales

    La jueza de garantías Carina Álvarez rechazó este jueves la prisión domiciliaria solicitada por el Ministerio Público Fiscal contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y su secretaria Gladys Ramírez, imputados por negociaciones incompatibles con la función pública. Sostuvo que el intendente tiene legitimidad por el voto popular, y alejarlo de la Municipalidad de Plottier, sería desproporcionado.

    ,

    Luego de tomarse dos días para analizar las medidas cautelares, «a conciencia», la magistrada fundamentó su decisión en razones procesales e institucionales de mucho peso. El caso deberá zanjarse por los canales institucionales. Es decir, por la misma política y no por la Justicia. Bertolini seguramente será sometido a un juocio político y suspensión de funciones.

    ,

    El Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales Pablo Vignaroli y Rocío Rivero, había solicitado la prisión domiciliaria para Bertolini, la prohibición de acercamiento a las dependencias municipales y el cese de todo contacto con los testigos de la causa.

    ,

    Para Ramírez, había pedido similares restricciones. El argumento central era que la presencia de ambos funcionarios en el municipio podía entorpecer la investigación, en particular el acceso y la localización de documentación pública, y que cuatro empleados habían manifestado sentirse atemorizados.

    Sin embargo, Álvarez consideró que ese riesgo —definido en los términos del artículo 114 del Código Procesal— podía neutralizarse con medidas mucho menos gravosas. También rechazó el embargo que ella misma había impuesto previamente a dos empresarios vinculados a la causa.

    Causa de Luis Bertolini: qué pasó con el embargo de $4600 millones

    Álvarez rechazó también ambas medidas cautelares de carácter patrimonial —embargo e inhibición de bienes— porque la Fiscalía no logró acreditar el piso mínimo necesario para sostenerlas. Es para lo imputados empresarios Pedro Vilches y Maurio López.

    El razonamiento de Álvarez fue que, para justificar un embargo, debe probarse una probabilidad concreta de que la eventual condena incluya una multa.

    En este caso, la multa mínima aplicable al delito de negociaciones incompatibles con la función pública sería de $4.600 millones, o bien el doble del beneficio obtenido —pero ese beneficio tampoco fue acreditado por la Fiscalía con la precisión requerida.

    Tampoco se comprobó fácticamente el temor de los empleados, ni con los testimonios, ni de ser echados de la administración pública, ni de amenazas. Sin embargo hizo lugar a una cautelar.

    Como única medida cautelar, la jueza dispuso la prohibición de contacto de Bertolini y Ramírez con cuatro empleados municipales y demás testigos identificados hasta la fecha por la Fiscalía. El plazo es de seis meses.

    Además, Ramírez (que vive en Cipolletti) deberá abstenerse de concurrir al municipio algo que, según se indicó en la audiencia, ya venía cumpliendo desde el 21 de abril pasado. Ambos quedan a disposición judicial para cualquier requerimiento documental.

    El impacto institucional, según la jueza

    Este fue uno de los puntos más importantes del fallo. Álvarez sostuvo que dictar la prisión domiciliaria contra un intendente en ejercicio no solo sería una medida desproporcionada frente al riesgo procesal concreto, sino que generaría una gravedad institucional de enorme magnitud.

    La magistrada razonó que Bertolini cuenta con la legitimidad otorgada por el voto popular, y que esa legitimidad trasciende el interés individual del proceso penal para afectar directamente el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

    En sus palabras, privar de libertad a un mandatario bajo la formulación de cargos por negociaciones incompatibles con la función pública —un delito que, aclaró, no desmerece en su gravedad, pero que tampoco justifica medidas extremas— equivaldría a desarticular la voluntad del electorado.

    “Usted cuenta con la legitimidad otorgada por el voto popular de su ciudad. Ese voto trasciende el interés individual del proceso para afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”, señaló Álvarez, dirigiéndose directamente al intendente.

    Y agregó: “No es en prisión domiciliaria donde pueda usted cumplir su función. Esta magistrada no los va a privar de esa legitimidad”.

    La jueza también cuestionó a la Fiscalía por no haber explorado medidas alternativas antes de solicitar la más gravosa.

