La causa por presuntas irregularidades en la Casa de las Leyes sumó este viernes un nuevo capítulo judicial. Pablo Ruiz, excoordinador del organismo y hermano de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras admitir su responsabilidad en delitos de peculado y administración fraudulenta.
La sentencia fue homologada mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el que Ruiz reconoció los hechos investigados por la fiscalía. Según explicó el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, durante una entrevista con el programa Más Vale Tarde de AM Cumbre 1400, el acusado decidió declararse culpable ante las pruebas reunidas en su contra y la inminencia de un juicio oral.
«Los abogados que lo asisten nos hicieron saber que era intención de Pablo Ruiz reconocer su responsabilidad respecto de esos dos hechos y ser condenado«, señaló el fiscal.
Los delitos que admitió Pablo Ruiz
De acuerdo con la investigación, Ruiz enfrentaba acusaciones por dos hechos distintos. El primero estaba vinculado al manejo irregular de fondos públicos que recibía en su calidad de responsable de la Casa de las Leyes. La fiscalía sostuvo que parte de ese dinero destinado al funcionamiento del organismo fue utilizado para beneficio personal.
El segundo expediente está relacionado con contrataciones realizadas presuntamente en violación a la Ley Provincial 2141, vinculadas a la contratación de una empresa para la confección de banners publicitarios.
Según detalló Vignaroli, la investigación permitió detectar plazos fijos constituidos a nombre de Ruiz en el Banco Provincia del Neuquén por más de 57 millones de pesos, fondos que ahora serán decomisados por la Justicia.
«El dinero está embargado y asegurado. El decomiso determinará a qué cuenta del Estado será destinado», explicó.
A esos montos se suman otros 45 millones de pesos vinculados a las contrataciones investigadas en la causa de los banners.
Por qué Pablo Ruiz no irá a prisión
La condena impuesta es de tres años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que Ruiz no irá a una unidad penitenciaria mientras cumpla con las condiciones fijadas por la Justicia.
Entre las reglas de conducta impuestas figura la realización de 288 horas de trabajo comunitario, además de otras obligaciones que deberá respetar durante tres años.
Vignaroli aclaró que si incumple cualquiera de esas condiciones, la pena podría convertirse en una condena de cumplimiento efectivo.
Cómo impacta la condena en la situación judicial de Gloria Ruiz
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es su posible repercusión sobre otras investigaciones derivadas del mismo entramado.
Para la fiscalía, la admisión de responsabilidad de Pablo Ruiz fortalece la posición acusatoria en expedientes que todavía continúan abiertos y que involucran a otros exfuncionarios.
«Entendemos que este acuerdo fortalece la postura de la fiscalía en el caso que aún queda pendiente de resolver», afirmó Vignaroli.
En ese expediente también están imputadas otras personas vinculadas a las contrataciones investigadas durante la gestión de Gloria Ruiz en la Legislatura provincial.
Además, el próximo lunes se realizará una audiencia en la que la fiscalía ampliará la imputación contra la exvicegobernadora.
Según adelantó Vignaroli, se incorporará un nuevo hecho relacionado con una presunta administración fraudulenta vinculada a contrataciones realizadas durante su gestión.
También se ampliará la investigación sobre otras personas que, según la fiscalía, habrían participado en operaciones vinculadas a la empresa Big Sur y a las contrataciones de banners publicitarios.
La causa Bertolini: podrían sumar nuevas acusaciones
Durante la entrevista, el fiscal también se refirió al avance de la investigación sobre la gestión del exintendente de Plottier, Luis Bertolini.
Vignaroli confirmó que la fiscalía ya realizó un análisis profundo de alrededor de cien expedientes secuestrados y comenzó a tomar declaraciones testimoniales a comerciantes cuyos presupuestos fueron utilizados como referencia en contrataciones municipales.
Uno de los testimonios recientes reveló que una oferta presentada para la compra de cascos destinados al personal de tránsito era más económica que la adjudicada finalmente por el municipio.
La investigación ya cuenta con imputaciones por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, pero la fiscalía busca determinar si además existió un perjuicio económico para las arcas municipales.
«Si logramos acreditar ese daño económico, ampliaremos la formulación de cargos a todos los imputados, incluido Bertolini, incorporando además el delito de administración fraudulenta», sostuvo el fiscal.
Un caso que sigue generando consecuencias políticas y judiciales
La condena de Pablo Ruiz representa uno de los avances más significativos en una de las investigaciones por presunta corrupción con mayor impacto político en Neuquén durante el último año.
Aunque para Ruiz el expediente quedó prácticamente cerrado tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía, las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas imputaciones y futuros juicios que involucren a exfuncionarios provinciales y municipales.
