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  • Crisis institucional en Plottier: el Concejo evalúa suspender al intendente Bertolini en las próximas horas

    Crisis institucional en Plottier: el Concejo evalúa suspender al intendente Bertolini en las próximas horas

    Tras la imputación judicial, el Deliberante analiza una medida cautelar que podría apartar al jefe comunal mientras avanza el proceso penal y el juicio político.

    El Concejo Deliberante de Plottier se encamina a definir en las próximas horas la posible suspensión del intendente Luis Bertolini, en medio de una crisis institucional que se profundizó tras la formulación de cargos en su contra.

    La vicepresidenta del cuerpo, Claudia Namuncurá, sostuvo que están dadas las condiciones para avanzar con la medida cautelar, que podría tratarse en una sesión especial “entre hoy y mañana”. Según explicó, la Carta Orgánica habilita al Deliberante a suspender al jefe comunal ante una imputación de esta magnitud, mientras se resuelve la cuestión de fondo en la Justicia.

    Bertolini fue imputado junto a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La fiscalía investiga un esquema de contrataciones que habría favorecido a proveedores entre enero de 2024 y marzo de 2026, con al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos.

    Namuncurá remarcó que la suspensión requiere una mayoría agravada de diez votos y señaló que el Concejo aguardaba el acta completa de la formulación de cargos para avanzar formalmente. En paralelo, indicó que el juicio político contra el intendente ya comenzó a tratarse en comisiones y podría llegar al recinto en el corto plazo.

    En caso de aprobarse la suspensión, se activará el mecanismo de sucesión previsto en la Carta Orgánica. La presidencia del Ejecutivo municipal quedaría a cargo de la titular del Deliberante, Malena Reza, mientras que Namuncurá asumiría la conducción del cuerpo legislativo.

    La concejal descartó la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas y explicó que, en este escenario, corresponde la continuidad institucional mediante el esquema de reemplazos. Además, advirtió que una eventual condena firme implicaría la destitución automática del intendente, aunque el proceso político podría derivar en su remoción antes de esa instancia judicial.

    La crisis actual, según planteó, se inscribe en un deterioro previo de la relación entre el Ejecutivo y el Concejo, que incluyó conflictos por servicios públicos, cuestionamientos a contrataciones y más de 120 pedidos de informes sin respuesta.

    En ese contexto, también se analiza la situación de Ramírez, cuya continuidad podría ser revisada por el cuerpo legislativo debido a su rol en la administración financiera. Namuncurá recordó que la funcionaria no asistió a interpelaciones previas y consideró que el Concejo está en condiciones de evaluar medidas similares a las que se discuten para el intendente.

    De concretarse un cambio en la conducción municipal, la edil planteó la necesidad de avanzar de inmediato con una auditoría integral. “Tiene que ser urgente, contable y legal”, sostuvo, al señalar que el objetivo será garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como el pago de salarios, la recolección de residuos y el transporte público.

    Con un escenario político y judicial en desarrollo, el Concejo Deliberante se prepara para una definición clave que podría modificar la conducción de la ciudad en las próximas horas.

  • El Concejo Deliberante de Plottier puede apartar a Luis Bertolini como intendente “entre hoy y mañana”

    El Concejo Deliberante de Plottier puede apartar a Luis Bertolini como intendente “entre hoy y mañana”

    La vicepresidenta del Concejo Deliberante de Plottier, Claudia Namuncurá, aseguró este miércoles en el streaming de LM Neuquén en Vivo que la ciudad atraviesa una crisis institucional “muy grave” luego de la formulación de cargos contra el intendente Luis Bertolini y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y que se aprestan a sesionar para definir la suspensión del jefe comunal.

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    “No nos pone para nada contentos. Es una crisis institucional muy grave la que está pasando en la ciudad de Plottier”, afirmó Namuncurá, al analizar el escenario que atraviesa la localidad a raíz de la investigación judicial al intendente. La concejal sostuvo que el proceso penal seguirá su curso en la Justicia, pero remarcó que la Carta Orgánica municipal habilita al Deliberante a avanzar con una suspensión del intendente como medida cautelar.

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    Bertolini y Ramírez fueron imputados por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. La fiscalía les atribuyó haber intervenido en un esquema de contrataciones que habría favorecido a dos proveedores entre enero de 2024 y marzo de 2026, por al menos 160 contratos y más de $2.300 millones.

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    El Concejo analiza una suspensión cautelar

    Namuncurá explicó que, con la formulación de cargos ya concretada, el Concejo Deliberante está en condiciones de convocar a una sesión especial para tratar la suspensión de Bertolini. Para aprobar esa medida se requiere una mayoría agravada de 10 votos sobre el total de concejales.

    “Estamos en condiciones. Nuestra Carta Orgánica, con una imputación de este calibre, con la formulación de cargos, permite suspender al intendente en sus funciones como una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, señaló.

    La concejal precisó que el cuerpo esperaba recibir el acta completa de la formulación de cargos para avanzar formalmente. Ante la consulta sobre los plazos, indicó que el tratamiento podría darse “entre hoy a la tarde y mañana”, en referencia a este miércoles 29 y jueves 30 de abril.

    Qué pasaría si Bertolini es suspendido

    En caso de que el Concejo apruebe la suspensión, se activaría el orden sucesorio previsto por la Carta Orgánica de Plottier. En ese escenario, la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Reza, quedaría a cargo del Ejecutivo municipal, mientras que Namuncurá pasaría a ocupar la presidencia del cuerpo legislativo.

    Namuncurá descartó la posibilidad de adelantar elecciones en este contexto. Explicó que ese escenario sólo habría correspondido si se producía una renuncia antes de cumplirse los dos primeros años de mandato. En la situación actual, dijo, rige el mecanismo de sucesión institucional.

    “Fuimos elegidos por los ciudadanos de Plottier. Les guste o no les guste, ante una situación tan excepcional como la que pasa, la Carta Orgánica determina esto”, sostuvo. “Fuimos elegidos por los ciudadanos de Plottier. Les guste o no les guste, ante una situación tan excepcional como la que pasa, la Carta Orgánica determina esto”, sostuvo.

