Autor: Ministerio Público Fiscal

Lo declaran responsable por lesiones, amenazas y privación de la libertad

19-02-2025

Neuquén – Por pedido de la fiscal del caso Silvia Moreira, un tribunal colegiado declaró a Alfredo Marcos Alberto Obreque, responsable por lesionar, amenazar y encerrar a un adolescente que fue a una vivienda a comprar drogas, en la ciudad de Neuquén.

La teoría del caso que acreditó el MPF tras el debate es que el hecho fue cometido el 8 de abril de 2024, entre las 20:30 y 22:00. La víctima, un adolescente menor de edad, fue hacia una casa ubicada en el barrio Cuenca XV a comprar drogas. Allí permaneció junto a otras personas que estaban en el lugar: Obreque, el dueño de casa y dos jóvenes, con quienes compartió bebidas alcohólicas.

Cuando intentó irse de la vivienda, alrededor de las 21, el dueño de casa lo golpeó en la cabeza y lo amenazó con un arma de fuego. Luego, se sumaron el imputado junto a los otros jóvenes, quienes lo golpearon con palos y otros objetos. Posteriormente, lo llevaron hacia una especie de canil que había en la vivienda, con cuatro perros raza dogo, a los que azuzaron para que lo ataquen. 

La víctima “fue sujetada de las muñecas, a una malla sima que estaba al costado del portón de ingreso de la casa”, detalló la fiscal del caso y así fue encontrado por efectivos policiales que acudieron al lugar tras el llamado de vecinos.

El caso fue juzgado por un tribunal colegiado integrado por la jueza Estefanía Sauli y los jueces Marco Lupica Cristo y Juan Guaita. Los magistrados declararon a Obreque penalmente responsable, por unanimidad, y por los delitos de lesiones leves, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, en carácter de coautor y en concurso real.

Durante el juicio la fiscal Moreira también le atribuyó al acusado haber efectuado varias detonaciones con un arma de fuego, hacia el suelo y con la intención de amedrentar al adolescente, pero sin herirlo. Por ello le había atribuido el delito de abuso de armas, pero el tribunal, por este delito, lo absolvió por el beneficio de la duda.

Tras la decisión adoptada por los jueces, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la realización del juicio de cesura, audiencia en la que se determinará la pena que le corresponde cumplir al ahora condenado.

En el caso de las otras personas involucradas en el hecho, el dueño de casa ya fue condenado luego de reconocer su participación y aceptar su responsabilidad; mientras que los dos jóvenes quedaron bajo investigación en el ámbito de la fiscalía de Delitos Juveniles por ser menores de edad.

Condenan a un varón que citó por Facebook a una mujer y la abusó

19-02-2025

Neuquén- Por unanimidad, un tribunal de dos jueces y una jueza hizo lugar a la acusación del MPF y declaró responsable a Ángel Humberto Llanquín por abusar sexualmente de una joven a la que había contactado por redes sociales.

El juicio se desarrolló la semana pasada, con la imputación a cargo de la fiscal del caso Eugenia Titanti y del asistente letrado Bruno Miciullo, quienes además del abuso, habían distinguido como un hecho independiente las circunstancias mediante las que el condenado retuvo a la joven para cometer el abuso. El tribunal se apartó de esa interpretación y, en el veredicto que comunicó durante una audiencia desarrollada el lunes, resolvió absolverlo por el delito de rapto.

“Consideramos como prueba central el relato de la víctima, que señaló el cuándo, el cómo, las circunstancias y el lugar del suceso”, informó el juez Cristian Piana. Lógicamente, a partir de precedentes del Tribunal Superior de Justicia, la única declaración no es suficiente para declarar responsabilidad, pero el resto de los elementos aportados, corroboran la versión y entiende el tribunal que son de entidad y categóricos”, precisó.

El hecho ocurrió el 8 de junio de 2024, entre las 8 y las 17, plazo durante el que el imputado ejerció violencia sobre la víctima y la abusó sexualmente, en una vivienda del barrio Cordón Colón de la ciudad de Neuquén.

Durante el juicio, la fiscal Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo probaron que Llanquín cometió el abuso sexual luego de contactar a la víctima a través de la red social Facebook y de pactar un encuentro en una plaza. Fue en ese marco que acordaron ir a la casa del condenado, donde compartieron bebidas y droga. Luego, la joven pidió irse, pero Llanquín le dijo que si quería salir, tenían que tener relaciones sexuales. Titanti destacó que la joven accedió, “sin haber podido consentir libremente esa acción”, pero que reiteró el pedido. Cómo respuesta, “el imputado se ofuscó y comenzó a golpearla”. “Se valió incluso de un taco de pool que había en la casa y que se rompió durante la agresión”, añadió durante el alegato de apertura en la audiencia de hoy, y precisó que el imputado continuó con el ataque. Para lograr irse del lugar, la mujer simuló estar de acuerdo con lo que había pasado y así, cerca de las 17, A.H.L accedió a llevarla a su casa. En el trayecto, la víctima advirtió a familiares lo que le había ocurrido.

Titanti y Miciullo pidieron al tribunal que la declaración de responsabilidad fuera por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con rapto (artículos 119, tercer párrafo; 130; 55 y 45 del Código Penal).

