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  • La Justicia intervino en un grave caso de bullying en Neuquén tras la internación de una menor

    La Justicia intervino en un grave caso de bullying en Neuquén tras la internación de una menor

    La Justicia intervino en un grave caso de bullying en Neuquén tras la internación de una menor – Diario Neuquino – Responsabilidad profesional y compromiso con la realidad

    19 de marzo de 2026

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    Neuquén AR

    La Justicia intervino en un grave caso de bullying en Neuquén tras la internación de una menor

    La menor sufría hostigamiento escolar reiterado y presentó conductas autolesivas. La Justicia dispuso la intervención del sistema educativo y de salud para garantizar su protección y tratamiento.


    Un caso de violencia escolar en Neuquén derivó en una situación crítica de salud para una nena de 11 años, que debió ser internada tras manifestar conductas autolesivas e ideación suicida. Frente a este escenario, la Justicia ordenó la intervención urgente de organismos provinciales para resguardar sus derechos y garantizar su recuperación.

    La resolución fue dictada por la jueza de Familia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, quien dispuso la participación del Ministerio de Educación y del sistema de salud para abordar de manera integral el caso.

    Según se desprende del fallo, la alumna era víctima de hostigamiento reiterado por parte de compañeros de su escuela. Las agresiones, principalmente verbales y centradas en su apariencia física, se habrían sostenido durante un período prolongado, generando un deterioro emocional progresivo.

    El cuadro clínico fue considerado de gravedad por los profesionales intervinientes, quienes detectaron signos de angustia profunda, retraimiento, desmotivación y riesgo concreto para su integridad. En ese contexto, la internación fue definida como la única alternativa terapéutica posible.

    En su resolución, la magistrada también puso el foco en la actuación del ámbito escolar. Señaló que la respuesta institucional frente a los episodios de violencia habría sido insuficiente, por lo que ordenó a la institución presentar un informe detallado sobre las medidas adoptadas y elaborar un plan de acción para mejorar la convivencia.

    Además, dispuso la intervención de equipos técnicos especializados en convivencia escolar, con el objetivo de analizar lo ocurrido, reconstruir el clima institucional y prevenir nuevos hechos de hostigamiento. Entre las herramientas previstas, se incluyen prácticas restaurativas con los estudiantes involucrados.

    En paralelo, la Justicia solicitó la intervención de un especialista en psiquiatría infantojuvenil para evaluar a la menor y garantizar el acompañamiento profesional adecuado.

    Otro punto clave del fallo fue la orden de dar respuesta inmediata a un pedido de la familia para cambiar a la alumna de turno, solicitud que hasta el momento no había sido resuelta por la institución.

    La jueza advirtió además sobre la creciente preocupación por la naturalización de conductas autolesivas entre adolescentes y subrayó la necesidad de una intervención coordinada entre las instituciones para evitar que situaciones de violencia escolar escalen a niveles críticos.

    Finalmente, recordó que el derecho a la salud, a la integridad y al desarrollo de niños, niñas y adolescentes está protegido por la normativa vigente, y remarcó la responsabilidad de las escuelas en la detección temprana y el abordaje de estos casos.

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  • Presentan en Neuquén «Seis mujeres» desaparecidas, un relato recuperado de los tiempos de impunidad

    Presentan en Neuquén «Seis mujeres» desaparecidas, un relato recuperado de los tiempos de impunidad

    «Que sea útil, que sirva; esta es la historia que nos animó a escribir para seguir exigiendo justicia. Volver a humanizar, para resistir», dijo Sara Mansilla, ante un salón colmado de visitantes, organizaciones y dirigentes sociales hoy en la sede central de ATEN, en la presentación de una publicación sobre la vida de seis jóvenes desaparecidas de la región.

    La publicación fue escrita hace 26 años con la ayuda de familiares de Susana Mujica, Cecilia Vecchi, Alicia Pifarré, Mirta Tronelli, Arlene Seguel y Graciela Romero. Seguían en vigencia las leyes de impunidad, la de Obediencia Debida y Punto Final. «Muchas veces la llama de la esperanza se apagaba, pero tomamos fuerzas y la consigna era seguir, seguir», explicó Sara.

