Cientos de personas marcharon este viernes en Neuquén para reclamar justicia por Catalina, la nena de 9 años atropellada por un patrullero en Plottier. La movilización volvió a poner el foco en el avance de la causa, que tuvo como última novedad el pedido por parte de la acusada: ahora, la Justicia debe decidir si le da la probation o si eleva a juicio la causa contra la oficial que manejaba sin sirena y a alta velocidad cuando chocó a la menor.
La convocatoria se realizó este viernes al mediodía, en la que los familiares y amigos de la nena conectaron el monumento a la Madre con el monumento al General San Martín. Los manifestantes exigieron que el hecho no quede impune y rechazaron cualquier beneficio procesal para la policía que manejaba el móvil al momento del impacto.
Con globos rosados y carteles con la imagen de la niña, la marcha estuvo atravesada por la preocupación por su evolución clínica y por el rumbo judicial del caso: en el mes de junio vence el plazo para elevar la causa a juicio oral por lesiones gravísimas contra la nena.
El estado de salud actual de Catalina
Desde Buenos Aires, la madre de Catalina informó que la recuperación es muy lenta. La niña permanece internada en el Instituto Fleni con asistencia respiratoria, y logró recuperar la conciencia tras varias semanas muy complejas.
Según detalló la familia, Catalina puede comunicarse solo con gestos mínimos a través de los ojos y la boca, pero no tiene movilidad del cuello hacia abajo.
Gustavo, tío de Catalina, transmitió un mensaje de la madre, Paola Marifil, quien agradeció el acompañamiento y aseguró que la prioridad absoluta es la recuperación de su hija.
La causa judicial y el pedido de la defensa
La marcha cobró fuerza luego de que no prosperara una audiencia solicitada por la defensa de la policía imputada, que buscaba evitar el juicio mediante tareas comunitarias.
Los representantes de la familia sostienen que la agente circulaba a más de 72 km/h y sin sirenas ni balizas, lo que consideran un accionar negligente. La causa tiene como plazo junio para ser elevada a juicio oral, bajo la figura de lesiones gravísimas.
La familia espera que los próximos informes médicos, especialmente sobre la lesión medular, sean determinantes para sostener o agravar la calificación legal contra la imputada. Mientras tanto, el reclamo en las calles apunta a evitar cualquier resolución que reduzca la responsabilidad en el caso.
En medio de la polémica que aún sigue salpicando al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Justicia confirmó en las últimas horas que decidió cerrar la causa en la que era investigado por llevar a su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos.
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De esta manera, la Justicia archivó la causa por presunta malversación de fondos públicos. Allí se investigaba si hubo irregularidades en la participación de su pareja, Bettina Angeletti, en un viaje oficial que realizó el funcionario junto a parte del gabinete nacional a Estados Unidos.
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El juez Daniel Rafecas firmó el archivo del expediente, y allí se explicó que la decisión se basó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mángano, quien concluyó que la presencia de la pareja del funcionario no generó gastos adicionales para el Estado.
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La investigación
La investigación se inició el 11 de marzo de 2026, luego de que el abogado Gregorio Dalbón denunciara que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, había sido trasladada a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial para asistir al evento “Argentina Week”.
Según la denuncia, la presencia de Angeletti no respondía a un cargo oficial ni actividad institucional, sino a motivos personales, lo que, a criterio del denunciante, constituiría un uso indebido de fondos públicos según el artículo 260 del Código Penal.
La fiscalía a cargo de la Dra. María Alejandra Mángano llevó adelante diversas medidas probatorias: se solicitó documentación a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se analizaron los manifiestos de pasajeros de los vuelos oficiales y los informes de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluyendo resúmenes de tarjetas de crédito corporativas.
Dentro de las claves expuestas en la resolución se destaca que, según la información oficial, Bettina Julieta Angeletti no formó parte formal de la comitiva presidencial, por lo que no fue necesaria una autorización administrativa particular para su traslado. En el Gobierno respondieron que la Resolución 104/26 constituyó la comitiva, incluyendo a Adorni pero no a Bettina Julieta Angeletti, que viajó como invitada del Poder Ejecutivo.
El juez consideró que para este tipo de invitaciones “no se requiere el dictado de acto administrativo alguno que autorizase su traslado en la aeronave presidencial” y no implicó erogación alguna para el Estado Nacional.
