Autor: Ministerio Público Fiscal

  • Por unanimidad, declaran responsabilidad penal por caso de abuso sexual

    Por unanimidad, declaran responsabilidad penal por caso de abuso sexual

    Por unanimidad, declaran responsabilidad penal por caso de abuso sexual

     

    12-03-2025

     

    Neuquén– Por pedido del fiscal del caso Adrián De Lillo y del funcionario de la fiscalía Gustavo Vázquez, un tribunal colegiado declaró penalmente a un varón, por haber abusado sexualmente de una niña perteneciente a su entorno familiar.

     

    En el juicio que finalizó el viernes, De Lillo indicó que los hechos se reiteraron y perpetuaron en el tiempo. Afirmó que “la víctima relató sin contradicciones, sin inconsistencia, y expuso la sistemática violencia que padeció a lo largo de los años. “Relató cómo el acusado, dentro de ese periodo de tiempo, mantenía un control sobre la misma. La aislaba y aprovechaba los momentos en que se encontraba a solas para cometer los abusos bajo amenazas “, sostuvo.

     

    Asimismo sostuvo que se fueron naturalizando los actos sexuales y de violencia. Agregó que E.L.V se mostraba como un referente en todos los ámbitos, logrando perpetuar la dependencia; indicándole que sí ella hablaba iba a ser la responsable de la separación de la familia.

     

    El tribunal, integrado por la jueza Carolina González y por los jueces Nazareno Eulogio y Juan Balderrama, dio a conocer su resolución ayer al mediodía. E.L.V fue declarado responsable por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años, y por la convivencia preexistente, en carácter de delito continuado (artículos 119 y 45 del Código Penal)

     

    Entre sus argumentos, el tribunal expresó: “vimos un relato con coherencia, con un nivel de precisión, con claridad de episodios completos”. Agregó, que en los abusos sexuales crónicos, cuando empiezan en la infancia, “la víctima tiene temor, culpa y vergüenza que le impide hablar; no hubo signos de que nos haga pensar que el relato fue inducido”, rechazando de esta manera el planteo de la defensa de que la denuncia no fue espontánea.

     

    Los jueces y las juezas señalaron que “el actuar del acusado constituye un solo plan; un acto reiterado, afectando el mismo bien jurídico, que es la integridad sexual”, en lugar de los tres actos que planteó el Ministerio Público Fiscal.

     

    Asimismo, los magistrados afirmaron coincidir con la postura de la fiscalía, en cuanto a que el acusado siempre “aprovechó que la víctima no podía consistir libremente el acto, aprovechando su vulnerabilidad”.

     

    La pena que deberá cumplir se definirá en los próximos días.

     

    Al finalizar la resolución, el fiscal solicitó que se extienda la detención domiciliaria por el plazo de tres meses. En este aspecto, los magistrados hicieron lugar al pedido, y el acusado seguirá detenido.

     

    El juicio se desarrolló durante 3 días.

     

    Los hechos

     

    De acuerdo con la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal el imputado cometió los abusos sexuales en fechas indeterminadas, pero que aproximadamente transcurrieron desde marzo de 2010 hasta el 2 de febrero de 2024, en una vivienda familiar ubicada en la ciudad de Villa La Angostura.

     

    A partir de la intervención de un familiar, al advertir conductas extrañas, fue que la víctima se animó a denunciar los hechos.

     

     

     

  • Acusado por atacar una casa y herir a tres niños quedó detenido con preventiva

    Acusado por atacar una casa y herir a tres niños quedó detenido con preventiva

    Acusado por atacar una casa y herir a tres niños quedó detenido con preventiva

     

    11-03-2025

     

    Neuquén – El fiscal del caso Andrés Azar formuló cargos a un varón por atacar a balazos una casa y herir a tres niños que estaban en el interior, en la ciudad de Neuquén.

     

    La acusación la realizó hoy pasado el mediodía, durante una audiencia en la Ciudad Judicial en la que pidió que el imputado, B.E.Y, permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

     

    De acuerdo a la información provisoria recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido ayer pasada la medianoche, alrededor de las 0.50. El acusado, junto a otras tres personas, fue en auto Renault Fluence hacia el barrio conocido como toma La Familia, y disparó desde el interior del rodado hacia la casa situada en la manzana 10, lote 2. Tras efectuar los disparos, escapó junto a los acompañantes en el auto, por calle Copahue.