    Y ante la insistencia, tomó la decisión de editarla en una revista papel, con la colaboración artística y trabajos de Emilse Bustos, Cristian Lermada, Ana Jaime, Alejandra Plá, Ofelia Hope Riquelme, Gladis Sepúlveda y de la comisión provincial de ATEN.

    Hubo homenaje y un aplauso de pie para Jorge Salaburu, primer secretario General de ATEN (foto gentileza Aten)

    Comparó que mientras los genocidas caminaban por las calles, «las valientes Madres» de Plaza de Mayo intervinieron sus pañuelos para asumir la representación de todos los desaparecidos y pedían por los 30.000; socializaron su maternidad», recordó.

    En el salón, que lleva el nombre Jaime De Nevares, hubo un homenaje de aplausos y de pie para Jorge Salaburu, primer secretario general del gremio docente en Neuquén. Hubo menciones también para otros fundadores de la organización gremial como José Luis Savanco y Haydee Escudero.

    «Lo bueno de esta presentación es que se juntó mucha gente valiosa; aquí hay tanto mérito, fuerza y lucha», dijo Sara y agregó «si cada uno contara acá lo que sufrió y lo que aportó en contra de la Dictadura». Habló de «pensar la historia para que no se olvide» y del tiempo en que desarrolló el escrito sobre las seis mujeres desaparecidas, cuando después del juicio histórico contra la Junta Militar «cuando pensábamos que se iban a llevar a todos los responsables al banquillo» y vinieron las leyes de impunidad.

    La publicación presenta la historia de militancia de seis desaparecidas de la región (foto gentileza Aten)

    Agregó que entonces se buscaron otras alternativas y que este escrito fue parte de aquel momento. «Los historiadores nos enseñaron cómo se fue estigmatizando a los luchadores, se los transforma en no personas; entonces esto fue para prevenir, para que haya verdad. En los 2000 no se individualizaba a los desaparecidos, pero fue un camino de volver a humanizar para resistir y organizar un plan de lucha», describió.

    Desde la APDH, Silvia Barco destacó que en los relatos de Sara Mansilla sobre las seis mujeres desaparecidas de la región, se encontrará un escrito «que combina la rigurosidad con la inteligencia y el trabajo permanente del ejercicio de la crítica sobre los problemas que hay que enfrentar, con la ternura y la sensibilidad de estar del lado de la condición del ser humano, de la vida buena y digna».

    El salón «Jaime De Nevares» quedó chico ante la convocatoria (foto gentileza Aten)

    Actividades antes de la marcha del 24M


    La agenda de actividades de Memoria y vinculadas a los 50 años del golpe cívico militar que se cumplen el 24 de marzo es extensa. Hoy a las 19.30 está prevista la presentación del documental “Subzona 5.2, un epílogo de la memoria”, realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia sobre el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad en Neuquén. Será en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén.

    A las 19 en la UNCo, en el aula 17 de Trabajo Social, se abrirá un debate sobre “50 años: golpe genocida, su significado histórico y la actualidad bajo el gobierno de Milei”, con un panel integrado por Elida Sifuentes, ex detenida desaparecida, trabajadora social, y Norberto Calducci, militante del Rosariazo y secretario adjunto de Aten Plottier.

    Mañana jueves 19 en el monumento a la Madre en Olascoaga y Vuelta de Obligado de Neuquén, se llevará a cabo la ronda de los terceros jueves de las Madres de Plaza de Mayo; será a las 15:30, con audios e intervenciones artísticas y bordado de pañuelos, organizado por los organismos de 16 a 18 (Grupo Compromiso con las Madres, Hijos e Hijas, APDH) y la Red Federal de Derechos Humanos.

    También el jueves 19 se reanudará el ciclo de charlas «Neuquén y la Memoria a 50 años del Golpe» de 18 a 20 en el Museo Paraje Confluencia (Parque Central), con un panel que recorrerá el trabajo de los organismos de derechos humanos en Neuquén, a cargo de la APDH y el grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000.

