El PJ neuquino definirá este domingo nuevas autoridades, después de un proceso en el que una de las tres listas que iba a competir quedó en el camino, después de un sinfín de acusaciones cruzadas e impugnaciones en la justicia que habían puesto en riesgo estas elecciones.
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Según se informó desde la junta electoral del partido, 20.004 afiliados están habilitados para votar en los comicios internos. La elección se realizará de 8 a 18, en 36 localidades de la provincia donde el PJ tiene representación, con 76 mesas habilitadas para sufragar.
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Además de la conducción provincial, también se elegirán congresales y autoridades partidarias en distintos distritos, con participación de agrupaciones locales en ciudades como Plaza Huincul, Cutral Co, Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes.
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Las dos listas que competirán serán la N°10 que postula a Juan Domingo “Chule» Linares, ex intendente de Junín de los Andes por el espacio “Peronismo para la Victoria”, aliado al sector de Oscar Parrilli, y la Lista N°17, encabezada por José Asaad, intendente de Vista Alegre, quien asumió la intendencia por Comunidad-Frente Grande, dentro del Frente Neuquinizate de 2023, armado político del gobernador Rolando Figueroa.
Pelea e impugnaciones
Esta última lista había sido impugnada por el parrillismo, obteniendo un fallo la Cámara Nacional Electoral, a partir de que se había pedido la expulsión como afiliados de los peronistas “rolistas”, lo que les impedía ser candidatos.
Sin embargo, según explicó Ernesto Lagos, presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialista de Neuquén, “de fondo no hay nada que determine que ese pedido de expulsión sea resulto de parte de la justicia”.
Recordó que al promoverse en su momento el pedido se expulsión, la jueza Carolina Pandolfi requirió que se presenten pruebas del Congreso de 2023 donde el PJ no autorizó a los afiliados a presentarse por otros partidos.
Con eso, la apoderada obtuvo un fallo de Cámara pero no un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, es decir, el impedimento de que estos afiliados cuestionados participen.
“A la junta no le ha llegado nada, por lo cual se convoca a elecciones con un cronograma electoral con un padrón definitivo firme, donde todos tienen el derecho de elegir y ser elegidos”, aseguró Lagos.
Los que se quedaron afuera
Una de las listas que buscó competir pero que se quedó afuera fue la que encabezaba el dirigente de la UOCRA, César Godoy, como candidato a presidente por el “Frente Peronista”.
La nómina fue desafectada de esta contienda interna por un fallo de la justicia electoral, a partir de una presentación que también hizo el parrillismo.
Según la resolución judicial, Godoy presentó avales con datos incompletos, inconsistencias en números de documento, firmas repetidas en distintas categorías, planillas sin certificación válida y desajustes entre la nómina proclamada y la documentación formal ingresada.
Ever Urrutia, que era candidato a presidente del PJ capital, aseguró que esta lista sufrió una «proscripción lisa y llana, orquestada a través de viejas artimañas y el uso de tentáculos en la justicia electoral nacional».
Denunció que, mediante “maniobras de escritorio y la connivencia de jueces, se logró dejar afuera a más de 120 compañeros del partido que buscaban una renovación real del justicialismo neuquino”.
La reforma laboral aprobada por el Congreso fijó un tope del 2% para las cuotas solidarias que los sindicatos descuentan del salario de los trabajadores, pero varios gremios como Camioneros, la Uocra y Comercio analizan esperar la reglamentación del decreto o el vencimiento de los convenios colectivos antes de aplicar la reducción.
Según un relevamiento publicado por Infobae, dirigentes sindicales señalaron que todavía aguardan definiciones sobre la reglamentación de la norma, mientras el Gobierno sostiene que el límite establecido en la ley ya puede aplicarse.
Reforma laboral y cuotas sindicales: por qué varios gremios esperan antes de aplicar el nuevo tope
La ley 27.802 de Modernización Laboral establece que “las contribuciones y los aportes previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo (…) no podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”.
Las cuotas solidarias representan una fuente central de financiamiento sindical y se descuentan del salario de todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no, porque forman parte de acuerdos firmados en los convenios colectivos.
Desde el Gobierno indicaron a Infobae que “el límite del 2 por ciento para las cuotas solidarias no requiere reglamentación”, aunque se estableció un plazo de un año para adecuar los convenios colectivos vigentes.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado. Foto: Archivo.
Sin embargo, en varios sindicatos la decisión es esperar. Algunos dirigentes señalaron que evaluarán los cambios cuando se renegocien los convenios colectivos de trabajo o cuando se conozca el decreto reglamentario.
Reforma laboral: gremios que superan el 2% de descuento
El Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, mantiene una cuota solidaria del 3%, por lo que deberá ajustarla al nuevo límite cuando discuta el próximo convenio colectivo de la actividad.
