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La tensión aumenta en el edificio municipal de Allen, los tres gremios municipales de Allen, ATE, Soyem y UPCN ratifican el paro por tiempo indeterminado luego de mantener una nueva reunión con la Jefa de Gabinete,  Silvina Tronelli y la secretaria de Hacienda, Cristina Bravo, y no obtener respuestas a sus reclamos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria adjunta de ATE, Carolina Suarez afirmó que nuevamente la respuesta fue «no hay plata» y sostuvo que «los trabajadores y trabajadoras que no hacen más que recibir destratos desde la indumentaria entregada fuera de tiempo, el aguinaldo desdoblado, sin propuesta salarial, sumado a la violencia que ejercen algunos funcionarios en su contra sin olvidar los despidos arbitrarios que dejaron familias sin su sustento».

Además mencionó que ahora también «corre peligro» el adelanto del salario establecido por el estatuto municipal. «Ya hubo una disminución en el monto que daban, ahora corre peligro que puedan acceder a ese derecho que tienen los trabajadores», afimó Suarez.

Por su parte desde Soyem, afirmaron que mañana definirán cuáles medidas van a sumar al paro pero aseguraron que se van a «endurecer» más. Además agregaron que todavía siguen sin depositar las cuotas sindicales y están sin cobertura de seguro «porque eso también lo deben».

Las medidas, que iniciaran a media noche, afectarán sectores tanto de desarrollo social como guarderías, del corralón municipal, servicios públicos y administración, entre otros en los que se desempeñan los más de 400 empleados que tiene el municipio.

Desde los gremios afirman que la situación esta «muy complicada» y que continuarán con las medidas hasta que el intendente, Marcelo Román, les de una respuesta a los reclamos que van desde aumento salarial, reincorporación de los trabajadores despedidos, el pago de las cuotas alimentarias, sindicales y de prestamos, y la entrega de la indumentaria correspondiente.

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Se profundiza el conflicto entre los trabajadores municipales y la gestión del intendente libertario de Allen, Marcelo Román. Los tres gremios municipales, ATE, Soyem y UPCN confirmaron el inicio de un paro por tiempo indeterminado desde este miércoles hasta obtener una respuesta a sus reclamos. Además, se concentrarán a las 9 frente al edificio municipal y realizarán una marcha por el centro de la ciudad.

Desde ATE indicaron que las medidas se consensuaron a partir de asambleas, en respuesta «al silencio del intendente Marcelo Román, de este municipio, quien no solo no ha dado ningún tipo de respuestas a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, sino que realizó despidos arbitrarios«.

Las medidas, que iniciaran a media noche, afectarán sectores tanto de desarrollo social como guarderías, del corralón municipal, servicios públicos y administración, entre otros en los que se desempeñan los más de 400 empleados que tiene el municipio.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde Soyem señalaron que la situación es “cada vez más difícil» y agregaron que, a la falta de respuestas sobre el reclamo salarial y la reincorporación de los 400 trabajadores despedidos hace unas semanas, se suma que “no depositaron las cuotas alimentarias; le debe a los sindicatos, a los empleados nos descuentan pero él no hace los aportes ni al banco, y las consecuencias las pagan los empleados”.

Por su parte, UPCN sostuvo que la única respuesta que les dieron fue «no hay plata» y remarcaron que no se conoce el destino de las cuotas alimentarias, sindicales y de prestamos del banco que fueron descontadas a los trabajadores pero no fueron abonadas. «Están descontadas del recibo de sueldo, se le descontó al empleado pero no se abonó a quien corresponde. Al papá le descontaron la cuota alimentaria pero la mamá que cobra, va al banco y no esta el deposito, no sabemos donde está la plata», afirmaron desde el gremio.

El paro será acompañado con movilización por lo que mañana a las 9 se concentraran los tres gremios frente al edificio municipal para continuar con los reclamos.

Los gremios continúan pidiendo paritarias y reincorporación de trabajadores

A fines de julio, el intendente ratificó 40 desvinculaciones «sin justificación», según indicaron los sindicatos. María Esther Vázquez, referente de Soyem, explicó anteriormente al este medio los trabajadores despedidos eran «todos contratados y la mayoría de categoría 12, pertenecen a distintas áreas del municipio desde Gobierno, corralón, desarrollo social, administrativos”.

Desde el sindicato de estatales indicaron que comenzaron con medidas a partir del incumplimiento de la entrega de indumentaria. «Desde ese momento la gestión de Román comenzó con una seguidilla de acciones en contra de los trabajadores, transgrediendo los derechos y las garantías como la falta de propuesta salarial y el despido sin justificación de trabajadores, muchas de ellas madres solteras que son sostén de familia», afirmaron desde ATE.

Por su parte Soyem afirmó que llevan más de 30 días sin respuestas, «el reclamo principal es por la falta de respuestas al aumento salarial y a las paritarias que teníamos el 7 de julio, al día de hoy tenemos un número cero porque no nos dieron respuestas, dicen que no hay plata«, ratificaron desde el gremio.

