La secretaría de Trabajo de Río Negro convocó a la Unter y al ministerio de Educación para el jueves 9 y volverán a negociar salarios. Simultáneamente, el gremio de los docentes prevé reunir este martes a su Congreso en Bariloche.
Por su parte, también el jueves 9, se realizará la paritaria con ATE y UPCN para analizar el pago de las recategorizaciones en la administración pública.
En relación con la Unter, esa organización cumple con un impasse en su plan de lucha -que incluye dos paros suspendidos- mientras espera continuar con la discusión de la pauta del primer cuatrimestre.
Este lunes, Trabajo formalizó el llamado a paritaria para el jueves, a partir de las 11.
Con el reinicio del ciclo escolar y un creciente descontento por parte del sector educativo, la Unter cumplió con paros de actividades, pero, en marzo, lo suspendió para volver a la negociación. Aun sin paritarias, la semana pasada, convocó a un Congreso con sede en Bariloche donde citó a sus 18 seccionales que concurrirán con sus mandatos.
En el encuentro se discutirán demandas relacionadas con condiciones laborales y actualización de haberes
El Congreso Extraordinario busca dar continuidad a los reclamos por mejoras en las condiciones laborales, actualización salarial y reconocimiento del gremio docente en la toma de decisiones con participación plena.
El conflicto salarial que se desarrolla plantea la falta de «consenso real» y «el rechazo a bonos no remunerativos. «¡Los bonos no son salario! La recomposición debe ser real», resaltó la Unter.
Además, se plantea retomar acciones en caso de carecer nuevamente de respuestas.
El encuentro será el jueves 9 mientras el gremio define su postura en un Congreso en Bariloche.
El Gobierno de Río Negro convocó a una nueva paritaria docente para el jueves 9 de abril, en un intento por retomar la negociación salarial con el gremio Unter en medio de un conflicto que se mantiene abierto desde el inicio del ciclo lectivo.
La reunión fue formalizada por la Secretaría de Trabajo y se realizará desde las 11, con la participación de representantes del Ministerio de Educación y del sindicato docente. El encuentro se da en un contexto de reclamos por recomposición salarial y condiciones laborales.
En paralelo, Unter llevará adelante este martes un Congreso en Bariloche, donde participarán las 18 seccionales con sus respectivos mandatos, en una instancia clave para definir la postura que el gremio llevará a la negociación.
Un conflicto que sigue sin resolución
El sector docente mantiene un estado de tensión luego de haber realizado medidas de fuerza durante el mes de marzo, que incluyeron paros posteriormente suspendidos para dar lugar a la continuidad del diálogo.
Desde el gremio remarcaron que la discusión salarial del primer cuatrimestre sigue sin resolverse y cuestionaron la falta de avances en las propuestas oficiales presentadas hasta el momento.
Entre los principales reclamos se destaca el rechazo a los pagos en forma de bonos no remunerativos, al considerar que no constituyen una recomposición real del salario.
Demandas gremiales y definición de estrategias
El Congreso extraordinario de Unter analizará no solo la propuesta salarial, sino también otros puntos vinculados a condiciones laborales y participación en la toma de decisiones dentro del sistema educativo.
Desde el sindicato advirtieron que, en caso de no haber respuestas satisfactorias en la próxima reunión paritaria, podrían retomarse medidas de fuerza.
La instancia de Bariloche será determinante para establecer el posicionamiento del gremio frente a la nueva convocatoria del Gobierno provincial.
Otras negociaciones en marcha
Además de la paritaria docente, el Gobierno de Río Negro también convocó para el jueves 9 a los gremios estatales ATE y UPCN, con el objetivo de avanzar en el análisis del pago de recategorizaciones en la administración pública.
De esta manera, la jornada del jueves se presenta como clave en el frente laboral de la provincia, con negociaciones simultáneas que podrían incidir en el desarrollo del conflicto y en la dinámica del sector público en las próximas semanas.