En tanto, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys)– liderada por Armando Cavalieri-aplica un descuento del 2,5%.
El mismo porcentaje tienen la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), conducida por Gerardo Martínez, y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), dirigida por Luis Barrionuevo.
El fallo de la Cámara Nacional Electoral que anuló la resolución de la jueza federal electoral de Neuquén, Carolina Pandolfi, impactó de lleno en la interna del Partido Justicialista y dejó fuera de carrera a uno de los aspirantes a conducir el partido en la provincia. Se trata del intendente de Vista Alegre, José Asaad, quien ya no podrá competir en la interna prevista para el 15 de marzo.
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Asaad encabezaba la Lista 17 Peronismo Territorial, un espacio que nuclea mayoritariamente al peronismo que en 2023 se plegó al Frente Neuquinizate del gobernador Rolando Figueroa, aunque también había logrado sumar adhesiones de algunos militantes del sector que responde al exsenadorOscar Parrilli, a partir de un acuerdo alcanzado hace poco más de un mes.
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El tribunal electoral nacional resolvió aplicar el artículo 28 de la carta orgánica del PJ, que establece expulsiones automáticas para aquellos afiliados que hayan participado en elecciones por otros partidos, frentes o alianzas. Con ese criterio quedaron alcanzados varios dirigentes, entre ellos Asaad, quien aspiraba a presidir el partido en Neuquén.
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La resolución modificó de golpe el escenario interno del peronismo neuquino. En cuestión de horas, dentro de la lista 17 comenzó a debatirse quién podría reemplazarlo como candidato si finalmente se produce un corrimiento en la nómina presentada ante la Justicia Electoral.
Mientras tanto, en carrera quedó la Lista 10 Peronismo para la Victoria, apalancada por el parrilismo, cuyo candidato es el exintendente de Junín de los Andes Juan Domingo “Chule” Linares. En cambio, la Lista 45, en la que iba el dirigente de la UOCRA César Godoy, quedó fuera de competencia luego de no alcanzar los avales necesarios y tras una fuerte impugnación que fue aceptada por la Justicia Electoral.
Una trayectoria peronista, pero sin liderazgo interno
Asaad está afiliado al peronismo desde 1997 y su militancia comenzó junto a su padre, Carlos Antonio Asaad, un dirigente de peso en el PJ neuquino que fue diputado provincial entre 1995 y 2003, durante el auge del expresidente Carlos Saúl Menem.
Sin embargo, pese a los años dentro del movimiento, Asaad hijo nunca logró consolidarse como un referente fuerte dentro de la estructura partidaria provincial. No ocupó cargos partidarios relevantes y su actividad política se desarrolló más bien en ámbitos vinculados a la gestión y al sector productivo.
Durante años trabajó en la Legislatura provincial, también en una conocida empresa familiar y, en la etapa más reciente, se desempeñó como productor agropecuario en su chacra de la calle 15 en Vista Alegre.
Su recorrido político estuvo más ligado al plano local. De hecho, fue vicepresidente de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA) hasta hace un par de años y muchas veces quedó en un segundo plano dentro de las discusiones internas del PJ.
Por eso, la posibilidad de competir por la presidencia del partido aparecía como una oportunidad para proyectarse dentro del peronismo neuquino. Pero la resolución de la Cámara Electoral terminó por frustrar esa aspiración.
El debate por el reemplazo: «No confían mucho…»
Ante este escenario, dentro del sector Peronismo Territorial se analiza cómo continuará la lista 17 y quién podría asumir la candidatura.
Si se aplica el corrimiento natural, la primera opción sería Anahí Valdés, quien actualmente trabaja en ANSES de Zapala y hasta hace poco tiempo estaba vinculada al sector Peronismo para la Victoria, que responde a Parrilli. De hecho, existen videos de reuniones recientes donde se la ve participando de actividades políticas y saludando al propio senador.
Por ese motivo, su eventual postulación genera resistencias internas -o al menos un fuerte debate- dentro del espacio, según pudo saber LM Neuquén. De acuerdo con fuentes partidarias, en una reunión realizada tiempo atrás en el gremio La Bancaria, Valdés habría reclamado la expulsión de todos los peronistas que se alejaron del partido para acompañar al gobernador Figueroa. Incluso habría planteado la posibilidad de expulsar al propio Asaad, algo que finalmente ocurrió en un Congreso Provincial del PJ realizado el 17 de mayo de 2025.
Ese antecedente genera desconfianza dentro de algunos sectores del armado. “No confían mucho en ella, porque era la que más promovía que los echen a todos los rolistas, incluso a Asaad”, resumieron desde el entorno partidario consultado.
Sin embargo, por el corrimiento natural de la lista, Valdés figuraba segunda detrás de Asaad como candidata a vicepresidenta del Consejo Provincial del PJ.