    En caso de que el proceso judicial deviniere en una sentencia firme condenatoria para Bertolini, la destitución operaría “de pleno derecho”. En paralelo, el juicio político podría derivar en la remoción del intendente incluso antes de una definición judicial de estas características. Sobre este punto, detalló que ya se está trabajando en comisiones y que podría tratarse pronto en el recinto.

    El punto de quiebre

    La vicepresidenta del Deliberante vinculó la crisis judicial con un deterioro previo en la relación política entre el Ejecutivo y el Concejo. Aseguró que Bertolini comenzó su gestión con amplio acompañamiento legislativo, pero que la falta de respuestas, los pedidos de informes sin contestar y los conflictos por servicios básicos desgastaron el vínculo.

    “Nosotros tuvimos un Concejo Deliberante que apoyó al intendente con 12 concejales”, recordó. Sin embargo, afirmó que luego se acumularon situaciones vinculadas con la recolección de residuos, el transporte público, la tasa vial, la falta de publicación de ordenanzas en el Boletín Oficial y las respuestas pendientes a informes solicitados por el cuerpo.

    Namuncurá sostuvo que hay más de 120 pedidos de informes sin responder y que el Concejo funcionó como “caja de resonancia” de reclamos vecinales. También cuestionó la ausencia de funcionarios municipales en momentos críticos y dijo que, durante la audiencia judicial, vio “todo el gabinete sentado en el juzgado” mientras la ciudad necesitaba continuidad administrativa.

    “Los demás funcionarios tienen que seguir gobernando la ciudad de Plottier”, afirmó. “Los demás funcionarios tienen que seguir gobernando la ciudad de Plottier”, afirmó.

    Fotomultas, balances y contratación pública

    La concejal también relacionó el escenario actual con conflictos previos, entre ellos el sistema de fotomultas. Dijo que ese tema fue uno de los detonantes de la ruptura política con el Ejecutivo, luego de que el Concejo suspendiera el sistema para revisarlo.

    Según Namuncurá, los cuestionamientos no apuntaban a la existencia de fotomultas en sí, sino a la forma en que se implementaron. Mencionó reclamos de vecinos, dificultades para ejercer descargos, intervención de una empresa privada en un ámbito que —según planteó— corresponde al Tribunal de Faltas, problemas de notificación y dudas sobre la señalización.

    También indicó que el Concejo ya había recibido advertencias en las rendiciones de cuentas. Señaló que en los balances 2024 y 2025 aparecieron observaciones técnicas, entre ellas contrataciones fuera del reglamento municipal y dificultades para cotejar información contable.

    “Nosotros no sabíamos que estaban pasando todas estas cuestiones tan graves. En buena hora que se pueda investigar con el Ministerio Público Fiscal”, expresó.

    El rol de Gladys Ramírez

    Namuncurá también se refirió a la situación de la otra funcionaria imputada en la causa, la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez. Dijo que su continuidad deberá ser analizada por el Concejo, especialmente porque se trata de una funcionaria con firma administrativa relevante dentro del municipio.

    La concejal recordó que Ramírez fue convocada dos veces a una interpelación para dar explicaciones por los balances y no asistió. A partir de ese antecedente, sostuvo que el cuerpo podría evaluar su remoción o una suspensión en términos similares a los del intendente.

    Estamos en condiciones de remover a la subsecretaria ya”, afirmó, aunque aclaró que se trata de una decisión política que deberá reunir los votos necesarios.

    “Auditar el municipio en forma urgente”

    Ante la posibilidad de que el Concejo apruebe la suspensión de Bertolini y se produzca un cambio en la conducción del Ejecutivo, Namuncurá sostuvo que la primera medida debería ser una auditoría integral del municipio.

    “Hay que auditar el municipio en forma urgente. La auditoría contable tiene que ser urgente, contable y también legal”, afirmó. Según planteó, el objetivo sería conocer el estado real de las cuentas y de los expedientes administrativos para garantizar la continuidad de los servicios.

    Entre las urgencias mencionó: garantizar el pago de sueldos, el transporte público, la recolección de residuos, el mantenimiento de plazas y la necesidad de recuperar presencia territorial de los funcionarios.

    “El vecino quiere que le arreglemos el problema: que pase el basurero, que arreglen las plazas y que haya presencia de los funcionarios en los barrios”, sostuvo.

    En ese marco, la concejal afirmó que cree que están los votos para avanzar con la suspensión. “La responsabilidad es del Concejo Deliberante, que es el control y la transparencia dentro de las instituciones. Es el que pone el equilibrio”, concluyó.

  • Imputación de Luis Bertolini: todo sobre la causa

    Imputación de Luis Bertolini: todo sobre la causa

    La imputación del intendente de Plottier, Luis Bertolini, abrió una causa que pone bajo análisis el manejo de contrataciones públicas durante su gestión. Con los cargos ya formulados y la investigación en marcha, el expediente dejó una serie de datos concretos que permiten entender qué se investiga, cómo habría funcionado el esquema y qué puede pasar en los próximos meses.

    Un número que explica la magnitud

    Uno de los puntos centrales de la acusación es la cantidad de contratos involucrados: al menos 160 adjudicaciones otorgadas entre enero de 2024 y marzo de 2026.

    El monto total supera los 2.300 millones de pesos.

    Para la fiscalía, no se trata de decisiones aisladas sino de un mecanismo que se sostuvo en el tiempo.

    Cómo se repetía el circuito

    Según la investigación, el proceso comenzaba en distintas áreas del municipio, que generaban pedidos de compras o servicios.

    Esos trámites pasaban por la subsecretaría de Hacienda y luego por el área de compras, donde —siempre según la acusación— se invitaba a cotizar a los mismos proveedores.

    El resultado se repetía: en muchos casos había una sola oferta o las demás eran descartadas, y los contratos terminaban en manos de las mismas personas.