     

    Como consecuencia del ataque, tres niños de 10, 5 y 3 años, sufrieron heridas de arma de fuego de distinta consideración: el de 3 permanece internado en grave estado, debido al impacto de un proyectil en la cabeza;  el de 5 sufrió una fractura en un brazo; y el de 10 sufrió una herida en el rostro.

     

    Los tres niños, fueron trasladados por sus familiares y en auto hacia un centro médico, desde donde los derivaron hacia el hospital Castro Rendón.

     

    El delito que atribuyó el fiscal del caso a B.E.Y fue tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tres hechos, en concurso real y en calidad de coautor.

     

    En la audiencia, en la que el fiscal del caso estuvo junto a la agente judicial Laura Cerovich, requirió que B.E.Y quede detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

     

    Respecto a las otras personas que iban en el auto, el fiscal del caso indicó en la audiencia que el MPF y la Policía provincial continúan trabajando para indentificarlas y así poder acusarlas también por el hecho.

     

    El juez de garantías que dirigió la audiencia, Luis Giorgetti, avaló la formulación de cargos. Respecto al pedido de prisión preventiva, lo respaldó por un tiempo de cuatro meses.

  • MPF solicitó el pase a etapa de juicio de la causa por estafas con planes sociales

    MPF solicitó el pase a etapa de juicio de la causa por estafas con planes sociales

    MPF solicitó el pase a etapa de juicio de la causa por estafas con planes sociales

     

    11-03-2025

     

    Neuquén- El fiscal de Delitos Económicos Juan Narvaez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron hoy el pase a etapa de juicio en la causa en la que se investiga a exfuncionarios del Ejecutivo provincial, empleados del Ministerio de Desarrollo Social y a particulares, por haber conformado una asociación ilícita destinada a quedarse con fondos públicos.

     

    Si bien la audiencia no terminó y la jueza Carina Álvarez dispuso un cuarto intermedio para continuar mañana, el fiscal jefe y el fiscal del caso, junto a las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, presentaron la acusación contra 17 imputados e imputadas, con el accionar preciso que le atribuyeron a cada persona acusada para cometer un total de 9.303 estafas.

     

    La asociación ilícita

     

    Vignaroli afirmó que, de acuerdo con la información con la que cuenta la fiscalía y que está en condiciones de llevar al juicio, la asociación funcionó entre 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022.  Estaba integrada por funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y por particulares que colaboraban en la maniobra a cambio de un beneficio económico.

     

    La asociación ilícita reflejó una estructura piramidal con jefes que impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero con tarjetas de débito.

     

    En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.

     

    Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles:

     

    -Colaboradores/as: L.M.G.; L.C.R.; J.O.; y J.A.

    -Reclutador/a: I.M

    -Recaudadores/as: E.A; V.N.H; A.K; R.Q; y V.C.E.

    -Beneficiados/as por la maniobra: A.A.C; y F.C.R

     

    Tras precisar la maniobra mediante la cual, en el período indicado, la organización se apropió de $153.377.900, con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, el fiscal Narvaez precisó que en audiencias previas se acordaron cinco condenas a prisión condicional y que hay otros dos casos que resta resolver.

     

    Luego indicó que respecto de los imputados y las imputadas incluidas en la acusación, adelantó que la fiscalía, en caso de recaer declaraciones de responsabilidad, solicitará penas superiores a los 3 años de prisión efectiva, y pidió a la jueza que disponga que el juicio esté a cargo de un tribunal colegiado.

     

    Luego de resolver distintas peticiones de las defensas, la magistrada Álvarez dispuso un cuarto intermedio hasta mañana, para continuar con el control de la evidencia con la que cuentan las partes.

  • Gerez presentó a Gendarmería el plan de persecución del microtráfico de drogas

    Gerez presentó a Gendarmería el plan de persecución del microtráfico de drogas

    Gerez presentó a Gendarmería el plan de persecución del microtráfico de drogas

     

    11-03-2025

     

    Neuquén – El fiscal general José Gerez presentó hoy a personal de Gendarmería los ejes del “Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico de Drogas”, que el Ministerio Público Fiscal (MPF) implementó a fines de febrero pasado cuando la provincia asumió la investigación de estos delitos.

