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  • Un fallo electoral podría alterar la interna del PJ neuquino y dejar fuera de competencia al intendente de Vista Alegre

    Un fallo electoral podría alterar la interna del PJ neuquino y dejar fuera de competencia al intendente de Vista Alegre

    La Cámara Nacional Electoral avaló decisiones partidarias que permitirían expulsar afiliados que compitieron con otros sellos en 2023.

    La interna del Partido Justicialista de Neuquén prevista para el 15 de marzo podría registrar un cambio significativo tras un fallo de la Cámara Nacional Electoral que habilita la posibilidad de expulsar a afiliados que fueron candidatos en las elecciones de 2023 con otros partidos políticos sin autorización del PJ.

    La resolución del tribunal electoral avala una decisión adoptada por el Congreso Provincial del partido en mayo del año pasado, cuando se resolvió avanzar con la desafiliación de dirigentes que participaron en listas ajenas al justicialismo durante el último proceso electoral provincial.

    De aplicarse esa medida, uno de los principales afectados sería el intendente de Vista Alegre, José Asaad, quien actualmente compite por la conducción del partido dentro del espacio denominado Peronismo Territorial. Su eventual exclusión podría modificar el escenario de la interna partidaria.

    El fallo respalda decisiones internas del partido

    La resolución de la Cámara Nacional Electoral revocó un fallo de primera instancia que había sido dictado por la jueza Carolina Pandolfi. En aquella decisión se había cuestionado la documentación presentada por la apoderada del PJ neuquino para justificar la desafiliación de un grupo de afiliados.

    El tribunal de segunda instancia consideró que las decisiones adoptadas dentro de los partidos políticos, siempre que respeten los procedimientos previstos en sus cartas orgánicas, forman parte de su ámbito de autonomía y no corresponden al control judicial ordinario.

    En ese sentido, los magistrados entendieron que el Congreso Provincial del partido tenía facultades para aplicar sanciones internas cuando un afiliado decide presentarse como candidato por otra fuerza política sin autorización de la conducción partidaria.

    La presentación realizada por la apoderada del PJ se apoyó en el artículo 28 de la Carta Orgánica del partido, que establece que un afiliado pierde automáticamente su condición dentro de la organización si acepta competir electoralmente por otro espacio político sin autorización formal.

    La medida podría dejar una sola lista en la interna del 15 de marzo

    El pedido de desafiliación alcanza a un total de 38 dirigentes que integraron listas de otras fuerzas políticas durante las elecciones provinciales de 2023. Dentro de ese listado aparecen funcionarios y referentes vinculados al actual gobierno provincial.

    Entre los nombres incluidos figura el intendente de Vista Alegre, José Asaad, quien encabeza una de las listas que buscan disputar la conducción del partido en las elecciones internas previstas para mediados de marzo.

    También aparecen otros dirigentes que actualmente ocupan cargos dentro del gobierno provincial, como Ana Servidio y Marcelo Zúñiga, lo que muestra el alcance político que podría tener la decisión partidaria.

    Desde el espacio Peronismo Territorial señalaron que el fallo todavía no fue notificado formalmente y sostienen que, por el momento, el cronograma electoral continúa sin modificaciones.

    Si finalmente se confirma la expulsión de los afiliados señalados, la interna del PJ neuquino podría quedar con una sola lista habilitada. En ese escenario, la conducción partidaria quedaría en manos de la nómina Peronismo para la Victoria, encabezada por Juan Domingo “Chule” Linares y vinculada políticamente al exsenador Oscar Parrilli.

    Otra de las listas que había intentado competir en la interna, denominada Frente Peronista y liderada por el dirigente de la UOCRA César Godoy, fue dada de baja previamente por la justicia electoral debido a irregularidades en la presentación de avales necesarios para su oficialización.

  • Vuelco en la interna del PJ en Neuquén: un fallo podría habilitar la expulsión del candidato opositor

    Vuelco en la interna del PJ en Neuquén: un fallo podría habilitar la expulsión del candidato opositor

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    Un fallo de la Cámara Nacional Electoral podría habilitar la expulsión de un grupo de afiliados del Partido Justicialista de Neuquén y dejar afuera de la interna del 15 de marzo al principal opositor al parrillismo, el intendente de Vista Alegre, José Asaad.