El informe técnico sobre el Boeing 757-200 ARG01 indicó que la aeronave tiene capacidad para 39 plazas y que, en el tramo de Buenos Aires a Miami el 6 de marzo de 2026, viajaron solamente 12 pasajeros, incluyendo Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti. En el tramo siguiente, Miami-Nueva York, volaron 14 pasajeros.
La fiscalía también analizó los gastos de alojamiento y viáticos. El área de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete informó que no se registraron viáticos a nombre de Bettina Julieta Angeletti ni gastos extra en la tarjeta de crédito oficial de la Jefatura. Las facturas de hoteles (Trump National Doral en Miami y The Langham en Nueva York) fueron emitidas a nombre de Adorni y pagadas con la tarjeta corporativa, en habitaciones dobles sin cargos diferenciales.
El festejo de Adorni
Al darse a conocer el llado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posteó una captura de la resolución hecha por Rafecas y escribió: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene.
Será Justicia. Fin”. Minutos después, el presidente Javier Milei citó esa publicación y dijo “esto empieza a ponerse lindo”. Se trata del primer fallo favorable sobre un funcionario nacional que consigue el Gobierno desde que asumió la nueva conducción del Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques a la cabeza.
Las demás causas de Adorni
Esto no implica que la situación judicial del ministro coordinador esté resuelta. El juez federal Ariel Lijo concentra dos causas que lo involucran. Una en la que se averigua si hay algún delito detrás del viaje familiar del jefe de Gabinete a Uruguay y en el vínculo entre Manuel Adorni y el periodista Marcelo Grandío. La otra es la que más avances ha tenido: se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito a partir de su crecimiento patrimonial desde que asumió como funcionario nacional. Las pesquisas de ambos asuntos están delegados al fiscal federal Gerardo Pollicita.
El último dato conocido en esta última causa es que el funcionario gastó en efectivo un total de USD 8.874 como pago para alojamiento durante un viaje junto a su esposa Bettina Angeletti y su familia a Aruba para recibir el Año Nuevo de 2025.
El dolor no se apaga y la bronca crece con el paso del tiempo. A casi un año de la muerte de Camilo Nuin, el joven futbolista de la reserva de San Telmo que falleció durante una operación de rodilla, su familia volvió a salir a la calle para exigir justicia.
La convocatoria se realizó frente a la Clínica Espora, el lugar donde el 25 de junio de 2025 el jugador de 18 años murió en medio de una intervención quirúrgica que, en teoría, era de rutina. Familiares, amigos, vecinos y allegados se concentraron con carteles y consignas claras: “No hay imputados. No hay respuestas. La Justicia no avanza”.
La movilización continuó luego hacia la Fiscalía de Lomas de Zamora, donde tramita la causa a cargo del fiscal Carlos Pérsico. Allí, los familiares volvieron a reclamar por la falta de avances en la investigación, que a casi un año del hecho todavía no tiene responsables señalados.
Camilo había llegado a la cirugía tras sufrir una lesión ligamentaria durante un entrenamiento. Había cumplido con todos los estudios prequirúrgicos y, según relatan sus allegados, se encontraba en perfecto estado de salud. Sin embargo, en pleno procedimiento, los médicos informaron a sus padres que el joven había fallecido.
Desde entonces, la familia sostiene que se trató de un caso de mala praxis y apunta contra el equipo médico que participó de la operación. “Era un chico sano, deportista, con todos los estudios al día. No tenemos respuestas”, expresó su madre, en medio del reclamo que ya suma meses de lucha.
La causa, mientras tanto, continúa sin imputados y con peritajes en curso. En ese contexto, la familia decidió redoblar la presión en las calles y también en redes sociales, donde impulsan la consigna de que el caso no quede en el olvido.
Entre el dolor y la incertidumbre, el pedido es uno solo: saber qué pasó en ese quirófano y que haya responsables. Porque para quienes marcharon, el tiempo pasa, pero la herida sigue abierta.
El silencio en Lamarque ya no es el mismo. Desde el viernes a la noche, cuando un hombre fue atropellado y abandonado en plena calle, la bronca empezó a crecer y hoy se transformó en un reclamo que atraviesa a todo el pueblo.
