Autor: Ministerio Público Fiscal

  • Provocó un incendio para matar a su expareja: lo acusaron por tentativa de femicidio

    Provocó un incendio para matar a su expareja: lo acusaron por tentativa de femicidio

    Provocó un incendio para matar a su expareja: lo acusaron por tentativa de femicidio

     

    06-04-2026

     

    Neuquén– El asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Gastón Rodríguez, junto a la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, formularon cargos a un hombre por intentar matar a su expareja al incendiar intencionalmente su vivienda.

     

    El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

     

    Según la acusación, el hecho ocurrió el 5 de abril por la mañana, en una vivienda ubicada sobre la ruta provincial 13, en un paraje cercano a Villa Pehuenia. En ese contexto, el imputado, A.G.P. , inició de manera deliberada un incendio en el lateral de la casa mientras la víctima dormía en su interior, utilizando un bidón con combustible. La mujer se despertó, logró salir del domicilio y pidió ayuda a terceros, lo que evitó que el ataque cumpliera el objetivo de matarla. De acuerdo con la investigación, el acusado le dijo: “esto es porque saliste”, en un claro contexto de violencia de género.

     

    Durante la audiencia, la fiscalía detalló como evidencia la denuncia de la víctima, entrevistas a testigos, el secuestro del bidón con restos de combustible y actuaciones policiales. Además, solicitó un plazo de tres meses para completar la investigación, incluyendo pericias químicas y de bomberos.

     

    En ese marco, la fiscalía remarcó que, si bien el hecho ocurrió dentro de una comunidad mapuche, la gravedad del caso —calificado como tentativa de femicidio— excluye su abordaje en el ámbito comunitario y exige la intervención del sistema penal ordinario.

     

    El juez de garantías Lisandro Borgonovo tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía, al considerar que la descripción del hecho permite, en esta etapa inicial, sostener la hipótesis de tentativa de femicidio.

     

    Prisión preventiva

     

    La fiscal Pizzipaulo explicó que desde el MPF se evaluó el pedido de una prisión preventiva para proteger a la víctima, que se encuentra “aterrorizada”, es vulnerable y “ha quedado sin vivienda”. Sin embargo, señaló que en la Región del Pehuén no cuentan con plazas disponibles para alojar a una persona en prisión preventiva y por este motivo, con el fin de resguardar la integridad de la mujer ante un hecho calificado provisionalmente como tentativa de femicidio, solicitó al juez de garantías que fije prisión domiciliaria por el término de 30 días.

     

    En ese punto, el magistrado coincidió y dispuso la prisión domiciliaria del imputado por el plazo de 30 días, con salidas laborales autorizadas y bajo control policial. También le impuso la prohibición de contacto con la víctima por cualquier medio y ordenó medidas para garantizar su protección.

  • Imputan a tres personas por homicidio: la víctima sufrió más de 20 heridas cortantes

    Imputan a tres personas por homicidio: la víctima sufrió más de 20 heridas cortantes

    Imputan a tres personas por homicidio: la víctima sufrió más de 20 heridas cortantes

     

    06-04-2026

     

    Neuquén– La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, junto a la asistente letrada Claudia Brazzola y al asistente Guillermo Rodríguez, formularon cargos a tres varones por su participación en un homicidio agravado cometido en la ciudad de Zapala.

     

    El hecho ocurrió el 5 de abril, alrededor de las 12:40, en calle Liniers al 1800, cuando los acusados —identificados como A.D.V., B.O.V. y M.A.M.— atacaron de manera conjunta a la víctima, un hombre, con golpes y un cuchillo tipo carnicero. Según la acusación, lo persiguieron, lo redujeron y le provocaron entre 22 y 25 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, lo que finalmente causó su muerte por un hemoneumotórax producto de una lesión penetrante en el tórax. Tras la agresión, los imputados intentaron huir, pero fueron demorados por un policía que se encontraba en el lugar.

     

    El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en carácter de coautores (artículos 80, incisos 2 y 6; y 45 del Código Penal). Para sustentar la imputación, la fiscalía mencionó testimonios de testigos presenciales, el informe de autopsia, el secuestro del arma utilizada y otros elementos recolectados durante la investigación inicial.