    La decisión del máximo órgano electoral avala una decisión que tomó el Congreso Provincial en mayo del año pasado para expulsar del partido a quienes fueron candidatos en 2023 con otros sellos y sin autorización del PJ. La lista incluye a varios funcionarios del gobierno de Rolando Figueroa y podría allanar el camino para que quede una única lista en la interna, la que encabeza Juan Domingo «Chule» Linares.

    El fallo firmado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Ricardo Dalla Vía y el secretario Hernán Goncalves Figueiredo, con fecha de este jueves, revocó la sentencia de primera instancia que había dictado Carolina Pandolfi.

    Entre sus argumentos, consideraron que hay jurisprudencia respecto de que las decisiones adoptadas en el seno de las agrupaciones políticas, «siempre que hayan sido tomadas con estricto respeto de las formalidades legales que al respecto prescribe la carta orgánica del partido, son propias del “status libertatis” de la agrupación, encontrándose comprendidas en lo que se conoce como “ámbito de reserva” que le es privativo y ajeno, por tanto, al control judicial».

    La jueza Pandolfi había requerido a la apoderada del partido, María Belén de los Santos, que acreditara con documentación por qué solicitaba la desafiliación de un listado de 38 personas del PJ de Neuquén. Luego de enviada la información, había vuelto a considerar que «no se había dado cumplimiento a lo requerido».

    La presentación de la apoderada se basó en el artículo 28 de la Carta Orgánica del PJ, cuyo texto indica que «el afiliado del Partido Justicialista que acepte ser candidato de otro partido político, sin la autorización del Congreso Provincial, perderá automáticamente su condición de afiliado, como así también todo cargo partidario que esté ocupando al producirse dicha situación».

    El Congreso Provincial del año pasado había ordenado desafiliar a las personas que fueron candidatas en 2023 con otros sellos políticos.

    Impacto en la interna del PJ


    El listado de personas a desafiliar presentado por la apoderada Belén de los Santos incluye al actual intendente de Vista Alegre y candidato a presidente del PJ por la agrupación Peronismo Territorial, José Asaad.

    El dirigente encabeza el armado de militantes más cercanos al «rolismo» junto con otros referentes que integran el espacio del gobierno provincial. En el listado de nombres a expulsar, también hay funcionarios actuales del gabinete como Ana Servidio y Marcelo Zúñiga.

    Desde Peronismo Territorial indicaron hoy a Diario RÍO NEGRO que el fallo aún no fue notificado formalmente y que, por ahora, el calendario electoral sigue corriendo «normal». «Seguimos en carrera», plantearon.

    Si la expulsión se confirma, quedará como única lista la de Peronismo para la Victoria, referenciada políticamente con el exsenador Oscar Parrilli y que lleva de candidato a «Chule» Linares.

    La lista Frente Peronista, que llevaba de candidato al dirigente de Uocra, César Godoy, fue dada de baja por la justicia electoral por falta de avales.


  • Intento de extorsión en una obra de Centenario: cinco imputados pagarán $5 millones y realizarán tareas comunitarias

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    La Justicia de Neuquén resolvió aplicar una salida alternativa en una causa por intento de extorsión ocurrida en una obra de la ciudad de Centenario. Cinco hombres imputados por el hecho deberán pagar en conjunto $5 millones como reparación económica, realizar tareas comunitarias y cumplir diversas reglas de conducta durante el plazo fijado por el tribunal.

    El pedido fue presentado por el fiscal del caso Juan Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat, quienes solicitaron la suspensión de juicio a prueba para los acusados. La solicitud fue aceptada por la jueza de garantías Carina Álvarez durante una audiencia realizada este jueves.

    Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario. De acuerdo con la acusación, uno de los imputados se presentó en el lugar y le dijo al trabajador que “tendrían que haber arreglado con ellos”, en referencia a un contacto telefónico previo en el que se había identificado como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

    En ese llamado, según la teoría del caso, se le habría exigido al trabajador el pago de $4 millones para permitir que continuara la construcción de un galpón.

    La investigación señala que, tras la negativa de la víctima, el hombre se retiró del lugar y regresó aproximadamente dos horas después acompañado por otros cuatro individuos, momento en el que reiteraron el pedido de dinero. Ante la situación, el trabajador dio aviso a la policía. Los efectivos intervinieron en la obra y demoraron a tres de los involucrados, lo que impidió que la maniobra se concretara.