La víctima fue identificada como Darío Farías. Lo embistió un vehículo cuyo conductor no frenó, no asistió, no volvió. Se fue y dejó atrás una escena que terminó en tragedia.
Desde entonces, la investigación se mueve contra reloj. Hay cámaras, hay imágenes, hay recorridos que se reconstruyen cuadro por cuadro. El objetivo es uno: encontrar el vehículo y ponerle nombre al responsable. El caso ya no es un simple siniestro vial. La hipótesis que gana fuerza es más grave: un posible homicidio. Porque no fue solo el impacto, fue la decisión de escapar.
Mientras tanto, la comunidad se organiza. Familiares, amigos y vecinos decidieron salir a la calle para que el caso no se enfríe. La cita es este martes a las 18 en la Plaza Santa Genoveva, frente a la iglesia.
No es solo una marcha, es un mensaje, es la necesidad de que alguien responda por lo que pasó. Desde el entorno de Farías también piden ayuda. Cualquier dato puede ser clave: una cámara, un video, un recuerdo. Todo suma en una investigación que todavía busca piezas.
Las autoridades también reforzaron ese pedido. Convocan a quienes hayan visto algo o tengan registros a acercarlos de forma confidencial, comunicarse con la Comisaría N° 17 de Lamarque (2946-497004), la Fiscalía de Choele Choel (2946-411228) o el Área de Seguridad Ciudadana (2946-511122). Las autoridades remarcaron que toda información será clave para avanzar en la investigación y dar con el responsable.
Durante un encuentro comunitario, integrantes del Lof Melo cuestionaron el accionar judicial, alertaron por el impacto del desalojo y reclamaron una resolución urgente que suspenda la medida.
El Lof Melodifundió en las últimas horas un comunicado en el que expresó su rechazo a la orden de desalojo vigente sobre su territorio y reafirmó su decisión de resistir cualquier intento de avance judicial.
El mensaje fue compartido tras un encuentro realizado el domingo 19 de abril, en el marco del Día del Indio Americano —hoy reconocido como parte de la Semana de los Pueblos Indígenas—, donde se llevó adelante un almuerzo comunitario junto a autoridades de otras comunidades, organizaciones sociales y referentes cercanos.
Críticas al accionar judicial
En el comunicado, la comunidad apuntó contra la decisión del juez interviniente, cuestionando el proceso y señalando presuntas irregularidades.
Según expresaron, se habrían ignorado elementos considerados clave para la causa, como pericias antropológicas, relevamientos territoriales, documentación previa y mapas, lo que —sostienen— afecta la objetividad del proceso judicial.
En ese sentido, reclamaron que se revise el accionar y se garantice una evaluación integral del caso por parte de los organismos correspondientes.
Pedido de medida cautelar
Uno de los puntos centrales del planteo es el pedido a la Justicia para que otorgue unamedida cautelar que suspenda el desalojo, al considerar que la situación actual pone en riesgo tanto a las personas como al entorno natural.
Desde la comunidad advirtieron que avanzar con la orden vigente podría generar consecuencias graves, no solo en términos sociales sino también ambientales.
“El territorio no se vende, se defiende”
En su pronunciamiento, el Lof Melo reafirmó su vínculo con el territorio y su decisión de permanecer en el lugar.
“El territorio no se vende, se defiende. Somos parte del territorio y resistiremos cada intento de desalojo”, expresaron, en un mensaje que sintetiza la postura de la comunidad frente al conflicto.
Un conflicto que sigue abierto
El caso continúa en el ámbito judicial y mantiene en tensión a distintos actores. Mientras tanto, desde el Lof Melo insisten en la necesidad de una respuesta urgente que contemple sus derechos y evite avanzar con medidas que consideran injustas.
La justicia de Río Negro avanza en el control de acusación contra un profesor de plástica denunciado por múltiples hechos de abuso sexual en una escuela primaria de San Antonio Oeste. En una audiencia marcada por la tensión y el acompañamiento de las familias de las víctimas, la Fiscalía reveló la pena que buscará imponer al imputado.
Los hechos: abusos en el aula durante 2023 y 2024
Según la acusación fiscal, el docente habría aprovechado su rol y la asimetría de poder frente a sus alumnas para cometer los delitos entre los años 2023 y 2024. El escrito describe que el hombre sentaba a las niñas sobre su falda para realizar tocamientos durante el dictado de las clases de plástica en un establecimiento educativo de San Antonio Oeste.