La alternativa de Lucas Riquelme
El tercer nombre que aparece en la lista es el dirigente de Plottier Lucas Riquelme, quien figura como vicepresidente segundo.
Riquelme supo tener cercanía con Parrilli, especialmente cuando trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia durante los gobiernos kirchneristas. Además, mantiene vínculos políticos con la actual senadora Alicia Kirchner.
En caso de que Valdés no avance o surjan nuevas objeciones, su nombre aparece como otra alternativa dentro del armado de la lista 17. En otras palabras, los posibles reemplazantes de Asaad provienen de sectores que no estuvieron originalmente en el núcleo duro del espacio que impulsó su candidatura.
El caso de Esteban Cimolai: ¿Estaba afiliado?
Entre los dirigentes alcanzados por la resolución judicial también figuraba Esteban Cimolai, actual intendente de Centenario.
Cimolai asumió su primer mandato (2016-2019) de la mano de su mentor político Javier Bertoldi, con la estructura del PJ. Sin embargo, tras asumir se distanció del partido.
Más tarde impulsó el partido vecinal Somos Centenario, con el que buscó su reelección en 2019. Actualmente está afiliado a Comunidad, el partido base del frente La Neuquinidad. Hoy Cimolai no figura en los padrones de afiliados del PJ, aunque apareció dentro de la resolución de expulsiones por haber competido en elecciones por fuera del partido. Es que también compitió en 2023 y le ganó a Bertoldi, precisamente con ese espacio: Somos Centenario.
En cambio, Asaad sí mantiene su afiliación histórica al peronismo, pese a haber quedado fuera de la competencia interna.
Con la interna del 15 de marzo cada vez más cerca, la lista Peronismo Territorial deberá resolver rápidamente quién tomará la posta tras la caída de Asaad.
El camino hacia las elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) de Neuquén para renovar a sus autoridades de cara a los próximos cuatro años se presenta muy sinuoso.
Es que en los últimos días comenzó a circular un fallo de la Cámara Nacional Electoral que podría dejar fuera de competencia a una de las tres listas que se presentaron para competir en la instancia de comicios internos que se realizarán este domingo 15 de marzo.
Se trata de la nómina Peronismo Territorial que lleva como candidato principal al intendente de Vista Alegre, José Asaad. Es la lista partidaria más cercana de las tres a las políticas del Gobierno provincial encabezado por Rolando Figueroa. De hecho, algunas de sus figuras centrales forman parte de la estructura del propio Ejecutivo.
La resolución del organismo hace lugar a uno de los puntos resueltos en el Congreso Provincial del PJ realizado en mayo del año pasado en la localidad de Zapala, que indica que los afiliados que participen de contiendas electorales por otros partidos pierden su afiliación de forma automática.
José Asaad fue candidato a intendente (y ganó) de Vista Alegre por el partido Comunidad, motivo en el cual se apoya el organismo.
Más allá de esto, fuentes allegadas al postulante de Peronismo Territorial le aseguraron a MejorInformado que “no hay ninguna notificación de la Cámara” que hayan recibido, con lo cual Asaad se presentará con normalidad a los comicios internos del domingo entrante.
“(Oscar) Parrilli gana en la Justicia lo que pierde con los votos”, dijo una fuente de Peronismo Territorial en relación a una voluntad de que no exista democracia interna dentro del Partido Justicialista.
La misma fuente se aventuró a decir que “la única posibilidad de que el peronismo retome una senda potente en Neuquén es sacar a Parrilli del medio, quien trabajó toda su vida para un peronismo familiar”.
Esto tiene que ver con que, días atrás, la Justicia Electoral tomó la decisión de dar de baja la otra nómina que iba a presentarse a la interna del 15 de marzo: el Frente Peronista que encabeza el dirigente de la UOCRA, César Godoy. El argumento fue que no se reunieron los avales requeridos en la Carta Orgánica del espacio.
El empresario dueño del terreno donde se levanta el edificio declaró ante la fiscalía que la obra comenzó sin contrato firmado y que una de sus empresas realizó trabajos clave sin cobrar.
La investigación sobre el proyecto inmobiliario impulsado por el dirigente sindical Juan Carlos Levi en Añelo sumó un testimonio que podría resultar determinante para el avance de la causa. El empresario Carlos Daniel Carrizo, propietario de las tierras donde se levanta el edificio vinculado a la mutual de trabajadores de la construcción, declaró ante la fiscalía de Delitos Económicos y expuso una serie de acuerdos informales y trabajos realizados sin contrato.
Según su testimonio, el dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) inició la obra sin haber formalizado la compra del terreno ni firmado un acuerdo definitivo sobre la forma de pago. Carrizo afirmó que existieron conversaciones para concretar la venta del lote, pero que la operación finalmente no avanzó por problemas con la documentación de la mutual.