     

    “Este plan apunta a trabajar principalmente en investigaciones proactivas que nos permitan identificar a las organizaciones que se dedican al microtráfico de drogas”, planteó el fiscal general ante 30 efectivos, varones y mujeres, que participaron de la actividad en la sede de Gendarmería en la ciudad de Neuquén, y en la que estuvo acompañado por el fiscal jefe de Narcocriminalidad, Agustín García y la asistente letrada de esa fiscalía, Mariana Querejeta (se incorporará oficialmente al MPF en el transcurso de esta semana).

     

    En forma previa, la semana pasada, Gerez se reunión con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también con el objetivo de presentar los lineamientos del plan.

     

    Durante el encuentro de hoy, el fiscal general destacó que “esta reunión es muy importante, porque tenemos que acordar sobre los lineamientos de este plan, para tener en claro cuáles son los criterios con los que vamos a proceder a partir de ahora y a diferencia de cómo lo hacían ustedes con el ámbito de la Justicia federal”.

     

    En este sentido, planteó que “el MPF cuenta con un mayor despliegue territorial, con fiscalías en las principales ciudades de la provincia a diferencia de la justicia federal”, y especificó cómo quedaron estructuradas estas fiscalías en las distintas circunscripciones judiciales.

     

    Además, enfatizó que “hay nuevos criterios para medir la eficacia de las investigaciones, que no van a estar sustentados solamente en la cantidad de droga secuestrada y la cantidad de personas acusadas; apuntamos a medir eficacia sobre la base de mapas de delitos en los barrios y el desenvolvimiento de los diferentes delitos en esas zonas a partir de la persecución del microtráfico de drogas”. Añadió que “debemos focalizar los esfuerzos en los mercados abiertos de drogas, que tienen la particularidad que son en espacios públicos”.

     

    El fiscal general remarcó además que un criterio central del “Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico de Drogas”, es “no judicializar ni burocratizar los casos que involucran a personas con problemas de consumo, porque tiene que recibir otro tipo de respuesta, diferente a la persecución penal”.

     

    El “Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico de Drogas” fue formalizado mediante el Instructivo 26 emitido por el fiscal general el pasado 28 de febrero, cuando entró en vigencia la Ley 3488: es la norma que delegó desde el ámbito federal al provincial la investigación de los delitos vinculados al microtráfico de drogas.

     

  • Piden 4 años de prisión para responsable por lesiones y privación de la libertad

    Piden 4 años de prisión para responsable por lesiones y privación de la libertad

    Piden 4 años de prisión para responsable por lesiones y privación de la libertad

     

    11-03-2025

     

    Neuquén – En una audiencia de determinación de la pena realizada hoy en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Silvia Moreira, requirió a un tribunal colegiado que le imponga 4 años de prisión efectiva a Alfredo Marcos Alberto Obreque, por lesionar, amenazar y encerrar a un adolescente que fue a una vivienda a comprar drogas, en la ciudad de Neuquén.

     

    En una audiencia anterior el acusado fue declarado penalmente responsable por los delitos de lesiones leves, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, en carácter de coautor y en concurso real.

     

    Para requerir el monto de la condena la fiscal de Delitos Contra las Personas valoró como agravantes la naturaleza de la acción y el medio empleado para ejecutarla, que la víctima es menor de edad y estaba en un estado vulnerable, además, que hubo participación de otros menores y que el hecho fue cometido durante la noche. Mientras que como atenuante Moreira sólo tuvo en cuenta la audiencia de antecedentes penales computables.

     

    El tribunal encargado de fijar la pena, integrado por la jueza Estefanía Sauli y los jueces Marco Lupica Cristo y Juan Guaita, comunicó que pasó a deliberar y dará a conocer el veredicto dentro de las próximas 48 horas. Para ello, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha de la audiencia.

     

    Durante el juicio de cesura, la fiscal Moreira estuvo acompañada por el asistente letrado Pablo Jávega.

