Autor: Ministerio Público Fiscal

Acuerdan condenas de prisión efectiva para dos mujeres por comercializar drogas

27-10-2025

Neuquén – En una audiencia de procedimiento abreviado realizada hoy en la Ciudad Judicial, el asistente letrado de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad Pablo Jávega, presentó un acuerdo pleno mediante el cual dos mujeres fueron declaradas responsables por vender drogas en la ciudad de Añelo y fueron condenadas a 6 años de prisión.

Se trata de Mari Carolina Soto Zabala y Nairoby de las Mercedes Fraga Calorte, quienes comercializaron drogas a diversas personas, al menos entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. La actividad la llevaban a cabo en la casa donde convivían junto a otras dos mujeres, L.P.M y N.D.L.C.F.C, que tuvieron un rol secundario en la organización y resolvieron su situación procesal el 17 de septiembre, mediante un acuerdo de prisión condicional y una suspensión de juicio a prueba respectivamente.

El delito que les atribuyó Jávega es comercio de estupefacientes doblemente agravado por hacerlo en inmediaciones de establecimientos deportivos y por la participación de tres o más personas organizadas, en carácter de coautoras (artículos 5 inciso “c”, 11 incisos “c” y “e” de la ley 23.737 y 45 del Código Penal).

Además de la declaración de responsabilidad y como parte del acuerdo, el asistente letrado requirió que se impongan 6 años de prisión efectiva para Soto Zabala e igual monto para Fraga Calorte. Para ello, valoró como agravantes el peligro para la salud de la localidad y que se expuso al peligro a menores de edad, mientras que como atenuantes tuvo en cuenta el reconocimiento de los hechos y la carencia de antecedentes penales computables.

Finalmente, Jávega pidió que se les imponga a cada una de las condenadas una multa de 100 unidades fijas y que sea decomisado el dinero en efectivo que fue secuestrado en el allanamiento del domicilio por $287.200.

Como punto de acuerdo, todas las partes renunciaron a los plazos recursivos para que las condenas puedan comenzar a ser ejecutadas.

El juez de garantías Cristian Piana, que intervino durante la audiencia, avaló el acuerdo presentado por las partes, declaró la responsabilidad penal de las imputadas y fijó las condenas de 6 años de prisión. Además, el magistrado impuso las multas, avaló el decomiso del dinero y validó las renuncias a los plazos recursivos.

Los hechos

De acuerdo a la teoría del caso que describió el funcionario del MPF, las dos condenadas junto a las otras dos mujeres vivían en una vivienda de Añelo, cercana a un natatorio y a un polideportivo.

Al momento se realizarse un allanamiento en esa casa, se encontraron 916 gramos de clorhidrato de cocaína y 8 gramos de anfetaminas, además de dinero efectivo en billetes de diferente denominación por alrededor de 287.200 pesos, una balanza, envoltorios de nylon y un posnet.

Además, al momento del allanamiento, algunas de las mujeres realizaban la venta de droga y otras efectuaban el fraccionamiento y en el interior de la casa fueron encontradas dos personas que estaban comprando drogas para consumo y que, de acuerdo a sus testimonios, pagaron $10 mil la dosis.

Robó una camioneta y huyó disparando, pero lo siguieron y fue imputado

27-10-2025

Neuquén- A partir del pedido de la fiscal del caso Mariana Córdoba, un juez de garantías formuló cargos a un varón, J.C.E.M., por un hecho ocurrido el 14 de octubre en la ciudad de Neuquén y dispuso que cumpla prisión domiciliaria por 4 meses, con dos rondines policiales diarios para controlar su permanencia en el domicilio.

Según explicó la fiscalía durante la audiencia realizada el sábado, el imputado, acompañado por un menor de 16 años y un tercer sujeto aún no identificado, se acercó al lugar donde cinco personas trabajaban y, bajo amenaza con un arma de fuego, les exigió la entrega de sus pertenencias. Luego sustrajeron una camioneta Volkswagen Amarok, junto con herramientas y efectos personales.

Durante la huida, J.C.E.M efectuó al menos tres disparos para asegurar la fuga. Sin embargo, las víctimas los siguieron hasta el lugar en donde, con posterioridad, se realizó un allanamiento y se halló la camioneta robada. El imputado fue encontrado en otro procedimiento, en el marco de otra investigación, en el que se secuestró un arma de fuego.

La representante del Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como robo triplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, en poblado y en banda, y con la participación de un menor de edad, en carácter de coautor (artículos 166, inciso 2, primer párrafo; 167, inciso 2; 41 quater y 45 del Código Penal).

La fiscal se destacó la gravedad y violencia del hecho, la pena en expectativa, la existencia de evidencia fílmica que vincula al imputado, y la dificultad para su localización inicial. Además, resta identificar al tercer participante del robo.