    El fiscal jefe Pablo Vignaroli sostuvo que los funcionarios “intervinieron de forma deliberada en los procesos de contratación del municipio para beneficiar” a esos proveedores.

    Las irregularidades señaladas

    La fiscalía enumeró prácticas que, según expuso, se reiteraron en distintos expedientes:

      Estos elementos son los que sostienen la hipótesis de una maniobra coordinada.

      Quiénes están imputados y por qué

      La imputación alcanza a Bertolini y a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, como coautores del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

      Los dos proveedores mencionados en la causa fueron imputados como partícipes necesarios.

      La acusación es provisoria y deberá sostenerse con pruebas durante la investigación.

      Qué dijo la Justicia

      La jueza de garantías Carina Álvarez validó la formulación de cargos y permitió que el expediente avance.

      “Hay evidencia en cantidad y calidad para tener por formulados los cargos”, afirmó.

      Además, declaró el caso como complejo, lo que habilita un plazo de seis meses para reunir pruebas.

      Qué implica que sea un “caso complejo”

      La decisión de la jueza de garantías Carina Álvarez de declarar la causa como compleja no es un detalle técnico menor.

      Significa que la investigación requiere más tiempo y recursos que un expediente común, por la cantidad de hechos, el volumen de documentación y el tipo de delito que se analiza.

      En este caso, la fiscalía explicó que todavía resta:

        Con esta calificación, el plazo de investigación se fijó en seis meses.

        Los intentos de la defensa

        Antes de que se confirmaran los cargos, la defensa del intendente buscó apartar al fiscal y cuestionó los allanamientos.

        Ambos planteos fueron rechazados.

        La jueza señaló que el pedido contra el fiscal fue presentado fuera de tiempo y que no se acreditó perjuicio para anular las medidas.

        “Si no hay agravio, la nulidad no puede prosperar”, sostuvo.

        Qué puede pasar ahora

        La causa entra en una etapa clave: análisis de documentación, revisión de expedientes administrativos, estudio de movimientos bancarios y toma de testimonios.

        La fiscalía advirtió que existe “un serio riesgo de entorpecimiento”, por la posibilidad de influir en testigos o afectar pruebas, y pidió medidas cautelares. La prisión domiciliaria aparece como una incógnita, que la jueza resolvería este jueves.

        El expediente ya tiene un volumen importante y un esquema bajo sospecha claramente delimitado. Lo que sigue es determinar si esos elementos alcanzan para sostener la acusación en las próximas etapas.

      • Contundente definición de la fiscal del caso sobre Luis Bertolini: “Esto es corrupción”

        Contundente definición de la fiscal del caso sobre Luis Bertolini: “Esto es corrupción”

        La fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero, despejó cualquier duda sobre cómo entiende la causa que tiene al intendente de Plottier Luis Bertolini sentado en el banquillo, y que este miércoles podría terminar con una prisión domiciliaria, si así lo decide la jueza Carina Álvarez.

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        “Es una causa de corrupción, claramente”, dijo lacónicamente la fiscal a LM Neuquén.

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        La definición viene porque se había deslizado que la Fiscalía le había quitado al expediente el cargo de administración fraudulenta —el delito que en su momento funcionó como artillería pesada para condenar a los exfuncionarios en la causa de los planes sociales—, y eso generó la lectura de que el Ministerio Público había levantado el pie del acelerador.

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        Sin embargo, Rivero salió a cerrarle el paso a esa interpretación, y habló sobre el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y subrayó que son también actos de corrupción.

        La fiscal se enfocó en un dato que la Fiscalía considera central y es que Bertolini sigue siendo intendente y en ejercicio. Y eso, para el equipo acusador, no es un detalle al pasar, sino el núcleo del riesgo de entorpecimiento que justifica pedir su arresto domiciliario.

        Desde Fiscalía vienen centrando su trabajo, dijo Rivero, en funcionarios en actividad (no en ex funcionarios una vez que terminan sus mandatos como sucede a nivel nacional como en el caso de Cristina Kirchner o Julio De Vido), y esa premisa explica por qué la medida cautelar no puede esperar.

        Por qué piden la domiciliaria: cuatro ejes

        Rivero fundamentó el pedido de detención domiciliaria en cuatro argumentos concretos, todos apuntando al mismo riesgo y es que Bertolini, desde su cargo, obstaculice la investigación.

        El primero es el miedo de los testigos. Varios empleados municipales declararon expresamente que temen perder el trabajo si aportan elementos que ayuden a probar la maniobra.

        Rivero dejó sobreentendido lo que no hacía falta aclarar: quien tiene la facultad de echarlos es Bertolini. Y desde su casa, sin ejercer el cargo, esa facultad desaparecería.

        Para reforzar este punto, la fiscal invocó la llamada “doctrina Irurzun”, el criterio que usó la Cámara Federal de Casación Penal para encarcelar a exfuncionarios del kirchnerismo por su “poder residual” aun después de dejar el cargo. Aquí, el razonamiento es inverso porque mientras siga siendo intendente, ese poder no es residual sino pleno.

        El segundo eje fue la dificultad —en muchos casos la imposibilidad— de acceder a información que debería ser pública. “Tuvimos que hacer gran cantidad de allanamientos; encontramos serios obstáculos para dar con la documentación”, dijo Rivero.

        El ejemplo más gráfico lo puso ella misma: la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, se llevó cajas con expedientes a su casa, que aparecieron recién un día después del primer allanamiento.

        Como tercer bloque, la fiscal señaló que todavía no aparecen los registros de las transferencias bancarias. Y en cuarto lugar, mencionó la manipulación y destrucción parcial de algunos expedientes.

        Pero quizás el dato más explosivo de la audiencia fue uno con fecha y monto: el 26 de marzo pasado, cuando Bertolini y Ramírez ya sabían que estaban siendo investigados formalmente, le transfirieron a Vilchez 80 millones de pesos.

