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Ignacio Torres, gobernador de Chubut, hizo este jueves sus declaraciones más contundentes desde que se conoció el caso que conmociona al país: la muerte de Ángel Nicolás López, de 4 años, que es investigada como un homicidio y por el que su madre y su padrastro están detenidos como principales sospechosos.
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En una visita a Comodoro Rivadavia, el mandatario provincial respaldó sin reservas la medida dictada por el juez contra los imputados e hizo un pedido concreto: que los responsables reciban una condena efectiva.
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Además, Nacho Torres dejó en claro que, una vez resuelta la investigación sobre las causas de la muerte y quiénes fueron los culpables, también deberán investigarse las responsabilidades institucionales que pudieron haber fallado antes de la muerte del menor.
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Torres evitó detenerse en los distintos argumentos de fiscales y defensores en el caso. «A mí los cruces entre abogados no me parecen el tema central. Lo que tiene que suceder es que los asesinos tienen que estar presos, se tienen que pudrir en la cárcel», afirmó sin rodeos ante los medios presentes en la ciudad petrolera de Chubut.
El gobernador sí opinó sobre la primera determinación del juez de dictar la preventiva para los dos principales sospechosos, a quien la justicia de menores les había dado la tenencia del niño en noviembre de 2025, quitándosela al padre biológico que lo había criado con su pareja desde que tenía un año.
«Creo que es un acierto”, dijo en referencia a la medida. Y reiteró su voluntad de que “quien cometió semejante barbaridad pague como tiene que pagar»,.
Al tanto de los cuestionamientos que existen sobre el sistema de protección de niños y de su intervención en este caso, Torres quiso definir un orden de prioridades.
Sostuvo que el foco inmediato debe estar puestoen el avance de la causa penal contra Mariela Altamirano y Michel González —madre y padrastro de Ángel, respectivamente— antes de abrir otro frente sobre las fallas institucionales.
«Es un tema para tomar con seriedad, con responsabilidad. Por eso queremos esperar a que la condena sea efectiva antes de avanzar en alguna medida hacia otros responsables», explicó.
Sin embargo, fue categórico en que ese segundo frente en el abordaje del caso también debe atenderse.
«Si el procedimiento se hizo mal, tiene que haber consecuencias. No puede quedar en la nada bajo ningún punto de vista», advirtió el gobernador.
También confirmó que ya existe una investigación paralela en marcha. «Lo primero, obviamente, lo más urgente, es que el asesino esté preso. Esa es la prioridad absoluta», insistió.
Uno de los ejes más duros de sus declaraciones apuntó a un patrón que, según su visión, se repite en el sistema judicial y que en este caso habría tenido consecuencias fatales.
«A mí me da mucha bronca cuando se toman medidas garantistas o demagógicas, en muchos casos muy ideologizadas, y terminan pasando estas cosas. Después ya es tarde», afirmó Torres.
Y amplió: «Eso no puede pasar en ningún ámbito de la Justicia, ni penal, ni laboral, ni de familia«.
En ese contexto tomó especial relevancia la actuación del juez de Familia Pablo Pérez, quien había ordenado la revinculación de Ángel con su madre biológica.
El 9 de febrero de 2026, en una audiencia de escucha ante el magistrado y la asesora Verónica Roldán, el niño —de apenas cuatro años— se expresó con mucha dificultad -según consta en el acta- y manifestó que quería seguir viviendo con su madre.
Una de las dudas que surgen ahora es si, en virtud de sus complicaciones para hablar, se podía entender que con el término «madre» se refería a su mamá de crianza -pareja del papá- o a su madre biológica, a quien según su padre apenas conocía.
La decisión judicial que siguió a esa instancia fue la confirmación de lo que se había decidido preliminarmente en noviembre.
Luego del fallecimiento de Ángel, el equipo técnico que intervino y la defensoría de la niñez -que apenas conocido el caso emitió un escueto comunicado pidiendo prudencia– quedaron bajo la lupa y ahora apuntados en la investigación paralela mencionada por el propio gobernador.
