El intendente de Plottier, Luis Bertolini fue citado por la Justicia en el contexto de una causa por presunta defraudación y no atendió a la Policía cuando intentaron notificarlo en su domicilio, por lo que deberá presentarse este lunes 13 de abril, a las 11 horas, en la Ciudad Judicial de Neuquén.
El procedimiento se realizó en el barrio donde vive el intendente, Colonia San Francisco, donde efectivos de la Comisaría 7 acudieron con el oficio judicial Nº 206559/2026. Según indicaron fuentes policiales, no hubo respuesta desde el interior de la vivienda pese a que se constató la presencia de personas en el lugar, situación que generó una situación de tensión en el operativo.
La causa, lleva el expediente Nº 368027/2026 e investiga presuntas maniobras de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. En la audiencia prevista en la sala 15 del edificio de calle Leloir, la fiscalía formulará los cargos, propondrá medidas de coerción y fijará el control de la investigación.
De acuerdo con lo informado por fuentes vinculadas al procedimiento, Bertolini deberá presentarse de todas maneras, ya que la notificación también alcanza a su representación legal. El sistema judicial prevé mecanismos alternativos para garantizar la comparecencia de los imputados, aun cuando no se concrete la entrega personal del oficio en el domicilio.
En paralelo, el intendente difundió un mensaje público a través de redes sociales para dar su versión de los hechos y rechazar las acusaciones. En ese contexto, el intendente señaló que un informe de auditoría reciente analizó cerca de 180 expedientes y distintos procedimientos realizados en dependencias municipales y domicilios particulares.
En ese sentido, Bertolini afirmó: “Este informe en ningún momento habla ni convalida que se haya encontrado fraude a la administración pública”. La audiencia de formulación de cargos se realizará el lunes 13 de abril, a las 11 horas, en la sala 15 de la Ciudad Judicial de Neuquén, donde se definirán las medidas procesales correspondientes.
El intendente de Plottier enfrentará este lunes la formulación de cargos en una causa por presuntos delitos económicos. Aseguró que la denuncia carece de fundamentos y que su gestión actuó dentro de la legalidad.
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, se presentará este lunes 13 de abril a la audiencia de formulación de cargos en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos, mientras refuerza su defensa pública y niega cualquier tipo de irregularidad en su gestión.
La audiencia fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y fijada por la Oficina Judicial para las 11. En ese ámbito, la fiscalía expondrá los hechos que se investigan y formalizará la acusación contra el jefe comunal, la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez, y un empresario vinculado a una firma privada.
En la previa de la instancia judicial, Bertolini sostuvo que la causa “no tiene sustento” y remarcó que todas las actuaciones de su gestión se realizaron conforme a la normativa vigente. Según indicaron desde su entorno, el intendente se presentará con la intención de dar explicaciones y avanzar en el esclarecimiento del caso.
La investigación es llevada adelante por la fiscal Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y se inició en enero de 2026 tras una denuncia presentada ante el organismo.
Durante la audiencia, el MPF detallará los hechos atribuidos a los imputados y solicitará la apertura formal de la causa, en una instancia clave que marcará el rumbo del proceso judicial en curso.
En la municipalidad de Plottier no existe el expediente digital: la burocracia queda registrada en papel. Cuando la fiscalía de Delitos Económicos allanó la secretaría privada del intendente Luis Bertolini en una investigación de un posible fraude por 2.300 millones de pesos, y otras dependencias para buscar documentación, no encontraron los biblioratos en los que archivan ciertos papeles. Les dijeron que la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, se los había llevado a su casa. Recién aparecieron al día siguiente.
«Hay una manipulación muy extraña de los expedientes», dice el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli. «Por este y otros motivos vamos a pedir una medida de coerción» en la audiencia de formulación de cargos que realizarán el lunes contra el intendente Bertolini, la subsecretaria Ramírez, su hijo Mauricio López y Pedro Vilchez.