    Señaló que, si bien las defensas de Bertolini y Ramírez habían propuesto medidas de coerción alternativas (montar una oficina en el barrio Caminos del Sol a 10 kilómetros de la Municipalidad de Plottier) —lo que implica el reconocimiento de la existencia de un riesgo procesal—, el Ministerio Público fue directamente por la opción más severa sin justificar con la intensidad necesaria por qué las menos lesivas resultaban insuficientes.

    Un palo para el Ministerio Público Fiscal

    “Si hay medidas de coerción menos lesivas que la Fiscalía debía explorar para neutralizar ese riesgo y no fueron presentadas, me es imposible imponerlas”, remarcó.

    “Usted cuenta con la legitimidad otorgada por el voto popular de su ciudad. Ese voto trasciende el interés individual del proceso para afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas” – Carina Álvarez, jueza de Garantías. “Usted cuenta con la legitimidad otorgada por el voto popular de su ciudad. Ese voto trasciende el interés individual del proceso para afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas” – Carina Álvarez, jueza de Garantías.

    El defensor José Javier Pino Muñoz lanzó una crítica directa a la estrategia del Ministerio Público al concluir la audiencia. “Cuando necesiten algo, estamos a disposición. Pero no salgan por los medios y hagan allanamientos”, dijo con tono lacónico.

    Por su parte, el abogado Maximiliano Gómez, otro de los defensores de Bertolini, fue más enfático al salir de la Sala 12 de Sesiones del Poder Judicial: “Hoy perdieron los golpistas”, declaró.

    El expediente sigue abierto

    La resolución no implica el cierre de la causa. Bertolini y Ramírez continúan imputados y deberán ponerse a disposición judicial ante cualquier requerimiento documental.

    La investigación por negociaciones incompatibles con la función pública avanza, y la Fiscalía conserva la posibilidad de replantear medidas cautelares si el escenario procesal varía. Por ahora, el intendente de Plottier conserva su cargo, su libertad y la conducción del municipio.

  • La Justicia le negó la prisión domiciliaria a Luis Bertolini pero le impuso restricciones: advierten riesgo de entorpecimiento

    La Justicia le negó la prisión domiciliaria a Luis Bertolini pero le impuso restricciones: advierten riesgo de entorpecimiento

    En una resolución que marca un punto de equilibrio entre las pretensiones de la fiscalía y las garantías del proceso, la jueza de garantías Carina Álvarez rechazó el pedido de prisión domiciliaria contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, pero reconoció la existencia de un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación y dispuso una batería de restricciones para los imputados.

    La decisión fue comunicada en audiencia, luego de que la fiscal del caso, Rocío Rivero, solicitara medidas de coerción más severas, entre ellas la detención domiciliaria del jefe comunal y cautelares patrimoniales de alto impacto.

    Un fallo con doble lectura

    La resolución de Álvarez se ubica en una zona intermedia: descarta la medida más gravosa —la privación de la libertad— pero valida uno de los ejes centrales de la acusación. Para la magistrada, existen elementos suficientes para sostener que hubo maniobras que dificultaron el acceso a documentación pública clave.

    En concreto, se refirió a la falta de 89 expedientes en dependencias municipales y a los obstáculos para ubicarlos, lo que fue interpretado como un indicio de obstrucción. Ese punto resultó determinante para imponer restricciones, aunque no alcanzó —según el criterio judicial— para justificar una prisión domiciliaria.

    “La medida resultaría desproporcionada y con efectos institucionales”, evaluó la jueza, al considerar también que Bertolini ocupa un cargo electivo, lo que agrega una dimensión política a la decisión judicial.

    Restricciones para blindar la investigación

    En lugar de la domiciliaria, la jueza optó por medidas de coerción orientadas a preservar la prueba y evitar interferencias. En el caso del intendente, se dispuso la prohibición absoluta de mantener contacto con testigos durante un plazo de seis meses.

    La misma restricción recayó sobre la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, quien además no podrá concurrir a dependencias municipales en ese mismo período, al considerarse acreditado su rol en el manejo de documentación relevante para la causa.

    Estas medidas buscan cortar cualquier posible vínculo que pudiera afectar testimonios o el acceso a información clave, en una investigación que recién transita su etapa inicial.

    La causa: funcionarios y proveedores bajo sospecha

    Días atrás, la misma magistrada había dado por formulados los cargos contra Bertolini, Ramírez y dos proveedores (Mauricio López -hijo de Ramírez-, y Pedro Vilches) habilitando formalmente la investigación penal.

