Dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) pidieron una reunión urgente para los primeros días de abril con la secretaria de la Función Pública de Río Negro, Tania Lastra, para abordar la situación salarial de los empleados públicos de la provincia. La solicitud surgió ante lo que el gremio consideró una falta de equidad en las propuestas salariales otorgadas a distintos sectores del Estado.
En la nota que enviaron al Consejo de la Función Publica, consideraron que «ante las recientes ofertas salariales realizadas a otros poderes y sectores del poder ejecutivo, nos vemos en la obligación de exigir equidad salarial para nuestros trabajadores. Es inaceptable que existan diferencias significativas en las ofertas salariales entre los diferentes poderes y sectores del Estado».
La Ley 1844 y la Ley 1904 establece los principios de equidad y justicia en la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, desde UPCN señalaron que “la realidad muestra que estos principios no se están cumpliendo. Por lo tanto, solicitamos una reunión urgente para abordar esta situación y encontrar una solución que garantice dignidad salarial para todos los empleados públicos”.
La Secretaría de Trabajo de Río Negro realizó durante los últimos días una serie de clausuras en diferentes dependencias del municipio de Allen. Desde el oficialismo local denunciaron que el gobierno de Alberto Weretilneck lleva adelante un proceso de «persecución política» hacia la administración de Marcelo Román (LLA).
Según informó la Provincia, el operativo de inspección se dio a partir de denuncias presentadas por los gremios UPCN, ATE y Soyem.
Se detalló que los agentes de Trabajo detectaron «deficiencias estructurales y riesgos inminentes para la seguridad de los trabajadores«. Ante esta situación se procedío a la clausura preventiva de distintos sectores.
En el área de Desarrollo Social se constató que un entrepiso utilizado como depósito carecía de soporte estructural adecuado, lo que representaba un alto riesgo de colapso.
En el cementerio municipal, la galería donde se encuentran los nichos presentaba grietas alarmantes en la loza, con peligro de derrumbe. Como medida preventiva, se prohibió el acceso a la zona comprometida. Asimismo, un sector antiguo que funcionaba como área de descanso para el personal, fue cerrado debido a su avanzado deterioro en paredes, techo y piso.
En la sede de la comuna, una de las paredes perimetrales del pasillo de acceso principal presentaba agrietamientos severos de aproximadamente 1,5 cm, lo que ponía en riesgo la integridad de la estructura. Como medida de seguridad, se restringió el tránsito en ese sector y se habilitaron accesos alternativos.
El corralón municipal fue otro de los puntos inspeccionados, donde se clausuraron los portones de ingreso debido a la ausencia de guías inferiores.
Además, se prohibió la circulación de vehículos municipales que no contaban con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente o que presentaban fallas mecánicas severas, incluyendo deficiencias en luces, tablero, tren delantero y neumáticos en mal estado.
«La Secretaría de Trabajo instó al municipio a tomar medidas urgentes para subsanar las falencias estructurales y garantizar condiciones seguras», agregó la comunicación del gobierno rionegrino.
El oficialismo de Allen respondió por las clausuras en la municipalidad
Desde el comité local de la UCR, que responde al jefe comunal, salieron a rechazar las medidas impuestas y señalaron que se trata de «maniobras de persecución política que el gobernador Alberto Weretilneck ha desplegado en contra de los ciudadanos».
«No responden a criterios administrativos ni sanitarios, sino que forman parte de una estrategia de hostigamiento político que busca entorpecer el funcionamiento del municipio y perjudicar a los vecinos y vecinas», precisó el comunicado firmado por Ines Figueroa, presidente de la seccional Allen.
El radicalismo sostuvo que la administración rionegrina no trabaja para «fortalecer la gestión local» y que coloca «trabas injustificadas». «A pesar de estas adversidades, el intendente Román y su equipo han demostrado una firme voluntad de trabajo, garantizando los servicios municipales esenciales y administrando con responsabilidad los recursos disponibles», agregaron.
Además afirmaron que los problemas edilicios vienen de larga data y responsabilizaron a las anteriores gestiones, entre ellas las de JSRN, por el estado de situación.
Por último, cerraron como un mensaje directo a Weretilneck: «Queremos decirle: El pueblo de Allen lo voto, señor gobernador, esperando crecimiento y bienestar, no estrategias de castigo ni posturas individualistas que frenan el desarrollo de nuestra ciudad. Exigimos respeto por la autonomía municipal y soluciones concretas para los problemas que realmente afectan a nuestra comunidad».
En tanto, el bloque de la UCR en el Concejo Deliberante también mostró su descontento por las clausuras.