Estos últimos son dueños de Valco SRL, una empresa constituida durante la gestión del intendente y le facturan toda clase de servicios a la municipalidad de Plottier. «Hallamos 160 contratos por un monto global de 2.300 millones de pesos en el período 2024/25», dice Vignaroli.
–¿Qué medida de coerción van a pedir?
-Estamos estudiando a ver cuál sería, no quiero adelantarme porque la que se nos ocurre podría generar un conflicto de poderes, que sería que lo excluyan (al intendente de su cargo). Buscamos es una medida de coerción que haga que ellos dejen de tener influencia al menos en los trámites administrativos relacionados con Vilchez y López.
–Eso traerá un conflicto político en Plottier, ustedes lo saben…
-En la fiscalía investigamos hechos que tienen significancia política. En este caso hay resortes institucionales que contempla la carta orgánica de cómo tienen que actuar los concejales llegado el momento.
Luis Bertolini, intendente de Plottier. (Archivo/Matías Subat)
Entrevistado por diario RÍO NEGRO, Vignaroli indicó que los presuntos delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Denuncia de una ciudadana
Dijo que la investigación comenzó con la denuncia de “una ciudadana de Plottier” por dos presuntos hechos delictivos.
Por un lado, un decreto del intendente Bertolini que eximía por 6 meses del pago de una tasa a un grupo de propietarios del loteo Los Canales.
Por el otro, “nos dijo que habría algún tipo de favoritismo, connivencia en contratar distinto tipo de servicios, obras o provisión de cosas a una empresa, Valco. De acuerdo a información que le dieron, sería de Mauricio López, el hijo de la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez”.
“Lo primero que hacemos es verificar que Valcoefectivamente se constituyó unos meses antes de que asuma Bertolini como una SRL, y son socios al 50% cada uno, Mauricio López y Pedro Vilchez”.
No emite facturas
El fiscal jefe continuó: “según la página de la Arca, Valco, como persona jurídica SRL, no tenía CUIT activo, o sea, no está en condiciones de emitir ningún tipo de factura”.
“Pedimos al Arca información respecto de los socios y ahí empezamos a ver facturaciones de Vilchez como persona física a la municipalidad de Plotier”.
La fiscalía también detectó que “el 95% o más de la facturación de Vilchez era únicamente a la Municipalidad de Plottier”.
Esto motivó los allanamientos que Vignaroli calificó como “dificultosos” por la ausencia de expedientes y biblioratos.
El domicilio de la funcionaria
Hay un dato llamativo respecto de la subsecretaria de Hacienda, quien supuestamente se los había llevado a su casa: “todavía no podemos decir que sabemos dónde vive”, relató Vignaroli.
El 6 de febrero empezaron los allanamientos en la municipalidad. (Foto: Matías Subat)
En el legajo personal de Gladys Ramírez, que fue secuestrado, “no hay ninguna información personal de ella, sólo dos fotocopias de los documentos de los hijos”.
“Más allá de que está a derecho porque vino a la fiscalía y tiene abogado designado, si nosotros quisiéramos decir dónde vive se nos hace complicado, porque el domicilio que brinda es un estudio contable que ella tenía en Cipolletti”.
«Había que invitarlo, no importa lo que sea»
A partir de la información reunida, los investigadores detectaron que cada vez que el municipio necesitaba contratar un servicio o hacer una compra, invitaban a Pedro Vilchez a cotizar.
“El jefe de compras de la municipalidad nos dijo, en una entrevista testimonial, que Bertolini y Ramírez le dijeron que tenían que invitarlo a cotizar, no importa lo que sea”.
Otra empleada, con 13 años de antigüedad que participa como secretaria de actas en las aperturas de sobres, declaró a su vez que “Vilchez y Valco empezaron a ser contratados desde la asunción de Bertolini en esta gestión. Antes no eran proveedores”.
De cajas navideñas a barrido de calles
El empresario proveía todo tipo de servicios. Vignaroli enumeró: “había que comprar un aire acondicionado, lo invitaban y ganaba él; había que proveer cajas navideñas, lo invitaban y ganaba él; lo mismo con la provisión de matafuegos; medicación veterinaria y agua mineral”.