Por la gravedad y repetición de los episodios, el Ministerio Público Fiscal calificó legalmente el hecho como abuso sexual simple, agravado por ser cometido por el encargado de la educación, en calidad de autor y en concurso real.
El imputado rechazó un juicio abreviado
Antes de iniciar la etapa formal de hoy, se barajó la posibilidad de un procedimiento abreviado, una instancia que contaba con la conformidad de las familias de las víctimas para evitar el proceso de juicio. Sin embargo, el acusado rechazó el acuerdo, lo que obligó a continuar con el trámite ordinario que desembocará en un juicio oral y público.
Los abogados querellantes, que representan a los padres y madres presentes en la audiencia (realizada vía Zoom), adhirieron en su totalidad a la acusación de la Fiscalía y a la pretensión punitiva, que se ubica en una escala de entre 3 y 12 años de prisión efectiva.
Prisión preventiva prorrogada
Uno de los puntos centrales del debate de hoy fue la libertad del imputado. A pedido de la parte acusadora, el juez interviniente dispuso prorrogar la prisión preventiva por dos meses más, garantizando así que el hombre permanezca detenido mientras se termina de organizar el debate oral.
«La medida busca proteger la integridad del proceso y evitar cualquier riesgo procesal dada la magnitud de las denuncias», señalaron fuentes judiciales.
Continuidad de la audiencia
El control de acusación no finalizó y se espera que mañana, a partir de las 8, se reanude la instancia para avanzar en el detalle de la prueba. Se presentarán testigos, informes periciales y cámaras Gesell.
Además, se incorporará el listado de evidencias que se producirán durante el juicio definitivo.
El caso tiene un alto impacto en la comunidad educativa de San Antonio Oeste que permanece expectante ante el avance de la causa que involucra a once familias.
Desde hace un año, los domingos perdieron su sentido en la casa de Mónica de la Canal. Ella esperaba con ansiedad ese día de la semana porque era un momento especial que compartía con su hijo Julián Dobra. “Eran almuerzos con asado, que tanto le gustaba a Julián”, rememoró su madre. “¡Extraños sus mensajes, su amor con el que me abrazaba…Lo extraño tanto!”, afirmó.
Esos momentos quedaron en el recuerdo. Hace un año mataron a Julián. Y desde entonces, la luz que iluminaba esos domingos en el hogar de Mónica se apagó. “Después de la tragedia de Julián, mi vida cambió un 99 por ciento. ¡Nos mataron a mi único hijo!”, dijo. Sus palabras están cargadas de dolor. También de indignación.
“¡A Julián me lo traicionaron, me lo arrebataron, me arrebataron parte de mi vida!”, expresó Mónica.
El viernes, familiares, amigos y compañeros de Julián marcharon en Roca a un año del crimen. Mónica explicó que el reclamo en las calles fue dirigido a la justicia porque “no se está investigando como se tiene que investigar”. Dijo que tampoco se sienten escuchados en la fiscalía que investiga el caso.
Julián Dobra de la Canal fue director técnico de divisiones infantiles en Bariloche. (foto gentileza)
Una búsqueda en soledad
El descontento de Mónica y de Tomás Dobra, los padres de Julián, se remonta al inicio de la investigación. “Desde el primer día, nosotros tuvimos que recorrer la ciudad para encontrar a nuestro hijo”, recordó la madre.
Mónica percibió que algo estaba mal cuando su hijo pasó más de un día sin contacto en su celular. Una angustia en el pecho comenzó a inquietarla. Siempre le decía a su hijo que aunque tuviera cuarenta años, ella quería saber la hora de su última conexión.
El 17 de abril del 2025, la última conexión en el celular de su hijo fue a las 19.48, indicó Mónica.
Lo llamó varias veces. No respondió. Pensó que lo vería el domingo “porque se juntaba con nosotros a comer asado”. Era Semana Santa. Pero no llegó. “Fui a llevarle un huevo de Pascua a la casa y no contestó”, contó. Su hijo alquilaba en la calle General Paz al 2200 de Roca.
Trabajaba en una empresa de seguridad en el turno noche. También tenía otros actividades, sobre todo, deportivas.