La Unión Personal Civil de la Nación, seccional Río Negro, pidió al gobierno provincial «una reunión urgente» para los primeros días de abril para «abordar la situación salarial de los empleados públicos de la provincia» .
Mediante una nota, dirigida a Tania Lastra, secretaria de la Función Pública, el gremio señaló que «ante las recientes ofertas salariales realizadas a otros poderes y sectores del poder ejecutivo, nos vemos en la obligación de exigir equidad salarial para nuestros trabajadores».
Agrega que «es inaceptable que existan diferencias significativas en las ofertas salariales entre los diferentes poderes y sectores del Estado» y recuerda que «la Ley 1844 y la Ley 1094 establecen los principios de equidad y justicia en la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, la realidad muestra que estos principios no se están cumpliendo».
Roberto Ilabaca, es paciente trasplantado renal y, cansado de la situación que vive hace al menos un año, decidió contar públicamente los padecimientos que tienen él y otros pacientes que están en la misma condición, por la falta de medicación en la farmacia del hospital Castro Rendón.
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Hasta el momento son varios motivos que llevan a esta delicada situación, ya que muchas veces no está el medicamento o la farmacia no abre por falta de personal en el hospital neuquino.
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“Hace más de un año estamos padeciendo la escasez de la medicación que se llama Tacrolimus de un 1 mg, es la que usamos los pacientes que somos trasplantados. Es una medicación que hay que tomar de por vida. Es la única opción que tenemos”, alertó Roberto.
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Y explicó que la medicación debería entregarse una vez por mes, pero para evitar esta situación se estaban entregando una receta por tres meses. “Pero es imposible poder tenerla. No hay repuestas, no te dicen específicamente cuál es el problema”, indicó en diálogo con LU5.
Roberto afirmó que se trata de una situación muy delicada, que llevó a que en el último tiempo hayan tenido que recurrir directamente a grupo de WhatsApp de pacientes trasplantados “donde apelamos a la solidaridad y empatía de cada paciente, de empezar a compartir la medicación que cada uno tiene para poder administrarla a todos”, dijo.
Señaló que hay al menos cerca de 80 pacientes de distintas localidades en esta situación, y advirtió que algunos deben hacer viaje en auto durante varias horas para poder conseguir la medicación “y ponen en riesgo su vida por una tableta de medicamentos”.
La situación es más que compleja para estos pacientes, ya que la falta de esta medicación pone en riesgo su vida con la posibilidad de tener rechazo del órgano; y en el caso de pacientes renales pueden llegar a volver a diálisis.
“Los medicamentos solo se entregan en Neuquén porque hay gente del interior de la provincia o de Río Negro se hacen trasplantes acá, y deben viajar siempre”, aclaró Roberto. “Los medicamentos solo se entregan en Neuquén porque hay gente del interior de la provincia o de Río Negro se hacen trasplantes acá, y deben viajar siempre”, aclaró Roberto.
Y señaló que uno de los inconvenientes que se han dado en el último tiempo es por problemas de personal “esta semana solo atienden martes y jueves de 8 a 14 horas en la farmacia del hospital, y la semana que viene eso cambia. Pero todo deriva en que hoy no tenemos la medicación”, afirmó.
Tras esta denuncia, desde el Ministerio de Salud indicaron a LMNeuquén que no hay problema con la medicación, y que existe un total de 1.500 pastillas que se encuentran en el depósito central, con vencimiento al 30 de septiembre. Por lo que afirmaron que existe stock normal de la medicación, que es Tacrolimus de un 1 mg.
Falta personal en la farmacia del hospital
Los trabajadores del sector de farmacia del Hospital Castro Rendón iniciaron, a fines de febrero, medidas de fuerza por la falta de personal que provocó el cierre parcial del servicio.
María Nahul, representante del gremio UPCN, y Felisa Ortega, delegada del hospital, explicaron que en total faltan 8 empleados, entre ellos 3 farmacéuticos y 5 auxiliares. Y señaló – días atrás – que esta problemática se arrastra desde hace años sin respuestas concretas.
“Nunca tuvimos respuesta de la dirección ni de recursos humanos; subíamos las notas, pero nadie sabía nada. Nos ha tocado atender a 200 personas por la mañana con una sola persona o a lo sumo dos”, indicó al advertir que esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio y la atención a pacientes vulnerables.
La CGT cumpliría con su anunciado paro general el 8 de abril próximo, y reunirá a su Consejo Directivo esta semana para resolver la modalidad que tendrá esa medida de fuerza, ya que algunos dirigentes quieren que sea acompañada por una movilización.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes gremiales, el ala más combativa de la central fue la que motorizó un planteo para que los jefes sindicales declaren una nueva medida de fuerza de alcance nacional en la próxima reunión de Consejo Directivo, que tendrá lugar el jueves próximo.
