El Gobierno provincial informó que las sanciones fueron por inasistencias reiteradas, abandono de tareas y causas penales. Las medidas buscan reforzar el cumplimiento de la Ley 3487 del Estatuto del Personal de la Administración Pública.
Desde el inicio de 2024, el Gobierno de Río Negro aplicó un total de 428 sanciones a trabajadores estatales por distintos incumplimientos laborales, en el marco de la Ley N° 3487 que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública.
Según datos oficiales de la Secretaría de la Función Pública, las medidas incluyeron 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones de entre 1 y 30 días sin goce de haberes. Las sanciones se concentraron en inasistencias injustificadas, llegadas tarde reiteradas, conflictos internos y, en los casos más graves, abandono de servicio o antecedentes penales.
“La aplicación de sanciones es una herramienta clave para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a quienes cumplen con responsabilidad”, señaló la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
En ese mismo período, se iniciaron 144 sumarios administrativos y se dispusieron 71 suspensiones preventivas, utilizadas cuando la continuidad del agente puede interferir en la investigación. También se dictaron 21 apercibimientos y se cerraron 37 sumarios con sobreseimientos.
El proceso sancionatorio se inicia con un sumario administrativo, que investiga y documenta los hechos. Luego, la Junta de Disciplina —integrada por representantes del Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN— evalúa las pruebas y decide en función de la gravedad del caso.
La normativa establece distintos niveles de sanción: el apercibimiento como advertencia formal, la suspensión como medida ante faltas reiteradas, la cesantía como desvinculación temporal con posibilidad de reingreso tras cinco años, y la exoneración como sanción definitiva por delitos graves.
Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo es fortalecer la institucionalidad, prevenir irregularidades y mejorar la calidad del servicio público. “Rendir cuentas también implica corregir lo que está mal y garantizar que el salario que paga el Estado corresponda a un trabajo efectivo y responsable”, sostuvo Lastra.