        Embargo millonario y la domiciliaria para Ramírez

        En la misma audiencia, Rivero expuso las medidas solicitadas sobre los cuatro imputados. Respecto de los embargos, aclaró que se trata de una medida “muy clara” que procede ante la falta de información suficiente sobre los bienes de los acusados, pero también a partir de los bienes ya registrados.

        La fiscal precisó que los bienes conocidos no alcanzan para cubrir el valor de la multa que podría aplicarse en caso de condena: el monto calculado asciende a $2.309.980.096,81.

        En cuanto a las medidas de coerción, la fiscalía evaluó distintas alternativas antes de llegar a la domiciliaria para Bertolini. Se descartó la prohibición de acercamiento al municipio porque el intendente vive dentro del ejido de Plottier y tiene empleados de carrera que llevan años en la administración más allá de los cambios de gestión.

        Eso, según Rivero, haría ineficaz cualquier barrera. La influencia del intendente sobre el personal municipal podría sostenerse igual. Por eso, la única medida que la fiscalía considera idónea es la detención domiciliaria.

        El domicilio fue relevado el 9 de abril de 2026 por personal policial, oportunidad en que se entrevistaron con su conviviente, quien aceptó ejercer la asistencia requerida por el régimen.

        Para Ramírez, en cambio, la fiscalía estimó que la prohibición de acercamiento al municipio sí resulta suficiente: no vive en Plottier, sino a más de 25 kilómetros. La fiscalía verificó su domicilio —no lo tenía antes de la audiencia anterior, lo aportaron en esa instancia— y tomó en cuenta además que Ramírez tiene a su cargo un menor de edad.

        La jueza dispuso un cuarto intermedio hasta el mediodía de este miércoles para comunicar su decisión «a conciencia».

      • Formulan cargos al intendente de Plottier y a una funcionaria del gabinete por direccionar contrataciones

        Formulan cargos al intendente de Plottier y a una funcionaria del gabinete por direccionar contrataciones

        Formulan cargos al intendente de Plottier y a una funcionaria del gabinete por direccionar contrataciones

         

        27-04-2026

         

        Neuquén – La unidad fiscal de Delitos Económicos formuló cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, por haber montado un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores.

         

        Durante una audiencia que demandó dos jornadas, la jueza de garantías tuvo por formulados los cargos y consideró que, en esta etapa inicial, los hechos descriptos por la fiscalía cuentan con la entidad suficiente para permitir el avance de la investigación.

         

        Según apunto el fiscal jefe Pablo Vignaroli, desde el inicio de la gestión municipal —entre enero de 2024 y marzo de 2026— los funcionarios intervinieron de forma deliberada en los procesos de contratación del municipio para beneficiar a P.V. y M.L., dos proveedores. La maniobra consistió en asegurar su participación en todas las convocatorias, independientemente del rubro, y direccionar las adjudicaciones mediante procedimientos irregulares. En ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de $2.300 millones, en muchos casos sin competencia real, con ofertas únicas o con desestimaciones arbitrarias de otros oferentes.

         

        La fiscalía detalló que el circuito se iniciaba con pedidos de distintas áreas municipales, que eran canalizados por la subsecretaría de Hacienda. A partir de allí, el área de compras invitaba sistemáticamente a cotizar a los mismos proveedores, quienes resultaban adjudicatarios en la mayoría de los casos. Además, se detectaron múltiples irregularidades: falta de publicidad de los procesos, incumplimiento de los requisitos mínimos de oferentes, utilización de contrataciones directas sin acreditar situaciones de urgencia, adjudicaciones sin fundamentos y pagos sin constancias de recepción de los bienes o servicios.

         

        De acuerdo con la investigación, cada imputado cumplió un rol específico dentro de una maniobra coordinada: los funcionarios públicos intervinieron en las decisiones administrativas y en el control del circuito de contratación, mientras que los particulares canalizaron las adjudicaciones y el flujo económico.

         

        Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. En ese marco, la fiscalía atribuyó a Bertolini y Ramírez el rol de coautores y a M.L. y P.V. el de partícipes necesarios (artículos 265 y 45 del Código Penal).

         

        Caso complejo

         

        Durante la audiencia, en la que también participaron la fiscal del caso Rocío Rivero, la asistente Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se solicitó que el caso sea declarado complejo. El pedido tiene que ver con la cantidad de hechos investigados, el volumen de documentación y con la existencia de una investigación vinculada a criminalidad económica organizada. Se destacó que aún restan diversas medidas de prueba, entre ellas el análisis de dispositivos secuestrados, la revisión de la totalidad de los expedientes administrativos, entrevistas a agentes municipales que intervinieron en los procesos de contratación y la obtención de información bancaria que será analizada por un equipo técnico contable especializado.

         

        La jueza declaró el caso complejo y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

         

        Planteos de la defensa

         

        Luego de que la fiscalía formulara los cargos y antes de que la jueza los aceptara, la defensa del intendente intentó apartar de la investigación al fiscal jefe Pablo Vignaroli. Planteó la inconstitucionalidad parcial del artículo 24 de la ley orgánica del MPF, que es el que define el proceso interno del MPF para resolver esos pedidos y que, en este caso, implicó que el fiscal general José Gerez ratificara la intervención de Vignaroli, un mes y 25 días atrás.

         

        La jueza de garantías Carina Álvarez rechazó el pedido por extemporáneo. Señaló que la defensa conocía la resolución del fiscal general que había desestimado la recusación y no la cuestionó en tiempo oportuno. Agregó que la declaración de inconstitucionalidad es una herramienta excepcional, que las leyes gozan de presunción de validez y que no se acreditó una incompatibilidad manifiesta con la Constitución. En ese marco, enfatizó que las decisiones sobre recusaciones se inscriben en la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, por lo que no resultan, en principio, revisables por la magistratura.

         

        Luego, la defensa solicitó la nulidad de los allanamientos y la exclusión de la prueba, al considerar que la autorización judicial carecía de fundamentación. La fiscal del caso, Rocío Rivero, se opuso porque no existía “un agravio concreto”, criterio al que adhirió la Fiscalía de Estado, representada por el abogado Gustavo Kohon.