     

    En relación con las medidas cautelares, la fiscal del caso solicitó la prisión domiciliaria de los tres imputados por el plazo de tres meses, ante la imposibilidad de requerir prisión preventiva por falta de cupos en unidades de detención, y para resguardar a los testigos del hecho.

     

    El juez de garantías Lisandro Borgonovo hizo lugar al planteo y dispuso la prisión domiciliaria por tres meses para los tres acusados, con control mediante tobillera electrónica y rondines policiales, al considerar acreditados los riesgos procesales, especialmente en relación a posibles entorpecimientos de la investigación.

  • Hallazgo récord de drogas: el inquilino de la casa y su abogado fueron imputados

    Hallazgo récord de drogas: el inquilino de la casa y su abogado fueron imputados

    Hallazgo récord de drogas: el inquilino de la casa y su abogado fueron imputados

     

    06-04-2026

     

    Neuquén– El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos en la ciudad de San Martín de los Andes al inquilino de una vivienda del barrio Las Rosas donde se hallaron casi 10 kilos de droga destinada a la comercialización. También a su abogado particular, a quien se le secuestraron estupefacientes en el hotel donde se hospedaba.

     

    «Lo que comenzó como una investigación por robos, terminó en este hallazgo sin precedentes y es gracias a nuestros fiscales y la Policía», había remarcado el sábado el fiscal general José Gerez, quien viajó hacia San Martín de los Andes para acompañar al equipo del MPF y de la Policía provincial.

     

    Las acusaciones se realizaron ayer a última hora de la tarde. El primer imputado fue el inquilino de la casa allanada en Las Rosas, donde se incautaron 9,7 kilos de droga, más de $12 millones en efectivo, armas y municiones. Este procedimiento representó el secuestro más importante en volumen desde que la provincia asumió la investigación del microtráfico de drogas el año pasado.

     

    Además fue acusado su abogado defensor, quien acompañó al sospechoso a entregarse el sábado por la tarde en la sede del MPF. Tras la entrega, fue detenido en un hotel céntrico con 140,3 gramos de clorhidrato de cocaína y 18,5 gramos de marihuana, junto con una pistola Glock calibre 9 milímetros sin la debida autorización.

     

    Las audiencias y medidas cautelares

     

    Las formulaciones de cargos fueron efectuadas por el fiscal jefe Gastón Ávila y la fiscal del caso Inés Gerez en dos audiencias por separado. Ambos fiscales solicitaron la prisión preventiva de los imputados mientras avanza la investigación, por la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.

     

    El juez de garantías interviniente, Lisandro Borgonovo, aceptó el pedido de medida cautelar para el inquilino de la vivienda y lo rechazó respecto del abogado.

     

    Imputación al inquilino de la vivienda

     

    En la primera audiencia, el fiscal jefe Gastón Ávila imputó a S. S. F. por el hecho ocurrido el pasado 3 de abril. Según la acusación, alrededor de las 15:25, el imputado tenía en su vivienda y bajo su poder, con fines de comercialización, 4.983 gramos de cocaína y 4.855 gramos de Cannabis Sativa (cogollos).

     

    Durante el allanamiento, personal de la Brigada de Investigaciones y de la División Antinarcóticos Zona Sur secuestró además:

     

    $12.163.460 en efectivo, 1.350 dólares y 50.000 pesos chilenos.

     

    Una pistola Glock con numeración limada y un revólver Taurus calibre .357.

     

    Aproximadamente 100 municiones, balanzas de precisión, un posnet y anotaciones vinculadas a la venta.

     

    Asimismo, se hallaron elementos denunciados como robados en diversos lugares de la ciudad: un taladro, dos cámaras profesionales (una Nikon D7100) y una sierra circular Bauker. Por estos hechos, S. S. F. fue imputado por tráfico de estupefacientes (tenencia con fines de comercialización), tenencia ilegítima de armas de guerra y encubrimiento.

     

    El fiscal jefe pidió cuatro meses de prisión preventiva, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y el juez de garantías avaló la solicitud por dos meses.