Torres fue directo sobre lo que espera si se comprueban negligencias: «Si alguien hizo las cosas mal, además de la condena social, tiene que haber una condena ejemplificadora en la Justicia para que estas cosas no vuelvan a pasar», afirmó.
Un fallo judicial inédito encendió todas las alarmas en la industria minera argentina. La jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó la paralización por 30 días del proyecto Vicuña —el mayor emprendimiento cuprífero del país, en manos de BHP y Lundin Mining— y dispuso la instalación de retenes policiales en suelo riojano para bloquear todo tránsito de maquinaria y vehículos vinculados a la operación.
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La medida, dictada el 16 de abril de 2026, marca una escalada sin precedentes en el conflicto interprovincial que enfrenta a La Rioja con San Juan, y pone en jaque el cronograma de construcción de uno de los proyectos extractivos más ambiciosos de la región.
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El núcleo del conflicto es territorial, logístico y profundamente político. Aunque el yacimiento se asienta en suelo sanjuanino, su ingreso histórico y operativo —desde hace más de 15 años— se realiza de manera exclusiva a través de la localidad riojana de Guandacol, lo que sostiene un flujo vehicular y de maquinaria pesada masivo sobre el territorio de La Rioja sin que eso se traduzca en compensaciones socioeconómicas para la zona.
Actualmente, más de 600 vehículos —entre camiones y camionetas— transitan por rutas provinciales riojanas como traza obligada para llegar al campamento denominado Batidero. Ese flujo, según la posición riojana, opera sin los permisos ambientales exigidos por la legislación local.
Ante la jueza Decker, el gobierno de La Rioja expuso que la biodiversidad de toda una región estaba en peligro por la omisión de Vicuña de presentar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental ante las autoridades riojanas.
La resolución judicial detalla que ese tránsito «entraña riesgos ambientales como afectación de suelos, de cursos de agua, de infraestructura vial, o la eventual circulación de sustancias peligrosas, todos ellos bienes colectivos cuya tutela corresponde a esta jurisdicción».
El tramo en cuestión abarca 140 kilómetros que discurren por las localidades de Guandacol, Santa Elena, Zapallar, La Cuevas y La Ciénaga, en los departamentos General Lamadrid y Coronel Felipe Varela.
Un argumento clave refuerza la posición riojana: Vicuña no incluyó en el Informe de Impacto Ambiental aprobado por San Juan los efectos sobre el glaciar El Potro, próximo al proyecto Josemaría. Tampoco aceptó una evaluación conjunta entre autoridades sanjuaninas y riojanas para ese proyecto, hoy integrante del distrito Vicuña. En ese marco, según la interpretación jurídica del fallo, la empresa no cuenta con ningún permiso ambiental para los 140 kilómetros que transita por territorio riojano.
Detrás de la disputa ambiental existe una herida más antigua y más profunda: la exclusión laboral. El ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, fue categórico: «Hace más de 15 años el acceso al proyecto es por La Rioja, por Guandacol. Se construyó desde ahí, se exploró desde ahí y hoy sigue ingresándose por ese lugar, con un movimiento de vehículos muy importante». Y precisó el reclamo central: «Ese impacto tiene que ser compensado con empleo, desarrollo de proveedores y obras para los municipios aledaños».
El intendente de General Lamadrid, Luis Orqueda, lo expresó con dureza en declaraciones a Canal 13 de San Juan: «El proyecto pasa por nuestro territorio y usa nuestros caminos, pero nuestra gente no está siendo tenida en cuenta. Hace más de 15 años que transitan por acá y venimos pidiendo trabajo para nuestra gente, pero fuimos postergados».
En zonas como General Lamadrid, la promesa de empleo local no derivó en contrataciones concretas, incluso después de programas de capacitación impulsados con ese objetivo. Un dato matiza parcialmente la situación: en el momento del corte de acceso de marzo pasado, alrededor de 160 trabajadores riojanos se desempeñaban en el proyecto minero. Una cifra que las autoridades locales califican de insuficiente para la magnitud del emprendimiento.