Si bien la reunión del jueves definirá la modalidad y alcance del paro -si es acompañado por una movilización, y si esta es al Congreso o a Plaza de Mayo-, fuentes gremiales dejaron trascender este domingo que la medida de fuerza será el 8 y el anuncio se realizará tras la deliberación del Consejo Directivo.
Uno de los cosecretarios generales de la central obrera, Héctor Daer (Sanidad) había anunciado al finalizar la semana que la CGT haría un nuevo paro general antes del 10 de abril.
Precisamente el viernes pasado, Daer recibió en el Salón Felipe Vallese a la conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la que Juan Grabois es fundador, y desde el estrado anunció que la CGT había decidido convocar a un nuevo paro general «antes del 10 de abril».
Junto a Daer y a la dirigencia de la UTEP se encontraban importantes dirigentes cegetistas como Hugo Moyano (camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), y José Luis Lingeri (obras sanitarias), que aplaudieron entusiastas el anuncio.
Los ánimos puertas adentro de la CGT subieron de tono luego de la marcha de protesta del miércoles último frente al Congreso, que estuvo marcada por una fuerte represión y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
De concretarse la medida de fuerza, la CGT realizaría el 8 de abril su tercera huelga general desde que asumió Javier Milei la presidencia.
La primera tuvo lugar el 24 de enero de 2024 y el 9 de mayo último se llevó a cabo la segunda, ambas con fuerte adhesión al contar con un paro casi total del transporte público.
El gremio Asspur tiene proyecciones del impacto en los salarios del último aumento otorgado por el gobierno provincial, con una incidencia de 100.000 a 130.000 pesos en las categorías más bajas de profesionales y técnicos de los hospitales de Río Negro al aplicarse la suba de mayo, por eso pone el foco en esta demanda como uno de sus ejes para la jornada de protesta del miércoles.
Asspur exige un salario de ingreso de 1.600.000 pesos, blanqueo de las sumas no remunerativas y recomposición de la pirámide salarial. También el pase a planta permanente de los trabajadores contratados y el pago de recategorizaciones y retroactivos adeudados.
El sindicato de los hospitalarios no tiene participación en la discusión salarial, en la que tiene voz ATE Y UPCN, y reclama una mesa sectorial para abordar sus particularidades.
Las estimaciones salariales para el sector salud
Según las estimaciones de Asspur, el incremento cuatrimestral otorgado por el Gobierno genera un impacto de bolsillo de entre 100.000 y 130.000 pesos con los haberes de mayo para los agrupamientos iniciales de los trabajadores de la Ley 1904, que abarca a técnicos y profesionales no médicos.
Se toma como base los salarios de noviembre de 2024 cuando un técnico o profesional (no médico) con posgrado o especificidad, avalada por Coneau, por un cargo full time de 44 horas semanales sin antigüedad cobraba 1.427.000 pesos y con antigüedad máxima 1.518.000 pesos.
Los salarios iniciales de un técnico o profesional con título de pregrado en noviembre no llegaban al millón de pesos.
El aumento otorgado con los haberes de febrero es de un 2,2% en el sueldo bruto, y un 1,5% para los meses de marzo, abril y mayo, respectivamente, acumulativo al mes anterior. Además de una suma fija que va de 30.000 a 50.000 pesos.
En promedio las subas para los hospitalarios en cuatro meses irían del 8,7 a casi el 10%, según cálculos del sector. Asspur acusa que se debe contemplar esa mejora “por siete meses”, debido a que los sueldos estaban congelados desde octubre pasado.
A estos valores se debe sumar que a los trabajadores de la salud de la zona Andina, Línea Sur y Catriel se les paga el concepto de ubicación o “zona inhóspita”, que varía entre los 50.000 y 100.000 pesos según la categoría.
La CGT realizará el anunciado paro general el próximo 8 de abril. La fecha trascendió este domingo y en la semana habrá una importante reunión para definir si la medida será acompañada por una movilización.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas a través de fuentes gremiales, el ala más combativa de la central fue la que motorizó un planteo para que los jefes sindicales declaren una nueva medida de fuerza de alcance nacional en la próxima reunión de Consejo Directivo, que tendrá lugar este jueves.
Si bien la reunión definirá la modalidad y alcance del paro –si es acompañado por una movilización, y si esta es al Congreso o a Plaza de Mayo-, fuentes gremiales dejaron trascender hoy que la medida de fuerza será el 8 y el anuncio se realizará tras la deliberación de las autoridades sindicales.