     

    Imputación al abogado defensor

     

    La fiscal Inés Gerez formuló cargos contra el abogado F. T., quien inicialmente ejercía la defensa de S. S. F. Según la fiscalía, el 4 de abril a las 22:00, poseía con fines de comercialización 140,3 gramos de cocaína y 18,5 gramos de marihuana en un hotel local.

     

    El procedimiento se originó luego de una denuncia que indicaba que S. S. F. se había hospedado allí mientras estuvo prófugo, durante 24 horas. Al intentar ingresar a la habitación con la llave cedida por el hotel, el personal policial escuchó que alguien en el interior acerrojaba un arma. Por lo tanto el personal se identificó y al entrar estaba F. T., quien tenía una pistola Glock 9mm sobre la mesa de luz. En el lugar había además 112 gramos de cocaína en envoltorios, una balanza, teléfonos celulares y una computadora.

     

    En otra habitación allanada luego, en la que estaba registrado el abogado, se encontraron envoltorios con otros 28,3 gramos  de clorhidrato de cocaína en envoltorios de nylon, 18,5 gramos de Cannabis Sativa, junto con elementos de corte (bicarbonato), una hoja de cúter y $125.600 en efectivo.

     

    La fiscalía le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de guerra.

     

    Ante el pedido de preventiva de la fiscalía, el juez Borgonovo dispuso que quede en libertad con la obligación de presentarse diariamente en la Comisaría 23.

  • Secuestran 9,7 kilos de droga, armas y más de  millones: un detenido

    Secuestran 9,7 kilos de droga, armas y más de $12 millones: un detenido

    Secuestran 9,7 kilos de droga, armas y más de $12 millones: un detenido

     

    05-04-2026

     

    Neuquén – El Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó la detención de un hombre que tenía en su casa en la ciudad de San Martín de los Andes, 9,7 kilos de droga, más de $12 millones en efectivo, armas y municiones.

     

     «Es el hallazgo de droga más importante que hemos realizado en cantidad desde que la provincia se hizo cargo de luchar contra el microtráfico», indicó el fiscal general José Gerez, quien viajó ayer hacia la ciudad cordillerana para acompañar a los integrantes del MPF que trabajan en el caso y se reunió con las autoridades de la Policía provincial. «Lo que comenzó como una investigación por robos, terminó en este hallazgo sin precedentes y fue gracias a nuestros fiscales y la Policía», remarcó.

     

    Sobre este último aspecto, Gerez planteó que los casi 10 kilos de droga hallados tienen un valor de venta en el mercado de consumidores y consumidoras estimado en $350 millones.

     

    La detención de la persona bajo sospecha la dispuso la fiscal del caso Inés Gerez ayer por la tarde, con el objetivo de formularle cargos en las próximas horas. Fue luego de que se entregara en la sede del MPF en San Martin de los Andes, ante la funcionaria judicial, el fiscal jefe Gastón Ávila y efectivos de distintas áreas de la Policía provincial, con el acompañamiento de su abogado defensor.

     

    El pedido de captura estaba vigente porque al allanar su domicilio en el barrio Las Rosas, en el contexto de una investigación por robos en viviendas de la ciudad que llevaba adelante la fiscalía local con la Policía neuquina, se encontró: alrededor de 9,7 kilos de droga (4,9 de kilos cocaína y 4,8 kilos de marihuana); $12.163.460 en efectivo; 1.350 dólares; 50 mil pesos chilenos; una pistola Glock con la numeración limada; un revólver Taurus calibre 357; alrededor de 100 municiones de distintos calibres; envoltorios de naylon; una balanza; y un posnet, entre otros secuestros.

     

    Tras disponer su detención, el MPF quedó en condiciones de requerir ante la Oficina Judicial la audiencia para formularle cargos, dentro de un plazo máximo de 48 horas.

     

    En el allanamiento en la vivienda de Las Rosas, también se encontraron diversas herramientas que estarían vinculadas a los robos que investiga el MPF y que originaron el procedimiento.

  • Hallaron 300 dosis de cocaína en una casa: dos imputados

    Hallaron 300 dosis de cocaína en una casa: dos imputados

    Hallaron 300 dosis de cocaína en una casa: dos imputados

     

    03-04-2026

     

    Neuquén – El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a dos hombres por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la ciudad de Chos Malal.

