Autor: Ministerio Público Fiscal

Condenan a una mujer y a sus dos hijos por vender drogas en barrio Belgrano

 

16-12-2025

 

Neuquén– Por pedido de la fiscal del caso María Eugenia Titanti y del asistente letrado Bruno Miciullo, se homologó un acuerdo pleno de procedimiento abreviado mediante el cual fueron condenadas María Vanessa Zamudio, Martín Alexis Mones Ruiz y Brian Aníbal Mones Ruiz por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes y al encubrimiento de bienes de origen ilícito.

 

De acuerdo con la investigación, María Vanessa Zamudio organizó y dirigió la venta de drogas desde una vivienda ubicada en calle Bahía Blanca 55, al menos entre marzo y octubre de 2025, con la colaboración de sus hijos Martín Alexis y Brian Aníbal Mones Ruiz, quienes actuaban bajo sus directivas. En ese lugar también se receptaban elementos robados como forma de pago. Durante los allanamientos y medidas de investigación, la fiscalía secuestró estupefacientes, dinero, un arma de fuego, bienes de procedencia ilícita y una motocicleta adquirida con el producto de la actividad delictiva. Además, a uno de los varones se le atribuyó la tenencia de cocaína y de un arma de fuego sin autorización legal, y a ambos hijos el encubrimiento por receptación dolosa agravada.

 

Acuerdo

 

Las tres personas admitieron los hechos, renunciaron al juicio y aceptaron las penas propuestas por el Ministerio Público Fiscal. Zamudio fue condenada a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, al pago de una multa y declarada reincidente por contar con una condena previa por el mismo delito. En tanto, Martín Alexis Mones Ruiz y Brian Aníbal Mones Ruiz recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta que incluyen fijar domicilio fuera del inmueble utilizado para la venta de drogas, someterse al control judicial, realizar tareas comunitarias, retomar estudios y abstenerse del consumo de estupefacientes.

 

Como parte del acuerdo, el tribunal dispuso el decomiso del dinero y de los bienes vinculados al delito, la destrucción de la droga incautada, la restitución de los objetos robados recuperados y la prórroga de la clausura judicial del inmueble de calle Bahía Blanca 55, con el compromiso de su demolición para evitar la reiteración de los hechos.

 

Primera Intervención en Mercado de Drogas (IMD)

 

Las tres personas condenadas fueron detenidas el 11 de octubre, en el marco de la primera Intervención de Mercado de Drogas (IMD) desarrollada en la ciudad de Neuquén. En esa oportunidad, quedaron detenidas con prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, mientras se avanzaba con la investigación, aunque el caso se resolvió en aproximadamente la mitad de ese tiempo.

 

Durante el operativo, María Vanessa Zamudio intentó escapar corriendo hacia el sector norte del barrio, mientras que Martín Alexis y Brian Aníbal Mones Ruiz intentaron huir a bordo de un vehículo, pero fueron aprehendidos por personal policial.

 

Desde ese momento, el inmueble que se utilizaba para la venta de estupefacientes permanece clausurado judicialmente. En el acuerdo homologado ayer en una audiencia dirigida por el juez Marco Lupica Cristo, se dispuso mantener la clausura hasta tanto se pueda avanzar con la demolición del domicilio, con el objetivo de evitar la reiteración de la actividad delictiva.

Abusó sexualmente de una niña: fiscal pidió 10 años de prisión

 

16-12-2025

 

Neuquén – En una audiencia de determinación de la pena realizada hoy en la Ciudad Judicial, el fiscal del caso Gastón Medina pidió 10 años de prisión efectiva para un varón, S.Q, que abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar, de forma continuada, en un barrio de la ciudad de Neuquén.

 

Entre las circunstancias agravantes que detalló Medina para requerir la pena se encuentran la extensión del daño causado, la diferencia de edad entre la víctima y el imputado, la reiteración de los hechos en el tiempo, entre otras. Como atenuante, el funcionario de la fiscalía sólo tuvo en cuenta la carencia de antecedentes penales computables.

 

Los delitos por los cuales se declaró penalmente responsable a S.Q son abuso sexual simple –continuado-, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia preexistente y la guarda, todo en carácter de autor (artículos 119 primer y cuarto párrafo incisos «b» y “f”, 45 y 55 del Código Penal).

 

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia Andrea Rapazzo, que intervino como querellante institucional en representación de la víctima del caso, adhirió al monto de pena solicitado por el fiscal del caso.

 

Además, con el objetivo de resguardar la integridad de la niña y su familia, el fiscal y la funcionaria de la defensoría solicitaron que se prorrogue la restricción de acercamiento del imputado a menos de 200 metros de la víctima y su domicilio, y que se le impida mantener cualquier tipo de contacto por cualquier medio por seis meses.