Con esos argumentos, se acordó con la defensa la imposición de una prisión domiciliaria en una vivienda del barrio Colonia Nueva Esperanza, debido a una discapacidad física del acusado y a la situación carcelaria que atraviesa la provincia.

El juez Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos e impuso la medida de coerción, pero le advirtió al acusado que, en caso de incumplir alguna de las pautas, la fiscalía podrá  solicitar la imposición de una prisión preventiva.

Allanan una casa clausurada por microtráfico: investigan si se guardaban bienes robados

24-10-2025

Neuquén – Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue allanada una casa que está clausurada desde principios de mes, y en la que se encontraron durante ese procedimiento diversos bienes que habrían sido robados en la ciudad de Neuquén.

El operativo fue realizado ayer por pedido de la fiscalía de Robos y Hurtos en Bahía Blanca al 500, y lo llevó adelante el asistente letrado Luciano Vidal con  personal de la Policía provincial. Fue autorizado por el juez de garantías Juan Manuel Kees.

La medida tuvo como particularidad que se realizó en una casa que permanece clausurada desde el pasado 10 de octubre. Ese día, el MPF junto a la Policía provincial realizó una serie de allanamientos por microtráfico de drogas y en esta vivienda se encontraron estupefacientes. Sus ocupantes, fueron acusados por la fiscalía de Narcocriminalidad.

Además de drogas, en el lugar se hallaron diversos bienes. Por este motivo la fiscalía de Robos y Hurtos comenzó a trabajar con el personal de la brigada de investigaciones de la Comisaría Segunda, para vincular los bienes con diversas denuncias de hechos cometidos en la ciudad en las zonas de calle Perticone, Tierra del Fuego, Mitre, Libertad, Río Negro y Richieri.

La hipótesis de trabajo es que había un modus operandi: tras cometer los hechos, quienes los protagonizaron iban de manera inmediata a la vivienda allanada y los dejaban allí.

Ayer, durante el procedimiento se secuestraron televisores, consolas de juego, herramientas, celulares, notebooks, cascos de moto, y una mesa de ping pong.

También se le dio intervención a la dirección de Comercio municipal ya que en el lugar se detectó que  funcionaba un delivery de bebidas: se secuestraron envases y latas de cerveza y vodka, junto con otras bebidas.

Tras el allanamiento, la vivienda volvió a ser clausurada.

A partir de ahora, la fiscalía de Robos y Hurtos comenzará a evaluar los secuestros para vincularlos a diversas denuncias de robos, y luego definirá si avanza con la formulación de cargos correspondiente.

Ratifican la prisión preventiva del imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko

23/10/2025

Neuquén– Por unanimidad, un tribunal ratificó hoy la prisión preventiva por ocho meses de R.D.S., imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Fue a partir del pedido del fiscal jefe Agustín García, quien junto a la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y a la asistente letrada Agustina Jarry, argumentaron la necesidad de mantener la medida cautelar para garantizar la investigación.

La audiencia se realizó ante un tribunal integrado por el juez Juan Guaita y las juezas Carolina García y Natalia Pelosso. El defensor particular pidió la audiencia para intentar que la detención se cumpla en modalidad domiciliaria o, en su defecto, reducir el plazo, pero ambos planteos fueron rechazados por unanimidad.

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el imputado atacó y mató a Azul Semeñenko el 25 de septiembre en su domicilio. Según la acusación, el hecho fue cometido mediando violencia de género y motivado por el odio hacia la identidad de género de la víctima.

La investigación preliminar y las pericias científicas ya realizadas permitieron precisar que el acusado ocasionó múltiples heridas con elementos contundentes y arma blanca, provocando la muerte de la víctima por shock hipovolémico agudo. Posteriormente, R.D.S trasladó el cuerpo a un canal de desagüe, donde fue hallado el 14 de octubre.

El martes pasado, la fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, y por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género (artículo 80, incisos 2, 4 y 11 del Código Penal), en calidad de autor (artículo 45 del Código Penal).

En ese marco, el juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar a la imputación y a la prisión preventiva por 8 meses, tal como lo solicitó la fiscalía.

Riesgos procesales y prisión preventiva

Durante la audiencia de hoy, el equipo fiscal indicó que persisten los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado ha destruido evidencia y se ha sustraído previamente de la acción policial y judicial. Por ello, la prisión preventiva resulta necesaria para garantizar la investigación y el avance del proceso judicial.

“La decisión del juez de garantías que dispuso la prisión preventiva por 8 meses no fue arbitraria. La defensa dice que fue arbitraria. Desde ya, me animo a anticipar que la decisión se encuentra suficientemente motivada y que lo que plantea la defensa es una mera disconformidad”, afirmó el fiscal jefe, y describió uno a uno los puntos que tomó  el juez entre los argumentos que planteó la fiscalía: señaló que “ocultó el cuerpo de la víctima, modificó y excluyó evidencia”, recordó que se trató de “un hecho de violencia extrema”, con “una víctima que intentó defenderse” y en “situación de vulnerabilidad”. “Hay descarte del cuerpo en un desagüe en un lugar en dónde fuera difícil de hallar. Y a esto hay que sumar la pena en expectativa, que es de prisión perpetua”, describió García, en función de sumar argumentos respecto de las posibilidades de fuga incrementadas en el caso.