Uno de los cosecretarios generales de la central obrera, Héctor Daer (Sanidad), había anticipado al finalizar la semana que la CGT haría un nuevo paro general antes del fin de semana largo del próximo mes.
Precisamente el viernes pasado, Daer recibió en el Salón Felipe Vallese a la conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la que Juan Grabois es fundador, y desde el estrado anunció que la CGT había decidido convocar a un nuevo paro general «antes del 10 de abril».
Junto a Daer y a la dirigencia de la UTEP se encontraban importantes dirigentes cegetistas como Hugo Moyano (camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), y José Luis Lingeri (obras sanitarias), que aplaudieron entusiastas el anuncio.
Los ánimos puertas adentro de la CGT subieron de tono luego de la marcha de protesta del miércoles último frente al Congreso, que estuvo marcada por una fuerte represión y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
De concretarse la medida de fuerza, la CGT realizaría el 8 de abril su tercera huelga general desde que asumió Javier Milei la presidencia.
La primera tuvo lugar el 24 de enero de 2024 y el 9 de mayo último se llevó a cabo la segunda, ambas con fuerte adhesión al contar con un paro casi total del transporte público.
Noticias Argentinas.
Paro universitario este lunes y martes: qué pasa en Neuquén y Río Negro
Este lunes comienza el paro de 48 horas anunciado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que anunció para exigir mejoras salariales y mayor financiamiento a la educación pública. Los gremios universitarios apuntan una vez más contra el gobierno de Javier Milei por no dar respuestas a sus reclamos.
A raíz de esta convocatoria, distintos gremios al interior del país confirmaron su adhesión por lo cual el paro de 48 horas también llega a Neuquén y Río Negro afectando las funciones en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
Si bien no hay movilizaciones o marchas anunciadas, anticiparon que habrá un paro total de actividades en todas las sedes universitarias de la región.
La Confederación General del Trabajo (CGT) llevará adelante un nuevo paro general el 8 de abril, en lo que será la tercera medida de este tipo contra el gobierno de Javier Milei. La fecha ya fue acordada por la conducción de la central obrera, aunque resta definir si la protesta incluirá una movilización.
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Además del paro general, la CGT confirmó su participación en la marcha del 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria. Según fuentes gremiales, se espera que la manifestación tenga una convocatoria mayor a la de años anteriores, en un contexto de creciente conflictividad entre los sindicatos y el Ejecutivo nacional.
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La huelga del 8 de abril será la tercera que realiza la CGT durante la gestión de Milei. La primera tuvo lugar el 24 de enero de 2024 y fue la más temprana convocada contra un gobierno desde el retorno de la democracia en 1983. La segunda ocurrió el 9 de mayo del mismo año y contó con la adhesión de los gremios del transporte.
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El próximo jueves, el Consejo Directivo de la CGT definirá los detalles de la protesta en una reunión que se realizará en la sede de la calle Azopardo. Uno de los puntos a resolver es si habrá una movilización al Congreso o a la Casa Rosada.
“El paro está definido, los detalles se resolverán el jueves”, señaló un dirigente sindical que forma parte de la conducción de la central obrera.
Tensión con el Gobierno y estrategia sindical
El anuncio del paro se dio luego de que la CGT endureciera su postura tras meses de menor confrontación con el gobierno. La decisión fue adoptada el viernes pasado en una reunión en la que participaron los principales referentes sindicales, entre ellos Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Hugo Moyano (Camioneros).
El encuentro marcó un giro en la estrategia gremial, luego de que la CGT mantuviera un período de diálogo con el Ejecutivo tras la asunción de Milei. La ruptura se consolidó con la incorporación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a sectores informales y cooperativistas, a la mesa de debate sindical.
Además del paro general, la CGT sigue evaluando su postura ante otras movilizaciones previstas en los próximos días. Hasta el momento, la central no ha definido si se sumará a la marcha convocada para este miércoles en reclamo por los haberes jubilatorios, aunque algunos gremios ya confirmaron su adhesión.
El rol del transporte y otros sectores gremiales
Uno de los factores clave para medir el impacto de la huelga será la adhesión de los gremios del transporte. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), vinculada al sector moyanista, y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), su contraparte, aún no definieron si participarán de la protesta.
En el caso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gremio ya confirmó un cese de actividades y retiro de los lugares de trabajo para este miércoles a partir del mediodía, con el objetivo de marchar junto a los jubilados al Congreso de la Nación.