     

    Hecho

     

    La teoría del caso que acreditó el MPF en un juicio es que el hecho fue cometido el 8 de abril de 2024, entre las 20:30 y 22:00. La víctima, un adolescente menor de edad, fue hacia una casa ubicada en el barrio Cuenca XV a comprar drogas. Allí permaneció junto a otras personas que estaban en el lugar: Obreque, el dueño de casa y dos jóvenes, con quienes compartió bebidas alcohólicas.

     

    Cuando intentó irse de la vivienda, alrededor de las 21, el dueño de casa lo golpeó en la cabeza y lo amenazó con un arma de fuego. Luego, se sumaron el imputado junto a los otros jóvenes, quienes lo golpearon con palos y otros objetos. Posteriormente, lo llevaron hacia una especie de canil que había en la vivienda, con cuatro perros raza dogo, a los que azuzaron para que lo ataquen.

     

    La víctima “fue sujetada de las muñecas, a una malla sima que estaba al costado del portón de ingreso de la casa”, detalló la fiscal del caso y así fue encontrado por efectivos policiales que acudieron al lugar tras el llamado de vecinos.

     

    Durante el juicio la fiscal Moreira también le atribuyó al acusado haber efectuado varias detonaciones con un arma de fuego, hacia el suelo y con la intención de amedrentar al adolescente, pero sin herirlo. Por ello le había atribuido el delito de abuso de armas, pero el tribunal, por este delito, lo absolvió por el beneficio de la duda.

     

    En el caso de las otras personas involucradas en el hecho, el dueño de casa ya fue condenado luego de reconocer su participación y aceptar su responsabilidad; mientras que los dos jóvenes quedaron bajo investigación en el ámbito de la fiscalía de Delitos Juveniles por ser menores de edad.

  • Rechazan impugnación y le imponen costas a la defensa

    Rechazan impugnación y le imponen costas a la defensa

    Rechazan impugnación y le imponen costas a la defensa

     

    10-03-2025

     

    Neuquén- Por unanimidad, un Tribunal de Impugnación (T.I) rechazó el pedido de la defensa de un imputado para revertir la decisión de un juez de garantías que se negó a levantar el secreto profesional a un psiquiatra, en el contexto de una investigación por abuso sexual.

     

    Dos juezas y un juez del T.I coincidieron con la postura del fiscal del caso Hernán Scordo, quien pidió declarar inadmisible el planteo, sin siquiera analizar la cuestión de fondo, por dos motivos:

     

    -Por aplicación del principio de “taxatividad”, previsto específicamente en el Código Procesal Penal y que establece que las decisiones judiciales son impugnables sólo en las condiciones previstas.

     

    -Porque no se trata de un “auto procesal importante”, es decir, que no producirá un daño que no pueda ser saldado de otro modo o en otro momento.

     

    “La defensa no nos ha mencionado, como sostuvo la fiscalía, que la prueba que pretende hacer valer sea de tal importancia para su teoría del caso que procesa este agravio de imposible reparación ulterior”, sentenció la jueza Liliana Deiub, respecto de la decisión que adoptó junto a sus pares Richard Trincheri y Estefania Sauli.

     

    El T.I tampoco consideró que no escuchar el testimonio del profesional de la salud de la persona que denunció el abuso sexual atente contra “la igualdad de armas”, tal como planteó la defensa. “Existirían posiblemente otras pruebas a las cuales podría  recurrir la defensa para acreditar las circunstancias que entienda necesario acreditar. En este caso, un informe por parte de otro profesional y no necesariamente el que asiste a la denunciante”, afirmó Deiub.

     

    Tras declarar la inadmisibilidad del planteo, el T.I impuso las costas del proceso a la defensa pública.

     

    El contexto del caso tiene que ver con una investigación en la que la fiscalía imputó a una persona por un hecho de abuso sexual. En ese marco, la defensa del acusado intentó que un juez eximiera del secreto profesional al psiquiatra de la denunciante, pero el magistrado interpretó que se trata de un derecho del paciente y no del médico, por lo que rechazó el pedido.

  • Formulan cargos por el sabotaje en líneas de alta tensión del EPEN

    Formulan cargos por el sabotaje en líneas de alta tensión del EPEN

    Formulan cargos por el sabotaje en líneas de alta tensión del EPEN

     

    10-03-2025

     

    Neuquén – La fiscal del caso Natalia Rivera formuló cargos a un varón por el sabotaje en líneas de alta tensión del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), en los alrededores de la ciudad de Chos Malal.