    El hecho fue calificado por la fiscalía como extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautores, conforme a los artículos 168, 42 y 45 del Código Penal.

    Como parte de la suspensión del proceso, cada uno de los imputados deberá abonar $1.000.000, lo que totaliza una reparación económica de $5.000.000. Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil.

    La magistrada fijó distintos plazos de suspensión del proceso según el grado de participación atribuido a cada imputado:

    • 2 años y 6 meses para F.V.J.O.

    • 1 año y 6 meses para L.A.M. y A.J.A.

    • 1 año para L.A.A. y E.F.A.C.

    Durante ese período deberán cumplir varias reglas de conducta, entre ellas fijar y mantener domicilio, someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, y no mantener contacto ni acercarse a la víctima.

    La jueza advirtió que si incumplen las condiciones impuestas o cometen un nuevo delito, el beneficio será revocado y la causa continuará hacia un juicio.

    Los nombres completos de los imputados se mantienen en reserva debido a que, si cumplen las condiciones durante el plazo establecido, la acción penal se extinguirá y no registrarán antecedentes penales por este hecho.

  • Aprietes de la UOCRA en una obra en construcción: cinco hombres pagarán 5 millones de pesos y evitarán el juicio

    Aprietes de la UOCRA en una obra en construcción: cinco hombres pagarán 5 millones de pesos y evitarán el juicio

    En una audiencia realizada este jueves, la justicia de Neuquén otorgó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation) a cinco hombres de la UOCRA, acusados de apretar e intentar extorsionar a un trabajador de la construcción en el Parque Industrial de Centenario. Como parte del acuerdo, los imputados deberán resarcir económicamente a la víctima, con un millón de pesos cada uno, y cumplir estrictas pautas de conducta para no terminar en prisión.

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    El hecho se remonta al 23 de abril de 2025. Según la acusación presentada por el fiscal Juan Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat, la maniobra comenzó con un contacto telefónico previo. En esa comunicación, uno de los acusados se identificó como integrante de la UOCRA y le exigió al responsable de una obra el pago de $4.000.000 para «permitirle» continuar con la construcción de un galpón.

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    La tensión escaló cuando uno de los involucrados se presentó físicamente en el predio para reclamar el dinero. Ante la negativa del trabajador, el hombre se retiró, pero regresó dos horas después escoltado por los otros cuatro cómplices para reforzar la amenaza. Sin embargo, la intervención policial frustró el plan: los efectivos llegaron al lugar y demoraron a tres de los sujetos en pleno acto.

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    La jueza de garantías Carina Álvarez avaló el pedido de la fiscalía y fijó las condiciones para suspender el proceso penal. El acuerdo incluye una indemnización, en la que cada imputado deberá abonar $1.000.000, sumando un total de $5.000.000 en concepto de reparación económica. Asimismo, deberán cumplir con trabajo comunitario y deberán prestar servicios en una asociación civil. Por otra parte, se impusieron restricciones, a través de las cuales tienen estrictamente prohibido acercarse o contactar a la víctima por cualquier medio; y deben someterse a un control judicial: deberán fijar domicilio y someterse al seguimiento de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, además de abstenerse del consumo de estupefacientes y el abuso de alcohol.

    La magistrada determinó que el tiempo de la suspensión del juicio variará según la responsabilidad de cada involucrado: 2 años y 6 meses para F.V.J.O.: 1 año y 6 meses para L.A.M. y A.J.A.; 1 año para L.A.A. y E.F.A.C.

    Si los acusados cumplen con todas las reglas y no cometen nuevos delitos durante estos plazos, la acción penal se extinguirá y no les quedarán antecedentes. De lo contrario, la medida será revocada y deberán enfrentar un juicio oral bajo la calificación de extorsión en grado de tentativa.

  • Intento de extorsión en Centenario: cinco imputados pagarán  millones y realizarán tareas comunitarias

    Intento de extorsión en Centenario: cinco imputados pagarán $5 millones y realizarán tareas comunitarias

    La Justicia de Neuquén dispuso la suspensión de juicio a prueba para cinco hombres acusados por un intento de extorsión contra un trabajador de la construcción en la ciudad de Centenario. Como parte del acuerdo, deberán pagar en conjunto $5 millones en concepto de reparación económica y realizar tareas comunitarias.