    En el Centro Cultural Alberdi, en horario de mañana y de tarde, hasta el 30 de marzo, continúa la muestra fotográfica «Imagen y Memoria, retratos para no olvidar», una serie de 17 imágenes de hijos e hijas de desaparecidas y desaparecidos que realizó el colectivo audiovisual «Son Miradas».


  • Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. aceptó el pedido de Argentina y suspendió todas las demandas

    Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. aceptó el pedido de Argentina y suspendió todas las demandas

    La Justicia de Estados Unidos resolvió este miércoles 18 de marzo suspender de forma temporal todas las demandas vinculadas a la expropiación de YPF. En una resolución favorable para la Argentina, se dispuso frenar el avance de medidas vinculadas al caso.

    La medida de la Cámara de Apelaciones de Nueva York surge tras el pedido formalizado por el flamante procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

    El planteo del Gobierno solicitaba frenar cualquier avance de investigaciones y procedimientos relacionadas a la ejecución de la sentencia dictada en 2023 contra el país.


    Juicio por YPF: qué resolvió la Justicia de Estados Unidos


    La resolución representa un alivio frente a los multimillonarios reclamos de fondos litigantes por la estatización de la petrolera en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

    Según precisó Infobae, de esta manerase frenan todas las medidas hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado Nacional.

    En este sentido, se intentará determinar la validez del reclamo para avalar el fallo de primera instancia que dejó a Burford Capital como principal beneficiario.


  • Grave caso de bullying: la Justicia exige medidas urgentes para proteger a una alumna de 11 años

    Grave caso de bullying: la Justicia exige medidas urgentes para proteger a una alumna de 11 años

    A partir de una situación constante de hostigamiento hacia una niña de 11 años en la escuela a la que asiste, un fallo judicial solicitó la intervención del Ministerio de Educación y requirió al establecimiento que se tomen medidas de protección urgentes que garanticen un entorno escolar seguro.

    La resolución de la jueza de Familia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, se dio en el marco de la internación involuntaria de la niña por conductas autolesivas severas e ideación suicida.

    La solicitud subrayó la necesidad de que intervengan equipos técnicos especializados en convivencia escolar, debido a las agresiones verbales sufridas por parte de sus compañeros y basadas en su apariencia físcal.

    La magistrada también pidió al Ministerio de Salud provincial que un profesional en psiquiatría con especialización infantojuvenil efectúe una evaluación de la niña que sufre “angustia significativa, retraimiento, desgano y afectación emocional persistente”. Esto fue informado por profesionales que la trataron durante su internación, única alternativa terapéutica viable ante el riesgo cierto e inminente.

    Qué deberá hacer la institución

    En el mismo sentido, pidió al colegio que informe sobre las acciones ya realizadas y las que se implementarán, y que se dé una respuesta inmediata a la solicitud de cambio de turno realizada por la alumna, la cual no tuvo respuesta institucional. 

    La resolución judicial definió como evidente la “insuficiente intervención del ámbito educativo frente a una situación de violencia escolar, agravando el cuadro y contribuyendo a la cronificación del malestar”, y se pidió diseñar un plan institucional de abordaje de la conflictividad. 

    La escuela deberá, asimismo, implementar prácticas restaurativas con los estudiantes involucrados, con intervención de profesionales, orientadas a “visibilizar el daño causado, promover la responsabilización activa, generar instancias de reparación simbólica y/o concreta, reconstruir el clima de convivencia escolar”. 

    La mirada judicial de la jueza

    La magistrada recordó que el derecho a la vida, a la salud mental y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes se encuentra garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 y que el sistema educativo tiene una responsabilidad central en la prevención y abordaje de estas situaciones. 

    “La situación informada pone en evidencia una falla en los mecanismos de detección temprana e intervención institucional, lo cual impone la adopción de medidas urgentes no sólo de protección individual, sino también de reparación del entramado vincular dañado”, sostuvo. 