     

    La acusación la realizó el sábado pasado y comprendió a C.C, quien a pesar del pedido de la fiscal para que permanezca detenido con prisión preventiva, quedó en libertad por decisión de la jueza de garantías que dirigió la audiencia.

     

    La formulación de cargos también abarcó a otro varón, J.J.C, ya que en el contexto de la investigación por el daño en las líneas de alta tensión, su vivienda fue allanada y se encontraron más de 100 gramos de cannabis sativa y plantas en un patio.

     

    La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) planteó que ambos imputados fueron detenidos el viernes por la mañana, en el contexto de seis allanamientos que pidió el MPF, tras iniciar una investigación por el sabotaje a una línea de alta tensión que tuvo como consecuencia la interrupción del servicio eléctrico en la ciudad y alrededores.

     

    Según la información provisoria recolectada por el MPF y la Policía provincial, el primero de los hechos fue cometido el 20 de febrero de este año. En un horario comprendido entre las 21.30 y 22.40 aproximadamente, C.C arrojó una cadena de 13 metros de largo con un alternador en un extremo, sobre la línea de alta tensión a la altura de las calles Miguel Güemes entre Mitre y Plan Madres Solteras en Chos Malal. Lo hizo acompañado por otra persona que hasta el momento no pudo ser identificada.

     

    De este modo, C.C provocó la suspensión del suministro eléctrico hacia el paraje El Alamito, Tricao Malal y el departamento Minas, que fue restablecido alrededor de tres horas después.

     

    El segundo hecho fue el 5 de marzo de este año, alrededor de las 22.40, en la línea de alta tensión ubicada en el camino a Aguada Chacaico. El acusado, C.C, arrojó una cadena de 13 metros de largo que en un extremo tenía una soga atada, y provocó la interrupción del servicio eléctrico en la zona norte, que fue restablecido 18 horas después.

     

    El delito atribuido a C.C fue daño calificado, en concurso ideal con corte de suministro eléctrico (artículos 186 inciso 6 y 194 del Código Penal).

     

    Entre la prueba recolectada, la fiscal mencionó cadenas, guantes, sogas y calzado, elementos secuestrados durante los allanamientos.

     

    Como medida cautelar, solicitó que C.C quede detenido con prisión preventiva por un plazo de un mes. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación de parte del acusado.

     

    En el caso de J.J.C, fue acusado por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Esto porque su casa fue allanada en el contexto de la investigación iniciada por el MPF tras el sabotaje de las líneas de alta tensión el pasado 7 de marzo, por la mañana. En el lugar se encontraron cogollos, semillas y hojas secas trituradas de cannabis sativa por un total de 118 gramos, junto a seis plantas de cannabis sativa que estaban en el patio y una balanza digital.

     

    El delito atribuido de forma provisoria fue tenencia simple de estupefacientes.

     

    La jueza de garantías Bibiana Ojeda, avaló la formulación de cargos respecto a ambos acusados.

     

    Sobre el pedido de prisión preventiva para C.C, lo rechazó por considerarlo «exagerado». Le impuso la prohibición de salir de la ciudad de Chos Malal por el plazo de un mes, de tener contacto con una testigo del caso y la obligación de presentarse en una comisaría de la ciudad cinco veces por semana.

     

    En el caso de J.J.C, la fiscal del caso pidió que se le impongan presentaciones quincenales en la comisaría por el plazo de cuatro meses, lo cual también fue rechazado por la jueza de garantías: le requirió al acusado que fije un domicilio y que notifique de cualquier cambio del mismo.

  • MPF pidió declaración de responsabilidad en juicio por abuso sexual

    MPF pidió declaración de responsabilidad en juicio por abuso sexual

    MPF pidió declaración de responsabilidad en juicio por abuso sexual

     

    10-03-2025

     

    Neuquén– Por pedido del fiscal del caso Adrián De Lillo un varón y del funcionario de la fiscalía Gustavo Vázquez, E.L.V, fue juzgado por haber abusado sexualmente de una niña perteneciente a su entorno familiar.