Los sindicatos ASSPUR, UPCN y ATE encendieron una señal de alarma sobre la situación del sistema de salud pública en Río Negro, al advertir que atraviesa una crisis estructural que pone en riesgo la prestación de servicios.
El reclamo se da en un contexto de creciente malestar entre trabajadores y profesionales, marcado por la renuncia de directores y personal jerárquico en hospitales, y por la implementación de límites a las horas extra contempladas en la Ley 1844. Según los gremios, estas horas adicionales son clave para sostener el funcionamiento cotidiano de los centros de salud.
Desde ATE señalaron que la reducción de horas extra impacta en múltiples áreas esenciales, como limpieza, cocina, mantenimiento, administración, seguridad y atención sanitaria. Además, advirtieron que la demanda en el sistema público sigue en aumento, impulsada por el crecimiento poblacional y por la migración de pacientes desde el sector privado debido a los altos costos.
Por su parte, UPCN, conducido por Juan Carlos Scalesi, solicitó una reunión “urgente” del Consejo Provincial de Salud al ministro Demetrio Thalasselis. El gremio planteó la necesidad de abordar temas críticos como la operatividad de los hospitales, la falta de insumos, las condiciones edilicias y laborales, y la situación del Fondo de Obras Sociales (FOS).
En tanto, desde ASSPUR remarcaron que las renuncias no son hechos aislados, sino la consecuencia de un deterioro sostenido. “El sistema se sostiene con pluriempleo, jornadas extensas y estrategias de subsistencia”, indicaron, al tiempo que advirtieron que los salarios no alcanzan y que la sobrecarga laboral impacta en la calidad de atención.
Los gremios también denunciaron problemas de infraestructura, equipamiento fuera de servicio y procesos de digitalización sin condiciones adecuadas. En paralelo, alertaron sobre un aumento en las derivaciones al sector privado, lo que —según señalaron— evidencia las limitaciones actuales del sistema público.
El escenario se produce mientras el gobierno provincial busca atraer profesionales de otras jurisdicciones para cubrir vacantes, en un intento por revertir el déficit de personal en hospitales. Sin embargo, los sindicatos insisten en que, sin mejoras estructurales, la crisis podría profundizarse en los próximos meses.
El gobierno provincial inició la evaluación del esquema para la regularización y la cancelación de sumas adeudadas por las promociones automáticas, puntualmente en las áreas gubernamentales.
El primer paso consiste en el número de estatales con recategorización pendiente y las obligaciones salariales adeudadas.
Esta situación se vincula con el Estatuto del Empleado Público de Río Negro (ley N° 4541), que establece que el “ascenso” de los estatales provinciales se “producirá de manera automática”, en períodos de dos a cuatro años, considerando la categoría y la agrupación.
El escalafón se conforma por categorías y suma 25, y además se divide en cinco agrupamientos por «la naturaleza de sus funciones». Los mismos son “administrativo”, “profesional”, “técnico”, “auxiliar asistencial” y “servicio de apoyo”.
Estas promociones determinan montos salariales diferentes, a pesar de que la brecha es bien reducida.
Algunos organismos cumplen con esa recategorización, pero otros no lo hacen. El cúmulo central de expedientes y de sus pagos figura en Salud.
El último proceso de regularización se remonta al 2022, con unos 4.500 estatales que fueron promovidos. Esos retroactivos por los ascensos se abonaron en dos y en tres meses.
Estatales hoy cobran salarios de marzo. Sin mejoras en el Poder Ejecutivo (salvo docentes que percibirán el 5,29% pendiente). Los judiciales tendrán un 3,22% más y será del 4,5% en los legislativos
No hay aún datos finales del mecanismo en preparación, pero algunas fuentes estimaron que la cantidad se aproximaría a la del 2022 porque esa recategorización llegó con cuatro años de promociones atrasadas y, en esta ocasión, el lapso es similar.