  • Reforma laboral: la Justicia frena artículos clave y abre dudas sobre las indemnizaciones

    Reforma laboral: la Justicia frena artículos clave y abre dudas sobre las indemnizaciones

    Tal como se esperaba, la reforma laboral comienza a trabarse en la Justicia a partir de una serie de fallos de distintas instancias que cuestionan la constitucionalidad de algunos de sus artículos, en especial los orientados al pago de indemnizaciones de litigios en curso.

    Reforma laboral: la Justicia rechazó el nuevo cálculo de indemnizaciones


    En ese sentido, las principales objeciones están sobre el artículo 55 de la Ley 27.802, sancionada en extraordinarias por el Congreso Nacional y que establece límites en los montos resarcitorios por un cese laboral sin causa.

    En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de ese artículo en un juicio en el que confirmó una sentencia de pago por un despido que se produjo durante la pandemia.

    Tras referirse a las condiciones propias de la demanda, el tribunal avanzó sobre la forma en que se debe calcular el monto de la indemnización.

    En ese sentido, la Cámara dijo que el artículo 55 es inconstitucional porque vulnera el derecho de propiedad del trabajador, dado que implica una quita sustancial del crédito. También consideró que ataca el principio de igualdad y destacó que el régimen resulta incompatible con el principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

    El artículo 54 de la ley establece la actualización de los montos por inflación (CER) más un 3% anual. Pero, bajo la intención de generar un régimen transitorio, el artículo 55 limita a un 67% ese importe para un juicio en curso.

    La decisión de la Cámara se suma a las ya dictadas por otros dos jueces de primera instancia.

    La primera de ellas fue la emitida por la Sala Primera de la Cámara del Trabajo de Córdoba, integrada de forma unipersonal por el juez Ricardo Giletta.

    Este fallo hizo foco en que la aplicación de la nueva ley provoca una diferencia injustificada entre trabajadores que se encuentran en idénticas situaciones. El magistrado señaló además que la aplicación de este artículo también vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional porque va en contra del principio de igualdad e implica un tratamiento más desfavorable para quienes llevan más tiempo litigando.

    En similar sentido se pronunció el Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata, integrado por las juezas Soledad Moreyra y Sofía Silva Pelossi, y el juez Nicolás Menestrina, en un litigio de un empleado contra un local gastronómico. El cuerpo judicial consideró que la actualización del resarcimiento por el artículo 55 podía generar una “infra actualización” del crédito laboral, afectando su valor presente contra la inflación. Incluso Menestrina utilizó la calculadora web que instaló el Banco Central y demostró que la fórmula que sugiere la nueva ley implicaba un recorte del 35% en los haberes del empleado.

    Cabe recordar que, como complemento a la reforma laboral, el Banco Central diseñó una calculadora virtual en la cual se coloca el monto a actualizar entre las fechas requeridas y se determina el saldo indemnizatorio.

    Si bien estos fallos no son extensivos a todas las causas, crean antecedentes que pueden ser replicados por otros juzgados, paralizando la aplicación de la ley en este aspecto. La definición final llegaría por un eventual pronunciamiento de la Corte Suprema.

    Esta traba en la definición apunta al corazón de la reforma, que siempre tuvo como objetivo bajar el costo de despido para los empresarios, lo cual también quedó demostrado en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Que la justicia objete este mecanismo debilita el efecto pretendido de la ley.

    El gobierno apuesta muy fuerte a que la reforma mejore la situación del mercado laboral. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, la señaló como uno de los pilares para afirmar la reactivación de la actividad.

    Por el momento, los fallos de la justicia no logran despejar la incertidumbre sobre el costo de un despido.

    Pero además del tema indemnizatorio, la ley encuentra obstáculos en aspectos de su instrumentación.

    El juez Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.° 30, ordenó la suspensión del acuerdo de transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión fue en el marco de una causa que promovió la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN).

    No obstante, en el fuero Contencioso Administrativo, el juez Enríque Lavie Pico rechazó una presentación en similar sentido de la CGT y este martes su decisión fue ratificada por la Sala IV de la Cámara.