     

    Durante la última jornada de juicio que finalizó el viernes, el fiscal requirió la responsabilidad penal de E.L.V por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en carácter de delito continuado, cometido contra una menor de trece (13) años, agravado por la convivencia preexistente; abuso sexual con acceso carnal en carácter de delito continuado, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad y aprovechando la convivencia preexistente. Y por el delito de abuso sexual con acceso carnal en carácter de delito continuado. Concursando todos los hechos de forma real y en calidad de autor material.

     

    De Lillo indicó que los hechos se reiteraron y perpetuaron en el tiempo. Afirmó que en el juicio “la víctima relató sin contradicciones, sin inconsistencia , y expuso la sistemática violencia que padeció a lo largo de los años. “Relató cómo el acusado, dentro de ese periodo de tiempo, mantenía un control sobre la misma. La aislaba y aprovechaba los momentos en que se encontraba a solas para cometer los abusos bajo amenazas “, sostuvo.

     

    De esta manera, el fiscal afirmó que se fueron naturalizando los actos sexuales y de violencia. Agregó que el acusado se mostraba como un referente en todos los ámbitos, logrando perpetuar la dependencia; indicándole que sí ella hablaba iba a ser la responsable de la separación de la familia.

     

    Para finalizar le dijo al tribunal que este perverso actuar del acusado debe ser observado con perspectiva de género.

     

    El tribunal encargado de juzgar el hecho está integrado por la jueza Carolina González y por los jueces Nazareno Eulogio y Juan Balderrama, y dará a conocer su veredicto mañana martes en el horario que la Oficina Judicial fije.

     

    El juicio se desarrolló durante 3 días, en los que las partes presentaron las pruebas para demostrar su teoría del caso.

     

    Los hechos

     

    De acuerdo con la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal el imputado cometió los abusos sexuales en fechas indeterminadas, pero que aproximadamente transcurrieron desde marzo de 2010 hasta el 2 de febrero de 2024, en una vivienda familiar ubicada en la ciudad de Villa La Angostura.

     

    A partir de la intervención de un familiar, al advertir conductas extrañas, fue que la víctima se animó a denunciar los hechos.

     

  • Imputan a un varón por privar de la libertad a un empleado del EPEN

    Imputan a un varón por privar de la libertad a un empleado del EPEN

    Imputan a un varón por privar de la libertad a un empleado del EPEN

     

    08-03-2025

     

    Neuquén – En una audiencia realizada hoy por la tarde en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Soledad Rangone acusó a un varón que secuestró, amenazó y lesionó con un cuchillo a un empleado del Ente Provincial de Energía del Neuquén, de la localidad de Añelo.

     

    Se trata de J.M.L, imputado por el delito de privación de la libertad, agravada por ser cometida con violencia; en concurso ideal con los delitos de amenazas coactivas por el uso de arma agravada; y robo con arma en grado de tentativa, en carácter de autor.

     

    Como medida cautelar, la representante de la fiscalía requirió la prisión preventiva del acusado por el plazo de cuatro meses. Argumentó que existe un riesgo de que se fugue o que pueda entorpecer la investigación.

     

    De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió ayer, alrededor de las 8:30 aproximadamente. La víctima, empleado del EPEN, se encontraba realizando una recorrida en una camioneta Toyota Hilux blanca de la empresa, por calle 7 y calle 5 de la ciudad de Añelo, cuando fue interceptado por el acusado, quien se subió al rodado, le puso un cuchillo en el cuello y, bajo amenaza, le dijo que conduzca hacia la ciudad de Neuquén, “gritándole en todo momento”. La víctima empezó a conducir hacia el Chañar, pasando los semáforos en rojo, y en el trayecto, el imputado agarró otro cuchillo y también se lo colocó en el cuello.

     

    La fiscal explicó que, en virtud de la cantidad de vehículos que transitaban, el acusado hizo que el empleado circule por la banquina; lo empujó y le daba puntazo al techo de la camioneta. En la intersección con Ruta 8, lo obligó a dirigirse en dirección al dique, gritándole y amenazándolo con los cuchillos. Asimismo, en el rodado, encontró una tijera de cortar césped, y lo amenazó con matarlo.