         

        Tras un cuarto intermedio, la jueza también rechazó este pedido. Indicó que no se acreditó perjuicio alguno. “Si no hay agravio, la nulidad no puede prosperar”, sostuvo, y agregó que al autorizar los allanamientos valoró la totalidad de la información presentada por la fiscalía.

         

        Fue luego de rechazar los intentos de la defensa del mandatario municipal de Plottier (las otras defensas no se opusieron a la investigación) que la jueza aceptó la formulación de cargos y avaló el inicio de la investigación preliminar preparatoria. “Hay evidencia en cantidad y calidad para tener por formulados los cargos”, afirmó.

         

        Finalmente, la fiscal del caso afirmó que en la investigación se está “ante un serio riesgo de entorpecimiento”, y apuntó principalmente a la capacidad de influencia de los imputados sobre testigos, además de la posibilidad concreta de afectar evidencia. Por esa razón, Rivero solicitó a la jueza distintas medidas cautelares, con inhibiciones generales de bienes y embargos respecto de los imputados y la imputada. En el caso del intendente Bertolini, requirió la detención domiciliaria.

         

        Debido a la cantidad de planteos que realizaron las defensas, la jueza dispuso un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía para comunicar su decisión. Provisoriamente, dispuso los embargos de las cuentas bancarias de los imputados P.V. y M.L., los dos proveedores imputados como partícipes secundarios.

      • Un proveedor «todoterreno»: la clave de la imputación a Bertolini y el circuito millonario bajo sospecha en Plottier

        Un proveedor «todoterreno»: la clave de la imputación a Bertolini y el circuito millonario bajo sospecha en Plottier

        La escena judicial fue tensa, técnica y, por momentos, reveladora. Pero si hubo un concepto que sintetizó el corazón de la acusación fue uno que repitió el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, casi con asombro: un proveedor que hacía de todo. Literalmente.
        “Lo contrataron para pintar una senda peatonal, para proveer agua mineral, para barrer calles y hasta para medicación veterinaria”, describió en diálogo con el programa Entretiempo por AM550. La frase no fue un detalle menor ni un recurso retórico: es, según la fiscalía, una de las claves que permite entender cómo habría funcionado el esquema que hoy tiene imputados al intendente de Plottier, Luis Bertolini, y a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez.
        La investigación, que ya fue avalada en esta etapa inicial por la jueza de garantías Carina Álvarez, sostiene que no se trató de irregularidades aisladas, sino de un sistema montado para direccionar contrataciones públicas de manera sostenida en el tiempo.

        Luis Bertolini, intendente de Plottier, quien fue imputado este martes.

        El “multiproveedor” que encendió las alarmas

        En la reconstrucción que hizo la fiscalía, hay un punto de quiebre: la aparición del proveedor, el empresario Pedro Vilches. Hasta el inicio de la gestión actual, aseguran, no tenía antecedentes como proveedor municipal.
        “Todos los testigos del área de compras dijeron lo mismo: Vilches no existía como proveedor antes de esta gestión”, explicó Vignaroli. Y a partir de ahí, según la acusación, ocurrió algo más significativo: comenzó a ser invitado sistemáticamente a cotizar en prácticamente todas las contrataciones, sin importar el rubro.
        Para los investigadores, ese dato no es anecdótico, sino estructural. “Sin ese paso previo, que era invitarlo, no se podía concretar el resto del circuito”, sostuvo el fiscal. Es decir: la invitación era la puerta de entrada a un esquema que luego se completaba con la adjudicación y el pago.
        La lógica, según la hipótesis fiscal, era clara: garantizar su participación para luego direccionar la contratación.

        “Lo contrataron para pintar una senda peatonal, para proveer agua mineral, para barrer calles y hasta para medicación veterinaria”, describió Vignaroli en diálogo con el programa Entretiempo por AM550.

        Un circuito aceitado

        La mecánica, reconstruida a partir de expedientes y testimonios, comenzaba con pedidos de distintas áreas del municipio. Esos requerimientos eran canalizados por la subsecretaría de Hacienda y, desde allí, derivaban al área de compras.
        En ese punto, según la acusación, se repetía el patrón: los mismos proveedores eran convocados a cotizar. Muchas veces, incluso, sin competencia real.
        “Entendemos que hay todo un sistema montado para beneficiar en las contrataciones a Vilches y a sus socios”, afirmó Vignaroli.
        El circuito se cerraba con la firma de las resoluciones por parte del intendente, la emisión de órdenes de compra desde Hacienda y, finalmente, los pagos.

        El volumen económico también es parte central del expediente. De acuerdo con un informe contable preliminar, analizado sobre 160 expedientes secuestrados, el monto total de contrataciones asciende a más de 2.300 millones de pesos.

        La jueza define este miércoles la prisión domiciliaria de Bertolini.

        Los números de la causa

        El volumen económico también es parte central del expediente. De acuerdo con un informe contable preliminar, analizado sobre 160 expedientes secuestrados, el monto total de contrataciones asciende a más de 2.300 millones de pesos.
        “Ya se abonó más de la mitad de ese monto”, detalló el fiscal, lo que —según la investigación— da cuenta de la magnitud del flujo de dinero involucrado.
        Con estos elementos, la jueza consideró que existe “evidencia en cantidad y calidad” suficiente para formalizar los cargos. La causa fue calificada como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado.
        Además, el expediente fue declarado complejo, lo que habilita un plazo de seis meses para profundizar la investigación: análisis de dispositivos electrónicos, revisión integral de expedientes, peritajes contables y seguimiento de movimientos bancarios.
        En paralelo, la fiscalía avanzó con pedidos de medidas cautelares. Para Bertolini, solicitó prisión domiciliaria; para Ramírez, restricciones de contacto y de acceso al municipio.
        “Hoy quedaron planteados los pedidos y la jueza se tomó un tiempo prudente para resolver”, explicó Vignaroli. La definición se conocerá en una nueva audiencia.

