El traspaso del servicio de agua y cloacas desde la órbita municipal a Aguas Rionegrinas sigue generando derivaciones en la Justicia. A la denuncia penal que se presentó contra el intendente Luis Albrieu por la forma en que se aprobó el traspaso, ahora se sumó una presentación en el juzgado Contencioso Administrativo 15 de Roca para que se declare inconstitucional la ordenanza.
La presentación en Roca la realizó, al igual que la denuncia penal, la concejal de Nos Une Río Negro Nadia Ilundayn. La demanda de inconstitucionalidad es contra la ordenanza 100/24 traspaso del agua y las cloacas a ARSA.
La concejal del bloque opositor cuestiona que el oficialismo retiro el proyecto de ordenanza con el que pretendía aprobar el traspaso y después, aprobó una adenda (modificación) al proyecto que había sido retirado en el punto anterior. Según la presentación en la Justicia penal que Ilundayn y su compañero de bancada Gabriel Alvarado presentaron en Regina, esa adenda fue la que se aprobó en el Deliberante, no el proyecto completo. Según los concejales opositores, luego Albrieu publicó en el boletín oficial el proyecto completo, que según su postura nunca fue avalado por el Concejo.
«El Intendente adulteró y agregó información al convenio que no fue aprobado en el Concejo Deliberante, porque se necesitaba una mayoría especial, que no tenía», señaló Alvarado el 16 de abril.
Cómo fue la aprobación del traspaso del servicio de agua en Regina
La aprobación del traspaso, en octubre de 2024, se realizó en medio de una ensordecedora protesta de vecinos y referentes de la Uocra, que se apostaron frente al edificio del Legislativo. Un total de 30 efectivos de la policía en los accesos resguardaron la seguridad de los ediles.
Los opositores al traspaso cuestionaron la calidad del servicio que Arsa presta en otras ciudades.
La firma del convenio entre Albrieu y el gobernador Alberto Weretilneck se dio a conocer a mediados de octubre, pero necesitaba de la ratificación del Concejo Deliberante para su puesta en marcha.
La gestión de Albrieu resaltó en aquel momento la transferencia por sus «beneficios económicos». Se prevé un ahorro mensual de «entre 100 y 150 millones«.
Por su parte, la Provincia estimó una inversión de casi 500 millones para la puesta a punto de la prestación. Además, debía realizar obras de mejora en la infraestructura.
Este miércoles reparan el caño de 315 y habrá corte de agua en varios barrios de la segunda meseta
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Primeros Pobladores, 8 de Agosto, zona EPET 22, Camioneros, Uocra, Centro de Empleados de Comercio, se verán afectados. El abastecimiento desde Mari Menuco estará interrumpido hacia la cañería hasta que finalicen las tareas sobre la calle Benito Machado.
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Un corte de agua por reparación del caño de 315 mm afectará a parte de la segunda meseta de Centenario el miércoles 30 de abril. Las tareas se realizarán sobre calle Benito Machado y por este motivo ya el mismo martes por la tarde el suministro desde el Acueducto Mari Menuco estará interrumpido.
Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento del municipio informaron que esto afectará a los barrios Primeros Pobladores, 8 de Agosto, Meseta 1,2 y 3, Camioneros, Uocra, Centro de Empleados de Comercio, Hot Head y la zona de la EPET 22.
Solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable mientras se realicen los trabajos que se estima será hasta horas de la tarde-noche de esa jornada.
La esperanza es el hilo conductor que une a gran parte de los habitantes de Sierra Grande desde hace algunos meses. La ciudad ubicada bien al sur de Río Negro, a pocos kilómetros del mar, vive hoy una oleada de optimismo después de una historia en la que abundan los proyectos frustrados que hicieron que miles de personas dejaran localidad.
El proyecto del Oleoducto Vaca Muerta Sur, que lleva adelante el consorcio VMOS que lidera YPF para sacar el petróleo de Vaca Muerta por la costa rionegrina, dejó de estar sólo en los papeles y hace un par de meses atrás comenzaron las tareas de la empresa Milicic, la encargada de realizar los “trabajos tempranos”, que consisten en movimiento de suelos y las gigantescas bases del lugar donde se instalaran los tanques de depósito.
El predio donde ahora trabajan a pleno las máquinas está a unos nueve kilómetros de Punta Colorada, el antiguo puerto minero que será la llave de las dos monoboyas que cargarán el petróleo de Vaca Muerta en buques de gran calado, que se instalarán a unos ocho kilómetros de la costa.