Ante esa dificultad, el sindicalista habría planteado otra alternativa: compensar el valor del terreno con metros cuadrados de la futura construcción. Se trata de un esquema frecuente en desarrollos inmobiliarios, donde el dueño del lote recibe unidades o superficie edificada como forma de pago.
“Primero hablamos de una oficina para la mutual”, relató el empresario en su declaración. Sin embargo, según explicó, en conversaciones informales Levi también mencionó la posibilidad de sumar departamentos en el proyecto, lo que ampliaría el alcance del emprendimiento más allá de las oficinas institucionales.
La situación se volvió aún más llamativa cuando, pese a la ausencia de un acuerdo firmado, la obra comenzó igualmente. Carrizo aseguró que firmó una autorización para que se gestionara la conexión eléctrica ante el ente provincial, aunque sostuvo que no intervino directamente en el desarrollo posterior del proyecto.
Otro punto que llamó la atención de los investigadores es que una empresa vinculada al propio Carrizo realizó los trabajos iniciales de la obra sin cobrar por ellos. Se trata de Saltapor, firma que, según el empresario, se encargó del movimiento de suelo, la perforación y la fundación del edificio.
Consultado por los fiscales sobre si esos trabajos fueron facturados, Carrizo respondió que no recordaba haber realizado ningún cobro. Según explicó, se trató de una ayuda en el marco de la relación que mantenía en ese momento con Levi.
“En ese momento teníamos una buena relación y lo ayudamos con eso”, declaró. Agregó que en su actividad empresarial suele realizar colaboraciones similares con vecinos o con el propio municipio para pequeñas obras.
La investigación también intenta determinar quiénes están detrás de la construcción del edificio. Si bien el sindicalista afirmó públicamente que se trata de un inmueble destinado a la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos, todavía no está claro qué empresa ejecuta formalmente la obra.
En paralelo, la fiscalía analiza el funcionamiento de la mutual y las denuncias de afiliados que aseguran haber aportado un porcentaje de su salario para financiar las actividades de la entidad. El expediente investiga si esos fondos fueron administrados de manera irregular.
El proyecto en cuestión contempla un edificio de varios pisos que superaría los 1.800 metros cuadrados cubiertos. La parcela se ubica cerca de uno de los desarrollos hoteleros más conocidos de Carrizo, en una zona de fuerte expansión vinculada al crecimiento de Vaca Muerta.
Por ahora, Levi no fue imputado formalmente en la causa, aunque sí figura como investigado en el expediente. Una audiencia prevista para los próximos días fue postergada por pedido de la fiscalía, mientras los investigadores continúan reuniendo testimonios y documentación para esclarecer cómo se financió y autorizó la obra.
Como una película sin fin, el PJ neuquino vuelve a repetirse en episodios que lo alejan de una posible renovación, con el riesgo de quedar en manos de uno de los sectores más cuestionados, puertas adentro y fuera del partido.
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Todo se vincula a las elecciones internas del próximo 15 de marzo donde, en principio, iban a competir tres listas pero que, por diferentes situaciones, hoy tiene a una sola nómina en carrera: la de «Peronismo para la Victoria», que conduce el ex senador Oscar Parrilli y que lleva de candidato al ex intendente de Junín de los Andes, Juan Domingo “Chule” Linares.
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¿Qué ocurrió con las otras dos listas? una de ellas, que postulaba al dirigente de la UOCRA, César Godoy, como candidato a presidente por el “Frente Peronista”, fue desafectada de esta contienda interna por un fallo de la justicia electoral, a partir de una presentación que hizo el parrillismo.
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Según la resolución judicial, Godoy presentó avales con datos incompletos, inconsistencias en números de documento, firmas repetidas en distintas categorías, planillas sin certificación válida y desajustes entre la nómina proclamada y la documentación formal ingresada.
Sin embargo, se supo que el dirigente apeló el fallo a la Cámara Nacional Electoral y aún está a la espera de poder competir en las internas.
Expulsión
El último episodio de esta disputa dentro del PJ neuquino lo aportó una resolución de la Cámara de este jueves, que dio por tierra con un fallo anterior de la jueza Carolina Pandolfi.
La decisión del máximo órgano electoral avaló la decisión que tomó en su momento el Congreso Provincial del PJ, en mayo del año pasado en Zapala, por el cual se definió, entre otras cuestiones, la expulsión del partido de aquellos afiliados que fueron candidatos en 2023 por otros espacios políticos y sin autorización del Partido Justicialista.
