Un fuerte cimbronazo político sacude a Plottier. Una abogada y vecina, Liliana Verónica Peral presentó formalmente un pedido de juicio político contra el intendente Luis Bertolini, al que acusa de mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionario público y presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
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La presentación fue realizada ante el Concejo Deliberante y se enmarca en lo establecido por la Carta Orgánica Municipal. En el escrito, de más de 15 páginas, Peral sostiene que existe una “gravedad institucional” que justifica no solo la apertura del proceso, sino también la suspensión preventiva del jefe comunal mientras se investigan los hechos.
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La denuncia reúne una serie de acusaciones que van desde el funcionamiento del sistema de fotomultas hasta presuntas irregularidades en contrataciones, beneficios impositivos a sectores privados, manejo de fondos públicos y hasta posibles hechos de corrupción, que ya están bajo investigación judicial de la Fiscalía que ya puso fecha a la formulación de cargos para el lunes próximo.
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Uno de los ejes centrales de la denuncia es el sistema de fotomultas implementado en la ciudad. Según Peral, el Ejecutivo habría montado un esquema “recaudatorio” a través de un convenio con una empresa privada que, según sostiene, no fue debidamente publicado ni tendría validez normativa.
La abogada afirma que esto configura una “desviación de poder”, ya que el sistema habría dejado de tener una finalidad preventiva para convertirse en un «mecanismo de cobro». Además, denuncia que se habría delegado de manera ilegal el poder de policía, una facultad que corresponde exclusivamente al Estado municipal.
En ese sentido, el escrito advierte que los vecinos estarían recibiendo multas sin posibilidad real de defensa, sin intervención efectiva de un juez de faltas y con consecuencias concretas como la imposibilidad de renovar licencias de conducir o transferir vehículos.
La situación, según la presentación, afecta especialmente a sectores vulnerables y genera “deudas impagables” para muchos ciudadanos.
Conflicto con el Concejo Deliberante
El conflicto por las fotomultas escaló aún más luego de que el Concejo Deliberante sancionara una ordenanza que suspendía el sistema. Es que esta semana se conoció que el intendente Bertolini decidió vetar esa ordenanza y continuar con la aplicación de multas.
Peral interpreta esta conducta como una “rebeldía explícita” frente al orden institucional y sostiene que el jefe comunal se coloca por encima de las normas y de los órganos de control.
Otro de los puntos sensibles de la denuncia es el decreto 646/25 mediante el cual se habría otorgado una exención impositiva por seis meses a algunos propietarios del barrio privado “Los Canales”.
Según Peral, este acto no solo habría sido ocultado, sino que además implicaría un trato discriminatorio hacia el resto de los contribuyentes, que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.
La abogada sostiene que esta medida rompe el principio de igualdad ante las cargas públicas y configura un beneficio indebido que perjudica las finanzas municipales.
La presentación también hace foco en presuntas irregularidades en contrataciones municipales. En particular, menciona la existencia de proveedores vinculados familiarmente con funcionarios del área de Hacienda.
Según detalla el pedido de juicio político, habría empresas cuyos socios tendrían relación directa con la subsecretaria del área encargada de controlar el gasto público, lo que podría configurar una violación a la Ley de Ética Pública. Esas irregularidades con la subsecretaría de Hacienda y con la exención de tasas para algunos ya están siendo investigados por la Fiscalía.
Además, se señala que los concejales convocaron a presentarse a la funcionaria a cargo y no se presentó para dar explicaciones.
Críticas a la gestión económica
La denuncia también cuestiona el manejo financiero del municipio. Entre otros puntos, señala un aumento de la masa salarial sin respaldo presupuestario y la falta de auditorías en los balances de los últimos años.
Peral sostiene que los estados contables “no tienen respaldo documental” y que se habría incumplido la Ley de Administración Financiera en lo relativo a la rendición de fondos. Este escenario, advierte, podría derivar en una crisis financiera que afecte el pago de salarios y la prestación de servicios básicos.
En el petitorio, la abogada solicita que se tenga por presentada la denuncia, se inicie el proceso de juicio político y se disponga la suspensión preventiva del intendente. Argumenta que esta medida es necesaria para evitar la manipulación de pruebas y garantizar el normal desarrollo de la investigación.
Finalmente, pide que, de comprobarse las acusaciones, se avance en la destitución de Bertolini y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en la ciudad.
La presidenta del Concejo Deliberante de Plottier, Malena Resa, confirmó a LM Neuquén el ingreso de este pedido de juicio político contra el intendente y adelantó que se de dará el curso correspondiente.
«En principio tenemos un pedido de juicio político al que se le va a dar curso, ese procedimiento no es automático. Lleva 20 días de análisis, tiene que estar girado a la comisión de Gobierno y se tiene que crear la sala acusadora y juzgadora», explicó sobre el camino a seguir donde aclaró, deberán probar la procedencia del pedido, si es procedente o no y luego juntar las pruebas para acusar y juzgar.
Resa aclaró que esta instancia es diferente a la posibilidad que también está en tratamiento en el Concejo Deliberante sobre la posibilidad de suspender a Bertolini tras la formulación de cargos que la Fiscalía tiene prevista hacer contra Bertolini el próximo lunes.