Milicic, empresa con sede en Rosario y conocida en el área de Vaca Muerta, ya contrató a 100 trabajadores de la Uocra y en el apogeo de la obra serán cerca de 250 los empleados, sobre una bolsa de trabajo del gremio de la construcción de unas 900 personas en Sierra Grande.
El predio donde trabaja la empresa Milicic.
El revulsivo que significa el puerto petrolero para Sierra Grande implica la llegada de personas y empresas en búsqueda de oportunidades, una por ahora tibia reactivación de la construcción, y el aumento de los alquileres, que pegaron un salto importante en las últimas semanas.
Aunque en Sierra Grande sólo se la mencionaba como un proyecto en estudio, la planta de GNL que YPF analizaba construir no se hará en la zona, ya que el jueves pasado el propio CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, dijo que el proceso de licuefacción se hará directamente en barcos factoría.
Sin embargo, los buques que llegarán al Golfo San Matías en los próximos años para procesar el gas demandarán la construcción de al menos dos gasoductos que también llegarían hasta Punta Colorada.
Andar por Sierra Grande es adentrarse en una ciudad marcada por lo que fue la actividad minera. El fin de la mina de hierro significó la entrada en un letargo que la dejó sin obras y con pocos habitantes. Sus calles llenas de pozos son un símbolo del olvido que vivió la localidad.
El puerto de Punta Colorada. (Foto: Juan Thomes)
Los proyectos frustrados se acumularon: la planta nuclear durante el gobierno de Mauricio Macri, o la planta de hidrógeno verde, en la gobernación de Arabela Carreras, son solo dos muestras.
La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández. (Foto: Juan Thomes)
La intendenta Roxana Fernández asumió en 2023 y afronta hoy el desafío de canalizar los cambios que ya impactan en el empleo y la construcción. Sin embargo, afirma que lo que más cambió “es el estado de ánimo de la gente”. “Han habido muchos más cambios, pero en sí lo más rescatable en este sentido es el estado de ánimo”, agregó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.
«Estamos cansados de perder», afirman los trabajadores de Sierra Grande
Jorge Pazos, colaborador gremial en este momento a cargo de la Uocra de Sierra Grande, recordó que semanas atrás creyeron que otra vez se iba a “pinchar” un proyecto y reinó la incertidumbre cuando la empresa Milicic paralizó los trabajos en medio de la puja por el 80% de empleo local que asumió el gobernador Alberto Weretileneck, en un reclamo directo a la contratista Techint Sacde (que construye el oleoducto propiamente dicho entre Allen y Punta Colorada). «Estamos cansados de perder», afirmó ante Diario RÍO NEGRO.
Jorge Pazos, a cargo de la Uocra Sierra Grande. (Foto: Juan Thomes)
Pazos es hoy en día el hombre que debe contener la demanda laboral de cientos de miembros de la Uocra que pugnan por un lugar en la actual obra y en las que vendrán. Cada día en el local de la delegación los afiliados hacen cola para acercar papeles e ir cumplimentando requisitos de la bolsa de trabajo.
En la previa a la llegada de Milicic, se hicieron capacitaciones para los trabajadores de la construcción. Pazos contó que llegó un momento en que los afiliados plantearon: “No queremos más cursos, queremos trabajar”.
En estos últimos años solo asomó como oportunidad económica la villa turística de Playas Doradas , a 28 kilómetros al este de la ciudad.
Ubicada a pocos kilómetros de Punta Colorada, la intendenta Fernández indicó que en este lugar conocido por su amplia playa “hay bastantes viviendas alquiladas a la empresa que comenzó con los primeros trabajos”. E indicó que ahora hay más personas viviendo en forma permanente.
Los proyectos del municipio de Sierra Grande ante la llegada del Oleoducto Vaca Muerta Sur
En el nuevo escenario, la jefa comunal debe atender también a empresarios que buscan oportunidades. El proyecto de un nuevo parque industrial, al sur de la localidad, que se sume al existente al norte que paulatinamente está recibiendo nuevas empresas, es una de las apuestas de la municipalidad. Fernández dice sentir una importante responsabilidad por el momento en el que le toca gobernar.
Remarca las carencias del pueblo a nivel servicios -barrios sin agua o sin gas-, pero piensa en la necesidad de que la coyuntura con viento a favor derrame sobre el futuro de la ciudad. “Está el compromiso de la construcción de un nuevo hospital y de nuevas escuelas. Hay que hacer una planificación, pero de manera progresiva y pensada”, remarcó.
