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El incendio desatado el jueves en El Bolsón desplazó cualquier otra preocupación gubernamental. Hasta entonces, el cometido recaía en reorientar la discusión salarial de los estatales, tras meses de parálisis, y resistir la ofensiva de comerciantes por las variantes impositivas.
Después del equívoco y del desborde de la masa del tercer trimestre, Weretilneck congeló salarios y ya suma cuatro meses con haberes públicos inalterables.
Habrá compensación, según surge de las retomadas paritarias, que tuvieron planteos sindicales diferentes y disímiles promesas de funcionarios.
Sumas y ofertas largas
Unter concentra su reclamo por noviembre y diciembre del 2023 y Educación aceptó “necesario un reconocimiento” por ese período. ATE se focalizó en la quietud de “los últimos 100 días”, a lo cual, la Función Pública aceptó “conversar”.
Análisis y cálculos bien diferentes. El Gobierno deberá definir una línea para la próxima paritaria, que sería el lunes 10.
Serán sumas de corrección –que UPCN adelantó su rechazo– y, después, Weretilneck planea una oferta por el cuatrimestre o el semestre, actualizada con el índice inflacionario.
Antes que nada, el gobernador condicionó a ATE con más de 400 contratos de estatales que no fueron renovados y alteró la atención del gremio, que ahora negocia por esos vínculos cesados. Para JSRN, esa revisión tiene su segunda faceta: un esquema de fidelización política. Esta cara fue expuesta por ATE en un comunicado al denunciar a la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, acusándola de que citaba y exigía pleno alineamiento para la reincorporación.
La eliminación del beneficio
Con la cercanía del primer vencimiento, los comerciantes reaccionaron por las reformas tributarias aprobadas en diciembre. ¿De qué se trata? Se quitó una bonificación para las PyMES por pago en término. Así, las alícuotas de Ingresos Brutos se aplican plenamente y derivan en subas de hasta un 30%.
JSRN lo hizo en la búsqueda de recursos. Tiene argumentos a su favor (bajas de los envíos de Nación y ventajas existentes con otras provincias), pero contradice el presente “orden” nacional de un aplacamiento impositivo. Otro elemento políticamente incorrecto: perjudica a los comercios pequeños y medianos, cumplidores. El Gobierno los estima en unos 10.000, y las cámaras dicen que son muchos más.
La reunión en Roca de la cúpula empresarial con legisladores arrojó poco y nada. JSRN no fue y arrastró al mismo vacío a sus aliados que apoyaron la reforma tributaria, como el ARI. La bancada radical -Lorena Matzen y Ariel Bernatene- ignoró esa directiva y asistió con sus razones de apoyo. La oposición -PRO, justicialista y libertarios- aprovechó y azotó al oficialismo ausente.
La Federación comercial tiene un proyecto de reposición del beneficio y una nota para Weretilneck que circulan entre parlamentarios para sus firmas.
Quedó atrás la idea de una Mesa. Juan Martín, del PRO, aportó para bajarla. “¿Qué ocurrió con la Mesa por los aumentos de Edersa”, consultó en la reunión en relación a la comisión pactada el año pasado con el EPRE para estudiar el cuadro tarifario. No hubo convocatoria, fue la respuesta.
El borrador de la misiva empresarial plantea al gobernador que use la facultad que le otorga la ley impositiva para bajar alícuotas.
Curiosamente, ese atajo ya fue usado porque, desde enero, existe una disminución del 30% para las farmacias (venta de medicamentos al por menor) y los sanatorios (servicios de internación). Sin difusión, el Gobierno aplicó esas excepciones sectoriales. Hay quienes aseguran que hay otros tratamientos diferenciales en estudio.