    Los hechos fueron encuadrados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado (artículos 265 y 45 del Código Penal). En esa figura, los funcionarios aparecen como coautores y los particulares como partícipes necesarios.

    La hipótesis fiscal apunta a un entramado de maniobras que habrían beneficiado intereses privados en el marco de contrataciones o decisiones administrativas.

    Sin embargos ni inhibiciones

    Otro de los puntos relevantes del fallo fue el rechazo a las medidas patrimoniales solicitadas por la fiscalía. Rivero había pedido la inhibición general de bienes de los imputados y el embargo de cuentas bancarias por más de 4.600 millones de pesos, equivalente —según la acusación— al doble del presunto beneficio económico.

    Sin embargo, la jueza consideró que no se acreditó ese beneficio, por lo que desestimó tanto la inhibición como los embargos preventivos que se habían dispuesto inicialmente.

    Este aspecto del fallo implica un límite claro al avance cautelar sobre el patrimonio de los imputados, al menos en esta etapa del proceso.

    Las restricciones impuestas colocan a Bertolini bajo un control judicial estricto y condicionan su accionar en el marco de la investigación.

    El equilibrio entre la continuidad institucional y la necesidad de garantizar el proceso penal aparece como uno de los ejes centrales de la resolución.

    Con la causa en marcha, el foco ahora estará puesto en la recolección de pruebas, la localización de la documentación faltante y la toma de testimonios. Las restricciones dictadas por la jueza buscan justamente asegurar que ese proceso se desarrolle sin interferencias.

    Mientras tanto, el intendente seguirá en libertad, pero con límites claros y bajo la lupa judicial. La investigación avanza, y el expediente comienza a definir un escenario donde las decisiones judiciales tendrán impacto no solo en lo penal, sino también en la vida política de Plottier.

  • Se define hoy la prisión domiciliaria de Luis Bertolini: la fiscalía insiste con seis meses de arresto en su casa

    Se define hoy la prisión domiciliaria de Luis Bertolini: la fiscalía insiste con seis meses de arresto en su casa

    Este jueves se conocerá finalmente la resolución de la jueza de Garantías Carina Álvarez sobre el pedido de prisión domiciliaria del intendente de Plottier, Luis Bertolini, en el marco de una investigación por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

    La decisión debía adoptarse inicialmente el miércoles, pero fue postergada debido a la recargada agenda de audiencias de la magistrada. La nueva instancia quedó fijada para este jueves a las 9:30 en la sala 12 de la Ciudad Judicial.

    La fiscalía de Delitos Económicos, representada por la fiscal del caso Rocío Rivero, solicitó que Bertolini cumpla seis meses de prisión domiciliaria. El planteo se basa en el supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación, una de las hipótesis centrales que sostiene el Ministerio Público.

    Entre los argumentos expuestos, la fiscalía mencionó presiones potenciales sobre empleados municipales que habrían manifestado temor a represalias si declaran en el expediente. También se aludió a posibles maniobras de manipulación de documentación y la existencia de expedientes presuntamente alterados o incompletos.

    En su exposición, la fiscalía incluso invocó la denominada “doctrina Irurzun”, utilizada en causas de alto perfil para evaluar riesgos procesales vinculados al poder político de los imputados.

    La causa tiene además otros tres imputados: la subsecretaria de Hacienda municipal Gladys Ramírez, su hijo Mauricio López y el empresario Pedro Vílchez, señalado como titular de varias firmas vinculadas a la operatoria bajo investigación.

    Según la acusación, el municipio habría realizado contrataciones y compras de bienes y servicios con empresas relacionadas a Vílchez y López, por un monto estimado en 2.300 millones de pesos. Sin embargo, el propio fiscal jefe Pablo Vignaroli reconoció que, por el momento, no se ha podido establecer un perjuicio patrimonial concreto.

    Tras dos jornadas de audiencias realizadas entre lunes y martes, la jueza Álvarez dio por formulados los cargos y abrió una nueva etapa del proceso, que ahora queda pendiente de la definición sobre la situación de detención del jefe comunal.

  • Podrían apartar a Luis Bertolini en las próximas horas como intendente de Plottier

    Podrían apartar a Luis Bertolini en las próximas horas como intendente de Plottier

    La vicepresidenta del Concejo Deliberante de Plottier, Claudia Namuncurá, aseguró este miércoles en el streaming de LM Neuquén en Vivo que la ciudad atraviesa una crisis institucional “muy grave” luego de la formulación de cargos contra el intendente Luis Bertolini y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y que se aprestan a sesionar para definir la suspensión del jefe comunal.