En esa lista (más de 30 personas) figura el intendente de Vista Alegre, José Asaad, candidato a presidente del PJ por “Peronismo Territorial”, espacio que reúne a los peronistas que hoy están dentro del armado político del gobernador Rolando Figueroa. De hecho, entre los expulsados aparecen dirigentes que forman parte del Ejecutivo neuquino, como la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga; y el director Provincial de Planeamiento e Informática (del Ministerio de Gobierno, Mujeres y DDHH), Ignacio Armida.
Fuentes del PJ confiaron en que esta lista será de la partida de igual manera y que habrá un corrimiento de la nómina. Es decir, que Assad no será candidato pero sí los que le sigan y que mantengan su condición de afiliados.
Más allá de lo que termine sucediendo y si, finalmente, estas dos listas impugnadas logran participar de las internas, lo que deja de fondo para analizar esta pelea sin cuartel dentro del peronismo de la provincia es que el sector que pretende quedar como único postulante a la conducción del partido fue también el encargado de los últimos armados electorales y, en gran parte, responsable de los magros resultados obtenidos.
El empresario Carlos Carrizo, dueño de las tierras donde Juan Carlos Levi construye el edificio de su mutual en Añelo, prestó ante la fiscalía una declaración explosiva. Dijo que el dirigente de la Uocra empezó la obra sin un acuerdo firmado sobre el pago del terreno y reveló que una empresa de su propiedad hizo gratis los trabajos de fundación.
A medida que avanza la investigación sobre Levi y su Asociación Mutual para trabajadores ligados a la construcción aparecen más puntos oscuros sobre los cuales el secretario adjunto de la Uocra no se ha presentado a dar explicaciones. Para este lunes 9 se había fijado una audiencia pero se postergó por un mes a pedido de la fiscalía.
Si bien hasta el momento no le formularon cargos, sí está imputado en una investigación por presunta administración fraudulenta de los fondos que le confiaron los afiliados a la mutual. Algunos de los cuales dijeron que se vieron obligados a adherir y aceptar que le descontaran el 3% del salario quincenal a cambio de conseguir o mantener sus trabajos.
Antes estuvo involucrado en causas penales pesadas. Por ejemplo, le atribuyeron coordinar la emboscada que terminó con el asesinato a balazos de José “Necho” Monsalve, el 9 de mayo del 2014 en Alderete 430, frente a la sede del gremio de la construcción en pleno centro de Neuquén. Fue sobreseído por falta de acusación fiscal.
Las tierras de la polémica
En los últimos días el foco de la fiscalía de Delitos Económicos estuvo puesto en las tierras donde Levi construye lo que él dice que será el edificio de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos (AMTCN).
Se trata, de acuerdo con declaraciones del propio sindicalista, de un inmueble de cinco pisos de 350 metros cuadrados cada uno, con un total de 1.800 metros cuadrados cubiertos. No está claro qué empresa se encarga de la obra pero sería JA Construcciones SRL, en manos de las hijas de Levi. La esposa es la exdiputada provincial Ángela Barahona.
Construcción, salud y deportes
El propietario de las tierras donde se levanta el esqueleto de la obra es el empresario Carlos Daniel Carrizo. Se trata de uno de los reyes de la construcción en Añelo, dueño entre otras empresas de Ecobox.
El año pasado en una entrevista para el medio Vaca Muerta News se definió como CEO de “una empresa que arrancamos en 2014 y hoy abarcamos la parte construcción, habitacional, hotelera, salud y deportes, todo al servicio de las empresas petroleras”.
Uno de sus emprendimientos más conocidos es el Eco Hotel, de 150 habitaciones. Además construyó 200 departamentos exclusivamente para una empresa de servicios petroleros.
En ese reportaje se refirió al helipuerto del hotel y a la pista de aterrizaje de 1.600 metros que construyó frente al río Neuquén, en la cual “bajan aviones de dos turbinas”. Mencionó que podrá ser utilizado como aeródromo y para vuelos sanitarios.
Declaración explosiva
Como ya adelantó diario RÍO NEGRO, Carrizo declaró ante la fiscalía de Delitos Económicos el 23 de febrero pasado. Habían trascendido algunos fragmentos de su exposición pero ahora se sabe que el contenido completo es explosivo.
El dueño de Ecobox compró las tierras en 2018, cuando el intendente era Milton Morales. La parcela donde se levanta la obra de la mutual está a unos mil metros del Eco Hotel.
Por esa época (2016/27) Levi había creado la mutual AMTCN, sin embargo la mantuvo en estado latente hasta que comenzó con las actividades intensas de afiliación años después. Mientras tanto era un activo dirigente de la Uocra pero sin oficina propia.
Carrizo le prestó instalaciones en el segundo piso del hotel para que tenga reuniones de trabajo, no está claro si como sindicalista o presidente de la mutual o en ambas condiciones.