        Un caso que recién empieza

        Más allá de lo resuelto hasta ahora, la causa abre interrogantes más amplios sobre el funcionamiento del Estado municipal. La figura del “multiproveedor” —ese actor que aparece de golpe y participa en todo— no solo es un elemento llamativo, sino, para la fiscalía, la evidencia de un mecanismo sistemático.
        El expediente recién comienza a desplegarse. Detrás de los números, los expedientes y las firmas, lo que se investiga no es solo un conjunto de contrataciones, sino la lógica misma con la que se administraron.

      • Agonía para Luis Bertolini: le formularon cargos, pero no definen si estará preso en su casa

        Agonía para Luis Bertolini: le formularon cargos, pero no definen si estará preso en su casa

        La suerte del intendente de Plottier, Luis Bertolini, ya está echada: finalmente le formularon cargos este martes por negociaciones incompatibles con la función pública, pero es larga la agonía judicial. Aún no se resuelve una medida de coerción, que implica si va preso en su casa.

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        La audiencia de este martes se extendió por más de cinco horas, y la jueza de Garantías Carina Álvarez dispuso un cuarto intermedio y anunció que resolverá la medida de coerción «a conciencia» antes del mediodía del miércoles.

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        La fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli (estuvo conectado por Zoom) junto a la fiscal del caso Rocío Rivero, acusó a Bertolini por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en carácter de coautor, junto a la subsecretaria de Hacienda municipal, Gladys Ramírez. La jueza Álvarez convalidó los cargos.

        Los empresarios Mauricio López —hijo de Ramírez— y Pedro Vilchez fueron imputados como partícipes necesarios.

        La fiscalía solicitó 6 meses de prisión domiciliaria como medida de coerción, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según la teoría, hay empleados municipales y funcionarios que «tiene miedo» por sus fuentes laborales si Bertolini vuelve a la intendencia físicamente en la Municipalidad de Plottier.

        Es una medida que encastra justo, con el pedido de juicio político que entró este martes al Concejo Deliberante, por parte de Gastón Sol, un vecino quien además fue candidato a intendente por el partido Unión de los Neuquinos (UNE).

        Según la fiscal Rivero, los imputados podrían influir sobre los trámites administrativos y presionar a testigos que son empleados municipales. Es por eso que pidió la prisión domiciliaria del intendente que la jueza resolverá este miércoles después del mediodía.

        Opción alternativa: oficina paralela a 10 kilómetros de Plottier

        La defensa, encabezada por el abogado Javier Pino Muñoz, presentó una medida subsidiaria que la jueza tomará en cuenta antes de resolver.

        Bertolini pidió cumplir el eventual arresto en el barrio Camino Sol, a unos 10 kilómetros de la Municipalidad, y que se le permita montar una oficina paralela para seguir ejerciendo sus funciones como intendente, ya que aún continúa en el cargo.

        Allí Bertolini quiere cumplir su «prisión domiciliaria», lejos de la Municipalidad, pero con la idea de seguir en funciones. Es que hasta ahora sigue siendo intendente, pese a la presión que hay de un sector político del partido Comunidad, que le viene pidiendo el cargo. Todo indica que si prospera el juicio político, quedaría en funciones Malena Resa.

        El nudo del problema es justamente ese y es si una eventual aplicación de medidas restrictivas (no poder ir a la Municipalidad) podría derivar en un escenario de complejo desde lo institucional, especialmente si se activa la posibilidad de suspensión del intendente según lo que establece la Carta Orgánica municipal.

        El intendente, que eligió no hablar tras la audiencia del martes, ante una consulta de LM Neuquén. Dijo que esperará a la resolución del miércoles. Días atrás había rechazado la medida y la calificó como “persecución política”, asegurando que el municipio colaboró desde el inicio con la investigación.

        Inhibición de bienes de Bertolini y los empresarios

        Al tiempo que se espera la resolución sobre la prisión domiciliaria espera hasta el mediodía del miércoles, la jueza de Álvarez ya tomó una decisión concreta sobre el patrimonio de los imputados:.

        Dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de todas las cuentas bancarias de Vílchez y de López, los dos empresarios involucrados en la causa.

        Según la teoría del caso de la fiscalía, a través de 160 contratos se favoreció a Vílchez y sus empresas con pagos que suman más de 2.309 millones de pesos. La medida patrimonial dispuesta por la magistrada apunta a resguardar casi el doble de ese monto: el embargo alcanza los 4.600 millones de pesos y tendrá una vigencia de 3 meses.

        El detalle es llamativo porque según se ventiló en la audiencia, los bienes registrados de los imputados no alcanzarían para cubrir ese monto.

        En el caso de Luis Bertolini, AFIP registra en su nombre un auto 0 kilómetro y un Fiat 147 modelo 1997, lo que expone la brecha entre el patrimonio declarado y las cifras que maneja la causa.

        Rivero detalló que Vílchez realizó transferencias a López por 57 millones de pesos desde la misma cuenta en que recibía los pagos municipales, y que López utilizó durante más de un año una extensión de la tarjeta de crédito de Vílchez.

        La medida patrimonial dispuesta por la magistrada apunta a resguardar casi el doble de ese monto: el embargo alcanza los 4.000 millones de pesos y tendrá una vigencia de 3 meses.

        En el caso de Gladys Ramírez, la situación es distinta. La subsecretaria de Hacienda también quedó alcanzada por restricciones, incluida la prohibición de acercarse a la Municipalidad. Sin embargo, su caso presenta particularidades: se encuentra con licencia para cuidar a su hijo hasta fines de mayo y reside en Cipolletti, lo que físicamente ya la mantenía alejada del edificio comunal.

        El tiempo de la Justicia y el tiempo de la política

        La causa judicial también tiene el costado político del juicio que se podría tratar en el Concejo Deliberante.