La mayoría de las carteras -salvo atrasos ocasionales- efectúan los ascensos, mientras que Salud sumaría entre 2.500 y 3.000 estatales con ascensos postergados.
En principio, la deuda salarial proyectada por la cartera sanitaria estaría en los 1.500 millones, lo cual, permitiría estimar que cada agente de Salud incluido tendría para cobrar entre los 500 mil y 600 mil pesos.
La propuesta de cancelación será analizada en la paritaria del 9 de abril, según lo acordado entre el gobernador Alberto Weretilneck y el titular de ATE Nación, Rodolfo Aguiar, cuando se juntaron la semana pasada en Buenos Aires.
En declaraciones posteriores, el dirigente sindical se mostró expectante de que esos pagos se puedan cumplir con los haberes de mayo pero, también, postergó las definiciones a la propuesta gubernamental y la negociación del 9.
Por su parte, con la información conocida, UPCN se concentró en cuestionar que el “gobernador solo se dignó” a recibir a ese gremio una vez y que “sigue arreglando con un gremio minoritario, ignorando la voz y los derechos de la mayoría de los trabajadores”. Y calificó que, tras “relegar las recategorizaciones”, ahora se “las presenta como una prioridad impostergable” y la encuadra en el calendario electoral. El comunicado recuerda que esa medida formó parte de sus pedidos y que, “finalmente», esa petición fue «atendida”.
Este lunes, la Mesa Directiva de UPCN Río Negro fue citada a la Función Pública para mantener una reunión con representantes del gobierno provincial. La convocatoria había sido realizada por el asesor de la secretaria de Trabajo, Tania Lastra, y fijada para las 12:30 horas. Sin embargo, al llegar al edificio oficial, los dirigentes gremiales se encontraron con las puertas cerradas bajo llave, un gesto que interpretaron como una muestra de desprecio hacia los trabajadores y sus representantes.
Desde el gremio señalaron que la decisión responde a una orden directa de la gestión de Alberto Weretilneck y de la propia secretaria Lastra, quienes evitaron dar explicaciones sobre los reclamos planteados en la mesa de negociación. “Se esconden para no dar respuestas, olvidando que los edificios públicos son de todos los rionegrinos y no propiedad privada de los funcionarios de turno”, remarcaron los dirigentes.
La situación generó indignación entre los representantes sindicales, que recordaron que la Función Pública es el ámbito institucional donde deben discutirse las condiciones laborales, salariales y de servicio de miles de trabajadores estatales. Negar el ingreso a los representantes gremiales, advirtieron, constituye un acto de autoritarismo que vulnera derechos básicos de representación y participación.
UPCN subrayó que este tipo de prácticas evocan épocas del pasado que la sociedad argentina ya había repudiado con el lema “Nunca Más”. Para el gremio, cerrar las puertas a los trabajadores es una señal preocupante de retroceso democrático y de falta de compromiso con el diálogo social.
Además, remarcaron que la actitud del gobierno provincial no solo afecta a la organización sindical, sino que también impacta en la totalidad de los empleados públicos que esperan respuestas sobre salarios, condiciones de trabajo y estabilidad laboral. “Cada vez que se niega el diálogo, se niega la posibilidad de construir soluciones colectivas”, señalaron.
La Mesa Directiva de UPCN anticipó que continuará denunciando públicamente estas situaciones y que reforzará las medidas de visibilización para exigir que se respete el derecho de los trabajadores a ser escuchados. “No vamos a aceptar que se nos cierre la puerta en la cara. Vamos a seguir reclamando con firmeza y transparencia”, concluyeron.
El gremio apuntó contra el acuerdo con ATE y vinculó la convocatoria a paritarias con el calendario electoral
La reapertura de la paritaria estatal en Río Negro volvió a tensionar el vínculo entre el Gobierno provincial y los gremios, luego de que UPCN expresara duras críticas a la convocatoria y al acuerdo alcanzado con ATE para retomar las negociaciones el próximo 9 de abril.
