La problemática de las tierras fiscales representa un eje crítico en la estructura socioeconómica de la Patagonia. Según un informe de Marcelo Sili –investigador del CONICET e integrante del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur– y Sebastián Li –miembro de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Esquel-, nuestra región enfrenta un dilema que persiste desde la creación de la Gobernación de la Patagonia, allá por 1878.
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A pesar de su importancia estratégica, millones de hectáreas pertenecen aún a los estados provinciales o municipales, que ceden su uso a pequeños y medianos productores bajo condiciones de cierta fragilidad jurídica. Previsiblemente, de acuerdo al informe, esta situación genera tensiones permanentes entre los denominados fiscaleros y los nuevos actores que ingresan al territorio a veces con fines especulativos.
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La organización de las áreas rurales donde predominan las tierras públicas resulta sumamente compleja. Los ocupantes carecen de capacidad financiera y de garantías legales para invertir en infraestructura básica, ya que enfrentan el riesgo constante de perder sus parcelas. La precariedad de la tenencia impide la consolidación de sociedades rurales estables y procesos de desarrollo sostenibles en el tiempo.
La problematica está presente desde hace muchos años y de hecho, actualmente, la falta de mensuras y delimitaciones claras propicia conflictos vecinales y disputas con grandes empresas agropecuarias o emprendimientos mineros que buscan expandirse en la meseta y los valles.
El uso del suelo
En un repaso por los números, en un intento de hacer una suerte de radiografía de la cuestión, vemos que Patagonia alberga a 2.100.000 habitantes, lo que representa apenas el 5% de la población nacional. A pesar de esta baja densidad, la región muestra un crecimiento demográfico dinámico, con una variación relativa del 17,3% entre 2001 y 2010, cifra que supera el promedio nacional del 11,2%.
No obstante, la distribución de la tierra revela asimetrías profundas. El informe destaca que el 94% de la superficie se encuentra concentrado en manos de solo el 30% de las explotaciones agropecuarias (EAP), mientras que el 48% de los productores no alcanza a reunir ni el 1% de las tierras.
En términos productivos, la región muestra una dependencia estructural de los recursos naturales. La ganadería ovina domina la mayor parte de la superficie, aunque convive con un crecimiento en la producción de forrajes y cultivos anuales en las zonas irrigadas.
El análisis de los datos censales indica una disminución de las explotaciones menores a 100 hectáreas y una estabilización del estrato entre 2.500 y 5.000 hectáreas. Estas cifras confirman la consolidación de productores medios capitalizados frente a la retracción de los pequeños ocupantes familiares que operan en los márgenes del sistema.
La crisis de los fiscaleros en la meseta y la cordillera
La situación de las tierras fiscales adquiere dimensiones dramáticas al considerar que la Patagonia concentra 2.500.000 hectáreas públicas, lo que equivale al 85% del total nacional. En la Meseta Central de Río Negro y Chubut, los ocupantes enfrentan condiciones climáticas severas y rentabilidades negativas debido al bajo precio de la lana.
Por ejemplo, en Río Negro existen aproximadamente 1.620 ocupantes fiscales con parcelas promedio de 2.000 hectáreas, cifra muy inferior a las 7.000 hectáreas requeridas para conformar una unidad económica mínima.
Por otro lado, la zona de montaña presenta un escenario de alta conflictividad por la fuerte presión inmobiliaria. Aquí, el valor de la tierra se dispara debido a su potencial recreativo y paisajístico. El informe señala que el 50% de los ocupantes posee menos de 50 hectáreas, enfrentando la competencia de inversores extranjeros que adquieren grandes extensiones para residencias o cotos de caza.
En áreas como El Bolsón, una hectárea puede alcanzar valores de hasta 50.000 dólares una vez que se obtiene el título de propiedad, lo que incentiva maniobras especulativas que desplazan a las familias que ocupan el suelo desde hace décadas.
Hacia una reforma necesaria de las políticas públicas
El Estado provincial, como autoridad regulatoria, muestra una capacidad limitada para resolver este caos administrativo. La burocratización de los trámites genera expedientes que superan las tres décadas sin resolución. Además, los marcos legales vigentes, como la Ley 279 en Río Negro, resultan insuficientes para las nuevas demandas de uso turístico, científico y ambiental.
Para superar este problema irresuelto, de acuerdo a los investigadores, resulta imperativo diseñar programas de largo plazo que modernicen los sistemas de información territorial (GIS) y establezcan criterios de justicia distributiva. La regularización de la tenencia no solo es una deuda histórica con los pequeños productores, sino también un requisito fundamental para garantizar la estabilidad social y el crecimiento económico de la región más extensa de Argentina.
FUENTE:CÁRCANO, M. (1968). Evolución histórica del régimen de la tierra pública (1810-1916). Buenos Aires: EUDEBA. CORTÉS CONDE, R. (1994). La economía argentina en el largo plazo. Buenos Aires: Sudamericana. ODDONE, J. (1975). La burguesía terrateniente argentina. Buenos Aires: Ediciones Líbera. RUFFINI, M. (2000). La ocupación de la tierra en la margen sur del Río Negro (1820-1878). UNLP. SILI, M. y SOUMOULOU, L. (2012). La problemática de la tierra en Argentina. Ed. FIDA. Datos de los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) 1988, 2002 y 2010.