Por unanimidad, el tribunal, integrado por los jueces Cristian Piana y Andrés Repetto, junto a la jueza Carina Álvarez, resolvió declarar la responsabilidad por los delitos contra la integridad sexual, porque no se trataba de hechos que se pudieran “escindir”.

El monto de la pena se resolverá en una nueva audiencia, con fecha a fijar por la oficina judicial, en la que las partes presentarán sus pretensiones.

Formulan cargos por caso de abuso sexual e imponen medidas

18-02-2025

Neuquén– En una audiencia de formulación de cargos realizada hoy, la asistente letrada Cecilia Sabatte acusó a un varón por haber abusado sexualmente de una niña perteneciente a su entorno familiar.

Se trata de G.E.W, imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia, en calidad de autor (artículo 119, segundo párrafo y tercer párrafo, inciso b y f; y 45 del Código Penal).

De acuerdo a la teoría del caso que se investiga, los hechos se cometieron en distintas oportunidades, en el periodo comprendido entre 2011 y 2021 , en dos viviendas familiares ubicadas en Neuquén.

El imputado cometía los abusos aprovechando que la víctima se encontraba a su cuidado; y en el año 2021, producto de los abusos, cuando ya era una adolescente, quedó embarazada.

Para lograr su objetivo, G.E.W amenazaba a la víctima con hacerle daño a ella o a un familiar si refería algo en relación a los abusos.

Durante la audiencia la representante de la fiscalía requirió que se imponga la prohibición de acercamiento hacia la víctima y su familia, por el plazo de cuatro meses.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Cristian Piana dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Asimismo avaló las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. 

Cobro de la tasa vial: «El marco constitucional no fue alterado»

18-02-2025

Neuquén – El fiscal general José Gerez propuso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazar la acción de inconstitucionalidad contra el cobro de la “tasa vial” que implementó la municipalidad de San Martín de los Andes, y que fue impulsada desde diversas asociaciones de la ciudad.

La resolución la tomó hoy, mediante un dictamen en el que evaluó la cuestión de fondo, y en el que señaló que el cobro de la tasa aprobada mediante la ordenanza 14.591 en febrero del año pasado, “no exhibe una incompatibilidad constitucional que lleve a invalidarla…”. Esto, en el contexto de una acción declarativa de inconstitucionalidad como la que impulsaron la  Asociación Hotelera Gastronómica, la Cámara Inmobiliaria, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, que es una vía procesal prevista en la Constitución Provincial.

Gerez sostuvo que “el objeto central es el control de coherencia de normas de alcance general emanadas de algunos de los poderes públicos del Estado, en este caso municipal, con el ordenamiento constitucional provincial”. Porque el tipo de acción impulsada por las asociaciones, “alcanza exclusivamente al confronte de las normas impugnadas con la Constitución Provincial y no habilita que se analice con fines abrogatorios si la ordenanza puesta en crisis es contraria a leyes nacionales, ni siquiera a la Constitución Nacional…”. Esto porque, en la vía procesal elegida por las asociaciones, el análisis que se efectúa es general sobre el contenido de la ordenanza, y no se evalúa su aplicación a algún caso concreto.

El fiscal general destacó que “de acuerdo con los principios constitucionales de legalidad, igualdad, finalidad y razonabilidad, interpreto que los tributos creadas por el órgano municipal competente para ello no exhiben una incompatibilidad constitucional que lleve a invalidarlas con los efectos de una acción declarativa de inconstitucionalidad como la aquí propuesta, sin perjuicio de los cuestionamientos o agravios que pudieran analizarse bajo otro tipo de control de constitucionalidad a la luz de un caso en concreto”.

Añadió que, en tal sentido, “encuentro que el tributo municipal aparece justificado en el interés público que para la comuna reporta el transporte urbano de personas, frente a las claras consecuencias generadas por las quitas de subsidios desde Nación”.

La “tasa vial” fue creada en febrero pasado mediante la Ordenanza 14.591, por un plazo de 24 meses y sobre un escenario de declaración de “Emergencia Vial y de Transporte Público de Pasajeros”, con el objeto de “generar y aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas frente a la crisis económica y social actual para contar con una red vial que asegure la sustentabilidad del sistema, la movilidad y el tránsito urbano en condiciones de generalidad, regularidad, y que se garantice la accesibilidad de los usuarios al transporte público de pasajeros”.

Gerez planteó que “no puede soslayarse como punto de partida para el análisis que cabe realizar sobre las atribuciones tributarias municipales, por la subsistencia misma de dichos entes locales, que deben contar con auténtica autonomía económica–financiera, para poder hablar de verdadera autonomía municipal”. Añadió que “puesto que, sin tesoro municipal en condiciones de atender los requerimientos básicos que la sociedad local reclama, tampoco se puede hablar de real autonomía en ese ámbito del gobierno local”. Asimismo, mencionó que “no escapa a este Ministerio Público Fiscal que en la cuestión subyace una temática delicada y jurídicamente compleja, de la que mucho se ha escrito en los últimos años, por la importancia y necesidad de los recursos económicos para la propia subsistencia de los municipios y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, primer eslabón de la democracia y ámbito político más cercano e inmediato para los ciudadanos beneficiarios de los servicios que presta”.

Sobre este escenario, el fiscal general propuso al TSJ rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad impulsada por las diversas asociaciones de San Martín de los Andes, “en el convencimiento de que en el caso el marco constitucional no ha sido alterado”.