    La estrategia de la CGT de atacar aspectos más generales de la ley y no aquellos que afectan directamente a los trabajadores reavivó los rumores sobre un acuerdo con el gobierno nacional a cambio de mantener el control de las cajas.

    Roberto Pico | Corresponsalía Buenos Aires


  • mujer denuncia a su expareja

    mujer denuncia a su expareja

    Una mujer de 42 años denunció que sobrevivió a un intento de femicidio perpetrado por su expareja, un empresario del sector textil y calzado, y expresa temor de que el caso concluya con una condena leve y en suspenso.

    El hombre está procesado en la Justicia de San Isidro por lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas. Sin embargo, la denunciante sostiene que el hecho fue un intento de asesinato y exige que se juzgue como tentativa de femicidio, una calificación más severa.

    Los abogados que representan a la mujer, Marcos Menna y Rodrigo Tripolone, indicaron que el fiscal propuso un juicio abreviado que consideran “desproporcionado frente a la gravedad del hecho”, ya que no contempla las pericias médicas ni el contexto de violencia ni las supuestas desobediencias a medidas judiciales atribuidas al acusado.

    El jueves pasado se realizó la última audiencia del expediente, donde el fiscal mantuvo la calificación de lesiones leves pese a la oposición de la querella. La fecha de juicio fue fijada para el 21 de abril, dado que el acusado rechazó el juicio abreviado.

    La denunciante explicó que la relación con el acusado comenzó dos años antes, pero que los últimos meses fueron conflictivos y que la situación empeoró tras su separación. El ataque habría ocurrido el 15 de septiembre de 2023 en la casa que compartían en La Horqueta, partido de San Isidro.

    Según su relato, el hombre la tomó por la nuca y el cuello con ambas manos y comenzó a estrangularla, diciéndole: “No ves que yo a vos te puedo matar si quiero”. La presión fue tan intensa que perdió la sensibilidad y creyó que moriría. Para sobrevivir, fingió estar muerta hasta que el agresor aflojó.

    Al recobrar la conciencia, logró levantarse, salir de la vivienda y correr hacia su auto, donde llamó al 911. En ese momento, el acusado se acercó pero, al ver que hablaba con la policía, arrojó las llaves y se retiró.

    Al día siguiente, fue atendida en el Hospital Italiano, donde se constataron lesiones compatibles con estrangulamiento. Un informe pericial policial detalló hematomas, dificultad para tragar y ganglios dolorosos en el cuello, signos de compresión por manos humanas.

    El perito concluyó que las lesiones eran graves, dado que la víctima estuvo incapacitada para trabajar por más de un mes, contradiciendo la calificación de lesiones leves que sostiene la fiscalía.

    Los abogados de la querella sostienen que el ataque constituyó un “estrangulamiento manual sostenido hasta provocar la pérdida de conocimiento de la víctima, con manifestación verbal expresa de intención homicida”, por lo que debería considerarse tentativa de femicidio o al menos lesiones graves.

    La defensa del acusado, a cargo de la abogada Mariana Gallego, afirmó que es el empresario quien sufre hostigamiento por parte de la denunciante. Según Gallego, el hombre obtuvo una medida perimetral contra la mujer, quien se habría presentado reiteradas veces en su domicilio, incluso escondiéndose para evitar ser vista y llamando a la policía.

    La abogada también cuestionó un episodio ocurrido en Córdoba que la denunciante mencionó, donde el acusado habría ido a seguirla durante sus vacaciones. La defensa asegura que él estaba en una fiesta organizada por un amigo y que la mujer llegó acompañada por policías para retirar al hombre del lugar.

    Además, Gallego aseguró que el acusado no estaba en la casa en el momento del ataque denunciado y que existe una disputa civil en el marco de la separación, señalando que la mujer habría pedido 93 mil dólares para desistir de la demanda, dinero destinado a la compra de un departamento.

    También mencionó que seis abogados renunciaron anteriormente a representar a la denunciante.