Desde el sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi cuestionaron la decisión oficial y sugirieron que la medida responde a una estrategia vinculada al calendario electoral, al advertir una “sincronía” entre la convocatoria y el contexto político.
El malestar se profundizó por el entendimiento alcanzado con ATE, al que UPCN calificó como un gremio “minoritario”, en un escenario donde el último ofrecimiento salarial del Ejecutivo fue rechazado por la mayoría de las organizaciones estatales.
Reclamos por salarios y condiciones laborales
Uno de los principales ejes del conflicto es la falta de recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, especialmente tras el último trimestre de 2025.
Desde UPCN señalaron que las propuestas oficiales no lograron compensar la inflación y criticaron que la compensación anterior se haya limitado al pago de un bono, en lugar de una mejora estructural en los haberes.
Además, cuestionaron el retraso en el pago de recategorizaciones y pases a planta permanente, temas que ahora fueron incluidos en la agenda de la próxima negociación paritaria.
El gremio también apuntó contra decisiones del Gobierno que, según indicaron, afectan la autonomía de los trabajadores sobre sus ingresos, en referencia a la intención de establecer límites a los descuentos salariales.
El contexto nacional y el acuerdo en Comercio
En paralelo, el escenario provincial se ve influenciado por referencias nacionales, como el reciente acuerdo alcanzado en el sector mercantil, que fijó un incremento del 5% en tres meses.
Ese entendimiento, que superó el tope del 2% sugerido por el Gobierno nacional, incluyó subas escalonadas entre abril y junio, además de un bono de 120 mil pesos.
Para los gremios estatales, este acuerdo funciona como parámetro para exigir una recomposición que acompañe la evolución de los precios y el costo de vida.
Tensión política y negociación abierta
UPCN también cuestionó lo que consideró una falta de diálogo sostenido con el Ejecutivo provincial y denunció un trato desigual en la negociación con los distintos gremios.
En ese marco, advirtió sobre una “falta de compromiso con la justicia social” y señaló que las decisiones adoptadas no abordan el problema de fondo vinculado a los bajos salarios.
Mientras tanto, la próxima instancia paritaria será clave para definir el rumbo de la negociación, en un contexto de creciente presión sindical y con la expectativa de una nueva oferta salarial por parte del Gobierno.
El conflicto se mantiene abierto y anticipa un escenario complejo en la relación entre el Ejecutivo y los trabajadores estatales en la provincia.
Tras una presentación de la CGT, la Justicia suspendió la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral
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El fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 frenó la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, los cambios vinculados con la huelga y la representatividad sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo, entre otros puntos
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 resolvió este lunes suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral, a partir de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.
Según consta en el fallo, la CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, en donde argumentó que los cambios introducidos afectan principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por Argentina, como el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales.
La demanda de la CGT solicita una declaración de inconstitucionalidad para artículos que modifican leyes históricas del trabajo en Argentina, entre ellas la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y diversas normas vinculadas con jornadas, vacaciones, representación sindical, negociación colectiva y estatutos sindicales. Entre los puntos objetados se encuentran la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas regulaciones para las plataformas tecnológicas, la limitación de responsabilidad solidaria de empleadores, la eliminación del principio “in dubio pro operario”, cambios en estatutos de huelga y representatividad sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555).
El Estado Nacional, representado por la Secretaría de Trabajo, así como por la Procuración del Tesoro de la Nación, respondió al planteo oponiendo una serie de cuestionamientos formales y sustanciales.
Entre los argumentos presentados por el Estado figuran la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores de manera directa, la inexistencia de un “caso o controversia” concreta respecto a los derechos invocados y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa, señalando que la suspensión provisional de una ley afecta el interés público y la división de poderes establecida por la Constitución.