Interés por las tierras
Ante el desfile incesante y cada vez más numeroso de personas se empezó a conversar sobre las tierras ociosas que tenía el empresario. La declaración es confusa en este punto: no queda claro si Levi le pidió las tierras, o Carrizo se las ofreció para que instalen contenedores y los reconviertan en oficinas.
Según la versión que Carrizo les dio a los fiscales, Levi hizo un intento por comprar esa fracción de terreno. Conversaron sobre el precio pero la transacción fracasó porque “la documentación que tenía la mutual no reunía las condiciones para poderse transferir”.
Canje por metros cuadrados
El sindicalista hizo otra propuesta: “darme metros cuadrados (como forma de pago) de acuerdo a los metros cuadrados que iban a construir”, relató Carrizo a los fiscales.
Por ejemplo, “si hace mil metros yo les cobro un porcentual, si hace diez mil metros ese porcentual baja. Son operaciones de moneda corriente, ahí en Añelo o en Buenos Aires”.
¿Y qué le dijo Levi que iba a construir? Responde Carrizo: “Primero hablamos de una oficina, después me dijo que iba a ser oficina para la mutual. Y después, así en comentario: ‘che, pero va a quedar terreno, por ahí empiezo a construir a lo mejor algún departamentito’”.
“Es razonable (opinó el empresario) porque si vos tenés una tierra que tiene su valor por la ubicación y todo y podés hacer departamentos, que es lo que va a hacer todo el mundo, no es descabellado”.
¿La asamblea de afiliados a la mutual estaba al tanto de estas negociaciones? ¿Se discutieron, o fueron aprobadas a libro cerrado? Son preguntas por ahora sin respuesta.
Construcción sin papeles
Lo que ocurrió más adelante es aún más difícil de entender: sin acuerdo todavía sobre el modo en que pagaría la tierra, sin ningún papel firmado, y además distanciado de Carrizo (según relató el empresario), Levi empezó a construir.
Carrizo le firmó un permiso para que gestione el servicio eléctrico ante el EPEN. Y la municipalidad de Añelo tendría como contribuyente de esa parcela a la mutual, no al empresario. Más confusión.
El desinterés de Carrizo por lo que sucede en sus tierras es llamativo.
“Solamente veo que está construyendo, no sé bien los metros que va a hacer, quedó ahí, o sea…”, declaró.
La fundación, una «ayuda»
La historia gana en oscuridad. Porque a pesar de no existir más que un acuerdo de palabra, Carrizo reveló que una empresa de su propiedad llamada Saltapor hizo la fundación para el edificio.
Gratis.
-¿Usted se lo cobró de alguna manera, facturó? ¿Cómo fue esa transacción? -le preguntaron los fiscales.
-La verdad que no recuerdo eso, porque no era… como te puedo decir, una inversión grande. En ese momento teníamos una buena relación, lo ayudamos con eso. Pero después el hormigón, todo lo que deriva para arriba, no sé.
“Por lo general, de la forma que yo trabajo, hay cosas que por ahí ni las cobro”, relató Carrizo. “No porque sea la mutual de la Uocra, sino porque puede ser un vecino, porque puede ser alguien que puntualmente le hace falta”.
“He ayudado al municipio haciéndole vereda, haciéndole algo de iluminación, así también como he ayudado a algún un vecino a su casita, que eso no tiene valor plata”, dijo.
Los planos de la obra
Saltapor es una empresa constituida en Neuquén. Tiene un socio en esta provincia y otro en Salta. Carrizo dijo que los trabajos en el lote fueron movimiento de suelos, pozos y fundación, que es romper la caliza. “Eso no se hace con una palita”, aclaró.
Pero no supo explicar si trabajaron en base a planos, ni quién los aportó. De la parte operativa se encargó su socio Gabriel Flores.
La escritura como garantía
Carrizo habló de que otra empresa hizo antes tareas de limpieza. ¿Será la de Facundo Irrazábal, el joven que cobró 350 millones de pesos por «servicios empresariales»?
El testigo no lo conoce. Tampoco escuchó hablar de JA Construcciones ni de KIM SRL, las empresas de las hijas de Levi.
Lo que aclaró fue que “me dejé la garantía de no escriturar hasta ver qué van a construir. Si es una casa no me sirve porque la tierra supera el valor. Si hacen 20 oficinas, me queda otra cosa, ¿sí?”.
Hay pueblos donde el tiempo no se mide en horas sino en silencios. Los Chihuidos es uno de ellos.
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A 206 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en el departamento Añelo, en el corazón geológico de Vaca Muerta, este pequeño paraje rural —de poco más de 240 habitantes, crianceros en su mayoría— vivió durante años bajo una rutina tan precisa como injusta: la electricidad llegaba por tramos.
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De siete de la mañana a dos de la tarde. De siete de la tarde a medianoche. Después, la nada.
