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La Legislatura de Neuquén abrirá este martes en la comisión de Trabajo el proyecto que presentó ATE para establecer un régimen de “pasividad anticipada” con alcance a unos 3.000 estatales de la provincia.
Será, de mínima, una presentación del tema para los diputados porque la moción de preferencia que se aprobó en sesión obliga a incorporarlo, al menos una vez, en el temario del cuerpo que preside el oficialista Francisco Lépore.
Pero eso no implica que haya un acuerdo para sancionar la ley así como está. El secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo, se envalentonó con la iniciativa y vio terreno fértil en el interbloque opositor que integran algunos exComunidad, pero ni el oficialismo de Rolando Figueroa ni el Movimiento Popular Neuquino ven probable que esa redacción prospere.
Desde ambos bloques encontraron que el universo de trabajadores que quedaría incluido en este régimen de jubilación anticipada es demasiado amplio, podría poner en riesgo el delicado equilibrio que se consiguió para la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y, más aún, que abriría la puerta a la incorporación de nuevas vacantes a pedido del sindicato en momentos donde el gobierno intenta ajustar el peso de los gastos corrientes en el presupuesto.
El germen de ese proyecto, irónicamente, guarda relación con cierta dinámica que se cuestiona de la gestión provincial: se alcanzan acuerdos en un nivel que, cuando llegan al siguiente, se deshacen; el gremio se molesta, aparece un conflicto.
El problema de trabajadores estatales que están excedidos en edad pero que no pueden jubilarse por no contar con la cantidad de años de aportes a la caja se había empezado a discutir entre el gobierno, enviados de la Legislatura y ATE con cierto grado de acuerdo. Se pensó primero una ley, luego un decreto, pero “en algún momento se trabó”, reconocieron fuentes del oficialismo.
El Estado neuquino mantuvo bajo condiciones precarias a muchos empleados durante años, lo que generó situaciones como las que se registraron en algunos ministerios en el inicio de la gestión. Personas cercanas a los 80 años que recién obtuvieron su pase a planta en 2023, con la salida del MPN, que no están en condiciones de seguir trabajando, pero que tampoco pueden acogerse a ninguna de las herramientas que hoy brinda la ley 611 del ISSN.
Algo hay que hacer, reconocen todos. “Pero cuidando no dañar la caja”, advirtieron en los principales bloques de la Legislatura.
Ese universo de empleados, además, no representaría los 3.000 que afirma Quintriqueo. El oficialismo quiere evitar abrir una suerte de retiro voluntario para estatales.
El tema abre un nuevo desafío en el arte del equilibrio que viene desarrollando el gobierno de Figueroa: contener los números, pero contener también las alianzas. El dirigente de ATE hoy se mueve como opositor, pero no descartan que, cuando llegue el 2027, pueda ser contenido en alguna de las colectoras que llevará el armado.
Para enfrentamientos ya está la cuota que aporta el interbloque anti-Figueroa que, el miércoles pasado, denunció un “golpe político-institucional en Plottier” para destituir al intendente Luis Bertolini. El diputado Federico Méndez le apuntó al accionar del fiscal Pablo Vignaroli, de quien anunció pedirán un jury, pero lo vinculó a un intento del oficialismo para dejar en funciones a la concejal Malena Resa de Comunidad.
“Hoy con la acusación de un fiscal y una mayoría política en un Concejo Deliberante pueden suspender a cualquier intendente”, dijo el legislador y se preguntó “quién sigue”. El comentario dejó un punto más que válido para analizar en una provincia donde la seguridad jurídica se presenta como un valor a la hora de atraer inversiones para Vaca Muerta.