También lo contrataban si “había que pintar las esquinas de las calles; había que proveer reductores de velocidad o carteles de señalización”.
Ni la empresa ni Vilchez tenían empleados.
Cifras millonarias
“Encontramos dentro de un universo de 160 contratos con Vilchez y Altus, otra de sus empresas, que el monto global son 2.300 millones de pesos”, todo dentro del período 2024/2025.
De esos 160 contratos, diez están relacionados con algún tipo de obra, por ejemplo pintar esquinas, limpiar calles, refaccionar una oficina y demás.
El resto es prestación de servicio, como por ejemplo barrer la calle, o compra de objetos.
La comparación
Añadió el fiscal jefe que “encontramos únicamente 68 remitos, que estaban puestos entre los de otros proveedores. A diferencia del grupo Valco, los otros siempre hacían referencia a la orden de compra o al expediente en el cual se procesó la compra del bien que están entregando. O sea, ese remito tiene trazabilidad”.
“En cambio los remitos del Grupo Valco son típicos de un talonario, hecho a mano, donde decía por ejemplo, ‘un aire acondicionado, marca tal’, nada más. A veces no tenía ni fecha, no decía municipalidad de Plottier, tal dirección, nada”.
Por qué no figura López
Vignaroli consideró que el vínculo entre Vilchez y López está probado. El primero realizó transferencias al segundo por 57 millones de pesos desde la misma cuenta en la cual recibía los pagos de la municipalidad. Además López “usó durante más de un año una extensión de la tarjeta de crédito de Vilchez”. A su vez, éste le facturaba al empresario por servicios de asesoramiento.
“Nosotros entendemos que la municipalidad no contrataba con López porque era hijo de la subsecretaria de Hacienda, y ponían a Vilchez para que no surgiera esta relación”, señaló Vignaroli.
En cuanto al presunto pago de sobreprecios, sñelaó que “en algunos casos sí, en otros no sabemos. El ejemplo más claro es el de unos aire acondicionados. Piden la compra de tres, creo que la evaluación aportada por el organismo que los solicita eran de 3 millones más o menos cada uno y lo terminan contratando a Vilchez para que los provea por treinta y pico millones de pesos”.
El descargo
El descargo
Ayer a la tarde, Bertolini hizo circular un parte de prensa en el que asegura que el fiscal “busca impresionar” con la cifra de 2.300 millones, pero “no tiene pruebas” del supuesto fraude.
Defiende a Vilchez quien ganó tantas contrataciones “porque presentó la mejor oferta”. Y afirma que toda la documentación está a la vista. “Si hubiera habido una caja azul, esa documentación no existiría”, en alusión a la causa Planes Sociales, donde hay 19 personas condenadas.
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, respondió públicamente a la acusación que el Ministerio Público Fiscal presentará en su contra por una presunta maniobra de fraude por 2.300 millones de pesos, y aseguró que el informe contable no aporta pruebas del delito.
La definición del jefe comunal se conoció a través de un extenso comunicado, en la antesala de la audiencia de formulación de cargos prevista para el lunes, donde la fiscalía expondrá su teoría del caso.
“Lo que encontramos no es la prueba de un fraude: es la prueba de que el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió”, afirmó Bertolini, en una frase que sintetiza su postura frente a la investigación.
Cuestionamientos al informe contable
El intendente basó su defensa en el contenido del informe elaborado por una contadora que intervino en la causa. Según señaló, en ese documento se aclara que no se realiza una valoración sobre la legalidad o conveniencia de las contrataciones.
En ese sentido, cuestionó el uso del monto total de las operaciones como argumento central. “El fiscal quiere impresionar con el número, pero ningún número es un delito por sí solo”, sostuvo.
Bertolini también remarcó que las contrataciones observadas se realizaron mediante licitaciones privadas y concursos de precios, lo que implicó la participación de distintos proveedores.
