Autor: Ministerio Público Fiscal

Condenaron a tres personas por microtráfico de drogas: una cumplirá prisión efectiva

13-01-2026

Neuquén– Mediante un procedimiento abreviado y a partir de una imputación formulada por el asistente letrado Bruno Miciullo, tres personas fueron condenadas por la venta de drogas, en una causa que se originó a partir de denuncias anónimas y tareas de investigación del Departamento Antinarcóticos de la Policía.

Según expuso el representante del MPF, el caso se inició formalmente el 7 de noviembre de 2025, cuando se formularon cargos contra Valeria Andrea Prieto, Aarón David Sosa Zidan y Lautaro Della Longa. En aquella instancia, la acusación era por comercio de estupefacientes agravado, pero el avance de la investigación y el análisis de la prueba permitieron modificar la calificación legal y arribar a un acuerdo abreviado.

Prieto y Sosa Zidan comercializaron estupefacientes desde una vivienda ubicada en el barrio San Lorenzo Norte de la ciudad de Neuquén. La actividad se desarrolló, al menos, entre julio y noviembre de 2025, bajo la modalidad conocida como “pasamanos”, con un total de 195 movimientos compatibles con la venta de droga registrados durante 78 horas de observación policial. Prieto dirigía la actividad y resguardaba el dinero y las sustancias, mientras que Sosa Zidan colaboraba en la venta al público.

Durante un allanamiento realizado el 6 de noviembre de 2025, se secuestraron envoltorios de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión y más de $1,3 millones en efectivo.

En cuanto a Della Longa, la fiscalía lo desvinculó del comercio de estupefacientes y le atribuyó la tenencia simple de droga y la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil condicional. En su domicilio se hallaron estupefacientes, una pistola calibre 380 apta para el disparo, municiones, dinero en efectivo y otros elementos, sin que contara con autorización legal para portar el arma.

La fiscalía calificó la conducta de Prieto como autora del delito de comercio de estupefacientes; la de Sosa Zidan como partícipe secundario del mismo delito; y la de Della Longa como autor de tenencia simple de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego.

Como resultado del acuerdo, Valeria Andrea Prieto fue condenada a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa de 45 unidades fijas. Aarón David Sosa Zidan recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa de 22,5 unidades fijas, mientras que Lautaro Della Longa fue condenado a 3 años de prisión condicional.

Además, se impusieron reglas de conducta para los condenados con penas condicionales, entre ellas fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y someterse a evaluaciones médicas. En el caso de Della Longa, el dinero secuestrado será donado a una institución de bien público vinculada al tratamiento de adicciones.

Las defensas y los imputados renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme en la misma audiencia. El acuerdo y las condenas fueron homologados por el juez Juan Guaita.

Se fugó de una prisión domiciliaria, lo declararon rebelde y ordenaron su captura

09-01-2026

Neuquén– La fiscal del caso Lucrecia Sola pidió a la jueza de garantías Carina Álvarez que declare la rebeldía de C.A.M., un hombre imputado por atacar con un arma a tres personas, tras comprobarse que cortó la tobillera electrónica que controlaba el cumplimiento de una prisión domiciliaria y se fugara del lugar.

La magistrada hizo lugar al pedido y ordenó su inmediata captura.

Ocurrió durante una audiencia realizada hoy, en la que la fiscal informó que el acusado se encontraba bajo prisión domiciliaria desde el 9 de octubre de 2025, con monitoreo electrónico, en la vivienda de su padre. Sin embargo, la Comisaría 12 notificó que durante la madrugada de ayer, el dispositivo emitió una alerta por apertura y posterior apagado. Ante esa situación, personal policial realizó un allanamiento en el domicilio y constató que el imputado no se encontraba allí. El padre indicó que el joven se había retirado del lugar con ropa, luego de una discusión con su novia.

En el marco de las diligencias posteriores, el dispositivo de monitoreo electrónico fue hallado dañado dentro del horno de la vivienda, luego de que el propio imputado le indicara a su hermana dónde lo había dejado, según precisó la fiscal.