La situación se agravó cuando se conocieron los detalles del RIGI presentado por Vicuña: la inversión postulada ante la Nación no preveía, por ejemplo, un derivador de tránsito en Guandacol —prometido en reiteradas oportunidades— para evitar que todo el flujo vehicular cruce esa ciudad.
El conflicto no se limita a la disputa ambiental y laboral. Vicuña tiene un segundo frente abierto vinculado al manejo de la energía: la Resolución N° 079/26 del ENRE otorgó al proyecto la prioridad de acceso sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea eléctrica Nueva San Juan-Rodeo, operando en 500 kV, por los próximos 25 años.
La medida desató una reacción en cadena. Las empresas mineras Los Azules, Casposo y Hualilán, el EPRE sanjuanino y los municipios de Iglesia y Jáchal se opusieron formalmente. La Rioja se sumó con el argumento de que «legalmente, no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo y excluyente sobre una obra que tiene naturaleza de bien público federal y que fue proyectada para la interconexión regional».
Ante ese escenario, San Juan y Vicuña avanzaron en un acuerdo que se presentaría en la audiencia pública convocada por el ENRE, prevista para fines de abril o los primeros días de mayo, posiblemente tras la Expo Internacional San Juan Minera.
El tercer frente es el más reciente y el más disruptivo: la decisión judicial que habilita retenes policiales y suspende las obras por un mes. El gobierno riojano no descarta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si el conflicto no encuentra resolución en instancias inferiores.
El caso Vicuña deja una señal clara para toda la industria minera argentina: cuando la infraestructura se diseña en función de un proyecto dominante, el riesgo de exclusión y conflicto deja de ser potencial y pasa a ser inmediato.
El gobierno riojano subraya que lo que exige a Vicuña no es diferente de lo que otras empresas ya cumplen en su territorio. Cita como ejemplo que Lundin, a través de NGEX, se ajusta a las normativas y leyes riojanas, al igual que más de una docena de empresas mineras que exploran en la provincia. La conclusión de las autoridades es contundente: el tamaño del proyecto no puede ser argumento para eludir las mismas reglas que rigen para todos.
Con 800 millones de dólares presupuestados para 2026 en tareas de ingeniería, la compañía confirmó que la construcción de la primera etapa comenzaría en el primer trimestre de 2027, con foco en el yacimiento Josemaría.
La paralización judicial amenaza ahora ese cronograma. Lo que estaba llamado a ser el mayor proyecto cuprífero de Argentina enfrenta su prueba de fuego más difícil —y esta vez, no en el yacimiento, sino en los tribunales de Chilecito.
El nombre de Julián Dobra vuelve a sacudir a General Roca. A un año del brutal asesinato que dejó una marca profunda en la ciudad, familiares, amigos y vecinos se preparan para una nueva movilización que promete ser masiva y cargada de tensión.
La cita es este viernes 17 de abril a las 17 en la Plaza San Martín. No será una marcha más: será un grito colectivo contra la impunidad, en un caso que todavía sigue reclamando respuestas. En las últimas horas, los mensajes de los allegados al joven fueron contundentes. El reclamo es directo, sin matices: «justicia, investigación a fondo y castigo» para los responsables de un crimen que califican como atroz.
La convocatoria apela a toda la sociedad. El mensaje es claro y busca incomodar: nadie está exento, el silencio también pesa. La idea es llenar la plaza y volver a poner el caso en el centro de la escena.
Mientras tanto, en los tribunales, la causa entra en una etapa decisiva. El expediente fue declarado complejo y la investigación se estiró hasta mayo de 2026, en un intento por cerrar todos los cabos de un entramado que incluye autores materiales y presuntos encubridores.
Con seis personas detenidas, el expediente se encuentra prácticamente listo para avanzar hacia la audiencia de control de acusación, una instancia clave que marcará el paso previo al juicio.
En ese contexto, el proceso judicial se encamina hacia un debate oral que podría desarrollarse bajo la modalidad de jurado popular, reservada para delitos de extrema gravedad. Además, el escenario penal aparece complejo para los imputados: no se descarta que quien tenga mayor responsabilidad en el homicidio enfrente una eventual condena a prisión perpetua.