    ,

    “No nos pone para nada contentos. Es una crisis institucional muy grave la que está pasando en la ciudad de Plottier”, afirmó Namuncurá, al analizar el escenario que atraviesa la localidad a raíz de la investigación judicial al intendente. La concejal sostuvo que el proceso penal seguirá su curso en la Justicia, pero remarcó que la Carta Orgánica municipal habilita al Deliberante a avanzar con una suspensión del intendente como medida cautelar.

    ,

    Bertolini y Ramírez fueron imputados por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. La fiscalía les atribuyó haber intervenido en un esquema de contrataciones que habría favorecido a dos proveedores entre enero de 2024 y marzo de 2026, por al menos 160 contratos y más de $2.300 millones.

    ,

    El Concejo analiza una suspensión cautelar

    Namuncurá explicó que, con la formulación de cargos ya concretada, el Concejo Deliberante está en condiciones de convocar a una sesión especial para tratar la suspensión de Bertolini. Para aprobar esa medida se requiere una mayoría agravada de 10 votos sobre el total de concejales.

    “Estamos en condiciones. Nuestra Carta Orgánica, con una imputación de este calibre, con la formulación de cargos, permite suspender al intendente en sus funciones como una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, señaló.

    La concejal precisó que el cuerpo esperaba recibir el acta completa de la formulación de cargos para avanzar formalmente. Ante la consulta sobre los plazos, indicó que el tratamiento podría darse “entre hoy a la tarde y mañana”, en referencia a este miércoles 29 y jueves 30 de abril.

    Qué pasaría si Bertolini es suspendido

    En caso de que el Concejo apruebe la suspensión, se activaría el orden sucesorio previsto por la Carta Orgánica de Plottier. En ese escenario, la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Reza, quedaría a cargo del Ejecutivo municipal, mientras que Namuncurá pasaría a ocupar la presidencia del cuerpo legislativo.

    Namuncurá descartó la posibilidad de adelantar elecciones en este contexto. Explicó que ese escenario sólo habría correspondido si se producía una renuncia antes de cumplirse los dos primeros años de mandato. En la situación actual, dijo, rige el mecanismo de sucesión institucional.

    “Fuimos elegidos por los ciudadanos de Plottier. Les guste o no les guste, ante una situación tan excepcional como la que pasa, la Carta Orgánica determina esto”, sostuvo. “Fuimos elegidos por los ciudadanos de Plottier. Les guste o no les guste, ante una situación tan excepcional como la que pasa, la Carta Orgánica determina esto”, sostuvo.

    En caso de que el proceso judicial deviniere en una sentencia firme condenatoria para Bertolini, la destitución operaría “de pleno derecho”. En paralelo, el juicio político podría derivar en la remoción del intendente incluso antes de una definición judicial de estas características. Sobre este punto, detalló que ya se está trabajando en comisiones y que podría tratarse pronto en el recinto.

    El punto de quiebre

    La vicepresidenta del Deliberante vinculó la crisis judicial con un deterioro previo en la relación política entre el Ejecutivo y el Concejo. Aseguró que Bertolini comenzó su gestión con amplio acompañamiento legislativo, pero que la falta de respuestas, los pedidos de informes sin contestar y los conflictos por servicios básicos desgastaron el vínculo.

    “Nosotros tuvimos un Concejo Deliberante que apoyó al intendente con 12 concejales”, recordó. Sin embargo, afirmó que luego se acumularon situaciones vinculadas con la recolección de residuos, el transporte público, la tasa vial, la falta de publicación de ordenanzas en el Boletín Oficial y las respuestas pendientes a informes solicitados por el cuerpo.

    Namuncurá sostuvo que hay más de 120 pedidos de informes sin responder y que el Concejo funcionó como “caja de resonancia” de reclamos vecinales. También cuestionó la ausencia de funcionarios municipales en momentos críticos y dijo que, durante la audiencia judicial, vio “todo el gabinete sentado en el juzgado” mientras la ciudad necesitaba continuidad administrativa.