“Hubo competencia y el proveedor señalado ganó porque presentó la mejor oferta”, aseguró, al rechazar que ese procedimiento constituya una irregularidad.
La acusación y la defensa del municipio
La fiscalía investiga una presunta maniobra que involucraría contrataciones con un proveedor vinculado a un entorno cercano a funcionarios municipales.
Frente a esto, el intendente afirmó que todas las operaciones se realizaron dentro del circuito administrativo formal. Detalló que se trata de 160 expedientes con decretos, órdenes de pago y facturación, correspondientes a servicios como limpieza, mantenimiento, obras e insumos.
“Todo está documentado y a disposición de los organismos de control”, indicó, al mencionar al Tribunal de Cuentas y al Concejo Deliberante.
En ese marco, Bertolini planteó que la situación responde a la actividad habitual de un municipio en crecimiento y descartó la existencia de mecanismos irregulares. “Si hubiera habido una maniobra ilegal, esa documentación no existiría”, afirmó.
El intendente Luis Bertolini hizo su descargo mediante un extenso parte de prensa en el cual se refiere al resultado del informe contable que presentará el Ministerio Público Fiscal en su contra el lunes, en la audiencia de formulación de cargos.
En esa oportunidad lo acusará de una presunta maniobra por 2.300 millones de pesos mediante favoritismos con un proveedor, Pedro Vilchez, socio del hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio.
En un juego de palabras, Bertolini asegura que en el informe contable “lo que encontramos no es la prueba de un fraude: es la prueba de que el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió”.
Se basa en que, como es de forma, la contadora que hizo el informe para el fiscal “escribió, en la página 12 de su propio informe, que su trabajo no implica ninguna valoración sobre si las contrataciones fueron legales, razonables o convenientes”.
“El fiscal quiere impresionar y decir: 2.300 millones de pesos. Es un número que está diseñado para impresionar pero ningún número es un delito por sí solo”.
El mismo informe confirma que varias contrataciones se hicieron con licitación privada y concurso de precios. Es decir, continúa Bertolini, “con competencia, con otros proveedores que pudieron ofertar, y Pedro Vilchez ganó porque presentó la mejor oferta. ¿Eso es un delito? ¿Ganar una licitación es un fraude? El fiscal tendrá que explicarlo”.
“La verdad es más simple y más aburrida que el relato del fiscal: Plottier es un municipio en crecimiento que contrató servicios de limpieza, mantenimiento, obras de infraestructura y provisión de materiales durante dos años”, que son los que lleva de mandato.
“Ciento sesenta expedientes, todos con decreto firmado, todos con orden de pago, todos con factura. Todo dentro del circuito administrativo formal, a la vista de cualquier auditor, del tribunal de cuentas y del propio Concejo Deliberante. Si hubiera habido una caja azul, esa documentación no existiría”, dice en alusión a la estafa con planes sociales.
A dos días de la audiencia de formulación de cargos, el intendente de Plottier, Luis Bertolini, emitió un comunicado a los vecinos de su ciudad para aclarar su situación legal. Dijo que, tras recibir un informe del Ministerio Público Fiscal (MPF), entiende que el fiscal no cuenta con pruebas que lo vinculen a una administración fraudulenta.
,
“El 10-03-2026, llamativamente a solo dos días de la audiencia, recibimos el informe contable que el MPF va a presentar el lunes en la audiencia. Lo leímos con atención y lo que encontramos no es la prueba de un fraude. Es la prueba de que el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió ”, sostuvo Bertolini a través de un comunicado.
,
Según el jefe comunal, la contadora que hizo el informe para el fiscal detalló, en la página 12 de su propio informe, “que su trabajo no implica ninguna valoración sobre si las contrataciones fueron legales, razonables o convenientes”.
,
Bertolini insiste en que fue la misma contadora quien “aclaró que contó, cuánto se pagó, pero no analizó si estuvo bien pagado. Esa diferencia es todo”.