     

    La acusación fue realizada ayer por la fiscal del caso Natalia Rivera, acompañada por el fiscal del caso Víctor Salgado. Durante la audiencia, los representantes del MPF solicitaron que ambos acusados permanezcan detenidos con prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, pedido que fue rechazado por un juez de garantías por lo que se requirió la revisión de esa decisión.

     

    De acuerdo a la acusación, en la vivienda que ambos comparten en el barrio Uriburu y durante el allanamiento del último 2 de abril, se hallaron141 gramos de cocaína (una parte compactada y otra en envoltorios), cantidad que equivale a unas 300 dosis aproximadamente, según precisó la fiscal del caso en la audiencia. También se secuestraron pastillas de corte de la cocaína, una balanza de precisión, tres terminales de pago electrónico (posnet) y dinero en efectivo (pesos argentinos y chilenos).

     

    En este contexto, la fiscal del caso planteó que al menos entre el 16 y 28 de marzo, los acusados J. G. H. y L. L. H. realizaron ventas de estupefacientes en distintos horarios. Según la investigación conjunta del MPF y la división Antinarcóticos de la Policía provincial, utilizaban para tal fin el domicilio que comparten en el barrio Uriburu y un automóvil Volkswagen Bora.

     

    El delito atribuido a los acusados fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autores.

     

    Como medida cautelar, el MPF solicitó la prisión preventiva domiciliaria por un mes —ante la falta de cupo en unidades de detención—, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa. En simultáneo, se requirió el embargo e inhibición de bienes de ambos.

     

    El juez de garantías, Lisandro Borgonovo, rechazó la detención domiciliaria y dispuso, en su lugar, la prohibición de salir de Chos Malal y la obligación de presentarse diariamente en la comisaría. No obstante, el magistrado sí aceptó la inhibición de bienes y el embargo.

     

    El plazo de investigación se fijó en dos meses.

     

    Durante la audiencia de ayer por la tarde, el MPF solicitó la revisión de la decisión del juez respecto del rechazo de la medida privativa de la libertad de los imputados.

     

  • MPF pidió suspender los plazos en la causa de planes sociales: el juez lo rechazó

    MPF pidió suspender los plazos en la causa de planes sociales: el juez lo rechazó

    MPF pidió suspender los plazos en la causa de planes sociales: el juez lo rechazó

     

    01-04-2026

     

    Neuquén– El Ministerio Público Fiscal solicitó la suspensión de los plazos procesales en la causa por asociación ilícita y estafas con planes sociales, al advertir que el proceso podría vencerse antes de que se resuelvan las impugnaciones. El juez de garantías Luis Giorgetti rechazó el planteo por considerar que no tiene sustento legal y que fue formulado de manera prematura.

     

    El pedido fue realizado durante una audiencia de control de la investigación, en la que el fiscal del caso Juan Narvaez, con la adhesión del representante de la Fiscalía de Estado Gustavo Kohon, expusieron que, debido a la complejidad del caso y a los tiempos fijados para la audiencia de impugnación —prevista para fines de julio—, se genera un período de inactividad de aproximadamente cinco meses. Según precisó Narváez, esa demora, sumada a otros lapsos sin actividad jurisdiccional, pone en riesgo el cumplimiento del plazo máximo del proceso, que vence en noviembre de 2026. Por ese motivo, solicitó suspender el cómputo de los plazos hasta el inicio de la audiencia ante el Tribunal de Impugnación.

     

    La fiscalía sostuvo que la causa, iniciada en 2022 y declarada como asunto complejo, implicó el análisis de una gran cantidad de información, pericias contables e informáticas y la intervención de múltiples imputados, lo que excede las previsiones del legislador al fijar los plazos procesales. Además, indicó que la demora en la fijación de la audiencia de impugnación responde a cuestiones operativas del sistema judicial y no a las partes.

     

    El planteo fue acompañado por la querella institucional, pero rechazado por las defensas, que señalaron que no existe una norma que habilite la suspensión de plazos en estas condiciones, que el pedido es abstracto porque aún no hay vencimiento y que la cuestión debe analizarse en su momento, si efectivamente ocurre.

