El último fin de semana largo del año agarró a buena parte de los gobernadores negociando con el Gobierno, en la previa de días determinantes para el escenario político del año electoral que se avecina. Quizás por eso, en las últimas horas se combinaron los componentes para una tormenta perfecta: una derrota de la oposición que no obtuvo cuórum el martes pasado para sesionar y hacer caer un decreto clave para el Gobierno, un repechaje seguro para esta semana que podría traer sorpresas; otra sesión solicitada por el PRO para tratar ficha limpia el miércoles; la urgencia del oficialismo para dictaminar el Presupuesto 2025 este martes y, como si fuera poco, la ofensiva de la Casa Rosada para eliminar las PASO, en un volantazo de último momento, que huele a chicana en medio de la negociación presupuestaria, estancada desde el viernes.
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El período de sesiones ordinarias del Congreso concluye el 30 de noviembre y el próximo miércoles vence el plazo para dictaminar. El presidente Javier Milei podría extender el período de ordinarias hasta diciembre, o convocar a extraordinarias y definir un temario acotado antes de fin de año, pero ese mapa no se definirá hasta que este martes el oficialismo sepa si conseguirá un dictamen de mayoría del Presupuesto 2025.
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Si germinan los acuerdos que se están explorando este fin de semana y se cierra una mayoría en la comisión de Presupuesto, el texto podría llegar al recinto el próximo jueves o viernes. En el medio asoman las dos sesiones que ya han sido solicitadas por distintos sectores de la oposición.
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Ficha limpia y la condena a Cristina
El PRO desconfía a dos puntas. Los cinco gobernadores del partido amarillo ahora encabezan, junto a sus cinco pares radicales, una ofensiva para que el Gobierno ceda en alguno de los cinco puntos que consensuaron como último reclamo, antes de pedirle a sus diputados que no apoyen el dictamen de mayoría que están pactando para el Presupuesto 2025. Por otro lado, el bloque que conduce Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados pidió una sesión para este miércoles y llevar al recinto el debate de Ficha Limpia.
Hay un arco de coincidencias entre el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal que derivó en el dictamen de mayoría. Plantea que no podrán ser candidatos a un cargo electivo «desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.
Por el contrario, el bloque de Unión por la Patria va con uno de minoría que aplica la imposibilidad a partir de una sentencia confirmada por la Suprema Corte. Será un debate caliente con la posible media sanción del dictamen de mayoría, aunque en el PRO y en los demás aliados para esta iniciativa mastican una desconfianza: creen que el Gobierno no tiene interés en este tema, especialmente porque prefiere antagonizar con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que podría ser candidata el año que viene.
La Cámara de Casación Penal confirmó una condena en su contra a seis años de prisión e ihabilitación para ejercer cargos públicos que será apelada ante la Corte. A pesar de las desconfianzas y los guiños, la eventual aprobación de la norma no afectaría una candidatura de Cristina para el año que viene.
Hay otro reguero de descontentos que viene desde la semana pasada y apunta a otra sesión, para el jueves. Podría quedar en un segundo plano si hay dictamen de Presupuesto 2025 y buscan llevarlo al recinto antes de que termine la semana. El martes pasado la oposición dadora de cuórum del oficialismo, junto con Unión por la Patria, no pudieron conseguir el cuórum para tratar dos temas que el Gobierno considera una afrenta: la reforma de la Ley 26.122, que regula la validez de los DNU y la anulación del DNU 846/24, que le permite al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo a reestructurar deuda pública sin pasar por el Congreso, aumentando la cartera de bonos de la ANSES y eludiendo la Ley de Administración Financiera que le permite hacerlo, pero siempre y cuando consiga mejor plazo, menos interés y quita de capital.
Del fallido intento de la semana pasada hubo costos políticos perdidosos para todos los involucrados en la sesión que no fue, pero el que más pagó fue el bloque panpernonista, porque hubo 9 ausencias que combinaron problemas de salud, de vuelo y diferencias políticas, directamente impulsadas por los gobernadores del PJ que están sumergidos en la negociación presupuestaria.