 

El tribunal colegiado encargado de fijar la pena, integrado por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Juan Guaita, comunicó que dará a conocer el veredicto dentro de las próximas 48 horas. Será en una audiencia de lectura de veredicto que la Oficina Judicial deberá fijar para tal fin.

 

En relación a la prohibición de acercamiento, el tribunal resolvió extender la media cautelar por seis meses más, de acuerdo a lo requerido por las partes acusadoras.

 

Los hechos

 

La teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal y por la que requirió la condena, es que los hechos fueron cometidos entre 2017 y 2023. S.Q abusó sexualmente de la hija de su expareja en una vivienda del barrio Parque Industrial. Para cometer los abusos, el imputado aprovechaba la convivencia con la niña y los momentos en que la víctima quedaba a su cuidado.

Lo declaran responsable por un homicidio en el barrio Islas Malvinas: fijan 8 años de prisión

 

15-15-2025

 

Neuquén – En una audiencia de realizada hoy en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco, presentaron un acuerdo mediante un cual Eduardo Cifuentes reconoció haber asesinado a Pedro Benjamín Cordero Fernández y fue condenado a 8 años de prisión efectiva.

 

Responsabilidad penal

 

En primera la instancia de la audiencia, las funcionarias de la fiscalía describieron el hecho: el asesinato fue cometido el 13 de septiembre, alrededor de las 22.42 horas, frente a una casa del barrio Islas Malvinas.

 

Ese día se produjo una discusión entre un varón y una mujer que habían sido pareja. Durante el conflicto, la mujer y una familiar arrojaron piedras y elementos contundentes contra la vivienda, causando roturas de vidrios y daños sobre un vehículo, mientras que el varón intentó repeler la agresión tirándoles agua fría con un balde.

 

La teoría del caso de la fiscalía es que en ese contexto, Cordero Fernández, que estaba dentro de la vivienda, salió a intentar calmar la situación, pero Cifuentes, también expareja de la mujer que se había acercado al lugar, lo apuñaló con un arma blanca. El ataque le provocó la muerte por taponamiento cardíaco, pese a la atención médica recibida.

 

El delito que la fiscalía le atribuyó a Cifuentes es homicidio simple en carácter de autor (artículos 45 y 79 del Código Penal).

 

El tribunal colegiado que intervino, integrado por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Lucas Yancareli y Juan Kees, avaló el acuerdo presentado por las partes y declaró la responsabilidad penal de Cifuentes por homicidio simple en carácter de autor.

 

Determinación de la pena

 

En la segunda instancia de la audiencia y luego de que se declare la responsabilidad penal, se debatió la pena ante el mismo tribunal colegiado.

 

Sola y Franco pidieron que se le impongan al condenado 8 años de prisión efectiva. Para ello, manifestaron que la hija de la familia de la víctima fue informada y estuvo de acuerdo con el pedido. Entre las circunstancias agravantes que detallaron las funcionarias del MPF para arribar al monto solicitado, tuvieron en cuenta como circunstancias agravantes la naturaleza de la acción y el medio empleado y que fue un hecho violento contra una persona desarmada en la que el imputado utilizó un arma blanca.

 

Como atenuantes, las funcionarias de la fiscalía valoraron la ausencia de antecedentes penales computables, el reconocimiento de su responsabilidad en los hechos y que colaboró en las diligencias realizadas en el marco de la investigación.

 

La defensa de Cifuentes no se opuso al pedido de la pena efectuado por la fiscalía por lo que el tribunal colegiado, integrado por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Lucas Yancareli y Juan Kees, fijó, por unanimidad, la pena de 8 años de prisión efectiva.

 

Cumplimiento de la pena

 

Debido a que las partes manifestaron la renuncia a los plazos procesales para recurrir, en los próximos días deberá realizarse una audiencia para que la pena quede firme y comience a ser ejecutada.

 

Cifuentes llegó a la audiencia detenido cumpliendo prisión domiciliaria y quedó alojado en una unidad de detención hasta que se constituya como detenido.

Imputan a cuatro personas por vender drogas con una despensa como fachada

 

15-12-2025

 

Neuquén– Por pedido de la fiscal del caso Eugenia Titanti y del asistente letrado Bruno Miciullo, una jueza tuvo por formulados los cargos contra cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en un domicilio del barrio Cuenca XV de esta ciudad.

 

En ese marco, ambos representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron que una de las imputadas, sobre quien consideraron que tiene “mayor preponderancia” en la venta de drogas, permanezca en prisión preventiva.