     

    Al resolver, el juez Giorgetti consideró que la solicitud carece de “anclaje legal”, ya que las normas invocadas por la fiscalía refieren a supuestos distintos, como la reposición de plazos vencidos o prórrogas acordadas entre partes. También remarcó que no corresponde adelantar un análisis sobre el plazo total del proceso cuando el eventual vencimiento aún no se produjo.

     

    También advirtió que la medida solicitada podría afectar derechos de los imputados, en particular de aquellos que se encuentran con prisión domiciliaria, ya que implicaría paralizar el proceso. Así, el magistrado resolvió rechazar el pedido de suspensión de los plazos y dispuso continuar con el trámite del caso en las condiciones actuales.

     

    Condenas

     

    En diciembre pasado, un tribunal fijó penas para doce personas por las estafas cometidas entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Los exfuncionarios Abel Di Luca, Tomás Siengentharler y Ricardo Soiza recibieron 5 años de prisión efectiva, mientras que otros imputados fueron condenados a penas de entre 3 y 4 años y medio, algunas de cumplimiento efectivo y otras condicional. Además, se dispuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

  • Contactó a un niño y le ofreció beneficios para un videojuego: lo acusaron por «grooming»

    Contactó a un niño y le ofreció beneficios para un videojuego: lo acusaron por «grooming»

    Contactó a un niño y le ofreció beneficios para un videojuego: lo acusaron por «grooming»

     

    01-04-2026

     

    Neuquén – El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un hombre que contactó a un niño a través de WhatsApp con la intención de cometer un delito contra su integridad sexual, en la ciudad de Neuquén.

     

    La acusación la realizó hoy la asistente letrada Vanesa Muñoz, de la fiscalía de Delitos contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, durante una audiencia en la Ciudad Judicial.

     

    Planteó que, de acuerdo a la investigación preliminar del MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 5 de abril de 2025, entre las 6 y las 8 de la mañana. El imputado, D. I. M, se comunicó con la víctima mediante WhatsApp y le preguntó si estaba despierto. Luego, consultó si estaba solo, con el objetivo de asegurarse que no estuviera con personas adultas a su alrededor, a lo que el niño le respondió que su papá y su mamá dormían.

     

    A partir de allí, el acusado que conocía al niño, intentó generar un vínculo de confianza y captar su atención hablándole sobre el videojuego “Free Fire” y ofreciéndole beneficios. Después le propuso mostrarle algo que debía mantenerse “en secreto” entre ambos y, tras obtener una respuesta afirmativa, le envió una imagen de contenido sexual explícito, mediante una función que permite visualizar la foto una sola vez.

     

    Ante el rechazo del niño, el acusado eliminó los mensajes de la conversación, y la víctima alertó a su madre y a su padre, quienes denunciaron el hecho.

     

    El delito que atribuyó la representante del MPF al acusado fue grooming, en carácter de autor.

     

    La defensora de la Niñez y Adolescencia que intervino como querella institucional, adhirió al planteo de la representante del MPF.

     

    Como medida cautelar la asistente letrada requirió que, mientras avanza la investigación, se le imponga al acusado la prohibición de tener cualquier tipo de contacto con la víctima y su familia, por cualquier medio, además de no poder acercarse a la vivienda en un radio menor a 300 metros.  

     

    La jueza de garantías Natalia Pelosso, avaló la formulación de cargos y el pedido de medida cautelar, además de establecer el plazo de investigación en cuatro meses.

  • Tribunal de Impugnación modificó las penas de adolescentes responsables de homicidio

    Tribunal de Impugnación modificó las penas de adolescentes responsables de homicidio

    Tribunal de Impugnación modificó las penas de adolescentes responsables de homicidio

     

    31-03-2026

     

    Neuquén– Un Tribunal de Impugnación (T.I.), integrado por dos jueces y una jueza, resolvió modificar las penas impuestas a dos adolescentes declarados responsables por el homicidio de Juan Caliani, cometido en la ciudad de Neuquén.