Cuestionamientos al fiscal
“El fiscal (Pablo Vignaroli) quiere impresionar y decir: dos mil trescientos millones de pesos. Es un número que impresiona. Está diseñado para impresionar”, destacó el intendente e indicó que “lo que hace que un número sea un delito es demostrar que ese dinero se pagó de más, o que se pagó por servicios que no se prestaron, o que hubo una maniobra para robarlo”.
Cuestionó que esta situación no se observa en el informe “porque nadie lo analizó”. Aseguró que no hay comparación de precios de mercado. Y se preguntó: ¿dónde están los sobreprecios que denuncio en los medios?
Añadió que “en ningún lugar del informe contable aparece que el municipio le haya contratado, ni transferidos fondos a Valco Soluciones SRL (la empresa vinculada al hijo de Gladys Ramírez)”.
Bertolini cerró: “Fui elegido por el 57 por ciento de los vecinos de Plottier. Esa confianza no se revoca con un número grande en una pericia que su propia auditoria del poder judicial aclaró que no prueba nada ilegal. Se revoca con pruebas”.
Por qué se lo investiga
La Oficina Judicial informó al MPF que la fecha fijada para la audiencia de formulación de cargos del intendente de Plottier y de otras dos personas será el próximo lunes 13 de abril a las 11 de la mañana. El objetivo del MPF es formular cargos al intendente Luis Bertolini, a la subsecretaria de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada. El requerimiento lo efectuó la fiscal del caso, Rocío Rivero, de la fiscalía de Delitos Económicos, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.
En la audiencia se formalizará la acusación contra las tres personas en el contexto de una investigación iniciada en enero de 2026, luego de una denuncia presentada ante el organismo.
En esa denuncia se pudieron en duda dos cuestiones: el dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.
La vecina, que radicó la denuncia contra el intendente, fue quien aportó datos sobre la contratación de parte de la Municipalidad de Plottier a una empresa privada, que el dueño sería un hijo de la subsecretaría de Hacienda, para que lleve adelante obras.
Los delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Vignaroli informó en su momento que habían secuestrado 180 expedientes en los que trabajaban para finalmente fijar la imputación.
El intendente de Plottier, Arq. Luis Bertolini, difundió un comunicado oficial en el que aseguró que no existen pruebas de fraude en la Municipalidad, en base al informe elaborado por una perito contable del Ministerio Público Fiscal.
Según se indicó, el análisis incluyó 185 expedientes secuestrados durante 20 allanamientos y concluyó que “no se han encontrado elementos que acrediten la existencia de una administración fraudulenta”. Desde el Ejecutivo destacaron que se trató de un trabajo “minucioso y detallado”, que aporta claridad a la investigación.
En paralelo, en un comunicado difundido en redes sociales, el municipio cuestionó con dureza la interpretación de la causa. “Lo que encontramos no es la prueba de un fraude: es la prueba de que el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió”, afirmaron.
Además, remarcaron que la perito contable dejó en claro que su informe no evaluó si las contrataciones fueron legales, razonables o convenientes, sino que se limitó a relevar información. “Contó cuánto se pagó, pero no analizó si estuvo bien pagado”, señalaron.
El texto también apunta al impacto de las cifras mencionadas en la causa: “Dos mil trescientos millones de pesos es un número que impresiona. Pero ningún número es un delito por sí solo”, indicaron, al tiempo que sostuvieron que no hay pruebas de sobreprecios, servicios no prestados ni maniobras de desvío de fondos.
En ese sentido, explicaron que varias contrataciones se realizaron mediante licitación privada o concursos de precios, es decir, con competencia entre proveedores. “¿Ganar una licitación es un fraude? El fiscal tendrá que explicarlo”, cuestionaron.
Asimismo, el comunicado detalla que los expedientes cuentan con decretos firmados, órdenes de pago y facturación dentro del circuito administrativo formal. “Si hubiera habido una caja azul, esa documentación no existiría. Existe porque no había nada que esconder”, remarcaron.