El tribunal consideró que la acción cumple con los requisitos procesales necesarios para habilitar una “acción declarativa” prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y reconoció la legitimación colectiva de la CGT para representar los intereses involucrados, de acuerdo con la jurisprudencia y las regulaciones vigentes.
Asimismo, examinó el alcance de la vía cautelar y determinó que en este contexto corresponde dictar una medida innovativa que mantenga el “status quo” con el fin de evitar eventuales daños irreparables hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
En el análisis de los artículos impugnados, el tribunal puntualizó que las objeciones planteadas refieren, entre otros aspectos, a la exclusión de trabajadores de plataformas tecnológicas de la protección general, la eliminación de la presunción de relación laboral por prestación de servicios, la reducción de garantías en casos de tercerización, la flexibilización en materia de jornada y vacaciones, la restricción de atribuciones sindicales, la modificación de mecanismos de extinción y cálculo indemnizatorio, así como la creación de nuevos fondos de asistencia laboral que, según la parte actora, podrían afectar la financiación de la seguridad social.
En relación al peligro en la demora para justificar la medida, el juez indicó que la posible aplicación de las normas atacadas, antes de que una sentencia definitiva determine su validez constitucional, podría causar “daños irreparables” a los derechos individuales y colectivos protegidos por la norma anterior. Además, destacó que la suspensión cautelar es de carácter provisional y no afecta el debate de fondo, señalando que “la suspensión urgente de los efectos de las normas atacadas brindará mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas”.
El Estado Nacional también sostuvo que las reformas legislativas obedecen a una política pública dirigida a la inserción internacional, la atracción de inversiones y el fomento del empleo formal, pero el tribunal consideró que tales argumentos corresponden a debates de índole política que exceden la jurisdicción y concluyó que el análisis judicial deberá centrarse en la compatibilidad constitucional de la nueva legislación.
De acuerdo con lo dispuesto, la suspensión alcanza una serie de artículos detallados en la resolución judicial, los cuales incluyen modificaciones al ámbito de aplicación, condiciones salariales, protección ante despidos, nuevos marcos para jornadas laborales, licencias y protección sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo y otros estatutos sectoriales. Además, la medida es aplicable a todos los trabajadores y empleadores cuyas relaciones estén regidas por la Ley de Contrato de Trabajo y legislaciones complementarias.
El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), afirmó que el fallo es “algo grato para el movimiento obrero ya que la justicia laboral declaró muchos artículos, incluso más de los que habíamos presentado nosotros, como inconstitucionales”.
“Ahora tiene que tramitarse la cuestión de fondo -agregó-, pero de cualquier manera es un gran paso adelante, como decíamos y sosteníamos en el movimiento obrero, que toda esta seudo-modernización laboral claramente no responde a los derechos constitucionales y vulnera muchísimos derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.
Por su parte, el secretario de Interior de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), publicó en su cuenta de X: “Celebramos que la Justicia Nacional del Trabajo haya puesto un límite constitucional a la Reforma Laboral. El dictado de la medida cautelar permite analizar el derecho de fondo mientras se preserva la paz social. Los trabajadores y trabajadoras deben gozar de la protección de las leyes: la progresividad de los derechos sociales y laborales es la razón última del desarrollo económico de las naciones. Fuerza, compañeros».
El viernes pasado, como anticipó Infobae, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín
La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.
El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y establecen límites a las cuotas solidarias de los sindicatos.
El gobierno provincial y los gremios volverán a reunirse en Función Pública. Buscan destrabar pagos adeudados y avanzar en la discusión salarial para el segundo cuatrimestre.
El gobierno de Río Negro y los gremios estatales retomarán la negociación paritaria el próximo 9 de abril, con una agenda que tendrá como eje central el pago de recategorizaciones automáticas adeudadas.
La fecha fue definida tras un encuentro entre el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, realizado en Buenos Aires luego del regreso del mandatario de un viaje oficial.