    La medida fue solicitada por el fiscal del caso Juan Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat, y fue aceptada por la jueza de garantías Carina Álvarez durante una audiencia realizada este jueves. Además del pago, los imputados deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima.

    De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario. Según la acusación, uno de los acusados se presentó en el lugar y le manifestó al trabajador que “tendrían que haber arreglado con ellos”, en referencia a un contacto telefónico previo en el que se había identificado como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

    En ese llamado, de acuerdo con la teoría del caso, se le había exigido al trabajador el pago de $4.000.000 para permitir que continuaran las tareas de construcción de un galpón en el predio.

    Tras la negativa del trabajador, el hombre se retiró del lugar y regresó aproximadamente dos horas más tarde acompañado por otros cuatro involucrados. En ese momento reiteraron la exigencia económica. La situación fue denunciada y personal policial acudió al lugar, donde demoró a tres de los sospechosos e impidió que la maniobra se concretara.

    El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautores, según lo previsto en los artículos 168, 42 y 45 del Código Penal.

    Como parte de la salida alternativa, cada imputado deberá abonar $1.000.000 en concepto de reparación económica, lo que totaliza $5.000.000. Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil.

    La magistrada fijó distintos plazos de suspensión del proceso según el grado de participación atribuido a cada acusado: dos años y seis meses para F.V.J.O.; un año y seis meses para L.A.M. y A.J.A.; y un año para L.A.A. y E.F.A.C. Durante ese período deberán cumplir las pautas impuestas por la Justicia para evitar que el proceso penal se reactive.

  • Pagarán  millones y harán tareas comunitarias por intento de extorsión

    Pagarán $5 millones y harán tareas comunitarias por intento de extorsión

    Pagarán $5 millones y harán tareas comunitarias por intento de extorsión

     

    05-03-2026

     

    Neuquén– El fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat solicitaron la suspensión de juicio a prueba para cinco hombres acusados por un intento de extorsión a un trabajador de la construcción en la ciudad de Centenario.

     

    El planteo fue admitido por la jueza de garantías Carina Álvarez durante una audiencia realizada hoy, en la que se fijó el monto de la reparación económica y las pautas de conducta que deberán cumplir, entre ellas la prohibición de acercamiento respecto de la víctima.

     

    El hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario. Según la acusación, uno de los imputados se presentó en el lugar y le manifestó al trabajador que “tendrían que haber arreglado con ellos”, en alusión a un contacto telefónico previo en el que se identificó como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y exigió el pago de $4.000.000 para permitir que continuara la construcción del galpón.

     

    De acuerdo con la teoría del caso, tras la negativa de la víctima, el hombre se retiró y regresó dos horas más tarde junto al resto de los imputados, ocasión en la que reiteraron la exigencia económica. Ante la situación, se dio aviso a la policía, que demoró a tres de los involucrados en el lugar e impidió que la maniobra se concretara.

     

    El delito fue calificado como extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautores (artículos 168, 42 y 45 del Código Penal).

     

    Como parte de la salida alternativa, cada imputado deberá abonar $1.000.000 en concepto de reparación económica, lo que totaliza $5.000.000. Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil y cumplir diversas reglas de conducta.

     

    La magistrada fijó distintos plazos de suspensión del proceso según el grado de participación atribuido: 2 años y 6 meses para F.V.J.O.; 1 año y 6 meses para L.A.M. y A.J.A.; y 1 año para L.A.A. y E.F.A.C.

     

    Entre las reglas impuestas se encuentran fijar y mantener domicilio, someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, y no mantener contacto ni acercamiento con la víctima. En caso de incumplimiento o de comisión de un nuevo delito, el beneficio será revocado y el proceso continuará hacia el juicio.

     

    Los nombres completos de los imputados se mantienen en resguardo debido a que, si cumplen las condiciones impuestas durante el plazo de suspensión, la acción penal se extinguirá y no registrarán antecedentes penales por este hecho.

  • cinco hombres deberán pagar  millones y hacer tareas comunitarias

    cinco hombres deberán pagar $5 millones y hacer tareas comunitarias

    Un intento de extorsión en una obra en construcción de la ciudad de Centenario terminó con una salida alternativa al juicio: cinco hombres deberán pagar en conjunto $5 millones, realizar tareas comunitarias y cumplir reglas de conducta durante distintos plazos fijados por la Justicia neuquina.