 

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron desde fecha indeterminada, pero al menos entre el 10 de noviembre y el 11 de diciembre de este año, cuando tres mujeres, M.E.O.M., S.S.O., E.N.G.; y un varón, E.A.G.O., vendieron drogas de manera organizada desde una vivienda en la que residen. Para llevar adelante la actividad ilícita, utilizaron la fachada de un comercio tipo “kiosco o despensa”, con una ventana que da a la vía pública. Desde allí realizaron intercambios rápidos de envoltorios con drogas por dinero en efectivo o mediante transferencias.

 

La investigación permitió documentar al menos 153 movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, realizados en distintos horarios. En ese contexto, el 11 de diciembre se realizó un allanamiento en el domicilio investigado, donde se secuestraron más de dos kilos y medio de cannabis en distintas presentaciones, 155 envoltorios fraccionados, un millón de pesos en efectivo, U$D 215 , dos armas de fuego —una de ellas apta para el disparo—, municiones, balanzas de precisión, teléfonos celulares, un posnet y otros elementos vinculados con la comercialización de drogas.

 

Prisión Preventiva

 

La fiscalía solicitó la prisión preventiva por el plazo de 4 meses para una de las personas imputadas, M.E.O.M, por considerar que tiene una mayor preponderancia en el control de la actividad que todos ejercían y que en su caso se dan los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “Es un hecho grave por la cronicidad con la que se venía realizando la conducta, y la cantidad de producto hallado: había 255 dosis ya preparada, pero eran solo por casi 200 gramos. Es decir, tenían para colocar en el mercado casi 2,5 kilos más para seguir fragmentando”, argumentó Titanti, quien se refirió también a ingresos “millonarios” en las billeteras virtuales de la acusada respecto de la que pidió la prisión preventiva.

 

En relación con las otras dos mujeres y del varón acusados, la fiscal del caso indicó que por el momento no es necesario que se limite su libertad, pero pidió que se presenten semanalmente ante la fiscalía.

 

Los hechos fueron calificados provisoriamente como comercio de estupefacientes agravado por haber sido cometido de manera organizada por más de tres personas (arts. 5 inc. c y 11 inc. c de la Ley 23.737), en concurso real con el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis inc. 2, primer párrafo, y art. 55 del Código Penal), en carácter de coautores.

 

La jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar al pedido de prisión preventiva y la fijó respecto de M.E.O.M por el plazo de 4 meses. También hizo lugar a las otras medidas cautelares y dispuso las presentaciones semanales ante el MPF para el resto de las personas coimputadas.

Robaron en una vivienda y fueron imputados: uno de ellos quedó detenido

 

15-12-2025

 

Neuquén – En una audiencia de formulación de cargos realizada el sábado pasado, el asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, acusó a A.J.C y W.J.P, por un caso de robo ocurrido en una vivienda del barrio 127 Hectáreas de la ciudad de Neuquén.

 

Según la teoría del caso, el hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2025, entre las 13:20 y las 13:40, cuando ambos imputados, actuando de común acuerdo y con división de tareas, llegaron a una casa a bordo de un vehículo Citroën C3 conducido por una tercera persona que aún es investigada. Para ingresar, escalaron el cerco perimetral, forzaron una puerta reja y un ventanal trasero, tras lo cual accedieron al interior y sustrajeron una notebook marca Samsung.

 

La maniobra fue advertida por una vecina, que comenzó a gritar y a filmar la situación, lo que motivó la fuga de los acusados, quienes escaparon a pie y arrojaron algunos objetos en la vereda durante la huida. Minutos después, y con los datos aportados por la testigo, personal policial de la Comisaría 41 logró interceptarlos y aprehenderlos.

 

El delito que Vidal les atribuyó es robo triplemente calificado por efracción, escalamiento y por ser cometido en poblado y en banda, en carácter de coautores (artículos 167 incisos segundo, tercero y cuarto, en función del artículo 163 inciso cuarto y 45 del Código Penal).

 

El funcionario del Ministerio Público Fiscal solicitó que A.J.C quede detenido en prisión preventiva y argumentó que existe riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación. Además, Vidal describió la situación procesal del imputado y manifestó que al momento de cometer el hecho se encontraba en libertad asistida y que tiene antecedentes penales por hechos similares, por lo que de recaer nueva condena, la misma será de cumplimiento efectivo.

 

En el caso de W.J.P, el asistente letrado del MPF pidió que se le impongan medidas de restricción respecto del lugar del hecho, la víctima y los vecinos y que comparezca semanalmente ante la fiscalía ya que no registra causas en trámite.

 

La jueza de garantías Carina Álvarez, que estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por Vidal. En relación a las medidas de coerción, avaló la prisión preventiva para A.J.C por tres meses y los comparendos semanales más las medidas de restricción para W.J.P por el mismo plazo.

 

Finalmente, la magistrada estableció el plazo para concluir la investigación preliminar en cuatro meses.