También se señala que el informe no incluye comparaciones de precios de mercado ni identifica irregularidades concretas en los expedientes. Incluso menciona que las contrataciones se realizaron mediante mecanismos habituales como licitación privada, concursos de precios y contrataciones directas.
Por último, desde el municipio indicaron que, en el peor de los casos, podría tratarse de diferencias administrativas con respuesta jurídica, pero no de un delito penal. “Esta confianza no se revoca con un número grande en una pericia que su propia auditoría del Poder Judicial aclaró que no prueba nada ilegal. Se revoca con pruebas”, concluyeron.
Cabe recordar que el lunes 13 de abril de 2026, a las 11:00, se realizará la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, por presunta administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes. Esta instancia judicial, solicitada por la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén, podría derivar en su suspensión.
El Concejo Deliberante de Plottier rechazó el veto del intendente Luis Bertolini y dejó firme la ordenanza que suspende el sistema de fotomultas, en medio de un clima político marcado por tensiones y cuestionamientos.
Durante una entrevista en el programa Entre líneas por AM Cumbre 1400, el concejal Rodrigo Ramos explicó los fundamentos de la decisión y las irregularidades detectadas en la implementación del sistema.
En diálogo con los periodistas, sostuvo que la medida se tomó debido a múltiples inconsistencias, entre ellas la falta de información, problemas en la contratación del servicio y mecanismos de notificación que no se ajustaban a los canales oficiales.
Según indicó, las infracciones eran notificadas a través de un número de WhatsApp no institucional, lo que generó dudas sobre la validez del procedimiento.
Multas bajo revisión
El concejal explicó que, de avanzar la promulgación de la ordenanza, las multas emitidas quedarían sin efecto, aunque aclaró que aún resta su publicación en el Boletín Oficial para que tenga plena vigencia.
En ese sentido, cuestionó demoras del Ejecutivo municipal en la publicación de normas, lo que dificulta la aplicación efectiva de las decisiones del Concejo.
Falta de controles
Ramos remarcó que el problema no radica en los controles de tránsito, sino en la forma en que se implementó el sistema.
Señaló que la ciudad presenta deficiencias en infraestructura vial, como falta de señalización y semáforos sin sincronización, lo que, según su visión, impide exigir el cumplimiento de normas de manera adecuada.
[]https://www.youtube.com/watch?v=40HzNsyxxa0[/]
Recaudación en la mira
Uno de los puntos más cuestionados fue el nivel de recaudación generado por el sistema.
El edil indicó que en una sola intersección se registraron más de 30 infracciones en una hora, lo que representa montos significativos.
Además, advirtió que la empresa a cargo del sistema percibía el 60 % de lo recaudado, mientras que el municipio recibía el 40 %, sin que exista información clara sobre el destino de esos fondos.
Escenario político abierto
En paralelo, el concejal se refirió a la situación institucional y evitó profundizar sobre posibles consecuencias judiciales para el intendente, al señalar que se debe esperar el avance de la justicia.
El rechazo al veto y la suspensión del sistema de fotomultas reconfiguran así el escenario político local, en un contexto donde el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo atraviesa un momento de tensión.
La entrevista
Rodrigo Ramos, concejal de Plottier, habló sobre el rechazo al veto del intendente Luis Bertolini y la suspensión del sistema de fotomultas en la ciudad.
—Pregunta: ¿Qué decidió el Concejo Deliberante? —Respuesta: Rechazamos el veto del intendente y quedó firme la suspensión del sistema de fotomultas.
—Pregunta: ¿Por qué tomaron esa decisión? —Respuesta: Porque el sistema no fue correctamente implementado.
—Pregunta: ¿Qué irregularidades detectaron? —Respuesta: Falta de información, problemas en la contratación y notificaciones fuera de canales oficiales.
—Pregunta: ¿Cómo se notificaban las multas? —Respuesta: A través de un número de WhatsApp que no es institucional.
—Pregunta: ¿Qué pasa ahora con las multas emitidas? —Respuesta: Quedarían sin efecto, aunque falta la promulgación en el Boletín Oficial.