Mónica rememoró que cuando se retiraban del domicilio de su hijo, ella observó a Walter Méndez, que supuestamente era amigo de Julián. “Cuando Méndez me ve con mi marido fue como que hubiese visto un fantasma. Salgo a preguntarle si lo había visto a Julián y fue como que se lo había tragado la tierra”. Méndez se esfumó. Pocos días después, lo vio sentado en el banquillo, imputado.
Buscaron a Julián por comisarías, en el hospital de Roca, porque imaginaron que pudo haber sufrido un accidente. Tal vez lo habían atropellado, pensó Mónica.
El 16 de abril del 2025 fue la última vez que vieron a Julián salir de su departamento. Su madre hizo la denuncia por su desaparición el 21 de abril. Dijo estar indignada porque la Policía no se movió para ayudar en la búsqueda. Tampoco la fiscalía de turno.
Julián Dobra de la Canal vivió varios años en Bariloche, donde estudió y egresó en el Centro Regional Universitario de Bariloche, que depende de la UNCo. (foto gentileza)
El dramático hallazgo
Recordó que el cadáver de Julián lo encontró un hombre que andaba a caballo por la zona de la barda norte de Roca. No lo ubicó la Policía o la fiscalía. “Agradezco a Dios que encontraron su cuerpo”, aseveró.
Según fuentes judiciales, la investigación estableció hasta ahora que la noche del 17 de abril del año pasado, Julián subió a su Suzuki Fun y pasó a buscar a un adolescente.
El menor le había conseguido un arma a Julián, que se la había pedido porque tenía presuntamente un problema con otra persona. El adolescente le propuso ir a probarla a la zona de la Quinta 25, ubicada al norte de Roca. Pero fue un ardid para llevarlo a su muerte, según la hipótesis de los investigadores.
El muchacho estaba con otros jóvenes y entre todos le dieron una brutal golpiza a Julián. Le efectuaron dos tiros con un revólver calibre 22. Un proyectil impactó en su cabeza, pero no lo mató, según el informe del forense. Esa bala le causó una fractura que lo dejó inconsciente y herido de gravedad. Los agresores lo dejaron abandonado. Y se retiraron en el auto de la víctima. Julián agonizó hasta su muerte. Tenía 32 años.
Una de las hipótesis es que lo mataron para robarle su auto y varias cosas de valor que sacaron de su departamento probablemente para comprar drogas.
El vehículo lo usaron durante algunos días hasta que apareció incendiado una madrugada del 3 de mayo pasado, en las afueras de Roca, cuando los investigadores estaban tras la pista de los responsables del crimen.
La clave: el celular de Julián
A los pocos días, detuvieron a los primeros sospechosos. Aunque uno de esos jóvenes Julio Salgado, que era amigo de la víctima, ya fue desvinculado.
La trama del homicidio se descubrió cuando los peritos de la Oitel del MPF lograron abrir el celular de Julián. Allí, hallaron abundante información que permitió orientar las pesquisas. Obtuvieron los mensajes clave que la víctima intercambió con alguno de los sospechosos. Por eso, pudieron reconstruir los últimos minutos de Julián antes de que sea ejecutado.
Fuentes judiciales indicaron que los primeros días de mayo vence el plazo de la etapa de la investigación preparatoria, porque la causa fue declarada como compleja. La fiscal jefe Belén Calarco y el fiscal Marcelo Ramos están a cargo de la investigación.
Comentaron que es probable que pidan una prórroga porque falta peritar algunos de los celulares secuestrados a los imputados. Si no hay solicitud de prórroga, avanzarán a la instancia del control de la acusación. Allí, la fiscalía y la querella deberán presentar la acusación contra los imputados, las pruebas que la sustentan y la defensa su teoría y las evidencias.
Juicio por jurados
Mónica tiene solo una certeza: como querellantes pedirán que los siete imputados (entre ellos tres adolescentes) sean juzgados por un jurado popular.
La madre de la víctima expresó su descontento con funcionarios de la fiscalía porque a Méndez lo imputan como encubridor.
Cuestionó que el juez de Roca Emilio Stadler le concedió el año pasado las salidas laborales Méndez a Cipolletti. Son decisiones judiciales que a Mónica le cuesta comprender. Siente que algunos operadores del servicio de justicia no se ponen en su lugar. “¡Me mataron a mi único hijo!”, manifestó, con la voz en un hilo.