    “Los demás funcionarios tienen que seguir gobernando la ciudad de Plottier”, afirmó. “Los demás funcionarios tienen que seguir gobernando la ciudad de Plottier”, afirmó.

    Fotomultas, balances y contratación pública

    La concejal también relacionó el escenario actual con conflictos previos, entre ellos el sistema de fotomultas. Dijo que ese tema fue uno de los detonantes de la ruptura política con el Ejecutivo, luego de que el Concejo suspendiera el sistema para revisarlo.

    Según Namuncurá, los cuestionamientos no apuntaban a la existencia de fotomultas en sí, sino a la forma en que se implementaron. Mencionó reclamos de vecinos, dificultades para ejercer descargos, intervención de una empresa privada en un ámbito que —según planteó— corresponde al Tribunal de Faltas, problemas de notificación y dudas sobre la señalización.

    También indicó que el Concejo ya había recibido advertencias en las rendiciones de cuentas. Señaló que en los balances 2024 y 2025 aparecieron observaciones técnicas, entre ellas contrataciones fuera del reglamento municipal y dificultades para cotejar información contable.

    “Nosotros no sabíamos que estaban pasando todas estas cuestiones tan graves. En buena hora que se pueda investigar con el Ministerio Público Fiscal”, expresó.

    El rol de Gladys Ramírez

    Namuncurá también se refirió a la situación de la otra funcionaria imputada en la causa, la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez. Dijo que su continuidad deberá ser analizada por el Concejo, especialmente porque se trata de una funcionaria con firma administrativa relevante dentro del municipio.

    La concejal recordó que Ramírez fue convocada dos veces a una interpelación para dar explicaciones por los balances y no asistió. A partir de ese antecedente, sostuvo que el cuerpo podría evaluar su remoción o una suspensión en términos similares a los del intendente.

    Estamos en condiciones de remover a la subsecretaria ya”, afirmó, aunque aclaró que se trata de una decisión política que deberá reunir los votos necesarios.

    “Auditar el municipio en forma urgente”

    Ante la posibilidad de que el Concejo apruebe la suspensión de Bertolini y se produzca un cambio en la conducción del Ejecutivo, Namuncurá sostuvo que la primera medida debería ser una auditoría integral del municipio.

    “Hay que auditar el municipio en forma urgente. La auditoría contable tiene que ser urgente, contable y también legal”, afirmó. Según planteó, el objetivo sería conocer el estado real de las cuentas y de los expedientes administrativos para garantizar la continuidad de los servicios.

    Entre las urgencias mencionó: garantizar el pago de sueldos, el transporte público, la recolección de residuos, el mantenimiento de plazas y la necesidad de recuperar presencia territorial de los funcionarios.

    “El vecino quiere que le arreglemos el problema: que pase el basurero, que arreglen las plazas y que haya presencia de los funcionarios en los barrios”, sostuvo.

    En ese marco, la concejal afirmó que cree que están los votos para avanzar con la suspensión. “La responsabilidad es del Concejo Deliberante, que es el control y la transparencia dentro de las instituciones. Es el que pone el equilibrio”, concluyó.

  • Formulan cargos al intendente de Plottier y a una funcionaria por direccionar contrataciones

    Formulan cargos al intendente de Plottier y a una funcionaria por direccionar contrataciones

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    miércoles, abril 29, 2026

    ,

    ,

    ,

    ,

    Formulan cargos al intendente de Plottier y a una funcionaria por direccionar contrataciones

    ,

    Durante una audiencia que demandó dos jornadas, la jueza de garantías tuvo por formulados los cargos y consideró que, en esta etapa inicial, los hechos descriptos por la fiscalía cuentan con la entidad suficiente para permitir el avance de la investigación.

    ,

    ,

    La unidad fiscal de Delitos Económicos formuló cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, por haber montado un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores.

    Durante una audiencia que demandó dos jornadas, la jueza de garantías tuvo por formulados los cargos y consideró que, en esta etapa inicial, los hechos descriptos por la fiscalía cuentan con la entidad suficiente para permitir el avance de la investigación.

    Según apunto el fiscal jefe Pablo Vignaroli, desde el inicio de la gestión municipal —entre enero de 2024 y marzo de 2026— los funcionarios intervinieron de forma deliberada en los procesos de contratación del municipio para beneficiar a P.V. y M.L., dos proveedores. La maniobra consistió en asegurar su participación en todas las convocatorias, independientemente del rubro, y direccionar las adjudicaciones mediante procedimientos irregulares. En ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de $2.300 millones, en muchos casos sin competencia real, con ofertas únicas o con desestimaciones arbitrarias de otros oferentes.