Desde ATE valoraron la incorporación del tema en la agenda y lo consideraron un avance clave para recomponer ingresos. El gremio adelantó que en la reunión se presentará un relevamiento detallado para identificar, organismo por organismo, los casos pendientes y los montos adeudados por recategorización.
En la mesa también participará UPCN, en el marco de la negociación en la Secretaría de la Función Pública.
Además del reclamo por las recategorizaciones, ATE anticipó que insistirá en la reapertura de la discusión salarial para el segundo cuatrimestre del año y en el pase a planta permanente de trabajadores contratados, otro de los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial.
En paralelo, el gremio y el gobierno avanzarán con mesas sectoriales en áreas clave como Desarrollo Social, SENAF, Educación y Trabajo, con el objetivo de abordar problemáticas específicas de cada sector.
La nueva convocatoria se da en un contexto de tensión por los salarios estatales y con expectativas de lograr definiciones concretas tras el último acuerdo firmado en febrero.
La obra social provincial -Ipross- desembolsa unos 5.000 millones mensuales por las prestaciones de los centros médicos.
Durante marzo, una empresa asumirá el control de la “calidad y pertinencia de la atención” de esas clínicas y sanatorios de Río Negro, pero además la “correcta validación y liquidación” que se realizan al Ipross por esos servicios facturados.
En diciembre del 2025, esas prestaciones sumaron 4.895 millones y representaron el 23% de las erogaciones totales de la obra social.
Ese seguimiento y fiscalización siempre correspondió al instituto, pero, generalmente, el déficit de sus resultados se vinculó con la precariedad de la estructura de auditores. Ahora, la opción elegida es la contratación de una empresa, que iniciará esa labor en los próximos días.
La presidenta del Ipross, Ivana Porro, abordó el tema en la reunión de la semana pasada de la Junta de Administración, con los vocales gubernamentales y gremiales. La puesta en marcha de la auditoría es inminente y, previamente, el organismo releva información. UPCN se opuso al mecanismo y su vocal Omar Pizzio requirió precisiones del inicio del trabajo de la empresa.
En febrero, esa organización cuestionó la decisión porque se “priorizan contrataciones millonarias para auditorías que sabe que controlan”. Esta semana, Unter también planteó sus críticas. Lo hizo desde afuera porque, desde el año pasado, ese sindicato se quedó sin representación en la Junta de Administración del Ipross.
El costo del servicio de la empresa Pyxis Gestión al Ipross será de $59 millones por mes y totalizará $354 millones por el semestre programado.
La conducción rechazó esa incorporación “sin consulta a los afiliados y en un contexto de profundo desfinanciamiento” de la obra social. Contrapuso esa contratación mientras “persisten las dificultades en el acceso a prestaciones, la falta de respuestas y el deterioro del sistema de salud para” los estatales.
En su comunicado, Unter agregó que estas “decisiones no son aisladas”, sino que “forman parte de una orientación que debilita lo público, limita derechos y desplaza a los afiliados de los espacios de definición”. Insistió en que el Ipross debe “ser fortalecido con participación real” y convocó a la docente “a mantenerse informada, involucrarse y ser parte activa en la defensa de nuestra obra social”.
Según el expediente 119/2025, la “contratación directa por urgencia” prevé una “auditoría médica en terreno” y de facturación de las atenciones en clínicas y sanatorios.
En diciembre pasado, las facturaciones por las prestaciones sanatoriales fueron de 4.895 millones de pesos. Foto: Marcelo Ochoa.
Dos consultoras fueron convocadas. La ganadora -Pyxis Gestión Estratégica SRL- cotizó 59 millones de pesos por mes y un total de 354 millones de pesos por el semestre programado. La segunda -Audired SRL- desistió porque “no posee operación propia en Río Negro para atender el volumen y los estándares requeridos”.