Hay menores imputados con prisión domiciliaria, con dispositivo electrónico, y tres mayores con preventiva y Méndez con un régimen diferente.
“¡Fue un crimen atroz. Lo llevaron engañado, lo atacaron entre varios y lo mataron con brutalidad!”, sostuvo la mamá. Todo lo que se dijo tras el crimen también indignó a la familia.
“Mi hijo no era un narcotraficante. Tenía su trabajo. Trabajaba doce horas y daba clases como director técnico”, relató. Julián era egresado de la carrera de profesorado en Educación Física con orientación a la montaña de la Universidad Nacional del Comahue, que cursó en Bariloche.
“Fue un desprecio de la Justicia tildarlo de narco”, opinó su madre. Dijo que el problema que tuvo con una persona había ocurrido diez antes del crimen. No fue esa noche.
Mónica consideró que la investigación “está estancada desde octubre o noviembre pasado”. “Es como que hay un pacto de silencio” entre los imputados, evaluó.
Dijo que no hay informes del Senaf sobre los menores que cumplen prisión domiciliaria, con dispositivo electrónico. “Ellos celebraron las fiestas de fin de año, están en sus casas, mientras yo lloro todos los días”, manifestó, afligida.
¡No se lo deseo a nadie. No solo tuve que enterrar a mi único hijo, cuando la ley de la vida es que nuestros hijos nos entierren a nosotros!”
Mónica de la Canal, madre de Julián
“Mi hijo se recibió con promedio ocho. Era un hijo muy querido. Eso me llena de paz y de amor y pienso que crie a una buena persona”, puntualizó. Pero en su camino se cruzó con las personas equivocadas.
“¡Le pido a Dios todos los días para que haga justicia terrenal y que me dé fuerzas, para ser la voz de Julián en ese juicio popular”, expresó su madre.
Familiares, amigos y allegados de Julián Dobra de la Canal volvieron a salir a la calle en General Roca para exigir justicia y reclamar avances concretos en la investigación por su muerte, ocurrida en abril del año pasado.
Este viernes, alrededor de un centenar de personas se concentró en la Plaza San Martín y marchó por el centro de la ciudad con carteles y consignas dirigidas a la Justicia. “El expediente está estancado, no se mueve”, expresaron durante la movilización.
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Marcha en Roca por Julián Dobra. Foto: Andrés Maripe.
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Marcha en Roca por Julián Dobra. Foto: Andrés Maripe.
El caso se remonta al 17 de abril de 2025, cuando el hombre de 32 años salió de su casa y no regresó. Dos semanas después, el 1 de mayo, su cuerpo fue hallado en la zona de bardas, en la defensa aluvional al noreste de la ciudad, con signos de extrema violencia que orientaron desde un inicio la investigación hacia un homicidio.
Desde el entorno de la víctima también cuestionaron las medidas judiciales adoptadas respecto de los imputados. “Están trabajando, con prisión domiciliaria, llevando una vida común. Tienen que pagar lo que hicieron”, señalaron.
Caso Julián Dobra: el pedido que lo condujo a la muerte
De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, la investigación logró reconstruir parte de las últimas horas de la víctima a partir de mensajes de su teléfono celular. Allí surge un dato clave: Dobra habría solicitado un arma a un adolescente de su entorno.
“Necesito un arma”, fue el mensaje que envió días antes del crimen. El joven le respondió que podía conseguirla y el 17 de abril le confirmó que ya la tenía. El encuentro se concretó en la zona de Quinta 25, en el sector norte de la ciudad.
Dobra llegó al lugar en su vehículo, un Suzuki Fun, y se encontró con el adolescente —hoy imputado— y otros jóvenes, a quienes conocía previamente. Según la reconstrucción, en ese contexto fue atacado por el grupo.
La víctima recibió una brutal golpiza y un disparo en la cabeza. De acuerdo al informe forense, el proyectil no le provocó la muerte inmediata, pero sí una grave fractura que lo dejó inconsciente. Los agresores lo abandonaron en el lugar, creyendo que estaba muerto, y escaparon en su auto.
El vehículo fue utilizado durante varios días hasta que apareció incendiado el 3 de mayo en las afueras de la ciudad, mientras los investigadores avanzaban sobre los posibles responsables.