“La lucha es por los jubilados y en defensa de la democracia”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en un comunicado difundido luego de que el gremio oficializara su medida de fuerza ante el Ministerio de Trabajo.
El desarrollo prometido no se insinúa y la economía histórica acentúa su crisis. En la Legislatura, Weretilneck reveló parte del cuadro cuando habló de un “agravamiento” de la ya “fuerte crisis” existente en los sectores económicos tradicionales.
Fue más enfático horas antes ante sus legisladores con ese empeoramiento productivo y pidió que sigan esa problemática en sus territorios.
La negociación no saldada
El nuevo destino -que proyectan el petróleo, gas y minería- tardará en despuntar. El más visible, como el oleoducto toma más cuerpo (Nación formalizó su ingreso al RIGI y sumó dos socios: Shell y Chevron) pero la efectiva construcción sigue trabada. No hay entendimiento por el 1% de regalías pedido por la Provincia por el uso territorial. Todo sigue igual -en el mejor de los casos- después de una acalorada reunión del viernes 7 de Weretilneck con los popes de las petroleras.
Río Negro requiere nuevos recursos. Además, llegan tiempos electorales, que requieren de más promesas y desembolsos.
La recaudación propia permitió un flujo excepcional por el pago anual, que el viernes cerró con casi unos 32.000 millones (tres cuartos de la percepción tributaria mensual) y colaboró con la cuota del bono Castello, que se completó con un crédito del banco Patagonia. Ese verano concluyó
La magra recaudación de la reforma
En cambio, la variante introducida, que sí preveía nuevos fondos estables, concluyó -por lo menos, en febrero- con un resultado decepcionante.
Ingresos Brutos tuvo reformas para el 2025, como subas en ciertas actividades, pero, en especial, la eliminación de bonificaciones, que generó resistencia empresarial. Públicamente, el jefe de la Agencia, Alejandro Palmieri no arriesgó previsiones de lo que sumarían esas subas indirectas. Arrojó números en reuniones técnicas, con cálculos pesimistas y de los otros, entre 3.000 millones y los 6.000 millones mensuales.
La respuesta de los contribuyentes fue diferente. En febrero, Río Negro percibió por Ingresos Brutos (que se genera por la facturación de enero) solo 260 millones más que lo del mes anterior.
La Agencia explica ese nulo impacto en la caída del consumo y, luego, recurre a resultados previos, a partir de un informe nacional de enero donde ubica a Río Negro con los mejores índices de recaudación de ese tributo.
Volviendo al presente, las reformas ideadas -por ahora- no resultaron; habrá que esperar si ocurrió por la caída de la facturación o, en realidad, los comerciantes tomaron otra actitud. “El apretón fiscal desplazó parte de la actividad a la informalidad”, explicó un contador.
La discusión salarial que vuelve
Para colmo, el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez se anotició de que los aumentos salariales pactados para el cuatrimestre exigirán más fondos de lo previsto. ¿Otro error de cálculo o existió un viraje que le es ajeno?
El personal de la Función Pública (régimen de las leyes 1844 y de la 1904) terminará en mayo con las previstas alzas del 10% al 12%, con posibles ajustes por inflación. Ya son muy inferiores a las mejoras de Educación, con medias por arriba del 20%.
El cargo docente superior, el del supervisor, subirá un 18% con haberes de marzo y llegará al 26% en mayo, siempre según las grillas oficiales que maneja la Unter. El gremio satisfecho. El jueves, la protesta de la CTERA pasó desapercibida en Río Negro.
Son casos puntuales, relativizan en el gobierno mientras sus funcionarios se preocupan y esperan que los otros gremios paritarios -ATE y UPCN- regresen por su parte. Asspur lanzó una jornada de lucha para el miércoles.
Aun la teoría oficial predominante, nadie parece detenerse demasiado en esas cuestiones, a pesar de que cualquier valoración electoral dependerá de los rasgos de la gestión. Sin ella, no habrá discurso que valga la pena.
Juan Manuel Di Teodoro, empleado del Senado y afiliado a UPCN, fue despedido luego de que se comprobara que fichaba su entrada a las 8:31 y se retiraba a las 8:33, trabajando solo dos minutos por día.
El caso generó indignación y abrió el debate sobre el control de asistencia en los organismos públicos.
Cómo descubrieron la maniobra
La irregularidad fue detectada a través del sistema de registro de ingreso y egreso del Senado, que dejó en evidencia su mínima permanencia en el lugar. Tras confirmarse la falta de cumplimiento laboral, se tomó la decisión de darle de baja de su puesto.
Este caso reaviva las críticas sobre la transparencia en el empleo estatal y los mecanismos de control en la administración pública.