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El gobierno provincial confirmó la expulsión de 78 empleados del Estado rionegrino, producto de resoluciones de la Junta de Disciplina que fueron adoptadas en el último año y medio.

Las principales razones se vinculan con inasistencias e inconductas reiteradas, según el registro del órgano disciplinario que se compone de funcionarios y representantes sindicales.

Un informe gubernamental confirmó que “por distintos incumplimientos laborales” se formalizaron “ 428 sanciones desde inicios del 2024”, consignando “74 cesantías” más 4 exoneraciones, es decir, aquellas suspensiones derivadas de causas judiciales.

Además, se resolvieron “350 suspensiones” por períodos de uno a un mes. Las sanciones fueron aplicadas por la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la Ley Nº 3487 ( Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública).

Esa norma establece distintos tipos de sanciones. El apercibimiento es “una advertencia” formal, que se aplica generalmente ante faltas leves como inasistencias injustificadas o incumplimiento de horarios. Las suspensiones pueden alcanzar hasta 30 días, sin goce de haberes, y se aplican en casos de negligencia, inasistencias, inconducta o faltas reiteradas.

La cesantía implica la desvinculación del agente, con la posibilidad de reingreso tras cinco años, y se aplica cuando hay acumulación de sanciones, abandono de servicios o faltas de mayor gravedad. La exoneración es la sanción más grave porque supone la desvinculación definitiva y se “aplica ante delitos dolosos con pena de prisión efectiva o contra la administración nacional, provincial o municipal”.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que “las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores que cumplen sus tareas. Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen”, expresó.

Consignó que en el mismo período también se iniciaron 144 sumarios administrativos, con 71 suspensiones preventivas, mientras que, además, se emitieron 21 apercibimientos y se cerraron 37 sumarios con el sobreseimiento de los agentes involucrados.

Las irregularidades más frecuentes están relacionadas con inasistencias, llegadas tarde reiteradas y conflictos entre compañeros de trabajo. En los casos más graves, que derivan en sanciones como cesantías o exoneraciones, se registran situaciones de abandono de servicio y condenas en causas penales.

El mecanismo se abre frente a “una posible falta” con “un sumario administrativo a cargo de instructores especializados, quienes investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que presenta el caso ante la Junta de Disciplina. Este organismo se conforma con un presidente, dos funcionarios y dos vocales gremiales (uno de ATE y otro de UPCN) y resuelve en función de la gravedad de los hechos, los antecedentes del agente y los perjuicios ocasionados al Estado.

El gobierno provincial confirmó la expulsión de 78 empleados del Estado rionegrino, producto de resoluciones de la Junta de Disciplina que fueron adoptadas en el último año y medio.

Las principales razones se vinculan con inasistencias e inconductas reiteradas, según el registro del órgano disciplinario que se compone de funcionarios y representantes sindicales.

Un informe gubernamental confirmó que “por distintos incumplimientos laborales” se formalizaron “ 428 sanciones desde inicios del 2024”, consignando “74 cesantías” más 4 exoneraciones, es decir, aquellas suspensiones derivadas de causas judiciales.

Además, se resolvieron “350 suspensiones” por períodos de uno a un mes. Las sanciones fueron aplicadas por la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la Ley Nº 3487 ( Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública).

Esa norma establece distintos tipos de sanciones. El apercibimiento es “una advertencia” formal, que se aplica generalmente ante faltas leves como inasistencias injustificadas o incumplimiento de horarios. Las suspensiones pueden alcanzar hasta 30 días, sin goce de haberes, y se aplican en casos de negligencia, inasistencias, inconducta o faltas reiteradas.

La cesantía implica la desvinculación del agente, con la posibilidad de reingreso tras cinco años, y se aplica cuando hay acumulación de sanciones, abandono de servicios o faltas de mayor gravedad. La exoneración es la sanción más grave porque supone la desvinculación definitiva y se “aplica ante delitos dolosos con pena de prisión efectiva o contra la administración nacional, provincial o municipal”.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que “las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores que cumplen sus tareas. Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen”, expresó.

Consignó que en el mismo período también se iniciaron 144 sumarios administrativos, con 71 suspensiones preventivas, mientras que, además, se emitieron 21 apercibimientos y se cerraron 37 sumarios con el sobreseimiento de los agentes involucrados.

Las irregularidades más frecuentes están relacionadas con inasistencias, llegadas tarde reiteradas y conflictos entre compañeros de trabajo. En los casos más graves, que derivan en sanciones como cesantías o exoneraciones, se registran situaciones de abandono de servicio y condenas en causas penales.

El mecanismo se abre frente a “una posible falta” con “un sumario administrativo a cargo de instructores especializados, quienes investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que presenta el caso ante la Junta de Disciplina. Este organismo se conforma con un presidente, dos funcionarios y dos vocales gremiales (uno de ATE y otro de UPCN) y resuelve en función de la gravedad de los hechos, los antecedentes del agente y los perjuicios ocasionados al Estado.