Un hombre llevó a la Justicia a su ex suegra para recuperar la titularidad de una camioneta Amarok, pero el tiro le salió por la culata: el juez entendió que la transferencia del vehículo fue hecha para evitar un embargo por una deuda alimentaria.
El caso se remonta a 2018, cuando el propio demandante reconoció que puso el rodado a nombre de su entonces suegra en el marco de una “simulación” basada (según explicó) en la confianza familiar y sin intención de perjudicar a terceros.
En su presentación, el hombre sostuvo que siempre mantuvo el uso, la posesión y el pago del seguro de la camioneta, pese a que formalmente estaba a nombre de la mujer.
Sin embargo, la ex suegra dio otra versión: aseguró que «se trató de una compraventa real» y que su ex yerno se llevó el vehículo sin autorización. Esto ocurrió luego de que el hombre fuera excluido del hogar en el que vivía con su hija tras una denuncia por violencia realizada por su expareja.
El punto central del expediente fue otro: el propio demandante admitió que la transferencia se realizó mientras enfrentaba un proceso como deudor alimentario, lo que encendió las alertas en la Justicia.
Ante esta situación, el juez civil Javier Alarcón fue contundente: señaló que la operación tuvo como finalidad directa evitar que el vehículo quedara alcanzado por medidas cautelares.
En la sentencia, explicó que si una simulación busca eludir obligaciones legales (en este caso, alimentarias), se convierte en un acto ilícito: “El acto se habría utilizado para sustraer el bien de su patrimonio frente a una posible ejecución”, sostuvo el magistrado.
El fallo también remarcó que las obligaciones alimentarias tienen una protección especial en el ordenamiento jurídico. En este caso, el hombre arrastraba deuda por cuotas alimentarias entre 2011 y 2017, lo que refuerza la interpretación de que intentó resguardar el bien ante un posible embargo.
“La decisión de insolventarse ante una eventual ejecución es una causa ilícita”, concluyó el juez.
Con ese criterio, la Justicia rechazó la demanda y aplicó un principio claro: quien participa de una maniobra para ocultar bienes no puede luego acudir a los tribunales para revertirla: “No parece razonable confiar en quien colaboró para ocultar bienes que podrían ser alcanzados por deudas alimentarias”, concluyó el magistrado.
El Gobierno de Río Negro participó de una agenda nacional centrada en seguridad, justicia y gestión del riesgo, en la que representantes de distintas provincias debatieron políticas orientadas a fortalecer el funcionamiento de las fuerzas y mejorar la respuesta ante situaciones críticas.
La delegación rionegrina estuvo integrada por funcionarios del área de Justicia y del Servicio Penitenciario, quienes participaron durante tres jornadas de trabajo junto a equipos técnicos de todo el país. El eje principal fue avanzar en mecanismos de coordinación federal y en la profesionalización de las fuerzas de seguridad.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la revisión de los sistemas de formación policial y penitenciaria. En ese marco, se trabajó en el diseño de una currícula común para carreras vinculadas a la investigación criminal, con el objetivo de unificar criterios a nivel nacional y garantizar estándares similares de capacitación en todas las jurisdicciones.
También se discutieron estrategias para mejorar el control dentro de las cárceles y prevenir hechos de corrupción, así como la necesidad de actualizar los modelos de gestión penitenciaria frente a los desafíos actuales del sistema.
Otro de los avances abordados fue la creación de una red federal para compartir capacitaciones, materiales y experiencias entre provincias. La iniciativa apunta a fortalecer las capacidades operativas y a agilizar la respuesta ante situaciones complejas que requieren articulación interjurisdiccional.
En paralelo, la agenda incluyó encuentros vinculados a la gestión del riesgo y la protección civil. Allí se analizaron protocolos de actuación frente a incendios, desastres naturales y otras emergencias, con foco en la coordinación entre distintos niveles del Estado.