—Pregunta: ¿Qué debe hacer el Ejecutivo? —Respuesta: Publicar la ordenanza para que tenga vigencia.
—Pregunta: ¿Qué opinan del contexto político? —Respuesta: Preferimos ser cautos y esperar lo que determine la justicia.
—Pregunta: ¿Puede haber consecuencias para el intendente? —Respuesta: Dependerá de la formulación de cargos y lo que avance judicialmente.
—Pregunta: ¿Qué impacto tenía el sistema? —Respuesta: Muy alto, con cifras importantes de recaudación en poco tiempo.
—Pregunta: ¿Qué cuestionan puntualmente? —Respuesta: La falta de transparencia en el manejo de los fondos.
El nombre de la persona que asuma la secretaría de Turismo de Río Negro, bajo la cartera de Carlos Banacloy, está definido y es de Bariloche. El anuncio oficial lo hará el gobernador junto al ministro en diez días en la propia ciudad andina, cuando llegue la comitiva oficial por un encuentro con el CFI por nuevos convenios. Así se dará fin a una larga vacancia que data de septiembre de 2024.
Procesos sindicales de “renovaciones”, sin novedades
Se suceden los procesos electorales en los gremios, sin novedades. UPCN cumplió, el jueves, su elección, con una única lista y acusó la asistencia de un 60% de sus afiliados para ratificar la continuidad en la conducción de Juan Carlos Scalesi, computando nueve mandatos . Serán 36 años al finalizar en el 2030. Además, finalizó el plazo para presentar listas de autoridades en el Sindicato de Trabajadores de Saneamiento de Río Negro (Si.T.Sa), que mayormente comprende al personal de ARSA. La única lista está encabezada por la secretaria general, Cristina Marcelini. El trámite de votación será el 10 de abril y la reasunción será el 24, abriendo su quinto mandato.Aún así, Marcelini promete una “renovación dirigencial, que incluya la incorporación de nuevas generaciones”.
La Pascua pone reflexiva a Lorena
.La Pascua fue un momento especial para la diputada Lorena Villaverde que con un video íntimo desde la costa de un lago cordillerano invitó a sus seguidores a vivir ese momento con “reflexión”. “Que el amor sea más fuerte, que la esperanza no se negocie y que nunca dejemos de levantarnos”, propuso.
La exintendenta vuelve al ruedo
María Eugenia Martini (PJ) se liberó de la causa Techo Digno tras diez años de transitar los pasillos de tribunales y luego de un silencio prudencial, retomó tímidamente la exposición pública en estos días. En el ámbito laboral, siempre cercana al roquense Martín Soria, se sumó al plantel de asesores en el Senado.
Hospital de Cipolletti y otra designación
La dirección del hospital de Cipolletti conforma un desafío permanente para la gestión provincial. La última renuncia correspondió a la del viceministro Sergio Wisky, que cumplía un interinato pero se fue del equipo de Salud. Parece que finalmente existiría el profesional para la conducción del hospital cipoleño: el kinesiologo Miguel Colón.
Apelación presentada en el STJ por la banca
Primero Río Negro apeló en el STJ el fallo del juez electoral Carlos Da Silva e insistió en recuperar la banca de Cesar Domínguez, que fue electo por esa fuerza y, luego, se paso a LLA. El escrito lo formalizó el apoderado Héctor Muñoz y reiteró que la “Justicia Electoral no debe intervenir en la vida interna de los partidos políticos”.
NEUQUÉN
Cavi qué… un gringo en el paraíso
Brendan del Mundo anduvo por Caviahue y quedó flasheado con el azul del lago y la majestuosidad de los milenarios pehuenes. Trepaba la montaña con una alegría total al grito de “Cavi-guei”, mientras los subtítulos hacían magia para salvar la pronunciación. Lo hacía agitado mientras trepaba las rocas y se maravillaba con un palito de selfie mientras filmaba. El influencer yanqui se sintió un neuquino más entre tanta araucaria y basalto, aunque al nombre del pueblo todavía le falte un poco de horno. ¡Un gringo suelto en el paraíso que cambió el Fernet por el aire puro del volcán! Ojo, de nieve ni noticias todavía, pero con ese paisaje seco y radiante igual se llevó el corazón lleno. ¡Un auténtico todoterreno en tierras de Copahue!.