Por estos hechos, Sola requirió que se declare la rebeldía de C.A.M., se ordene su captura inmediata para que sea puesto a derecho y se suspendan los plazos procesales mientras permanezca prófugo.

La jueza Carina Álvarez hizo lugar a todos los planteos, al considerar acreditado que el imputado se fugó del domicilio donde cumplía la medida cautelar y dañó intencionalmente la tobillera electrónica para evadir el control judicial.

C.A.M. había sido imputado por un hecho cometido el 5 de junio de 2025, cuando desde una moto y utilizando un arma de fuego calibre 9 milímetros efectuó múltiples disparos contra tres personas que se encontraban en una vereda del barrio Gran Neuquén. Por ese ataque, que dejó a las víctimas con heridas de gravedad, fue acusado como autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en tres hechos en concurso real, y quedó bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Intentó abusar sexualmente de una vecina: lo imputaron y quedó detenido

08-01-2026

Neuquén– La asistente letrada Analía García formuló cargos contra un varón identificado como J.L.T. por haber intentado abusar sexualmente de una mujer que es su vecina, durante la madrugada del 7 de enero, en un inquilinato ubicado en el barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la acusación fiscal, alrededor de las 4 de la madrugada, el imputado ingresó sin autorización al departamento de la víctima cuando esta se disponía a descansar. Tras una discusión previa, se retiró del lugar, pero minutos después regresó y se acostó junto a ella. En ese contexto, la tomó del cuello, la despojó de sus prendas de vestir y le realizó tocamientos en sus partes íntimas, mientras le profería amenazas verbales e intentó abusarla sexualmente con acceso carnal. La mujer logró escapar y pedir auxilio, primero a su madre y luego a vecinos del inquilinato. El acusado se dio a la fuga al advertir la presencia policial, aunque fue demorado minutos después dentro del mismo inmueble, oculto debajo de un somier.

El hecho fue calificado provisoriamente como tentativa de abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor (artículos 42, 45 y 119, tercer párrafo del Código Penal), y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia, la asistente letrada García solicitó la prisión preventiva del imputado por el plazo de un mes, al sostener que existen riesgos procesales, principalmente para la integridad física y emocional de la víctima, quien reside en el mismo inquilinato. Además, argumentó peligro de fuga, al señalar que el acusado no cuenta con trabajo ni arraigo acreditado en la ciudad, y remarcó la gravedad del hecho, la reiteración de conductas previas y la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedó la víctima.

La defensa se opuso al pedido y propuso medidas menos gravosas, como la fijación de un domicilio alternativo con familiares, presentaciones diarias ante una comisaría y una prohibición de acercamiento, o subsidiariamente una prisión preventiva por un plazo menor.

El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y resolvió hacer lugar parcialmente al planteo de la fiscalía. Consideró acreditado el riesgo para la víctima y la falta de arraigo del imputado, y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 15 días, con el objetivo de permitir la constatación de un eventual domicilio alternativo y la revisión de la medida.

Robaron en un estacionamiento: fueron acusados y deberán reparar a la víctima

06-01-2026

Neuquén– La asistente letrada Silvia Garrido formuló cargos contra dos hombres por forzar una cerradura y robar elementos que estaban dentro de un auto, en un estacionamiento de la ciudad de Neuquén. Durante la audiencia, las partes arribaron a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, que fue homologado por el juez de garantías Luciano Hermosilla.

Según el relato de la fiscalía, el hecho ocurrió el 5 de enero de 2026, cerca de las 10:00, en la calle Doctor Ramón al 800, frente a un gimnasio. En ese lugar, los imputados E.E.P. y M.C., quienes se movilizaban en un auto, descendieron y forzaron la puerta trasera derecha de un vehículo que se encontraba estacionado: rompieron una cerradura para sustraer una bolsa con 15 remeras y una caja de encomiendas. Más tarde, alrededor de las 11:15, ambos fueron aprehendidos en la intersección de las calles Buenos Aires e Islas Malvinas.

Garrido calificó el hecho como robo simple, en carácter de coautores. Durante la audiencia también se informó que M.C. registraba un legajo previo por un hecho ocurrido en agosto de 2025 —robo simple en grado de tentativa— y que se encontraba en estado de rebeldía, con una orden de captura vigente.