La participación de Río Negro en estos espacios busca consolidar herramientas de trabajo conjunto y mejorar la preparación ante escenarios cada vez más exigentes en materia de seguridad y respuesta ante contingencias.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso suspender todas las apelaciones en el juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que reordena el proceso judicial y acelera la aplicación del reciente fallo favorable a la Argentina. La resolución incluye la cancelación de la audiencia prevista para el 16 de abril, donde debían discutirse esos recursos.
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La medida se produce luego de que el tribunal revocara aspectos centrales de la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska, que había condenado al país a pagar más de USD 16.000 millones a accionistas minoritarios por la forma en que se llevó adelante la estatización de la compañía en 2012.
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Según explicó el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler, la decisión de la Cámara “es consistente con el fallo favorable a la Argentina” y responde a la necesidad de evitar resoluciones contradictorias mientras la sentencia principal no quede firme. En términos procesales, implica que el tribunal prioriza la definición sobre la validez del fallo antes de avanzar sobre planteos accesorios.
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Uno de los recursos suspendidos es el que había presentado el Estado argentino contra la orden de Preska que lo obligaba a transferir acciones de YPF a los demandantes como forma de ejecución de la sentencia. Ese punto queda ahora en pausa hasta que se agote la instancia de revisión del fallo principal.
El litigio tiene como principal beneficiario al fondo Burford Capital, que financió la demanda iniciada por accionistas minoritarios. Tras el revés judicial, la firma solicitó extender hasta el 8 de mayo el plazo para presentar un pedido de revisión, aludiendo a dificultades operativas de su equipo legal encabezado por Paul Clement.
En un comunicado, Burford calificó la decisión del tribunal como “decepcionante” y sostuvo que representa un retroceso en la protección de los derechos de los accionistas. No obstante, advirtió que, en caso de no revertirse el fallo, mantiene abierta la posibilidad de avanzar por la vía de arbitrajes internacionales en el marco de tratados de inversión.
El núcleo del fallo del Segundo Circuito se apoya en una interpretación de la legislación argentina que resultó determinante para el desenlace del caso. Los jueces concluyeron que los estatutos de una sociedad anónima —como el de YPF— tienen carácter organizativo interno y no constituyen contratos exigibles entre el Estado y los accionistas privados.
Sobre esa base, el tribunal descartó que la expropiación de la petrolera haya generado automáticamente una obligación contractual indemnizable. En consecuencia, consideró que las demandas por daños por incumplimiento de contrato no son reconocibles bajo el derecho argentino, lo que dejó sin sustento la condena económica dictada en primera instancia.
El fallo también rechazó otros planteos de los demandantes, entre ellos la teoría del “alter ego” —que buscaba equiparar a YPF y otras entidades con el Estado argentino— y los intentos de declarar al país en desacato por incumplimiento de órdenes judiciales.
La resolución final dependerá ahora de si los demandantes logran revertir el criterio del tribunal o si la sentencia favorable a la Argentina queda firme, lo que cerraría uno de los litigios internacionales más relevantes para la historia del país.
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A Pablo José Pérez lo conocía sólo su entorno familiar y quienes compartían con él las tareas diarias en el juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia. Pero Pablo José Pérez perdió el anonimato público y el bajo perfil que cultivaba el lunes 6 de abril cuando la muerte de Ángel Nicolás Pérez, un nene de 4 años, comenzó a golpear las puertas y el corazón de los habitantes de la ciudad. Y no fue mucho el tiempo que pasó hasta que todo el país comenzaría a gritar “todos con Ángel”.
La justicia vuelve a estar en el centro de la polémica en Chubut como tantas otras veces en los últimos tiempos. Pero este es un centro distinto: hay una criatura muerta en un intrincado caso de violencia intrafamiliar, disputas por la tenencia, maltrato y acusaciones mutuas. Eso que ahora convierte a Ángel en una víctima central después de su muerte, también lo convirtió durante su vida.
El juez Pérez es el que, después de recibir un informe del equipo multidisciplinario de su juzgado resolvió devolver la tenencia del chico a su madre biológica Mariela Altamirano de sólo 28 años y quien había dejado al nene apenas nació para radicarse por un tiempo en Córdoba. Por ese informe, cuyos detalles aún no se conocen, también está en las bocas de los gritos callejeros la psicóloga Jennifer Grisel Leiva con experiencia en el abordaje de casos dentro del sistema de protección de la niñez, integrante del equipo que aconsejó la “revinculación” de Ángel con su madre biológica.