En su momento, Porro insistió en que esa contratación directa es un esquema transitorio porque afirmó que hay un proceso licitatorio en marcha. El Ipross -explicó- tiene un antecedente similar con buenos resultados, aludiendo a auditorías de los “centros de alta complejidad de Buenos Aires”. Esos controles -agregó- arrojaron “ahorros” por esas prestaciones de un 26,3%.
Las tareas de control fijadas para la auditoría
El Ipross tiene 165.000 afiliados y la auditoría deberá realizar un control que “garantice la calidad y pertinencia de la atención médica” que ofrecen las clínicas y sanatorios, como también, el análisis de la “correcta validación y liquidación de las prestaciones facturadas” al organismo.
El servicio cubrirá las zonas Atlántica, Andina y Alto Valle, y el contrato prevé que se realizará sobre un “total de 10” centros médicos que el instituto indicará y, además, oportunamente, “podrá modificar según sus necesidades”.
El control de las prestaciones debe realizarse “en terreno” y se establecen referencias. Se exigen el seguimiento de la atención y la facturación de “hasta 1.500 internaciones/auditorías mensuales”.
En otra parte del pliego, el Ipross reafirma que la “información recabada en la auditoría en terreno será el insumo principal y mandatario» para la fiscalización de las liquidaciones.
Se establece un “censo o relevamiento diario en los prestadores” sanatoriales para tener un “registro actualizado de todos los afiliados internados”, con su carga al sistema que le indique el Ipross.
Además, el servicio consiste en que un “médico auditor deberá realizar visitas periódicas a los pacientes internados para evaluar la pertinencia de la internación, la correlación diagnóstico-terapéutica y la calidad de la asistencia”.
Un seguimiento de “altas y derivaciones”, en coordinación con la obra social; la “recepción y el procesamiento de facturación”, a partir de los “lotes” de facturas enviadas por los prestadores (ambulatorias y de internación); y el “control exhaustivo y aplicación de débitos” de cada una de ellas, “cruzando la información con los hallazgos de la auditoría en terreno para aplicar los débitos correspondientes”.
Un conductor protagonizó un accidente este lunes antes de las siete de la mañana sobre ruta 7, a la altura del predio de UPCN en dirección a Cinco Saltos. El vehículo involucrado fue un Volkswagen Bora gris que terminó con graves daños materiales tras impactar contra el guardarraíl y volcar. El episodio generó preocupación entre otros automovilistas que transitaban por la zona y que se detuvieron para verificar el estado del conductor.
El siniestro ocurrió sin participación de otros vehículos. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el automovilista perdió el control del rodado y el impacto provocó importantes destrozos en la parte delantera. El Bora quedó detenido al costado del camino con evidentes daños estructurales, lo que obligó a los presentes a acercarse para asistir al conductor y evaluar si necesitaba atención médica.
Uno de los vecinos que presenció la situación relató lo que el propio conductor explicó tras el choque. «Me dijo que por esquivar una libre le pegó al guardarraíl y la velocidad hizo que se vaya para afuera y generara el desastre«, indicó el testigo al describir la versión brindada por el protagonista del hecho minutos después del impacto.
Tras el episodio, varios automovilistas que circulaban por la Ruta 7 redujeron la velocidad y se acercaron al lugar para observar la situación. Algunos de ellos colaboraron con el conductor mientras aguardaban la llegada de asistencia. La escena incluyó el vehículo detenido sobre la banquina con daños visibles en la carrocería y partes mecánicas expuestas.
El conductor manifestó que no sufrió heridas de gravedad y permaneció en el lugar mientras esperaba a un familiar que lo retirara. Mientras tanto, la circulación sobre ruta 7 se mantuvo con tránsito moderado en ese tramo durante los minutos posteriores al hecho, debido a la presencia del vehículo siniestrado y de personas que se habían detenido para ayudar.
Minutos después del accidente, personal policial llegó al sector para constatar la situación y relevar lo ocurrido. Tras el impacto, el automovil quedó inutilizable, con el frente completamente destrozado, una rueda delantera desprendida y parte del cableado visible.
