Luego de una investigación que se inició a inicios de este año tras la denuncia de una vecina por supuestas irregularidades en la gestión municipal de Plottier, la Fiscalía formulará cargos este lunes contra el intendente Luis Bertolini.
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El Ministerio Público Fiscal (MPF) imputará al jefe comunal por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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La audiencia fue fijada para las 11 y además se adelantó que hay otras dos personas que también serán imputadas en el marco de esta investigación. El pedido de esta audiencia había sido realizado por la fiscalía de Delitos Económicos, a través de la fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.
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Además de Bertolini, la Fiscalía imputará a la subsecretaria de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada.
Según confirmaron desde el MPF, el objetivo de su pedido es formalizar la acusación contra las tres personas en el contexto de una investigación que inició en enero de 2026, luego de una denuncia presentada ante el organismo con dos ejes.
Por un lado, la investigación gira alrededor del decreto 646/25 del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025.
Luego se investigan supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de la subsecretaria de Hacienda.
Investigación
El 6 de febrero pasado el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, llevó adelante ocho allanamientos realizados en Plottier, Neuquén capital y Cipolletti, en el marco de esta investigación contra al intendente de Plottier.
Según había explicado Vignaroli, la causa se inició a partir de una denuncia presentada a mediados de enero por un particular, en la que se pusieron en conocimiento dos situaciones que, en principio, podrían configurar delitos contra la administración pública. A partir de ese planteo, la Fiscalía impulsó las medidas que derivaron en los allanamientos.
Cinco de los allanamientos se realizaron en Plottier, entre ellos en la sede del municipio, el área de Hacienda, el despacho del intendente y el domicilio particular de Bertolini. Además, hubo dos procedimientos en Neuquén capital y uno en la ciudad de Cipolletti. El objetivo central fue el secuestro de documentación y material fílmico para avanzar en la investigación.
Vignaroli había detallado que uno de los ejes de la causa está vinculado a un decreto firmado por el intendente, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a un grupo de contribuyentes del barrio privado Los Canales, durante el primer semestre de 2025. El fiscal sostuvo que esa medida podría constituir, en principio, un abuso de autoridad, ya que la Carta Orgánica de Plottier establece que el Concejo Deliberante es el único órgano habilitado para otorgar excepciones tributarias.
Además, remarcó que el decreto habría generado una aplicación desigual, ya que no todos los propietarios del mismo country recibieron el mismo beneficio, pese a encontrarse en idénticas condiciones.
Contrataciones irregulares
El segundo eje de la investigación tiene que ver con la contratación de una empresa privada para obras públicas. De acuerdo a la denuncia, existiría una negociación incompatible, ya que uno de los socios de la empresa Valco sería hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez. La Fiscalía confirmó que la empresa pertenece a dos personas, entre ellas López, hijo de la funcionaria, y que además no tendría CUIT habilitado.
En ese marco, Vignaroli había explicado que se detectaron contratos firmados a nombre de uno de los socios, Pedro Vilches, quien facturaba con la denominación Valco, lo que -según el fiscal- podría haber sido una maniobra para “dar apariencia de legalidad” y evitar una contratación directa con una persona vinculada a una funcionaria municipal. Parte de esa documentación fue hallada en el despacho del intendente.
Los delitos que se investigan son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque el fiscal aclaró que el alcance de la causa podría ampliarse a otros funcionarios que hayan intervenido o convalidado las decisiones.