La dulce tentación en Sauzal Bonito
Aniversario 37 de Sauzal Bonito. El ministro Jorge Tobares, Gustavo Romer e intendentes miraban la mesa dulce con más respeto que a la coparticipación. Una bomba de azúcar que no era apta para diabéticos ni para cuidar la silueta. ¡Si probaban todo, volvían a Neuquén flotando de tanta glucosa!.
Pasión por las piedras
El exgobernador Jorge Sapag recordó que en 2007 fue a Canadá por dólares y volvió con una clase de geología. Con su herencia minera de baritina y bentonita, le puso el ojo a la piedra y apostó al no convencional. Si no era por ese “amor a las rocas”, hoy en Neuquén estaríamos cerrando Loma La Lata.
Billetera cerrada y un pedido político
Nada persona con Luis Bertolini, pero la abogada Liliana Verónica Peral metió un juicio político contra el intendente de Plottier y ya avisó que no quiere garparle más el sueldo, así directa. Entre fotomultas y allanamientos, dice que si siguen así, hasta los perros van a tener infracción. Plottier ya tiene más causas que vecinos, un límite te pido.
Entre el brillo mundano y el frío local
Cervi se muestra muy activo en el Senado buscando inversiones con referentes de Estados Unidos, pero en el plano local la historia es otra. Parece pesarle que, tras sus giras internacionales, Rolando Figueroa no lo incluya en el armado principal ni le brinde el saludo esperado. ¡Mucho roce exterior, pero con la escena local un poco esquiva!.
Aire familiar en las alturas de Huinganco
Rolando Figueroa pasó por el taller de Alejandro Santana para ver el nuevo Sagrado Corazón de Jesús que irá a un cerro de Huinganco. La obra es imponente, aunque para algunos tiene un aire muy familiar. Siendo el mismo autor del Vía Christi de Junín de los Andes, parece que el escultor aplicó la de “si la fórmula funciona, no se toca”.
La crisis política en Plottier sumó un nuevo capítulo con la decisión del Concejo Deliberante de suspender el sistema de fotomultas, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y el avance de un pedido de juicio político contra el intendente Luis Bertolini.
El concejal Carlos Ponce confirmó en AM Cumbre 1400 que la ordenanza fue ratificada por unanimidad, lo que deja sin efecto el sistema desde ahora: “A partir de hoy está suspendido todo el trámite de fotomulta”. Además, aclaró que ya no existe posibilidad de un nuevo veto por parte del Ejecutivo.
La medida busca poner claridad en un esquema que, según los ediles, presentaba múltiples irregularidades. “El sistema de fotomulta no pasó por este Concejo Deliberante”, señaló el concejal. También advirtió que la falta de información fue un factor determinante en la decisión al tiempo que indicó que los datos recibidos posteriormente confirmaron “un montón de vicios” en la implementación.
En paralelo, el conflicto institucional se profundiza con el avance del pedido de juicio político contra el intendente, que ya tomó estado parlamentario y comenzará a tratarse en comisión. El proceso incluye la conformación de salas acusadoras y una comisión investigadora que deberá analizar las denuncias en un plazo determinado.
Ponce describió un escenario complejo en la ciudad y no esquivó el diagnóstico sobre la gestión. “La ciudad tiene un desorden básico que tiene que ver con los servicios fundamentales”, afirmó, al mencionar problemas en áreas clave como el estado de las calles y la recolección de residuos.
Además, planteó que la situación actual requiere un abordaje institucional cuidadoso y respetuoso de los procesos legales. “Creo en la justicia y hay que darle lugar a la justicia”, expresó, en referencia a las investigaciones en curso y al rol que deberá asumir el Concejo en los próximos días.