    Finalmente, el fiscal propuso un acuerdo para que el acusado reciba una pena de 10 meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas, violencia de género y amenazas, propuesta que fue rechazada tanto por la querella como por la defensa.

    El juicio oral está programado para el 21 de abril en el Juzgado Correccional de San Isidro. La defensa manifestó que el acusado desea exponer su versión en el juicio con todas las pruebas para demostrar su verdad.

  • Buscan colaboración para la familia del operario que murió tras el derrumbe de la obra en Roca

    Buscan colaboración para la familia del operario que murió tras el derrumbe de la obra en Roca

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    Familiares y vecinos de Roca iniciaron una campaña solidaria para acompañar a la esposa y al hijo menor de Hugo Ariel Breppe, el trabajador que murió tras el derrumbe ocurrido en una excavación vinculada a una obra sanitaria en la ciudad.

    El pedido surgió en medio del dolor por la tragedia y mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades en el accidente laboral que terminó con la vida del operario de 49 años.


    Reclamo de justicia y acompañamiento a la familia


    A través de un comunicado, allegados al trabajador señalaron que la principal preocupación es que el hecho no quede impune. “Como familiares y vecinos nos hemos reunido principalmente para pedir justicia por Ariel Breppe. Que su fallecimiento no haya sido en vano, que no haya otro obrero fallecido por una negligencia”, expresaron.

    En ese sentido, remarcaron que la esposa del trabajador no realizó pedidos económicos tras la tragedia. “Sepan que su esposa no está pidiendo dinero, sino justicia”, indicaron.

    Sin embargo, destacaron que la situación familiar es compleja y que necesitarán acompañamiento. “Como amigos sabemos que va a necesitarlo, en primera instancia por su hijito menor”, agregaron en el mensaje difundido.

    Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 2984537339 (Miriam Flores, pareja del obrero) para recibir información sobre las formas de ayuda.


    El contexto de la tragedia que conmocionó a Roca


    El accidente ocurrió el 9 de marzo cuando una pared de tierra cedió dentro de una excavación donde trabajaba un grupo de operarios en tareas vinculadas al Plan Director de desagües cloacales.

    Tres trabajadores quedaron atrapados tras el desmoronamiento y uno de ellos, Hugo Ariel Breppe, fue rescatado por bomberos y trasladado al hospital local.

    Según la autopsia, el operario murió a causa de un neumotorax. La Justicia mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias del hecho y posibles responsabilidades.


  • Familiares y amigos de Juan Caliani se convocan en rechazo a la impugnación de las penas por el homicidio

    Familiares y amigos de Juan Caliani se convocan en rechazo a la impugnación de las penas por el homicidio

    Familiares, amigos y allegados del periodista Juan Caliani, asesinado en medio de un robo, se concentrarán este viernes en el Poder Judicial para manifestar su rechazo al pedido de impugnación de la defensa de los dos jóvenes condenados. La convocatoria es a las 10:30, horario de la audiencia donde se tratará el pedido del Ministerio Público de la Defensa.

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    La movilización es impulsada por la familia de la víctima que sostiene que el recurso presentado busca retrasar la ejecución de la pena. Así lo explicó Julio Caliani, uno de los hermanos, a LU5, quien adelantó que estarán presentes junto a su abogado Federico Egea para pedir que el tribunal rechace la impugnación.

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    “Nos estamos preparando para asistir al Poder Judicial y plantear el rechazo a este pedido de impugnación”, señaló y agregó que la familia difundió un comunicado en el que ya manifestaba su postura frente al recurso de la defensa. Para la familia Caliani, el planteo tiene inconsistencias indignantes.