Tres historias de oportunidades en Sierra Grande
Al costado de la Ruta 3, que parte en dos la ciudad en su recorrido hacia el sur del país, Evaristo Barcázal tiene su corralón. Durante décadas de años pasó por Sierra Grande rumbo a Mendoza o Buenos Aires a buscar mercadería para el negocio que supo tener en Puerto Madryn. Más allá de lo abandonada que estaba la ciudad, Evaristo siempre creyó que había una oportunidad en la ciudad rionegrina. Una serie de robos en Madryn lo convenció de emigrar a Sierra Grande hace 15 años.
Evaristo Barcázal. Llegó a Sierra Grande desde Puerto Madryn hace 15 años. (Foto: Juan Thomes)
Mientras comparte un mate contó por qué lo hizo: “Yo siempre aposté en Sierra Grande y por eso compré la propiedad cuando era un baldío, entonces dije: ´Acá voy a hacer algo, porque está sobre la ruta´. Uno le busca la vuelta. Yo no pierdo la esperanza”.
El comerciante afirma que el impacto en el rubro se siente en las nuevas construcciones que se están realizando para alquilar. El que tiene propiedades, comenzó a construir, aseguró.
Balcázar dice que esta vez las inversiones parece que llegarán porque por fin hay una empresa trabajando. Pide tiempo, y confía que el impacto se sentirá en unos meses.
Héctor Hinofuentes, titular de la Cámara de Comercio, Servicios e Industria de Sierra Grande, tiene una historia que se repite en otros habitantes de la ciudad. Nacido y criado en la ciudad, hijo de un minero, se fue siete años a trabajar a Las Heras (Santa Cruz) y luego volvió a la ciudad. Puso una heladería y hoy dirige la cámara que agrupa a los comerciantes y que tomo un rol clave cuando se anunció la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur hasta Punta Colorada.
Héctor Hinofuentes, de la Cámara de Comercio. Nacido y criado e hijo de padre minero. (Foto: Juan Thomes)
Hinofuentes explicó que la cámara recibe constantes llamados de empresas que piensan en abrir una oficina en la ciudad. Según contó, piden información sobre las obras del oleoducto y que oportunidades hay en esta zona de Río Negro. “Punta Colorada ahora aparece en Google”, ejemplificó el comerciante. La palabra oportunidades resuena en Sierra Grande. Algunos buscan ganar más dinero y otros un nuevo horizonte que les permita tener un trabajo estable y una vida simplemente mejor.
Edgar Huentelaf llegó hace un par de días desde Valcheta, la localidad ubicada a la vera de la Ruta 23 a más de 200 kilómetros de Sierra Grande. Son cinco en la familia y espera encontrar trabajo en albañilería o en trabajos de electricidad. “Soy un buscavidas”, se definió. Por ahora en una casa de parientes, se quejó por el fuerte aumento de los alquileres en las últimas semanas, que pasaron de 250 mil pesos a casi 700 mil pesos por una vivienda común. Sin embargo no se desanima y desde su voz tranquila espera tener su “oportunidad” para “dejarle algo a sus hijos”.
Edgard Huentelaf, de Valcheta a Sierra Grande en búsqueda de oportunidades. (Foto: Juan Thomes)
Cómo es la obra que se está realizando en Punta Colorada
La obra que comenzó la empresa Milicic en Sierra Grande ocupará un predio de 95 hectáreas y allí estarán los cinco tanques de almacenamiento del petróleo de Vaca Muerta. Luego llegará otra empresa, la española Técnicas Reunidas, para el montaje de los tanques.
La firma rosarina Milicic tiene una reconocida trayectoria en obras civiles, de infraestructura y ductos en la cuenca petrolera de Neuquén, con una sede también en Añelo.
El gerente del proyecto, Fernando Logarzo, explicó a Río Negro los alcances de la obra que están realizando, los plazos y el empleo que generará.
“Estamos en ejecutando un contrato que se llama Early Works (movimientos tempranos). Consta del movimiento de suelo y las fundaciones para los cinco tanques de crudo”, señaló Logarzo.
“Son los anillos de hormigón armados de unos 80 m de diámetro. Cinco bases para para los tanques de crudo y todo el movimiento de suelo que que implica excavar, nivelar y compactar el suelo para conformar toda la superficie”.
Según indicó el gerente del proyecto, la obra está planificada para ocho meses y calculan que terminarán entre agosto y septiembre de este año.
Actualmente en el predio cercano a Punta Colorada están trabajando unas 100 personas y según Logarzo se emplearán alrededor de 250 en el pico de los trabajos, que sería en julio.
Para Milici el proyecto en Punta Colorada es uno de losmás importantes del del año, indicó el gerente del proyecto, quien destacó la relación que se estableció con Sierra Grande. “Hemos sido recibidos muy bien por toda la comunidad. Hacemos reuniones semanales de coordinación donde están Milicic, YPF , la Secretaría de Energía de la provincia y la municipalidad de Sierra Grande”, informó.
