La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) denunció que el esquema salarial vigente en el Estado de Río Negro se sostiene, en gran parte, sobre sumas no remunerativas que generan un fuerte proceso de precarización laboral y una “evasión previsional institucionalizada”. Así lo advirtió el gremio en un documento técnico que expone el impacto estructural del modelo sobre los ingresos de los trabajadores, el sistema jubilatorio y la obra social estatal.
Según el informe, en promedio el 77% del salario de los empleados públicos provinciales se paga bajo conceptos no remunerativos, mientras que solo el 23% integra el salario real sobre el que se calculan aportes, contribuciones, antigüedad y zona desfavorable. Esta composición, sostuvo UPCN, permite mejorar el ingreso “de bolsillo” en el corto plazo, pero deteriora de manera progresiva los derechos salariales y previsionales.
El sindicato remarcó que esta práctica afecta directamente el cálculo de adicionales claves. En el caso de la zona desfavorable, que debería representar el 40% del salario, el Estado solo la liquida sobre el 23% del haber, evitando pagar ese adicional sobre el 77% restante. Lo mismo ocurre con la antigüedad, que debería computarse al 2% anual sobre el total del sueldo, pero se reduce drásticamente al aplicarse solo sobre la porción remunerativa.
El informe ejemplificó el impacto sobre la masa salarial: por cada 100.000 millones de pesos que el Estado paga en salarios, apenas 23.000 millones generan aportes personales y contribuciones patronales, mientras que los 77.000 millones restantes quedan fuera del sistema previsional. Esa diferencia, advirtió el gremio, constituye un “ahorro fiscal” para el Estado a costa del empobrecimiento de sus propios trabajadores.
Desde UPCN señalaron que esta distorsión no es un problema administrativo, sino una decisión política. “El Gobierno habla de orden fiscal, pero ese orden se sostiene ajustando por abajo: en el bolsillo del trabajador y en el financiamiento de la seguridad social”, planteó el documento. Entre las consecuencias, enumeraron la degradación de derechos históricos, la producción de trabajadores pobres dentro del Estado y el desfinanciamiento de la caja jubilatoria y de la obra social.
El gremio también vinculó esta estructura salarial con el creciente endeudamiento de los empleados públicos. Según el relevamiento, aunque el salario aumentó un 19,18% interanual, la deuda promedio creció un 17,2% y se mantiene prácticamente equivalente a un salario mensual. En términos reales, la deuda absorbe entre el 97% y el 99% del ingreso, dejando a los trabajadores sin margen de ahorro y en una situación de vulnerabilidad permanente.
UPCN recordó que presentó propuestas para recomponer la composición salarial, garantizar que la mayor parte del sueldo sea remunerativa y proteger la carrera administrativa. Sin embargo, advirtió que la falta de implementación de estas iniciativas consolidó un modelo que “empobrece sistemáticamente hoy y compromete el futuro de los trabajadores del Estado”.
La advertencia final del gremio dejó una pregunta abierta: hasta cuándo se sostendrá un esquema que equilibra las cuentas públicas a costa de precarizar a quienes sostienen el funcionamiento del propio Estado.