     

    Al llegar a una rotonda de ruta 51, como el tránsito estaba detenido, hizo que la víctima se tire en la banquina, haciendo que circule en contramano. Luego, J.M.L quiso conducir, y como “no sabia manejar”, la camioneta se detenía. En un descuido, bajó el cuchillo y la víctima intentó escapar. El acusado lo tomó de la remera y empezó a tirar puntazos. Finalmente, un compañero del EPEN, alertado por el GPS, llegó al lugar y pudo auxiliar a la víctima. El acusado escapó en la camioneta, volcó y se dio a la fuga, corriendo por el campo. Posteriormente fue demorado en Ruta 7, en dirección a Añelo.

     

    El juez de garantías Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Asimismo por el mismo plazo dispuso la prisión preventiva del acusado. 

  • Formulan cargos al extitular de la Casa de las Leyes por peculado

    Formulan cargos al extitular de la Casa de las Leyes por peculado

    Formulan cargos al extitular de la Casa de las Leyes por peculado

     

    07-03-2025

     

    Neuquén– El fiscal del caso Juan Manuel Narváez formuló cargos a Pablo Antonio Ruíz, extitular de la Casa de las Leyes, por causar un perjuicio económico de más de $52 millones a la administración pública provincial.

     

    La acusación la realizó hoy, durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que atribuyó a Ruíz el delito de peculado, en carácter de autor.

     

    El fiscal del caso, junto a la asistente letrada Tanya Cid y al asistente letrado Facundo Bernat, indicó que el exfuncionario cometió la maniobra tras asumir en el cargo en diciembre de 2023, mediante la Resolución 547, firmada por la exvicegobernadora y hermana del imputado, Gloria Ruíz.

     

    Narváez apuntó que Ruiz, entre el 10 de diciembre de 2023 y hasta noviembre de 2024, recibió dinero de manera habitual proveniente de la cuenta bancaria de la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén perteneciente al BPN.

     

    Entre enero y agosto de 2024, la modalidad fue mediante transferencias de la única cuenta de la Legislatura hacia su cuenta personal de acreditación de haberes del Banco Provincia de Neuquén (BPN), por un total de $34.719.194.

     

    Luego, después de que las autoridades legislativas fueron advertidas por el BPN de que esto no podía hacerse, el imputado comenzó a recibir de la Legislatura cheques al portador con el objetivo de pagar los fondos permanentes de la Casa de Las Leyes. Eran cobrados por caja por personal autorizado que luego entregaba el dinero en efectivo al imputado. El monto  total de esta maniobra ascendió a $19.975.564.

     

    El dinero era asignado como fondos permanentes para sustentar distintos programas que estaban a cargo de la Casa de las Leyes, como “Ritmo Ciudadano”, “Jóvenes líderes, comunitarios y políticos”; “Actividades culturales, recreativas y comunitarias”; “Murales urbanos”,  entre otros.

     

    El fiscal del caso planteó que luego, Ruiz sustrajo los fondos públicos que había recibido para constituir tres plazos fijos: el 14 de octubre de 2024 por $42 millones y por 60 días; el 1 de noviembre de 2024 por $3 millones por 30 días; y el 11 de noviembre de 2024 por $6 millones por 30 días.

     

    A partir de las maniobras descriptas, desde la unidad fiscal de Delitos Económicos se estimó el perjuicio total en $52.798.459,10.

     

    Tras pedir que se tengan por formulados los cargos, Narvaez y Cid solicitaron dos medidas cautelares, destinadas a proteger el dinero y evitar la insolvencia del imputado:

     

    -El embargo del plazo fijo de $42 millones de pesos, que sumados los intereses devengados a su vencimiento ascenderá a más de $47 millones, y su posterior depósito en una cuenta judicial para. El planteo es que, ya sin estar bajo el control del acusado, se constituya un nuevo plazo fijo con renovación mensual, por 10 meses.

     

    -La inhibición general de bienes de Ruiz, con notificación a todos los entes públicos de bienes registrables e instituciones bancarias, también por 10 meses.

     

    Tanto las medidas cautelares como la formulación de cargos fueron respaldadas por el querellante y representante de la fiscalía de Estado en la causa, Gustavo Kohon.

     

    Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos y dictó las medidas cautelares solicitadas, con los plazos indicados por la fiscalía.