La señal de diferenciación más frontal la concretó el catamarqueño Raúl Jalil. Tres días antes de la sesión le anticipó al presidente del bloque, Germán Martínez, que sus cuatro legisladores no estarían presentes. No estuvieron Silvana Ginocchio, esposa del mandatario, Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega.
La lista de faltazos peronistas sumó a la neuquina Tanya Bertoldi, los mendocinos Liliana Paponet y Adolfo Bermejo, el santiagueño José Gómez y el jujeño Guillermo Snopek. Algunos con serios problemas de salud, otros con viajes familiares, otro retrasado por un vuelo de Aerolíneas y sobre todos el interrogante para los próximos días: ¿volverán a pegar el faltazo? ¿se repetirá la debilidad numérica que se viene cocinando dentro del bloque de UxP y que Martínez ha podido contener con oficio?
Entre el presupuesto y la eliminación de las PASO
Si hay dictamen de Presupuesto 2025 no habría pulseada por el DNU 846. Los dos temas están íntimamente ligados. La oposición cree que con ese decreto el Gobierno consigue financiamiento para gobernar el año que viene sin ley de Presupuesto, sino con una segunda reconducción del vigente, sancionado en 2022 para el último año de mandato de Alberto Fernández. Del otro lado del mostrador, para mostrar que la soga es cortísima, sostienen que mejor seguir con otra prórroga que con un presupuesto que no estén dispuestos a aplicar.
En esa tensión radica el malestar de los gobernadores. Este jueves se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones,en la city porteña, convocados por el chubutense Ignacio Torres, uno de los cinco mandatarios del PRO. Se juntaron 18 de los 24, entre ellos varios peronistas, incluso el bonaerense Axel Kicillof. La cantidad de reclamos es abultada, pero la mayor coincidencia la sumaron los macristas y radicales con sus cinco puntos, que van desde el pago de una compensación por el Pacto Fiscal de 2017, la deuda con las 13 cajas previsionales no transferidas a la Nación, la eliminación del financiamiento del ARCA (exAFIP), que implica el 1,9 del total de la recaudación, la distribución de los ATN y la coparticipación de algunas afectaciones específicas del Impuesto a los Combustibles.
A todos los planteos, el Gobierno dijo que no y, en el medio del tironeo, lanzó finalmente que quieren eliminar las PASO del año que viene. La forma y el momento elegidos sugieren que es una chicana en medio de la negociación por el presupuesto. También encierra un mensaje hacia el PRO. En la Casa Rosada aseguran que quitar las PASO no sólo implicaría utilizar ese presupuesto en otras afectaciones, sino que además les permitiría limitar el poder de fuego del PRO en la negociación de un frente electoral común con La Libertad Avanza (LLA) para el año que viene. Los socios de Juntos por el Cambio son quienes más usaron las PASO para ordenar sus internas y en este caso el PRO no descarta usarlas para definir un eventual acuerdo nacional, o provincia por provincia.
La eliminación de las primarias estaba en la Ley Bases y el PRO pegó el grito en el cielo junto con los demás bloques de la oposición dadora de cuórum. Hace dos semanas volvieron los gritos y no en el cielo, sino en distintos despachos del oficialismo, donde los representantes del PRO, como Cristian Ritondo, exigieron que no anunciaran la eliminación de las PASO a cambio de aumentar el presupuesto universitario. En el poroteo federal, la Casa Rosada no pierde de vista que hay un sector del peronismo, con Sergio Massa incluído, que quiere derogar las primarias desde hace años. Ahora se renovó el debate con la conferencia que frenó el PRO. El tema viene desde entonces, el Gobierno sabe que no tiene los votos, pero ahora lo pone en el filo del fin del período de ordinarias, justo en las últimas horas para cerrar un posible dictamen de mayoría para el primer presupuesto que Milei mandó al Congreso.