    La medida fue dispuesta por la jueza de garantías Carina Álvarez, quien hizo lugar al pedido formulado por el fiscal del caso Juan Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat, durante una audiencia en la que se resolvió aplicar la suspensión de juicio a prueba —conocida como probation— para los imputados.

    El acuerdo implica que, si cumplen todas las condiciones establecidas, la causa se extinguirá y no quedarán antecedentes penales por este hecho.

    Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario.

    De acuerdo con la teoría del caso, uno de los imputados se presentó en el lugar y abordó a un trabajador de la construcción con un mensaje directo: “tendrían que haber arreglado con ellos”. La frase hacía referencia a un contacto telefónico previo en el que el hombre se habría identificado como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

    En esa comunicación, siempre según la investigación, exigieron el pago de $4.000.000 a cambio de permitir que continuara la construcción de un galpón. La víctima se negó.

    Lejos de finalizar allí, la situación escaló. Dos horas después, el mismo hombre regresó acompañado por los otros imputados y reiteraron la exigencia económica. Ante la presión, se dio aviso a la policía.

    El rápido accionar policial permitió demorar a tres de los involucrados en el lugar e impedir que la maniobra se concretara.

    La calificación legal y pago millonario

    El Ministerio Público Fiscal encuadró los hechos como extorsión en grado de tentativa, en calidad de coautores, conforme a los artículos 168, 42 y 45 del Código Penal. Sin embargo, antes de avanzar hacia un juicio oral, la fiscalía solicitó la aplicación de una salida alternativa, entendiendo que se cumplían los requisitos legales para suspender el proceso bajo condiciones.

    Como parte del acuerdo homologado por la magistrada, cada imputado deberá abonar $1.000.000 en concepto de reparación económica, lo que totaliza $5.000.000 destinados a resarcir el daño causado.

    Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil y cumplir una serie de pautas de conducta: fijar y mantener domicilio; someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada; abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas y no mantener contacto ni acercamiento con la víctima.

    La jueza estableció distintos plazos de suspensión del proceso según el nivel de participación atribuido: 2 años y 6 meses para F.V.J.O.; 1 año y 6 meses para L.A.M. y A.J.A.; 1 año para L.A.A. y E.F.A.C.

    Si alguno incumple las condiciones o comete un nuevo delito, el beneficio será revocado y el expediente avanzará hacia juicio.

    Los nombres completos de los acusados permanecen bajo resguardo judicial. La razón es jurídica: si cumplen las condiciones durante el período fijado, la acción penal quedará extinguida y no registrarán antecedentes.

  • La mutual de Levi en Añelo: más dudas sobre la propiedad de las tierras

    La mutual de Levi en Añelo: más dudas sobre la propiedad de las tierras

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    Una escribana de Neuquén aclaró que no existe un documento firmado entre el presidente de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos (AMTCN), Juan Carlos Levi, y el dueño de las tierras donde se construye la sede de la entidad en Añelo, respecto de la titularidad del inmueble.

    La profesional declaró este lunes en la fiscalía de Delitos Económicos, que investiga a Levi por presunta administración fraudulenta de los fondos de la Mutual. Es una derivación del legajo que comenzó con denuncias de trabajadores de la construcción por presuntas afiliaciones compulsivas a cambio de obtener trabajo o de no perder su empleo.


    Una de las líneas de investigación


    Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, una línea de trabajo de la fiscalía apunta hacia el terreno donde el secretario adjunto de la Uocra construye un edificio de cinco pisos, a menos de mil metros del Eco Hotel Pragma.

    La última semana de febrero declaró el CEO del hotel y dueño de las tierras, Daniel Carrizo. Ante la fiscal del caso Rocío Rivero y el fiscal jefe Pablo Vignaroli dijo que conoce a Levi, a quien le prestaba un sector del hotel para que sostuviera reuniones y otras actividades propias del gremio.

    Pero después le propuso que se instale en otro sector, donde ahora se levanta el esqueleto de las futuras oficinas de la Mutual. El punto de controversia es cómo se llevó adelante esa negociación.

    Carrizo declaró que hubo un «acuerdo de palabra», mientras que del sector de Levi dejaron trascender que existe un documento privado firmado en una escribanía de Neuquén.


    El edificio en construcción en Añelo


    Según esta versión, Carrizo se quedaría con el 20% de los metros cuadrados construidos a cambio del valor de la tierra. La escrituración se trabó por un problema de CUIT de la mutual.