Mientras Mariela Altamirano vivió en Córdoba, el chico estuvo al cuidado de su padre Luis López y su pareja Lorena Andrade, de 34 años, quien se define como “madre de crianza” del chico.
Ángel llegó al hospital de la ciudad llevado en los brazos de su madre casi sin respirar en el atardecer del domingo de Pascua. Pocas horas después murió de un paro cardiorrespiratorio. Se esperaba la autopsia para conocer las causas de la muerte, pero las pericias preliminares desataron la ira: tenía golpes en la cabeza.
Y fue cuando emergió la historia gris que rodeó a Ángel los cuatro años que pudo sobrevivir. Su padre que lloró desconsoladamente en el sepelio y pidió justicia tenía varias denuncias por violencia de género de parte de su pareja que ahora, lo defiendo de rajatablas. También, en alguna de esas presentaciones en la comisaría más cercana había expresado los problemas que López tenía con el alcohol: esto es, más de una vez llegaba ebrio a la casa.
Se supo que la madre biológica tenía antecedentes por maltrato y por eso la justicia le había quitado la tenencia de otro hijo que tiene 7 años y vive con su padre en Corrientes. El hombre ya se habría comunicado con los fiscales del caso.
Pese a este antecedente, Pérez le devolvió la tenencia a la madre biológica en noviembre de 2025 por tres meses. Aún no está claro porque el período se prolongó. El hecho de estar bajo su cuidado el domingo que precedió al fatal desenlace, la convierte en la principal sospechosa de haber provocado, de alguna manera, la muerte del nene. La hipótesis respecto a que los golpes en la cabeza pudieron ser accidentales figura en la última línea de las pistas que sigue la justicia.
Los antecedentes no le juegan muy a favor a Mariela Altamirano y tampoco a su pareja Maicol González a quien, según el testimonio de algunos vecinos, “el nene le molestaba”.
La muerte de Ángel Nicolás Pérez llegó hasta las entrañas del gobierno y fue el gobernador Ignacio Torres quien dio su opinión, aunque esta vez fue cauto y no arremetió contra la justicia como en otras oportunidades. Calificó el caso como «tremendo» y, aunque pidió prudencia a la espera de los peritajes finales, reconoció que, si la Justicia tuvo falencias, «eso va a salir a la luz». El mandatario señaló que se investigará si hubo desatención a denuncias previas de violencia intrafamiliar.
Miles de personas marcharon por las calles de Comodoro Rivadavia este viernes exigiendo justicia. Ya está en marcha el pedido de un jury contra el juez Pablo Pérez y de renuncia a su cargo de la psicóloga Jenniifer Leiva. Habrá otra marcha esta semana hacia el juzgado y dicen, también habrá cortes de ruta.
El caso se filtró tanto en la justicia como en la política. Volvió el grito de “que se vayan todos” cuando la multitudinaria marcha del viernes pasó por el edificio municipal.
La gente de Comodoro Rivadavia viene de varias pesadillas y de algunas aún no pudo despertar. En menos de seis meses, desaparecieron los jubilados Juana Morales y Pedro Kreder cuando iban a pasar un par de días de distracción en una camioneta. La camioneta apareció, pero ellos no. El 13 de enero Valeria Schwab fue violada y asesinada frente a la costanera en un hecho que todavía no fue del todo esclarecido. Tenía 38 años. Un cerro llamado Hermitte y donde se habían construido algunos barrios se derrumbó en la madrugada del 18 de enero. Afectó dos sectores y cientos de familias quedaron sin techo. Era un lugar con antecedentes sísmicos donde todos los estudios previos aconsejaban no construir. La política hizo el resto, buscando réditos.
Hoy Comodoro se desangra buscando los motivos de la muerte de un nene de 4 años sometido durante su corta existencia a vivir entre la violencia y la intolerancia. Una pelea intrafamiliar con un final predecible.