        La confluencia de ambos procesos —el judicial y el político— dibuja un escenario en el que los planetas se alinea para el mal de Bertolini. Si la jueza ordena la prisión domiciliaria y los concejales avanzan con el juicio político, Bertolini podría quedar fuera del ejercicio efectivo del cargo antes de que cualquiera de los dos procesos llegue a su etapa final.

      • investigan maniobras incompatibles con su cargo

        investigan maniobras incompatibles con su cargo

        Durante dos días, la sala judicial fue escenario de una discusión intensa, técnica y cargada de tensión. Allí, entre planteos de la defensa, objeciones y resoluciones, terminó de tomar forma una causa que pone bajo la lupa a la conducción del municipio de Plottier.

        La jueza de garantías Carina Álvarez, después de escuchar a las partes, resolvió que la acusación tiene sustento suficiente para avanzar. “Hay evidencia en cantidad y calidad para tener por formulados los cargos”, afirmó.

        Con esa definición, el intendente Luis Bertolini y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, quedaron formalmente imputados en una investigación que apunta directamente al funcionamiento del sistema de contrataciones municipales.

        La hipótesis que sostiene la fiscalía no habla de irregularidades aisladas. El fiscal jefe Pablo Vignaroli describió un esquema sostenido en el tiempo, una mecánica que —según la acusación— se repitió desde el inicio de la gestión, entre enero de 2024 y marzo de 2026.

        La idea central es clara: se habría montado un circuito administrativo para favorecer de manera sistemática a dos proveedores, identificados como P.V. y M.L., quienes habrían sido invitados a participar de prácticamente todas las convocatorias y, en la mayoría de los casos, resultaban adjudicatarios.

        En ese período, siempre de acuerdo a la investigación, se otorgaron al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos.

        El funcionamiento del esquema, según se reconstruyó en la audiencia, comenzaba con pedidos de distintas áreas del municipio. Esas solicitudes pasaban por la subsecretaría de Hacienda y luego llegaban al área de compras, que invitaba a cotizar reiteradamente a los mismos oferentes. El resultado, muchas veces, era una adjudicación sin competencia real.

        La fiscalía enumeró una serie de irregularidades que, en conjunto, sostienen la acusación: procesos sin la debida publicidad, ofertas únicas, desestimaciones sin fundamentos de otros proveedores, contrataciones directas sin justificar urgencias y pagos realizados sin constancias claras de recepción de bienes o servicios.

        Un circuito coordinado con roles específicos

        Para los investigadores, no se trata de desprolijidades administrativas, sino de un circuito coordinado en el que cada actor cumplía un rol específico. Los funcionarios, en la toma de decisiones y control del proceso; los particulares, en la canalización de las adjudicaciones y el flujo económico.

        Bajo esa lógica, los hechos fueron encuadrados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado.

        La causa, además, fue declarada compleja. El pedido del Ministerio Público Fiscal se apoyó en el volumen de contratos bajo análisis, la cantidad de documentación y la posible existencia de una estructura vinculada a criminalidad económica organizada. La jueza hizo lugar y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

        En ese tiempo, se avanzará con el análisis de dispositivos electrónicos, la revisión integral de expedientes administrativos, entrevistas a personal municipal y estudios contables y bancarios que permitan seguir el rastro del dinero.

        Antes de que se formalizaran los cargos, la defensa del intendente intentó apartar al fiscal jefe. Planteó la inconstitucionalidad parcial de la norma que regula el funcionamiento interno del Ministerio Público Fiscal, pero el planteo fue rechazado por extemporáneo. La jueza consideró que la defensa ya conocía la resolución que ratificaba al fiscal y no la había impugnado a tiempo.

        También fue desestimado el pedido de nulidad de los allanamientos. La magistrada sostuvo que no se acreditó perjuicio concreto y que las medidas habían sido autorizadas con base en la información presentada por la fiscalía. “Si no hay agravio, la nulidad no puede prosperar”, resumió.

        Con esos intentos desactivados, el proceso quedó en condiciones de avanzar.

        En el tramo final de la audiencia, la fiscal del caso, Rocío Rivero, advirtió sobre un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación. Señaló la capacidad de influencia de los imputados y la posibilidad de afectar pruebas o testigos.

        En ese contexto, solicitó medidas cautelares, entre ellas embargos, inhibiciones de bienes y, en el caso del intendente, detención domiciliaria. La jueza decidió tomarse un cuarto intermedio para resolver ese punto.

        De manera provisoria, sí dispuso el embargo de las cuentas de los dos proveedores imputados.

        El expediente recién empieza a desplegarse. Pero lo que dejó la audiencia es una señal clara: la Justicia considera que hay elementos suficientes para investigar a fondo. Y en Plottier, la política ya empezó a sentir el impacto de una causa que promete tener nuevas derivaciones.

      • investigan maniobras incompatibles con su cargo

        Imputaron al intendente Luis Bertolini y le dictaron prisión domiciliaria: investigan maniobras incompatibles con su cargo

        Durante dos días, la sala judicial fue escenario de una discusión intensa, técnica y cargada de tensión. Allí, entre planteos de la defensa, objeciones y resoluciones, terminó de tomar forma una causa que pone bajo la lupa a la conducción del municipio de Plottier.

        La jueza de garantías Carina Álvarez, después de escuchar a las partes, resolvió que la acusación tiene sustento suficiente para avanzar. “Hay evidencia en cantidad y calidad para tener por formulados los cargos”, afirmó.

        Con esa definición, el intendente Luis Bertolini y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, quedaron formalmente imputados en una investigación que apunta directamente al funcionamiento del sistema de contrataciones municipales.

        La hipótesis que sostiene la fiscalía no habla de irregularidades aisladas. El fiscal jefe Pablo Vignaroli describió un esquema sostenido en el tiempo, una mecánica que —según la acusación— se repitió desde el inicio de la gestión, entre enero de 2024 y marzo de 2026.

        La idea central es clara: se habría montado un circuito administrativo para favorecer de manera sistemática a dos proveedores, identificados como P.V. y M.L., quienes habrían sido invitados a participar de prácticamente todas las convocatorias y, en la mayoría de los casos, resultaban adjudicatarios.

