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A cinco días del cierre del período de ordinarias del Congreso, previsto para el próximo 30, en la Casa Rosada siguen mostrándose inflexibles. «Preferimos prorrogar nuevamente el último Presupuesto sancionado que acompañar uno que sea incumplible», dicen en Balcarce 50 para atajar los últimos intentos de negociación que impulsan los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, empeñados en abrir una última instancia de diálogo con el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

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Sin embargo, los gestos que no salen de ese tironeo, aparecieron, por otro lado. No todo está tan obturado y detrás de las posiciones monolíticas se pueden advertir algunos movimientos. En medio de la tensión que se respira en Diputados, con una agenda que incluye cuatro pedidos de sesión para los próximos días, hubo movimientos en el Senado.

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El viernes a última hora se filtró que la senadora Lucía Corpacci le puso el gancho al dictamen de la Comisión de Acuerdos para postular al juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema. En medio de total hermetismo, este domingo fuentes de esa estratégica comisión del Senado confiaron a LMNeuquén que la firma de Corpacci los deja más cerca de contar con las firmas suficientes. Esa instancia tiene 17 miembros y necesitan nueve para el dictamen de mayoría.

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La integración de la Corte Suprema de Justicia

Con la firma de la exgobernadora catamarqueña esa necesidad ya se habría cumplido. Corpacci no lo hizo por decisión personal, sino como respuesta a una instrucción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la última palabra del panperonismo en la negociación para cubrir las vacantes la Suprema Corte.

El Ejecutivo promovió a Lijo para reemplazar a Elena Highton de Nolasco, que dejó el cargo hace casi tres años. También al académico Manuel García Mansilla para que quede en el lugar que Juan Carlos Maqueda deberá abonar a partir del 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años, la fecha límite para ser miembro del máximo tribunal.

El gesto de Corpacci, como expresión de Cristina, abre otro escenario para diciembre, porque Javier Milei ya estaba dando casi por cerrada la instancia de negociación en el Senado. En medio de la pelea creciente con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente ya había dicho que esperaba señales de la Cámara Alta. Como no sucedían, nunca desmintió la posibilidad de designar a Lijo y a García Mansilla «en comisión» por un decreto, tal como lo hizo Mauricio Macri en 2015 con las nominaciones de Horacio Rosarri y Carlos Rozenkrantz.

Ambos luego juraron con acuerdo del Senado, pero el entonces presidente utilizó el recurso del decreto para sortear las trabas de la negociación parlamentaria. Milei podría hacer lo mismo, pero podría desbaratar las demás negociaciones de caracter jurídico: hasta ahora el Ejecutivo había amagado con mandar los pliegos de 160 jueces y fiscales y por ahora no hay rastros de ese movimiento. Lo mismo sucede con dos aspectos que ahora pasaron a un segundo plano: la amplación de la Corte, que exploró el Gobierno, y la designación del titular del Ministerio Público, que lleva seis años con Ricardo Casal como interino.

El futuro de las PASO

Los movimientos para destrabar la negociación de la Corte podrían tener un correlato en el próximo funcionamiento del Congreso. A partir del martes sólo quedan cuatro días hábiles antes de que concluya el período de ordinarias y por ahora el Ejecutivo no quiere extender este período en diciembre y negocia la posibilidad de llamar a extraordinarias en el verano y definir el temario. Sobre la mesa quiere negociar el futuro del presupuesto 2025 y el Gobierno quiere meter la eliminación de las PASO, como una alternativa de negociación para usar esos fondos en responder reclamos de las provincias. Parece trabadísimo, pero hay señales que podrían sorprender.

Los gobernadores de JxC no hablan de las PASO y quizás no las mencionan porque están dispuestos a resignarlas el año que viene. Desde la semana padasa proponen un encuentro presencial donde puedan reabrir la discusión presupuestaria y que el Gobierno decida convocar a extraordinarias y meter ese punto en el temario, que durante el receso de verano sólo puede ser definido por el Ejecutivo.

La Casa Rosada ya deslizó una señal sobre una convocatoria de este tipo para diciembre o febrero que anticipa el tono de la negociación que eligió imponer Milei. El gesto que aumentó esa sospecha fue la presentación de los dos proyectos de reforma electoral que había anunciado el Gobierno. Ya ingresaron a la Cámara Baja los textos para eliminar las PASO y cambiar el financiamiento de los partidos políticos, blanqueando los aportes privados sin techo y reduciendo los públicos.

Ni el PRO ni la UCR tienen una posición común sobre qué hacer con las PASO, pero la mayoría de sus gobernadores están abiertos a escuchar propuestas. Lo mismo pasa en el panperonismo, donde Sergio Massa ya impulsó la anulación de las PASO cuando fue presidente de la Cámara Baja y ahora apunta a hacerlo en la provincia de Buenos Aires.

Y qué pasará con el Presupuesto 2025

El ojo sigue siendo el Presupuesto 2025. Entre lunes y martes podría encaminarse o encallarse en forma definitiva ese tablero. Para el martes, la oposición volverá a insistir con el tratamiento del DNU 846/24, que le permite al Ejecutivo reestructurar deuda sin autorización del Congreso ni conseguir mejor plazo, tasa o quita de interés. El decreto firmado desde la primavera y está directamente vinculado a la estrategia presupuestaria del Ejecutivo, cada vez menos entusiasmado con buscar su aprobación en el Congreso.

Hace dos semanas la oposición intentó llevarlo al recinto, pero no llegaron al cuórum por debilidades de los bloques que la impulsaron, especialmente de Unión por la Patria, que no pudo contar con nueve de sus 99 bancas para garantizar el cuórum necesario de 129.

El otro factor que aumentó las falencias fue la ausencia de la UCR y de espacios como Innovación Federal, que reune a partidos provinciales que accionan por decisión de sus gobernadores. Si bien hubo titubeos radicales, la falencia de UxP con sus nueve ausentes dejó en segundo plano que fueron los gobernadores del PRO y de la UCR los que decidieron quitarle el cuerpo a esa embestida opositora, con la esperanza de que la negociación presupuestaria no quede en la nada.

Se viene un año electoral y si no hay Presupuesto, sería el segundo año de gestión de Milei con la prórroga del plan de cuentas nacionales que el Congreso aprobó en 2022 para el último año de la administración de Alberto Fernández.

Los menos interesados en seguir de ese modo son los gobernadores, que hasta ahora han aceptado mansamente las imposiciones del Gobierno. No sólo los de JxC, sino también los mandatarios peronistas que siguen bancando la negociación con la Casa Rosada, incluso a costa de dejar en evidencia que pueden fracturar el bloque panperonista. Así lo deslizó el catamarqueño Raúl Jalil, cuando ordenó que sus cuatro legisladores no le den cuórum a la movida contra el 846/24.

¿Podría cambiar de idea en ese nuevo repechaje? Es la misma pregunta que se hacen cerca de los radicales y macristas que la semana pasada decidieron ofrecer una última instancia de negociación con el Ejecutivo. La Casa Rosada sigue sin abrir sus puertas, pero en el medio apareció la firma de Corpacci, senadora de la provincia cuyo gobernador peronista no deja de ofrendarle gestos al Gobierno. Quizás en esa latitud norteña comience a destrabarse la posibilidad de que haya extraordinarias este verano, con la composición de la Corte y el Presupuesto 2025 en el temario.