    La fiscalía detalló que el circuito se iniciaba con pedidos de distintas áreas municipales, que eran canalizados por la subsecretaría de Hacienda. A partir de allí, el área de compras invitaba sistemáticamente a cotizar a los mismos proveedores, quienes resultaban adjudicatarios en la mayoría de los casos. Además, se detectaron múltiples irregularidades: falta de publicidad de los procesos, incumplimiento de los requisitos mínimos de oferentes, utilización de contrataciones directas sin acreditar situaciones de urgencia, adjudicaciones sin fundamentos y pagos sin constancias de recepción de los bienes o servicios.

    De acuerdo con la investigación, cada imputado cumplió un rol específico dentro de una maniobra coordinada: los funcionarios públicos intervinieron en las decisiones administrativas y en el control del circuito de contratación, mientras que los particulares canalizaron las adjudicaciones y el flujo económico.

    Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. En ese marco, la fiscalía atribuyó a Bertolini y Ramírez el rol de coautores y a M.L. y P.V. el de partícipes necesarios (artículos 265 y 45 del Código Penal).

    Caso complejo

    Durante la audiencia, en la que también participaron la fiscal del caso Rocío Rivero, la asistente Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se solicitó que el caso sea declarado complejo. El pedido tiene que ver con la cantidad de hechos investigados, el volumen de documentación y con la existencia de una investigación vinculada a criminalidad económica organizada. Se destacó que aún restan diversas medidas de prueba, entre ellas el análisis de dispositivos secuestrados, la revisión de la totalidad de los expedientes administrativos, entrevistas a agentes municipales que intervinieron en los procesos de contratación y la obtención de información bancaria que será analizada por un equipo técnico contable especializado.

    La jueza declaró el caso complejo y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

    Planteos de la defensa

    Luego de que la fiscalía formulara los cargos y antes de que la jueza los aceptara, la defensa del intendente intentó apartar de la investigación al fiscal jefe Pablo Vignaroli. Planteó la inconstitucionalidad parcial del artículo 24 de la ley orgánica del MPF, que es el que define el proceso interno del MPF para resolver esos pedidos y que, en este caso, implicó que el fiscal general José Gerez ratificara la intervención de Vignaroli, un mes y 25 días atrás.

    La jueza de garantías Carina Álvarez rechazó el pedido por extemporáneo. Señaló que la defensa conocía la resolución del fiscal general que había desestimado la recusación y no la cuestionó en tiempo oportuno. Agregó que la declaración de inconstitucionalidad es una herramienta excepcional, que las leyes gozan de presunción de validez y que no se acreditó una incompatibilidad manifiesta con la Constitución. En ese marco, enfatizó que las decisiones sobre recusaciones se inscriben en la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, por lo que no resultan, en principio, revisables por la magistratura.

    Luego, la defensa solicitó la nulidad de los allanamientos y la exclusión de la prueba, al considerar que la autorización judicial carecía de fundamentación. La fiscal del caso, Rocío Rivero, se opuso porque no existía “un agravio concreto”, criterio al que adhirió la Fiscalía de Estado, representada por el abogado Gustavo Kohon.

    Tras un cuarto intermedio, la jueza también rechazó este pedido. Indicó que no se acreditó perjuicio alguno. “Si no hay agravio, la nulidad no puede prosperar”, sostuvo, y agregó que al autorizar los allanamientos valoró la totalidad de la información presentada por la fiscalía.

    Fue luego de rechazar los intentos de la defensa del mandatario municipal de Plottier (las otras defensas no se opusieron a la investigación) que la jueza aceptó la formulación de cargos y avaló el inicio de la investigación preliminar preparatoria. “Hay evidencia en cantidad y calidad para tener por formulados los cargos”, afirmó.

    Finalmente, la fiscal del caso afirmó que en la investigación se está “ante un serio riesgo de entorpecimiento”, y apuntó principalmente a la capacidad de influencia de los imputados sobre testigos, además de la posibilidad concreta de afectar evidencia. Por esa razón, Rivero solicitó a la jueza distintas medidas cautelares, con inhibiciones generales de bienes y embargos respecto de los imputados y la imputada. En el caso del intendente Bertolini, requirió la detención domiciliaria.