     

    La resolución se conoció hoy, determina montos más bajos de penas y es contraria al pedido que había efectuado el Ministerio Público Fiscal (MPF) junto al abogado querellante que representó a la familia de la víctima: que se confirmen los montos de 6 años de prisión efectiva para el adolescente que sostuvo a la víctima; y de 9 años de prisión efectiva al que la apuñaló.

     

    La decisión unánime del T.I., conformado por los jueces Richard Trinchieri y Federico Sommer, y la jueza Florencia Martini, fue establecer montos menores, de 5 años y 8 meses años de prisión efectiva; y de 8 años y 6 meses de prisión efectiva, respectivamente.

     

    Entre otros aspectos, desde el T.I. indicaron que “la impugnación tendrá parcial acogida, producto de un error de la sentencia en cuanto a una de las pautas tomadas como agravantes en el fallo recurrido al fijarse el monto punitivo”. Añadieron que “el fallo contiene un desacierto que debe ser revocado y, consecuentemente, tendrá impacto en el monto punitivo determinado. Se trata de la pauta sobre la muerte de Juan Esteban Caliani incluida como circunstancia agravante en la extensión del daño”.

     

    En este sentido, el T. I. sostuvo que “lo cierto es que la muerte de la persona forma parte del tipo legal y no puede ser nuevamente valorada al cuantificarse la pena por cuanto significa una doble valoración prohibida. Es suficientemente sabido que en derecho penal la culpabilidad es la medida de la pena. No puede penarse a la persona acusada en este caso en nada que vaya más allá del dolo mostrado en los hechos reprochados”.

     

    El planteo de confirmación de las penas de parte del fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín, y del abogado querellante Federico Egea, fue realizado durante una audiencia ante el T.I. el pasado 13 de marzo.

     

    En esa misma audiencia, la defensa requirió la reducción de las penas.

     

    Ante ese planteo, el fiscal del caso sostuvo que la sentencia debía mantenerse por la solidez técnica del fallo, la gravedad de los hechos y la falta de coherencia en los argumentos de la defensa.

     

    Martín indicó que “la sentencia es justa, razonada, proporcional y detallada, y cuenta con un sólido apoyo técnico, doctrinario y jurisprudencial”. También destacó que “no se trata de una sentencia simple, ya que resume un juicio de 10 días, con más de 50 testigos, y analiza tres condenas previas en el caso de uno de los adolescentes”.

     

    El abogado querellante adhirió al pedido de la fiscalía.

     

    Juicio y fijación de las penas

     

    Los dos jóvenes fueron juzgados bajo el régimen de la Ley provincial 2302, ya que al momento del hecho tenían 16 y 17 años.

     

    En mayo de 2025 admitieron su responsabilidad como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo (artículo 165 del Código Penal).

     

    Cuando cumplieron los 18 años, el proceso avanzó hacia la fijación de las penas.

     

    Las condenas fueron impuestas en diciembre por el juez de la Niñez y Adolescencia Dardo Bordón, quien resolvió aplicar 6 años de prisión efectiva al adolescente que sostuvo a la víctima y 9 años de prisión efectiva al que la apuñaló.

     

    Las penas coincidieron con lo solicitado por el fiscal Martín, quien distinguió los roles que tuvo cada uno en el hecho. En ese momento, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que se trataba de condenas “justas, proporcionales, merecidas, ajustadas a derecho, pacificadoras y reparadoras”, y sostuvo que “una condena de prisión efectiva es, en el fondo, una forma pacífica de resolver un conflicto violento e irreparable”.

     

    En el caso del adolescente condenado a 9 años, dentro de esa pena también quedaron incluidos dos hechos previos: un hurto con escalamiento en grado de tentativa, cometido el 27 de enero de 2024, y un robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, ocurrido el 23 de marzo de 2024, ambos en la ciudad de Neuquén.

     

    El hecho

     

    El hecho ocurrió el 1 de abril de 2024, alrededor de las 23.45, en la vivienda de la víctima, ubicada en Luis Beltrán y Cacique Purrán, en la ciudad de Neuquén.

     

    Los dos jóvenes ingresaron por la puerta de un quincho lindante a la casa y comenzaron a sustraer cajas de herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa. Luego fueron dejando esos elementos en el techo del inmueble.