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La noche no era una metáfora: era literal. El generador se apagaba y el pueblo quedaba en penumbra. Las casas, la escuela, el puesto sanitario. Todo. Hasta hace unos días.
El pasado martes, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la inauguración del Parque Solar Los Chihuidos, una obra que, en términos técnicos, podría describirse en cifras: 288 paneles solares, 200 kW de potencia instalada, un banco de baterías de ion-litio de 545 kWh con autonomía de hasta dos días, una inversión cercana al millón de dólares por parte de Pan American Energy. Una red eléctrica completamente renovada por el EPEN, financiada con más de 360 millones de pesos a través del Fondo Ambiental.
Pero ninguna cifra alcanza para explicar lo que significó. Porque, por primera vez en su historia, Los Chihuidos accedió a energía continua las 24 horas del día.
El paisaje parecía el de siempre: cerros que justifican su nombre mapuche —“pecho de mujer”—, viento seco, horizonte infinito. Pero algo había cambiado en la respiración del lugar. Se notaba en la manera en que la gente se acercaba, en la forma en que las palabras tardaban en salir.
El testimonio en primera persona
Daniel Mena, criancero nacido y criado allí, lo dijo con una mezcla de orgullo y asombro: «Para nosotros es histórico. Una luz así era inalcanzable».
No exageraba. Durante años, su vida —como la de todas las familias— estuvo organizada alrededor del generador. La electricidad no era un derecho, era una franja horaria.
Elena Castro, agente sanitaria desde hace 15 años, recordó las noches de emergencia: «Si pasaba algo a la noche, había que pedir que prendieran el grupo. Subir para poder llamar porque no había señal. Esto es un cambio rotundo«.
Sus ojos se humedecen al decirlo. La emoción no es declamativa. Es acumulada.
En la Escuela Albergue N° 264, la seño María Rosa —“Pochi”, como la conocen todos— lleva dos décadas enseñando en condiciones que en cualquier ciudad serían impensables. «Era muy tedioso. Teníamos que cambiar actividades, restringir cosas por no tener luz. Los chicos salen a la mañana totalmente a oscuras y vuelven igual. Tener 24 horas va a cambiar muchísimo«, dijo.
No habla solo de lámparas encendidas. Habla de tiempo ampliado. De posibilidades nuevas. De estudiar sin reloj eléctrico.
Juan Francisco Sánchez, de la asociación de fomento rural, puso palabras al carácter del hombre de campo: «No somos muy pedigüeños. Pero esto es único. Sobre todo para los chicos».
Y en esa frase se condensa algo más profundo: durante años no hubo reclamos estridentes, hubo espera. Y la espera también es una forma de desgaste.
Por eso el momento más potente de la jornada no fue técnico, sino político. El gobernador pidió disculpas públicas.
“En nombre del Estado, le pido disculpas a cada poblador y familia que durante años esperó lo que debía ser un derecho”, sostuvo Rolando Figueroa en su discurso.
En un pueblo pequeño, las palabras pesan distinto. No se diluyen.
Un acto de justicia
Gabriel Rojas, presidente de la Comisión de Fomento, lo recordó con crudeza: durante años la promesa de la represa Chihuido flotó como garantía futura de electricidad. La represa no llegó. La luz sí.
En esa trama silenciosa tuvo un rol clave la ministra Leticia Esteves. Al asumir en la Secretaría de Ambiente, encontró un fondo poco conocido —el de servidumbres— que debía tener un destino específico. Lo ordenó, lo transparentó y lo orientó a la obra de distribución eléctrica, paso indispensable para que el parque solar pudiera operar.
“Que en el corazón de Vaca Muerta no tengan luz las 24 horas era poco creíble”, señaló.
La articulación fue compleja: Comisión de Fomento, Provincia, EPEN, Fondo Ambiental, Pan American Energy —que no solo cumplió con su obligación legal sino que decidió invertir en el parque solar completo— y también YPF en el esquema general de financiamiento.
Nicolás Fernández Arroyo, desde PAE, lo definió como un antes y un después. Y lo es. Porque esta obra no es solo infraestructura energética. Es reparación territorial.
En medio de una región que produce energía para el país, una comunidad criancera vivía con electricidad intermitente. Esa paradoja quedó saldada.
Marcos, delegado de la UOCRA, habló con sencillez: «Es muy lindo terminar algo así. Que la gente tenga luz corriente las 24 horas».
Tres meses de trabajo, vigas, postes, líneas, paneles bajo el sol patagónico. No es una mega central eléctrica. Es una mini red híbrida pensada a escala humana. Y sin embargo, su dimensión simbólica es enorme.