    Debido a la cantidad de planteos que realizaron las defensas, la jueza dispuso un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía para comunicar su decisión. Provisoriamente, dispuso los embargos de las cuentas bancarias de los imputados P.V. y M.L., los dos proveedores imputados como partícipes secundarios.

    ,

  • Se demora la definición sobre la prisión domiciliaria a Luis Bertolini: qué dice la jueza

    Se demora la definición sobre la prisión domiciliaria a Luis Bertolini: qué dice la jueza

    La jueza de garantías Carina Álvarez postergó para este jueves a las 9.30 la audiencia en la que deberá resolver las medidas cautelares pendientes como la prisión domiciliaria en la causa del intendente de Plottier, Luis Bertolini. La definición de la postergación se definió a media mañana de este miércoles.

    ,

    La sobrecargada agenda del juzgado impidió avanzar este miércoles, tras una extensa jornada del martes que se extendió por más de cinco horas y media, donde como era de preveer, la defensa del intendente estiró lo más que pudo los planteos para evitar la formulación de cargos. Bertolini fue acusado del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

    ,

    La principal decisión que aguarda resolución es el pedido de la fiscal del caso, Rocío Rivero, de imponer la prisión domiciliaria al intendente Bertolini como medida de coerción.

    ,

    El objetivo es impedir que regrese a la Municipalidad de Plottier, donde hay testigos que manifestaron sentirse amenazados ante una eventual vuelta del funcionario a sus funciones.

    Trabajar en una oficina paralela a 10 km de la Municipalidad

    El abogado defensor de Bertolini, José Pino Muñoz, presentó una medida subsidiaria: que su cliente pueda retomar actividades laborales en una oficina ubicada a más de diez cuadras de la Municipalidad de Plottier, en el barrio Caminos del Sol, donde actualmente funciona la el sector de Ambiente, de modo de no interferir con las restricciones dispuestas.

    En la misma línea, Gladys Ramírez, subsecretaria de Hacienda, solicitó una medida similar que le permita continuar en la función pública. Es decir, trabajar en el mismo lugar que Bertolini.

    Ramírez cuenta con un certificado médico vigente hasta el 22 de mayo. Vale recordar que Ramírez no fue alcanzada por una prisión domiciliaria como restricción, ya que vive en Cipolletti.

    Luis Bertolini y los empresarios: qué pasa con la inhibición de bienes

    Por otro lado, la jueza también deberá resolver un pedido de la fiscalía de inhibición de bienes vinculado a los empresarios Pedro Vílchez y su socio Mauricio López. Por ahora la justcia autorizó los embargos de las cuentas de los dos, por 4600 millones de pesos, una cifra que no alcanzaría a cubir ese dinero. El embargo es por tres meses.

    Lo que habría hecho Bertolini es usar su cargo para direccionar sistemáticamente contratos municipales (se analizaron 160) hacia Vilchez, sabiendo que era socio de López, hijo de la subsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez.

    Luego de la formulación de cargos, la jueza tomó nota de los DNI y domicilios de los imputados y el fiscal Pablo Vignaroli preguntó por el domicilio de unos de los empresarios de 22 años de edad. «Vivo en un octavo piso en Palermo», dijo. Y Vignaroli parece haber anotado ese dato.

    La jueza tiene que definir si autoriza la inhibición general de bienes una medida mucho más restrictiva. La defensa se opone, porque directamente sería el certificado de defunción de la actividad económica.

    La maniobra que describe la Fiscalía de Delitos Económicos involucra 160 contratos adjudicados a empresas vinculadas a Vilchez —Valco y Altus SA— por un total de $2.309.989.093, sin licitación pública, sin concurso de precios y sin actas de recepción trazables. Es decir, se ordenanban las compras, por resolución, pero los expedientes estaban incompletos.

    Se pagaban «comisiones» por sobreprecios

    El propio Bertolini habría dado directivas concretas al área de Compras para que Vilchez fuera invitado a cotizar sistemáticamente y también se deslizó, según el testimonio de empleados, que se pedían comisiones entre el 1,8% y 2,1% para mantener a ese consorcio de empresas facturando en la Municipalidad de Plottier.

    La audiencia se fijó para las 9.30 de este jueves.