     

    Al escuchar ruidos, Juan Caliani salió de su dormitorio. En un pasillo que conecta la vivienda con el quincho se encontró con los dos adolescentes.

     

    En ese momento, el joven de 17 años lo sujetó, mientras que el de 16 años le dio dos puñaladas en el tórax con un cuchillo que tomó del quincho. Caliani murió como consecuencia de las heridas.

     

    Como el caso involucró a dos adolescente, la difusión tuvo restricciones en los términos de lo establecido por la Ley provincial 2302 y la Ley nacional 20.056.

  • Vendía drogas desde una casa y tenía armas: fue condenado a 4 años de prisión efectiva

    Vendía drogas desde una casa y tenía armas: fue condenado a 4 años de prisión efectiva

    Vendía drogas desde una casa y tenía armas: fue condenado a 4 años de prisión efectiva

     

    31-03-2026

     

    Neuquén– A menos de 20 días de un allanamiento en el que se encontraron drogas y armas, un hombre acusado por la fiscal del caso Silvia Moreira y por el asistente letrado Pablo Jávega fue condenado a 4 años de prisión efectiva.

     

    Fue a partir de un procedimiento abreviado mediante el que el imputado reconoció su responsabilidad. En el mismo proceso, una mujer admitió su participación en el hecho y recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso como partícipe secundaria.

     

    El hecho investigado ocurrió entre el 12 de febrero y el 13 de marzo de 2026 en una vivienda de Rincón de los Sauces, donde funcionaba un punto de venta de drogas. Según la acusación, el principal imputado, Facundo Aníbal Navarro, vendía cocaína y otras sustancias a distintas personas que concurrían al lugar, mientras que María Pía Narváez colaboraba en tareas de fraccionamiento y comercialización.

     

    La investigación incluyó tareas de vigilancia en las que se registraron al menos 24 operaciones compatibles con la venta de estupefacientes. Además, se constató que los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.

     

    Durante un allanamiento realizado el 13 de marzo, la policía secuestró 68 gramos de cocaína, pequeñas cantidades de cannabis, balanzas de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, más de $2,6 millones en efectivo y tres armas de fuego con municiones, todas aptas para el disparo.

     

    Los delitos fueron calificados como comercio de estupefacientes, en calidad de autor para Navarro y de partícipe secundaria para Narváez, en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil.

     

    El acuerdo fue presentado en una audiencia realizada ayer ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien lo homologó luego de que ambos imputados admitieran los hechos.

     

    Como resultado, Navarro fue condenado a 4 años de prisión efectiva y al pago de una multa, mientras que Narváez recibió una pena de 3 años de prisión condicional, con reglas de conducta como fijar domicilio, presentarse periódicamente ante control judicial, no consumir estupefacientes y acreditar trabajo o estudios.

     

    Además, el acuerdo de condena impulsado por Moreira y Jávega incluyó el decomiso del dinero, los dispositivos electrónicos y las sustancias secuestradas, así como el mantenimiento de la clausura del inmueble donde se desarrollaba la actividad ilícita.

  • Fijaron la fecha para la audiencia de acusación del intendente de Plottier

    Fijaron la fecha para la audiencia de acusación del intendente de Plottier

    Fijaron la fecha para la audiencia de acusación del intendente de Plottier

     

    31-03-2026

     

     

    Neuquén – Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue fijada la audiencia de formulación de cargos del intendente de Plottier, Luis Bertolini, y de otras dos personas.

     

     

    El requerimiento lo efectuó la fiscal del caso, Rocío Rivero, de la fiscalía de Delitos Económicos, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

     

     

    Durante la jornada de hoy, la Oficina Judicial informó al MPF que la fecha fijada es el próximo 13 de abril a las 11 de la mañana.

     

     

    El objetivo del MPF es formular cargos al intendente Luis Bertolini, a la subsecretaria de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada.

     

     

    En la audiencia es formalizará la acusación contra las tres personas en el contexto de una investigación iniciada en enero de 2026, luego de una denuncia presentada ante el organismo.

     

     

    Dicha denuncia puso el foco en dos cuestiones: el dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.

     

     

    Los delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.