    Los fiscales Vignaroli y Rivero citaron este lunes 2 a la escribana donde se estaría tramitando la escritura. La profesional dijo que el empresario de Añelo es cliente suyo, reconoció que se conversó sobre las tierras de la mutual pero no quedó plasmado en ningún documento, ni público ni privado.

    Las fuentes consultadas por este diario no brindaron otras precisiones.


    El inicio de la causa


    La investigación se inició en octubre de 2024, a partir de denuncias de un grupo de obreros por afiliaciones compulsivas. En enero de este año tuvo un nuevo impulso con una serie de allanamientos solicitados por la fiscal Rocío Rivero y supervisados por el fiscal jefe Pablo Vignaroli.

    Los operativos, realizados por la Policía provincial, se llevaron a cabo en forma simultánea en inmuebles de Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario y Neuquén capital, incluido un edificio de Avenida Argentina al 400.

    Según informó la fiscalía, se investiga el presunto delito de administración fraudulenta vinculado a la mutual. El secretario adjunto de la Uocra está sospechado de haber transferido sumas millonarias desde esa entidad a empresas de sus hijas y un particular, durante el primer semestre del 2025: KIM SRL, JA Construcciones SRL y Facundo David Irrazábal.


  • Avanza la investigación sobre la mutual de Levi en Añelo: la escribana declaró y persisten dudas sobre la propiedad del terreno

    Avanza la investigación sobre la mutual de Levi en Añelo: la escribana declaró y persisten dudas sobre la propiedad del terreno

    En el marco de la causa por presunta administración fraudulenta en la mutual vinculada al dirigente de la Uocra, una escribana afirmó que no existe documentación firmada que acredite la transferencia del inmueble. La fiscalía analiza la negociación entre las partes y el origen de los acuerdos por la tierra donde se construye un edificio de cinco pisos.

    La investigación judicial que involucra a la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos (AMTCN), presidida por Juan Carlos Levi, sumó una nueva declaración clave en la fiscalía de Delitos Económicos. Una escribana de Neuquén compareció ante los fiscales y aclaró que no existe documentación firmada que respalde la supuesta escrituración del terreno donde actualmente se levanta la sede de la entidad en Añelo.

    La causa —iniciada a partir de denuncias por afiliaciones presuntamente compulsivas y derivaciones sobre el manejo de fondos— analiza posibles irregularidades en la administración de los recursos de la mutual. En ese contexto, una de las líneas de investigación apunta específicamente al inmueble ubicado a menos de mil metros del Eco Hotel Pragma, donde avanza la construcción de un edificio de cinco pisos.

    Según consta en la pesquisa, el dueño de las tierras y CEO del hotel, Daniel Carrizo, declaró previamente ante la fiscal Rocío Rivero y el fiscal jefe Pablo Vignaroli. Allí sostuvo que conoce a Levi y que existió un entendimiento para utilizar el espacio, en un principio destinado a reuniones vinculadas a la actividad gremial. Carrizo afirmó que la negociación se habría basado en un acuerdo de palabra.

    Desde el entorno del dirigente gremial, en tanto, trascendió que habría un documento privado firmado en sede notarial que establecería una contraprestación: el propietario del terreno se quedaría con el 20% de los metros cuadrados construidos como forma de pago por el valor del inmueble. Sin embargo, la escrituración habría quedado pendiente por un inconveniente relacionado con la situación tributaria de la mutual y su CUIT.

    En ese marco, los fiscales citaron a la escribana donde supuestamente se habría gestionado la formalización del acuerdo. La profesional declaró que el empresario es cliente suyo y confirmó que se conversó sobre la operación vinculada a las tierras, pero aclaró que no existe ningún instrumento —ni público ni privado— firmado que deje constancia de una transferencia o compromiso formal entre las partes.

    La declaración refuerza los interrogantes en torno a la titularidad efectiva del predio y a las condiciones bajo las cuales se autorizó la construcción del edificio.

    La causa judicial comenzó en octubre de 2024 tras denuncias de trabajadores por presuntas afiliaciones compulsivas. A partir de allí, la fiscalía avanzó con medidas de prueba y en enero de este año se realizaron nueve allanamientos simultáneos en inmuebles de Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario y Neuquén capital, incluido un edificio sobre Avenida Argentina al 400.