El juez fijó un plazo de 4 meses para la investigación, conforme al artículo 158 del Código Procesal Penal. No se solicitaron medidas de coerción privativas de la libertad, ya que las partes acordaron la aplicación de una suspensión de juicio a prueba. En ese marco, la fiscalía solicitó la imposición de reglas de conducta por un año para E.E.P. y por un año y seis meses para M.C.

Finalmente, el magistrado resolvió tener por formulados los cargos, disponer el levantamiento de la rebeldía y de la orden de captura que pesaba sobre M.C., y conceder la suspensión de juicio a prueba. Entre las condiciones impuestas se encuentran fijar residencia, no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes, realizar presentaciones cuatrimestrales y cumplir tareas comunitarias (96 horas para E.E.P. y 120 horas para M.C). Además, se aprobó una reparación económica conjunta de 100 mil pesos a favor de la víctima, a abonar en un plazo de 15 días.

La suspensión de juicio a prueba funciona como un “paréntesis” en el proceso penal: si los imputados cumplen con todas las reglas impuestas durante el plazo fijado, la causa se extingue sin generar antecedentes; de lo contrario, el proceso se reanuda desde el punto en que quedó.

Condenado por abuso sexual que tiene más de 70 años seguirá en prisión

06-01-2026

Neuquén– Por pedido de la asistente letrada Natalia Lacoste, la jueza de ejecución Raquel Gass rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de un condenado por abuso sexual, mayor de 70 años, durante una audiencia de ejecución realizada ayer.

El planteo consistió en una morigeración de la modalidad de cumplimiento de la pena de 10 años de prisión efectiva que se le impuso tras el juicio, en función de la edad del condenado (72 años) y de un presunto deterioro de su estado de salud.

La representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido y sostuvo que el cumplimiento de los 70 años no habilita de manera automática el acceso a la prisión domiciliaria. Indicó que la defensa no acreditó en la audiencia, mediante peritos o testigos, las denuncias vinculadas con la salud del condenado, y remarcó que el informe del área de Población Judicializada advierte un riesgo socioambiental en el domicilio propuesto, además de la ausencia de factores de control adecuados.

Tanto la defensoría de Niñez y Adolescencia, que interviene como querella institucional en los casos en los que las víctimas del delito son menores de 18 años, como la querella particular, adhirieron a la posición de la fiscalía.

Durante la audiencia se advirtió que en el domicilio propuesto por la defensa —un complejo de departamentos ubicado en otra localidad— se detectaron elementos vinculados con la presencia de niños, lo que fue considerado incompatible con el delito por el que O.R.M. fue condenado: abuso sexual con acceso carnal, continuado y agravado por el vínculo, por haber sido cometido por el encargado de la guarda y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años (artículos 119, tercer y cuarto párrafos, incisos “b” y “f”, y 45 del Código Penal).

Al resolver, la jueza Raquel Gass destacó que la prisión domiciliaria constituye una medida excepcional y una forma “privilegiada” de ejecución de la pena, que no se concede de manera automática por razones etarias. Señaló que no se demostró que el estado de salud del condenado no pueda ser atendido en contexto de encierro, y recordó que la Unidad 11 cuenta con atención médica, sin perjuicio de los traslados que puedan autorizarse para tratamientos, cirugías o rehabilitación cuando sean debidamente solicitados.

La magistrada también avaló el informe técnico incorporado al legajo, que advirtió la existencia de factores de riesgo en el domicilio propuesto, en particular la posible cercanía con niños, y remarcó que la negación del hecho por parte del entorno ofrecido impide que esas personas puedan cumplir un rol de control o alerta frente a situaciones similares.

O.R.M. fue condenado el 3 de abril de 2025 a 10 años de prisión efectiva, sentencia que fue confirmada por el Tribunal de Impugnación el 2 de junio de 2025, tras ser declarado autor penalmente responsable por delitos contra la integridad sexual de una niña perteneciente a su entorno cercano.

El nombre del condenado se preserva para resguardar la intimidad de la víctima y evitar su identificación.