En esas reuniones se hace un seguimiento de la obra y la relación con la comunidad de Sierra Grande. “La verdad que la la relación va muy bien y tenemos muy buena sinergia”, remarcó Logarzo. También se trabaja con la bolsa de trabajo de la Uocra, con sus representantes Damian Miller, a nivel zonal, y Jorge Pazos, en SierraGrande.
Tres hombres fueron acusados este jueves 24 de haber exigido la entrega de dinero a cuatro trabajadores que construyen un galpón en un predio del Parque Industrial de Centenario. El delito que la fiscalía les atribuye es el de extorsión en grado de tentativa.
El fiscal Juan Narváez señaló en su acusación que todo ocurrió el 23 de abril. En un primer momento, uno de los imputados a los que aún no se le formularon cargos, L.A.M., se presentó en la obra del galpón y le manifestó a una de las personas que trabajaba en el lugar que “tendrían que haber arreglado con ellos”. La referencia fue a un primer contacto telefónico que había mantenido uno de los imputados el día lunes 14 de abril, en el que se presentó como personal de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y exigió 4.000.000 de pesos para dejarlos trabajar.
Sin embargo, la víctima le respondió que no le iba a pagar nada y L.A.M. se retiró del lugar. Dos horas más tarde, regresó junto a L.A., quien se encuentra en su misma situación procesal, a bordo de un automóvil marca Chevrolet Corsa de color verde claro y otras tres personas que llegaron en una camioneta, identificadas como F.V.J.O., A.J.A. y E.F.C.
Narvaez relató que “F.V.J.O., quien vestía una remera de la UOCRA, es quien dirigía a las personas”, y dijo que al llegar al lugar y descender de los vehículos, “el imputado L.A.M. rompió una cinta de peligro que estaba colocada en el lugar, delimitando la obra, y todos ingresaron”.
“F.V.J.O. se acercó a los trabajadores y comenzó a recriminarles que ellos no podían trabajar allí, que debían ‘arreglar’ con ellos para poder continuar con la obra, exigiendo de esa manera hacer algo contra su voluntad de manera intimidatoria”. Las víctimas volvieron a negarse, por lo que F.V.J.O. le dijo al resto que bajaran “todo de la camioneta” por si llegaban “los otros” y agregó “en la mochila está todo”. Esta última frase, sostuvo el fiscal de Delitos Económicos, generó temor en las víctimas con relación el posible uso de armas de fuego para amedrentarlos. Por eso llamaron a la policía, que demoró a las tres personas que habían llegado a bordo de la camioneta: F.V.J.O., A.J.A. y E.F.C.
Durante la audiencia realizada ayer, Narváez les formuló cargos por el delito de extorsión, en grado de tentativa y en carácter de coautores y pidió dos meses para realizar la investigación.
Explicó que a los otros dos imputados se les atribuye haber participado en el mismo hecho y advirtió que las víctimas son personas “que no están afiliadas al gremio, que son monotributistas y que provienen de otras provincias”.
Medida cautelar
El representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que las víctimas sienten temor luego de lo ocurrido y que pretenden terminar el trabajo que estaban realizando, por lo que pidió protegerlas respecto del accionar de “matones” y “patoteros”. “Esta conducta desplegada, más allá de que es un delito en sí mismo, representa un riesgo de entorpecimiento de la investigación y de que algo le suceda a las víctimas”, explicó y solicitó a la jueza Carina Álvarez que imponga a los acusados restricciones de acercamiento y de contacto a las víctimas.
Tras escuchar a las partes, la jueza hizo lugar a la formulación de cargos y a las medidas cautelares por 6 meses. Además, fijó el plazo de la investigación en dos meses.
Integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) quedaron bajo investigación judicial en una causa por aprietes en Parque Industrial de Centenario. Cuatro trabajadores de un galpón denunciaron que les exigieron dinero para poder seguir construyendo. Hay cinco imputados.
Este jueves, el fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat formularon cargos a tres personas y detallaron que hay otras dos que no fueron demoradas en el momento, pero que también están imputadas.
Según detalló el fiscal, el primer contacto entre las víctimas y los acusados fue por vía telefónica, el pasado 14 de abril.
Allí, uno de los imputados se presentó como personal de la Uocra y le exigió $4.000.000 para dejarlos trabajar.
Luego, el pasado miércoles 23 de abril cerca del mediodía, uno de los acusados (que aún no tiene cargos) se presentó en la obra y le manifestó a uno de los obreros que «tendrían que haber arreglado con ellos».