Tras escuchar a las partes, el tribunal confirmó la prisión preventiva en los términos que pidió la fiscalía y que fijó el juez Kees inicialmente.

Allanamiento y evidencias

El allanamiento realizado el 18 de octubre posibilitó la detención del imputado y el secuestro de evidencia. Se encontraron restos de sangre humana en distintas partes de la vivienda y la camioneta, una sábana y una funda de almohada, además de un cuchillo, un hacha y un machete.

También se tomaron los registros de distintas cámaras de seguridad de la ciudad, que permitieron reconstruir los movimientos del imputado y de la víctima desde el abordaje hasta el traslado del cuerpo.

Informe de autopsia

La fiscalía destacó la importancia del informe forense, que concluyó que las lesiones presentan características de “muerte violenta tipo overkill”: un patrón donde la severidad y cantidad de heridas exceden las necesarias para producir la muerte. Este patrón es frecuente en crímenes motivados por odio a la identidad de género o violencia de género, según estudios forenses citados en el informe.

Por cuarto año consecutivo, el MPF de Neuquén está entre los más eficaces del país

23-10-2025

Neuquén – Por cuarto año consecutivo el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén figura entre los más eficaces del país, según el informe que elabora el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

De acuerdo a la publicación, que evaluó el año 2023 y fue titulada “4° Ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina”, el organismo que dirige el fiscal general José Gerez se ubica en el tercer lugar entre todos los MPF del país.

De este modo, por cuarto año consecutivo, el MPF neuquino quedó en el podio de los tres más eficaces del país: en los tres informes anteriores de INECIP ocupó el segundo lugar (2019), el primero (2021) y el tercero (2022).

El ranking mide la tasa básica de eficacia político-criminal de estos organismos, un indicador que busca responder a una pregunta: ¿Qué respuestas brindan las fiscalías a la sociedad?

A través de este indicador, se mide “cuántos casos penales que ingresan a un Ministerio Público Fiscal reciben una respuesta de calidad, aunque sea mínima o potencial, es decir, condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios de cualquier tipo”, según precisó la investigación. “Para construir esta tasa, el INECIP solicita anualmente a los Ministerios Públicos Fiscales una serie de datos básicos sobre su estructura y funcionamiento”, indicó.

En el informe publicado ayer, el Ministerio Público Fiscal de Chaco ocupó el primer lugar con una tasa del 16,66%; el de Jujuy quedó en el segundo lugar con una tasa del 14,26%; el de Neuquén tercero con el 13,08%; el de Río Negro cuarto con el 12,09%; y el de Mendoza quinto con 11,96%.

“De todas las formas posibles de evaluar el desempeño de un Ministerio Público, decidimos comenzar por aquella más elemental, que mide una función muy básica de una fiscalía: gestionar los conflictos penales que recibe y darles algún tipo de respuesta positiva. En otras palabras, garantizar algún tipo de tutela para los intereses victimizados, para evitar que aquellos conflictos se resuelvan de formas aún más violentas”, indicó el informe.

La investigación de INECIP se realizó con los objetivos de “concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales sobre la importancia de producir datos básicos sobre el desempeño de las fiscalías, como insumo para la toma de decisiones institucionales que permitan mejorar su desempeño político-criminal”, además de “promover la publicidad de la información sobre el desempeño de los Ministerios Públicos Fiscales, como herramienta para fortalecer el control ciudadano y el debate democrático sobre sus políticas públicas de persecución penal” y “contribuir con el trabajo de las áreas de estadísticas y de política criminal de los Ministerios Públicos Fiscales, visibilizando la importancia de su función y proponiendo criterios básicos iniciales para el desarrollo de un sistema de indicadores sencillo y útil para la toma de decisiones”.

Con tono crítico, el estudio planteó que en términos generales, en los 25 Ministerios Públicos Fiscales del país, “una gran proporción de los casos que ingresan a las fiscalías y que son identificados como casos penales son formal o informalmente descartados, desechados, dejados sin respuesta, generalmente a través de archivos u otro tipo de salidas que no implican una respuesta sustancial al conflicto”.

Sobre esto último consignó que los casos penales sin respuesta de calidad “va desde un 99% a un 80%” entre los distintos organismos del país y el federal. “La variación de ese número puede responder a diferencias en el desempeño real del organismo, a diferencias en la calidad de su registro de la información, o a una combinación de ambas”, precisó.

La investigación de INECIP también elaboró un ranking de opacidad, que comprende a los Ministerios Públicos Fiscales que no brindan información, en el cual el de Neuquén no figura.

Sobre este último aspecto señaló que “este ´apagón informativo´ impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”.