Aunque la causa cuenta con abundante prueba, aún restan peritajes clave, como el análisis de teléfonos secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos para esclarecer el móvil del crimen.
El reclamo de justicia por Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, llegó este viernes al centro de la Ciudad de Buenos Aires con una movilización en el Obelisco encabezada por su familia. Su padre, Luis López, y su pareja, Lorena Andrade, viajaron especialmente para participar de la jornada, que incluyó una marcha y una vigilia en homenaje al niño.
La protesta reunió a vecinos y referentes sociales, entre ellos la activista Martha Pelloni, en un fuerte pedido de justicia y revisión de las decisiones judiciales que derivaron en el caso.
Durante la movilización, se exhibieron carteles con consignas como “Justicia por Ángel” y “Lo mataron con decisiones judiciales”, en alusión al proceso que había dispuesto el cambio de tenencia del menor meses antes de su muerte. También hubo críticas a los informes profesionales que intervinieron en la causa.
La familia llevó remeras con un mensaje contundente: “Si te hubiesen escuchado, estarías con nosotros”, en una jornada cargada de emoción y dolor. El reclamo apuntó no solo a los responsables directos —actualmente detenidos—, sino también a las instancias que intervinieron en la definición del cuidado del niño.
Más temprano, en declaraciones televisivas, López había anticipado el sentido de la convocatoria. “Hoy venimos a pedir justicia y que paguen lo que nos hicieron. No me escucharon a mí y no escucharon a mi hijo”, sostuvo. El padre también describió el impacto personal de la situación y el motivo que lo impulsó a viajar: “Esto lo estoy haciendo por él, esto no puede quedar así”. Y agregó: “Él tenía una familia que lo amaba y esos meses que vivió ahí fueron un infierno”.
Por su parte, Andrade llegó con un peluche del Hombre Araña, uno de los preferidos del nene, y recordó que fue uno de los pocos objetos que pudo acompañarlo cuando cambió de hogar. “Al menos tuvo su muñeco”, expresó visiblemente conmovida.
Ángel había pasado a vivir con su madre biológica y su pareja en noviembre del año pasado. Ambos se encuentran detenidos y son los principales sospechosos en la causa. La familia cuestiona que no se haya evaluado adecuadamente el entorno al momento de definir la tenencia. «No le dieron tiempo ni para entender quién era esa persona ni dónde iba a vivir”, señaló López, quien además apuntó contra el accionar de profesionales que intervinieron en el caso. Según denunció, hubo irregularidades en los informes y obstáculos para mantener el vínculo con su hijo. La última vez que lo vio fue el 9 de marzo. “Yo lo vi mal, ese no era mi hijo”, recordó. Desde entonces, mantiene intacta la habitación del nene. “Estamos esperando que vuelva. Para mí no está muerto”, expresó.
La organización no gubernamental (ONG) Padres de Río Negro y Neuquén se sumó a la convocatoria al pedido de justicia por Ángel López que se realizará, este viernes 17, en la ciudad de Buenos Aires. Ángel es el chiquito de Comodoro Rivadavia que apenas tenía 4 años cuando, según entienden los investigadores, fue asesinado a golpes. De hecho, hay dos detenidos en prisión preventiva: su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de esta, Maicol González.
El encuentro para pedir justicia será al pie del Obelisco donde familiares y amigos encabezarán una vigilia que se extenderá desde las 17 hasta s las 22. El padre, Luis López, está convencido de que al niño no sólo lo mataron a golpes (Altamirano tenía antecedentes de violencia), sino también “con decisiones judiciales”. En rigor de verdad, desaciertos judiciales, porque fue un juez quien entregó el niño a la mujer que lo había abandonado. Lo hizo a instancia de psicólogas que ahora están judicialmente denunciadas.
La convocatoria se ha difundido en redes sociales, bajo el lema “Justicia por Ángel”. Según se adelantó, durante el encuentro, los organizadores reclamarán la implementación de una ley más severa contra las falsas denuncias. La vigilia también será bajo la consigna “Fin al abuso en juzgados de familia”. Esos abusos tienen que ver con las ideologías de género, con las que terminan poniendo en riesgo a los niños. Ángel había pedido a llantos que no lo enviaran con quien sería su posible asesina. El juez no lo escuchó.