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    “Creemos que hay una clara intención de dilatar los tiempos para la ejecución de la pena”, afirmó Julio Caliani. En ese sentido, cuestionó que durante la audiencia de determinación de la pena la defensa no había solicitado condenas con privación de la libertad, mientras que ahora plantea que sí exista una pena de prisión, aunque menor a la fijada por el juez. “Ahí vemos un aspecto contradictorio. Si en diciembre decían que no tenía que haber una pena con privación de libertad, ¿por qué hoy, tres meses después, lo consideran?”, planteó

    Incumplimientos de los asesinos de Juan Caliani

    El hermano de la víctima también recordó que, según expuso la querella durante el proceso, los dos adolescentes que en ese momento eran menores de edad, habían incumplido medidas impuestas tras un acuerdo previo realizado poco tiempo después del crimen. Ese juicio abreviado se llevó a cabo en mayo de 2024, aproximadamente un mes después del asesinato donde fueron declarados responsables.

    Según señaló Caliani, durante el proceso se mencionaron distintos incumplimientos, entre ellos situaciones vinculadas al consumo de drogas y otras conductas posteriores al hecho. “Todo eso fue detallado por nuestro abogado y quedó registrado en el juicio, pero ahora en la impugnación se desconocen por completo esos incumplimientos”, sostuvo. Además, remarcó que uno de los condenados —Mateo Herrera— tenía antecedentes previos que también fueron considerados al momento de fijar la pena agravada.

    De acuerdo con el fallo dictado tras el juicio, uno de los jóvenes fue condenado a 9 años de prisión como autor del homicidio y el otro a 6 años de prisión por su participación en el hecho. Las penas fueron impuestas por el juez Federico Bordón luego del proceso judicial realizado en diciembre de 2025.

    Por su parte, Egea ya había manifestado en diálogo con LM Neuquén en Vivo que «hay algunas aseveraciones que son o bien falsas o bien falaces en relación o a la dinámica del hecho o en relación del comportamiento de los autores durante lo que fue el tratamiento de libertad asistida».

    El abogado señaló que «la defensa en el momento de la cesura y en lo que fue sus alegatos de clausura planteó la no aplicación de la pena. O sea, que se tenga por cumplido el tratamiento y que en base al supuesto éxito o, lo que ellos consideraron éxito, no se aplique». Sin embargo, dijo que hubo un cambio de posicionamiento de la defensa. «Ahora plantea en realidad que no, que corresponde aplicar penas, incluso de cumplimiento efectivo, pero en contradicción con su anterior posicionamiento», señaló Egea.

    «El tratamiento fue el mismo, se ventiló ampliamente durante lo que fueron las audiencias de cesura y la defensa parece haber cambiado de parecer y ahora consideraría que el tratamiento fracasó y que las penas son excesivas, contrariamente a lo que sostenían antes que era que el tratamiento había sido un éxito. Es un cambio de posicionamiento al menos raro», expresó.

    La ejecución de la condena

    Actualmente, la sentencia por el crimen cometido en abril de 2024 todavía no se encuentra firme. Según explicó la familia, las penas recién comenzarán a ejecutarse una vez que se agoten las instancias de impugnación previstas por el proceso judicial.

    “Hasta que no se resuelva esta etapa no se puede pedir el cumplimiento efectivo de la pena”, indicó Julio Caliani. Por ese motivo, la familia convocó a una concentración frente al Poder Judicial para acompañar la audiencia y expresar públicamente su rechazo al recurso presentado por la defensa.

    Vamos con la esperanza de que el tribunal rechace este pedido. Creemos que es lo que espera la mayoría de la sociedad de Neuquén”, afirmó quien recordó que habían requerido 9 y 12 años de prisión efectiva, y las condenadas de 6 y 9 años resultaron «claramente insuficiente, a nuestro criterio, deja claramente una sensación de impunidad muy grande, ante un daño irreparable«.

    El comunicado de la familia ante el pedido de impugnación

    El 19 de febrero tras conocerse la mpugnación presentada por el Ministerio Público de la Defensa, la familia de Juan Caliani difundió un documento público donde recordaron que el 1ª de abril de 2024 Caliani fue asesinado durante un intento de robo en su casa y que la investigación avanzó rápidamente, con pruebas que llevaron a que los dos acusados —que tenían más de 16 años al momento del hecho— reconocieran su participación en un juicio abreviado.