    Según la acusación en estudio, se investiga el delito de administración fraudulenta vinculado al manejo de fondos de la mutual. Entre las hipótesis analizadas figura la presunta transferencia de sumas millonarias desde la entidad hacia empresas relacionadas con familiares del dirigente y un particular, operaciones registradas durante el primer semestre de 2025 y que ahora forman parte del expediente.

  • La Justicia bajó una lista del PJ neuquino y sólo dos sectores competirán el 15 de marzo

    La Justicia bajó una lista del PJ neuquino y sólo dos sectores competirán el 15 de marzo

    Tras un cierre de listas cargado de polémica, la Justicia Federal resolvió dar de baja a una de las tres nóminas que pretendían competir en la interna del Partido Justicialista de Neuquén.

    De esta manera, el 15 de marzo sólo quedarán en carrera dos sectores: el kirchnerismo y el espacio de peronistas aliados al gobernador Rolando Figueroa.

    La resolución fue firmada por el juez federal Gustavo Villanueva, quien analizó la documentación presentada por los veedores judiciales respecto de los hechos ocurridos la noche del 21 de febrero en la sede partidaria, fecha límite para la presentación de avales.

    En esa jornada se registraron ingresos de documentación fuera de término y en condiciones consideradas irregulares.

    Falta de avales y plazos vencidos

    El planteo de impugnación había sido presentado por la lista 10 “Peronismo para la Victoria”, que postula a Juan Domingo “Chule” Linares, contra la lista 45 “Frente Peronista”, encabezada por el dirigente de la UOCRA, César Godoy.

    El eje central de la resolución fue el incumplimiento del piso de avales exigido. Sobre un padrón partidario de 20.091 afiliados, la normativa establece un mínimo del 3 por ciento, es decir, 603 avales.

    Según se informó, la lista 45 presentó 517 avales en papel y 557 nombres en una planilla de Excel. En ambos casos, la cifra quedó por debajo del mínimo requerido.

    El magistrado también rechazó la posibilidad de transferir avales desde la lista 22 “Peronismo al Futuro”, al considerar que esa práctica contradice la voluntad del afiliado y que no existe norma que habilite la cesión de avales entre listas.

    En consecuencia, revocó artículos de resoluciones previas de la Junta Electoral partidaria y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento que tenga por incumplido el requisito por parte de la lista 45.

    Villanueva remarcó que los plazos electorales son “fatales y preclusivos” y citó jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral que equipara el cronograma a un sistema de “esclusas”: una vez vencido el plazo, no puede reabrirse. En ese marco, consideró acreditado que la documentación fue ingresada fuera de término.

    Las listas que siguen en carrera

    La lista 17 “Peronismo Territorial”, que postula a José “Turco” Asaad y cuenta con dirigentes que integran el gobierno provincial, quedó habilitada para competir, pese a que también fue denunciada por haber ingresado avales ocultos en un cochecito de bebé.

    En tanto, la lista 10 “Peronismo para la Victoria” había sido cuestionada por no presentar la totalidad de candidatos titulares en el Consejo Local de Mariano Moreno.

    El juez entendió que la Carta Orgánica no exige una integración completa de la nómina y destacó el principio de participación política interna, por lo que ordenó a la Junta emitir una nueva resolución considerando la documentación presentada.

    En su fallo, además, el magistrado cuestionó a la Junta Electoral partidaria por no haber elevado de inmediato las apelaciones interpuestas.

    Denuncias de “proscripción”

    Antes de conocerse la resolución judicial, la apoderada de la lista 45, Gimena González Eastoe, había denunciado un intento de “proscribir” a ese sector.

    “Resulta evidente que esta acción persigue el objetivo de proclamarse lista única y evitar la instancia electoral. Se trata de una práctica que lamentablemente se ha reiterado a lo largo de los años y que refleja una concepción restrictiva de la vida interna partidaria”, expresó en un comunicado.

    “Desde el Peronismo Territorial sostenemos con firmeza que queremos competir. Creemos que deben ser las y los afiliados peronistas quienes definan democráticamente la conducción del partido”, agregó.

    Con la decisión judicial, la interna del PJ neuquino quedó reducida a dos sectores que disputarán la conducción partidaria el próximo 15 de marzo, en un escenario atravesado por fuertes tensiones internas y cuestionamientos cruzados.