Y la justicia. Siempre la justicia. A la que al parecer no le alcanza con tener una sola venda en los ojos.
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Miles de personas se movilizaron en Comodoro Rivadavia para reclamar justicia por la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años cuyo fallecimiento es investigado por la Justicia como un posible homicidio.
La convocatoria reunió a familiares, vecinos y allegados que marcharon desde la plaza principal hasta la fiscalía local, en medio de un clima de profunda conmoción. Durante la protesta, los manifestantes entonaron cánticos contra las autoridades judiciales y reclamaron el esclarecimiento del caso.
Con pancartas, velas y fotos del menor, los vecinos de Comodoro exigieron respuestas no solo por Ángel, sino también por otros casos que impactaron a la comunidad, como los de Valeria Schwab y Diego Serón.
“Que no se corra el foco”, expresó Lorena Andrade, madrastra del niño, quien apuntó contra la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicon González, al señalar que el menor “murió al cuidado de esas personas”.
Ambos se encuentran imputados en la causa, mientras la investigación avanza bajo la órbita del fiscal Cristian Olazábal, quien busca determinar el origen de las lesiones detectadas en la cabeza del niño.
Desde la fiscalía indicaron que existen tres líneas de investigación principales. Una de ellas contempla la posibilidad de una muerte súbita, aunque reconocen la dificultad para establecer con precisión su causa.
Otra hipótesis apunta a una patología previa no diagnosticada, como una afección respiratoria, infecciosa o cardíaca.
Sin embargo, la línea que cobra mayor fuerza es la de una muerte violenta, lo que podría derivar en una imputación por homicidio agravado si se comprueba la intervención de terceros.
Mientras tanto, sobre Altamirano y González rige una medida de arraigo con control policial para evitar que abandonen la ciudad. En paralelo, los investigadores analizan los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos y continúan tomando testimonios del entorno cercano.
El abuelo de Lucio Dupuy, Ramón Dupuy, expresó su conmoción por la muerte de Ángel, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, y estableció un paralelismo entre ambos casos.
En declaraciones televisivas, sostuvo que “a mi nieto lo mataron igual”, en referencia a la posibilidad de que el caso del menor chubutense también se trate de un homicidio. El hecho aún se encuentra bajo investigación judicial.
Dupuy afirmó que se enteró del fallecimiento durante la madrugada del domingo y calificó la situación como “ilógica” y “totalmente evitable”. También señaló que el caso reaviva el impacto emocional por el crimen de su nieto ocurrido en noviembre de 2021.
El familiar apuntó contra el accionar de la Justicia y los organismos de protección de la niñez. Según indicó, uno de los principales problemas es la falta de escucha activa a los niños.
“Los niños no mienten. No son berrinches, es la verdad de un menor”, sostuvo, al referirse a un video en el que Ángel manifestaba que no quería ir con su madre.
Dupuy insistió en la necesidad de interpretar correctamente esas señales y actuar en consecuencia: “No es lo mismo escuchar que oír a una criatura que está suplicando”.
También cuestionó los procesos de revinculación familiar en contextos de posible maltrato. Consideró que deben realizarse con seguimiento constante y controles efectivos.
En ese sentido, criticó los mecanismos formales de supervisión: “No podés avisar por teléfono que vas a ir. Tenés que presentarte sin previo aviso”, afirmó.
El fiscal Cristian Olazábal, quien reemplaza temporalmente a Facundo Oribones, confirmó que el niño presentaba una lesión cerebral.
Además, indicó que la madre y su actual pareja son los principales sospechosos. Ambos fueron notificados de la imputación, aunque aún no fueron llevados ante un juez penal.
“Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro”, explicó el funcionario judicial.
Según la reconstrucción oficial, el padre del menor se presentó ante la Justicia el lunes para denunciar la situación. En su declaración, señaló que Ángel había sido revinculado con su madre biológica un mes antes.
La fiscalía solicitó la historia clínica del niño y tomó testimonios del personal médico. En esta etapa preliminar, no se detectaron signos evidentes de violencia física en los informes iniciales.