    Luego, en diciembre de 2025, tras diez audiencias, el juez Dardo Bordón dictó la sentencia que fijó 9 años de prisión efectiva para M.H. y 6 años para J.M.. Sin embargo, en febrero de 2026 la resolución fue impugnada por la Defensa Pública Penal, que solicitó que se reduzcan las penas.

    En el comunicado, la familia sostuvo que el derecho a impugnar es parte del proceso judicial, pero cuestionó los argumentos utilizados. “Es indignante cuando se recurre a la mentira o a hipótesis de hechos que ya fueron probados”, afirmaron.

    También remarcaron el impacto que el crimen tuvo en su vida cotidiana. “Desde el 1 de abril de 2024 venimos atravesando este doloroso proceso. Nos ha costado salud física y mental”, expresaron. En ese sentido, señalaron que viven con angustia el hecho de que los responsables continúen en libertad mientras la sentencia no quede firme. “No pedimos nunca venganza, pero necesitamos que esta situación que nos deja gusto a impunidad termine”, indicaron.

    El documento concluyó con un mensaje dirigido a la comunidad y a los allegados de la víctima: “Queremos recordar a Juan desde su alegría y su amor por la vida, no desde las imágenes de crueldad con que nos fue arrebatado. Reiteramos nuestro pedido de justicia. Nada nos va a devolver a Juan, pero al menos podremos hacer el duelo con más paz”.

  • “Chiqui” Tapia pidió que lo dejen salir del país y presentó un escrito de más de 100 hojas en la Justicia

    “Chiqui” Tapia pidió que lo dejen salir del país y presentó un escrito de más de 100 hojas en la Justicia

    Cerca de las 11 de la mañana, Claudio «Chiqui» Tapia llegó a Tribunales para prestar declaración, en el marco del escándalo que envuelve a la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), por corrupción.

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    El presidente de la entidad está siendo investigado por una supuesta evasión por más de $19.000 millones. Con su indagatoria quedará cerrada la ronda de declaraciones en el marco de investigación por el juez en lo penal económico Diego Amarante.

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    Acompañado por sus abogados, y en medio de empujones ante la presencia de numerosos medios de comunicación, Tapia subió las escalinatas del edificio de los Tribunales de Comodoro Py.

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    Hasta Tribunales llegó en una camioneta Toyota SW4 blanca, saludó con un “buenos días” y un pedido de “no nos agolpemos”.

    “Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, había advertido Tapia el lunes pasado, durante su discurso en el acto de lanzamiento de LPF Play, la plataforma de transmisión de partidos de la AFA.

    Cabe recordar que en la jornada del miércoles, el tesorero Pablo Toviggino – que es investigado en la misma causa- presentó un escrito y decidió no responder preguntas a la Justicia.

    «Cumplimos con lo que quería el juez»

    Casi una hora y media después, Tapia brindó breves declaraciones a la prensa y aseguró: “Cumplimos con lo que quería el juez, y nos vamos a poner a trabajar con España porque quieren que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, expresó.

    Según señaló TN, el presidente de la AFA no aceptó responder preguntas y solo presentó un escrito de más de 100 hojas, el cual hablaba por él. También le reiteró al juez Amarante su necesidad de salir del país.

    Causa AFA: Pablo Toviggino pidió sobreseimiento y presentó un escrito

    El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se presentó en los Tribunales de Retiro en el marco de la causa por presuntos manejos irregulares de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

    Toviggino presentó un escrito de más de 100 páginas y evitó responder preguntas en el expediente, después de estar casi una hora en la sede judicial, donde hubo un fuerte operativo de seguridad.

    Según publicó TN, Toviggino pidió ser sobreseído en la causa y también demandó una pericia contable. Insistió en que no hay delito, ya que el Gobierno suspendió la ejecución de la deuda. “Un error en la interpretación de la fecha de vencimiento de esa deuda no puede dar pie a una persecución legal desmedida”, aseguró el tesorero de la AFA en su descargo.

    Por momentos esbozó alguna sonrisa sarcástica, según señalaron presentes en la indagatoria en diálogo con TN. Además, se declaró inocente en todos los cargos que se le acusan.