        En ese período, siempre de acuerdo a la investigación, se otorgaron al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos.

        El funcionamiento del esquema, según se reconstruyó en la audiencia, comenzaba con pedidos de distintas áreas del municipio. Esas solicitudes pasaban por la subsecretaría de Hacienda y luego llegaban al área de compras, que invitaba a cotizar reiteradamente a los mismos oferentes. El resultado, muchas veces, era una adjudicación sin competencia real.

        La fiscalía enumeró una serie de irregularidades que, en conjunto, sostienen la acusación: procesos sin la debida publicidad, ofertas únicas, desestimaciones sin fundamentos de otros proveedores, contrataciones directas sin justificar urgencias y pagos realizados sin constancias claras de recepción de bienes o servicios.

        Un circuito coordinado con roles específicos

        Para los investigadores, no se trata de desprolijidades administrativas, sino de un circuito coordinado en el que cada actor cumplía un rol específico. Los funcionarios, en la toma de decisiones y control del proceso; los particulares, en la canalización de las adjudicaciones y el flujo económico.

        Bajo esa lógica, los hechos fueron encuadrados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado.

        La causa, además, fue declarada compleja. El pedido del Ministerio Público Fiscal se apoyó en el volumen de contratos bajo análisis, la cantidad de documentación y la posible existencia de una estructura vinculada a criminalidad económica organizada. La jueza hizo lugar y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

        En ese tiempo, se avanzará con el análisis de dispositivos electrónicos, la revisión integral de expedientes administrativos, entrevistas a personal municipal y estudios contables y bancarios que permitan seguir el rastro del dinero.

        Antes de que se formalizaran los cargos, la defensa del intendente intentó apartar al fiscal jefe. Planteó la inconstitucionalidad parcial de la norma que regula el funcionamiento interno del Ministerio Público Fiscal, pero el planteo fue rechazado por extemporáneo. La jueza consideró que la defensa ya conocía la resolución que ratificaba al fiscal y no la había impugnado a tiempo.

        También fue desestimado el pedido de nulidad de los allanamientos. La magistrada sostuvo que no se acreditó perjuicio concreto y que las medidas habían sido autorizadas con base en la información presentada por la fiscalía. “Si no hay agravio, la nulidad no puede prosperar”, resumió.

        Con esos intentos desactivados, el proceso quedó en condiciones de avanzar.

        En el tramo final de la audiencia, la fiscal del caso, Rocío Rivero, advirtió sobre un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación. Señaló la capacidad de influencia de los imputados y la posibilidad de afectar pruebas o testigos.

        En ese contexto, solicitó medidas cautelares, entre ellas embargos, inhibiciones de bienes y, en el caso del intendente, detención domiciliaria. La jueza decidió tomarse un cuarto intermedio para resolver ese punto.

        De manera provisoria, sí dispuso el embargo de las cuentas de los dos proveedores imputados.

        El expediente recién empieza a desplegarse. Pero lo que dejó la audiencia es una señal clara: la Justicia considera que hay elementos suficientes para investigar a fondo. Y en Plottier, la política ya empezó a sentir el impacto de una causa que promete tener nuevas derivaciones.

      • Plottier: tras el fin de la tasa vial, YPF también bajó los precios de sus combustibles

        Plottier: tras el fin de la tasa vial, YPF también bajó los precios de sus combustibles

        Ante la falta de vigencia de la ordenanza de la tasa vial en Plottier, otra petrolera tomó la decisión de bajar los precios de sus combustibles. Se trata de la empresa YPF, quien adoptó la medida en las últimas horas.

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        Durante el fin de semana se había conocido que la firma Axion había decidido retocar los precios en los surtidores ante la caída de la ordenanza 4420/24, que se venció el 18 de abril pasado.

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        La normativa se había puesto en marcha al declarar la emergencia vial y del transporte público en Plottier con el objeto de «generar y aplicar soluciones eficientes, oportunas y progresivas frente a la crisis económica y social actual».

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        Ahora, al quedar sin vigencia, la empresa YPF resolvió bajar los precios en los surtidores desde el primer minuto de este martes 28, por lo que los nuevos valores son:

        • Nafta Super $ 1.692
        • Nafta Infinia $1.941
        • Diesel 550 $ 2.115
        • Diesel Infinia $2.395

        La Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN) reclamó que el impuesto del 4.5% es «muy alto», siendo «uno de los más altos del país», Al tiempo que lo consideran «inconstitucional».

        La posición de la Cámara se mantiene firme luego de que el intendente de Plottier, Luis Bertolini, manifestó que la intención «es poner a consideración del Concejo Deliberante una extensión porque creemos que en todas las ciudades de la Confluencia los combustibles deben tener los mismos valores porque si no se genera un caos».

        Bertolini, aclaró que además de evitar un caos por diferencia de precios entre Neuquén y Plottier, esta tasa le permitió a la comuna «tener un servicio de transporte que fue creciendo y mejorando». «Creemos que es una herramienta útil y vamos a proponer que el Concejo deliberante lo sancione nuevamente», destacó.

        Los expendedores pidieron a los concejales ponerse «del lado del pueblo”, al rechazar la intención de extender la ordenanza que permite el cobro de la tasa vial. A este reclamo se sumaron también otras asociaciones y la Cámara de Comercio local.

        Otra petrolera también bajó los precios de los combustibles

        La empresa Axion había tomado la decisión de cambiar los valores en los surtidores de Plottier durante el fin de semana. Se trata de la estación de servicio, ubicada en la intersección de las calles General Roca y Candolle, en el oeste de la localidad.

        El precio del litro de nafta ya se vende sin el gravamen municipal y, de esta manera, pasó de $1794 a $1734. Mientras que la Quantium, de estar $2118 a $2048 el litro. En tanto que, la Diesel que se cobraba hasta hace poco $2379 pasó a valer $2279. Por último, el precio de Quantium Diesel descendió de $2573 a $2493.