El intendente de Plottier, Luis Bertolini, habló por primera vez tras la polémica que se desató la semana pasada luego de que no se presentara a la audiencia de formulación de cargos en la causa que lo investiga y que derivó en el anuncio del fiscal Pablo Vignaroli de solicitar su prisión domiciliaria.
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En una entrevista con LM Neuquén, el jefe comunal defendió su accionar, negó haber cometido irregularidades y apuntó contra lo que consideró una “persecución política” que, según dijo, busca apartarlo de su cargo.
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“Yo lo único que tengo es una notificación para formularme cargos y un informe de la pericia contable que recibí el 10 de abril, donde en ningún momento se habla de fraude ni se corrobora nada que me pueda imputar”, sostuvo Bertolini, al referirse al estado actual de la causa judicial.
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Bertolini explicó que su ausencia en la audiencia estuvo vinculada exclusivamente a un problema de salud, contó que se atendió por guardia y se fue hacer reposo a su casa. Durante esa audiencia Vignaroli pidió que le envíen un médico forense a su domicilio para verificar su estado de salud, pedido que la jueza de Garantías Carina Álvarez desestimó.
“Creo que fue sensata al considerar que era suficiente el certificado de un profesional y no exigir la presencia del médico forense como pidió Vignaroli”, aseveró el jefe comunal.
Para el intendente, el cuestionamiento sobre su ausencia fue sobredimensionado y utilizado como argumento para avanzar con medidas judiciales más severas.
“Es un abuso”: rechazo a la prisión domiciliaria
Bertolini rechazó el pedido de prisión domiciliaria que adelantó pedirá el fiscal Vignaroli, bajo el argumento de riesgo de entorpecimiento de la investigación.
“No entiendo el intento de medidas de coerción de detenerme en mi domicilio. Creo que es una medida de persecución política”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la Municipalidad colaboró desde el inicio con la investigación: “En los allanamientos hemos ofrecido las puertas abiertas. Hay 160 expedientes secuestrados por la Fiscalía, lo que demuestra que no tenemos inconvenientes en brindar la información que haga falta”.
Además, subrayó que la Justicia ya cuenta con todos los elementos necesarios: “Se llevaron mis computadoras y teléfonos personales. Se han llevado todo y lo tienen hace cuatro meses. No sé qué es lo que quieren que entorpezca». «Por eso considero que es un abuso”, insistió.
La investigación gira en torno a contrataciones municipales, en particular vinculadas a una empresa que prestaba servicios en la ciudad.
Sobre este punto, Bertolini explicó que se trata de la firma Valco y que ese es su nombre de fantasía. «Le pagamos a Pedro Vilches. Es una empresa que mantenía gran parte del centro, con servicios de limpieza, cordones, pinturas viales y reductores de velocidad”, detalló.
El intendente defendió la legalidad de esas contrataciones y aseguró que podrá demostrarlo cuando avance el proceso judicial.
Bertolini reiteró su convicción de que la causa tiene un trasfondo político. “Creo que esto es una causa que va más allá. Es un caso que tiene que ver con una intencionalidad política de sacarme de mi lugar”, afirmó.
Y fue más allá: “Mi lugar estaba pensado para otra persona y están haciendo lo posible para que esa persona ocupe mi lugar”.
En ese marco, calificó la situación como un ataque institucional: “No voy a tolerar una invención de poder ni un golpe. Esto es prácticamente un golpe al Estado”.
El intendente también planteó su preocupación por el impacto que una eventual prisión domiciliaria podría tener en la imagen de la ciudad, especialmente en un contexto de desarrollo vinculado a Vaca Muerta.
“¿Qué seguridad jurídica le damos a las personas que vienen a invertir cuando el gobierno provincial permite que guarden a un intendente en su casa por una sospecha?”, cuestionó.
Para Bertolini, avanzar con medidas restrictivas sin una imputación firme podría generar un precedente peligroso: “El gobierno provincial tiene que prestar atención al mensaje que da a los demás intendentes. ¿Con cualquier denuncia vamos a mandar a los intendentes presos en sus casas? ¿Quién tiene derecho a defenderse?”.
Otro de los ejes de la investigación judicial es un decreto vinculado a condonación de tasas municipales a algunos propietarios le barrio privado Los Canales. Bertolini explicó que su intención fue ordenar una situación histórica.
“No condoné. Pedí un plazo de seis meses para revisar la tasa de baldío y de obras interrumpidas. Era un reclamo de hace 15 años”, señaló.
Según indicó, el problema se originó en valores considerados excesivos en determinados sectores: “Había tasas excesivas, especialmente en un barrio donde había una carga muy alta por baldíos. Era una discusión de más de 12 años”.
Reconoció, no obstante, que la redacción del decreto pudo haber generado interpretaciones erróneas: “No quedó feliz la redacción y se interpreta de otra manera”.
El rol del Concejo Deliberante
En paralelo a la causa judicial, el Concejo Deliberante de Plottier analiza un posible juicio político contra el intendente, presentado por una abogada de la ciudad.
Bertolini cuestionó el procedimiento: “Los concejales se equivocaron porque no conformaron las dos cámaras que deberían analizar un juicio político”, afirmó, y adelantó que impugnará el proceso si avanza.
Sin embargo, también destacó a algunos concejales: “Hay algunos que ejercen muy bien su función, como Sergio Soto, Carlos Ponce y Dianela Huento”.
Según su mirada, parte del cuerpo deliberativo está evaluando el impacto institucional de una eventual suspensión: “Están viendo la pérdida de institucionalidad de tener un intendente bajo custodia en su casa”.
A pesar del conflicto judicial y político, Bertolini aseguró que continúa al frente de la gestión municipal. “Sigo trabajando con el equipo, me siguen acompañando a full”, afirmó, y agregó que también recibe respaldo de vecinos: “No les gusta la intromisión en la ciudad”.
Otro de los temas que generó tensiones fue la implementación de fotomultas en la ciudad. “Es un ataque. Se han equivocado los concejales”, opinó sobre la suspensión de ese sistema y defendió la herramienta: “Está en todas las ciudades de alrededor. No inventamos la pólvora, nos adaptamos a la realidad”.
también respondió a las críticas sobre el fin recaudatorio: “Si les preocupa la recaudación, que frenen en el semáforo en rojo y la Municipalidad no va a recaudar nada, ni la empresa tampoco”.
«Voy a hacer lo que tenga que hacer para defenderme. Sigo trabajando, firme, no aflojo. Aunque me acompañen o no, siempre hay intereses políticos que van en contra de los vecinos”, aseguró el jefe comunal que está citado a la audiencia para formulación de cargos en su contra el próximo lunes 27 de abril.