Porque anoche, cuando el sol se escondió detrás de los cerros de Los Chihuidos, nadie esperó el ruido del generador. Nadie miró el reloj para calcular cuánto faltaba para la medianoche.
La luz siguió encendida. Para una urgencia médica. Para un cuaderno abierto. Para una llamada que antes no era posible. Para la vida cotidiana sin interrupciones.
En términos de potencia, son 200 kW. En términos de justicia, es infinito. En Los Chihuidos, no se inauguró solamente un parque solar. Se encendió una igualdad largamente postergada. Y por primera vez en su historia, la noche dejó de ser oscuridad obligada para convertirse simplemente en noche.
La Cámara Nacional Electoral emitió este jueves un fallo que modificó de forma drástica la interna del Partido Justicialista (PJ) de Neuquén. El tribunal validó la potestad del partido para expulsar a un grupo de afiliados que compitieron en los comicios de 2023 bajo otros sellos políticos. Esta resolución judicial puso en riesgo la candidatura de José Asaad, principal referente opositor, de cara a las próximas elecciones internas del 15 de marzo.
El máximo organismo electoral revocó una sentencia previa de la jueza Carolina Pandolfi, quien rechazó el pedido de desafiliación masiva. Los magistrados, Santiago Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Vía, respaldaron lo resuelto por el Congreso Provincial del PJ en mayo del año pasado. Con este respaldo legal, la conducción partidaria obtuvo el aval para depurar el padrón de aquellos nombres que desconocieron la estructura orgánica. La medida podría derivar en una lista única para las elecciones de la semana próxima.
La fundamentación del fallo se centró en el artículo 28 de la Carta Orgánica, el cual establece sanciones severas para la indisciplina partidaria. El texto normativo advirtió que el afiliado que acepte una postulación externa “perderá automáticamente su condición de afiliado, como así también todo cargo partidario”. De esta manera, la justicia reconoció que estas definiciones pertenecen al ámbito de reserva de la agrupación y resultan ser un tema “ajeno, por tanto, al control judicial”.
El listado de personas afectadas alcanzó a 38 ciudadanos, entre los que figuraron funcionarios actuales del gabinete provincial como Ana Servidio y Marcelo Zúñiga. Desde el espacio Peronismo Territorial, liderado por el intendente de Vista Alegre, José Asaad, manifestaron que todavía no existió una notificación oficial del tribunal.
La posible exclusión de la lista opositora del PJ allanó el camino para Juan Domingo “Chule” Linares, candidato del sector que responde a Oscar Parrilli. Este escenario de polarización judicializada se sumó a la reciente baja de la lista encabezada por el dirigente de la UOCRA, César Godoy.
Pagarán 5 millones y harán tareas comunitarias por intentar extorsionar en una obra de Centenario
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Se trata de cinco hombres que integraban la UOCRA.
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El fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat solicitaron la suspensión de juicio a prueba para cinco hombres acusados por un intento de extorsión a un trabajador de la construcción en la ciudad de Centenario. El planteo fue admitido por la jueza de garantías Carina Álvarez durante una audiencia realizada hoy, en la que se fijó el monto de la reparación económica y las pautas de conducta que deberán cumplir, entre ellas la prohibición de acercamiento respecto de la víctima.
El hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario. Según la acusación, uno de los imputados se presentó en el lugar y le manifestó al trabajador que “tendrían que haber arreglado con ellos”, en alusión a un contacto telefónico previo en el que se identificó como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y exigió el pago de $4.000.000 para permitir que continuara la construcción del galpón.
De acuerdo con la teoría del caso, tras la negativa de la víctima, el hombre se retiró y regresó dos horas más tarde junto al resto de los imputados, ocasión en la que reiteraron la exigencia económica. Ante la situación, se dio aviso a la policía, que demoró a tres de los involucrados en el lugar e impidió que la maniobra se concretara.
El delito fue calificado como extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautores (artículos 168, 42 y 45 del Código Penal). Como parte de la salida alternativa, cada imputado deberá abonar $1.000.000 en concepto de reparación económica, lo que totaliza $5.000.000. Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil y cumplir diversas reglas de conducta.
La magistrada fijó distintos plazos de suspensión del proceso según el grado de participación atribuido: 2 años y 6 meses para F.V.J.O.; 1 año y 6 meses para L.A.M. y A.J.A.; y 1 año para L.A.A. y E.F.A.C.
Entre las reglas impuestas se encuentran fijar y mantener domicilio, someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, y no mantener contacto ni acercamiento con la víctima. En caso de incumplimiento o de comisión de un nuevo delito, el beneficio será revocado y el proceso continuará hacia el juicio.
Los nombres completos de los imputados se mantienen en resguardo debido a que, si cumplen las condiciones impuestas durante el plazo de suspensión, la acción penal se extinguirá y no registrarán antecedentes penales por este hecho.