Sin embargo, el trabajador respondió que no iba a pagar nada. El hombre se retiró del lugar y luego volvió acompañado por otro (que tampoco tiene cargos) a bordo de un Chevrolet Corsa, mientras que a su vez también arribaron en una camioneta otras tres personas.
Uno de los cinco vestía una remera del sindicato y era quien dirigía al resto, aseguró Narváez: “El imputado rompió una cinta de peligro que estaba colocada en el lugar, delimitando la obra, y todos ingresaron”.
Allí, uno de los intimadores se acercó a los trabajadores y les recriminó que debían «arreglar» para poder continuar con la obra.
Ante una nueva negativa, el hombre de la Uocra que dirigía al resto les ordenó que bajaran «todo de la camioneta» por si llegaban «los otros» y sentenció: «En la mochila está todo».
La última frase asustó a los presentes, ya que interpretaron que podían ser armas de fuego, por lo que llamaron a la policía, quienes pudieron demorar a tres personas.
La fiscalía formuló cargos y ordenó medidas cautelares contra los imputados
El fiscal les formuló cargos a los tres detenidos por extorsión en grado de tentativa y pidió dos meses para avanzar con la investigación.
Asimismo, explicó que al resto de los imputados se les atribuye haber participado en el mismo hecho, pero que en los próximos días se evaluará su situación y su grado de participación.
Por otra parte, Narváez advirtió que las víctimas son personas que no están afiliadas al gremio: «Son monotributistas y provienen de otras provincias”.
En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó que los trabajadores sienten temor luego de lo ocurrido, pero pretenden terminar el trabajo que estaban realizando, por lo que pidió protegerlas respecto del accionar de “matones” y “patoteros”.
“Esta conducta desplegada, más allá de que es un delito en sí mismo, representa un riesgo de entorpecimiento de la investigación y de que algo le suceda a las víctimas”, explicó y solicitó a la jueza Carina Álvarez que imponga a los acusados restricciones de acercamiento y de contacto a las víctimas.
La jueza hizo lugar a la formulación de cargos y a las medidas cautelares, las cuales durarán por el plazo de 6 meses; mientras que la investigación concluirá en junio.
Acusan a tres personas por extorsionar a obreros en una construcción en Centenario
25-04-2025
Neuquén- El fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat formularon cargos a tres personas que, junto a otras dos que son investigadas por su participación en el mismo hecho, exigieron dinero a cuatro trabajadores que se encontraban construyendo un galpón en un predio del Parque Industrial de Centenario.
Narvaez precisó que todo ocurrió el 23 de abril en horas del mediodía, pero que telefónicamente, uno de los imputados había realizado la misma exigencia en días previos. Agregó además que por el momento se formularon cargos a tres personas, pero que hay otras dos que no fueron demoradas en el momento y que también están imputadas. En los próximos días se evaluará su situación y se avanzará respecto de su participación.
La teoría del caso que planteó Narvaez es que en un primer momento, uno de los imputados a los que aún no se le formularon cargos, L.A.M, se presentó en la obra del galpón y le manifestó a una de las personas que trabajaba en el lugar que “tendrían que haber arreglado con ellos”. La referencia fue a un primer contacto telefónico que había mantenido uno de los imputados el día lunes 14 de Abril, en el que se presentó como personal de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y exigió $4.000.000 para dejarlos trabajar.
Sin embargo, la víctima le respondió que no le iba a pagar nada, y L.A.M se retiró del lugar. Dos horas más tarde regresó junto a L.A, quien se encuentra en su misma situación procesal, a bordo de un automóvil marca Chevrolet corsa de color verde claro; y otras tres personas que llegaron en una camioneta: F.V.J.O, A.J.A y E.F.C.
Narvaez relató que “F.V.J.O, quien vestía una remera de la UOCRA, es quien dirigía a las personas”, y dijo al llegar al lugar y descender de los vehículos, “el imputado L.A.M rompió una cinta de peligro que estaba colocada en el lugar, delimitando la obra, y todos ingresaron”.
“F.V.J.O se acercó a los trabajadores y comenzó a recriminarles de que ellos no podían trabajar allí, que debían `arreglar´ con ellos para poder continuar con la obra, exigiendo de esa manera hacer algo contra su voluntad de manera intimidatoria”. Las víctimas volvieron a negarse, por lo que F.V.J.O le dijo al resto que bajaran “todo de la camioneta” por si llegaban “los otros” y agregó “en la mochila está todo”. Esta última frase, sostuvo el fiscal de Delitos Económicos, generó temor en las víctimas, en relación al posible uso de armas de fuego para amedrentarlos. Por eso llamaron a la policía, que demoró a las tres personas que habían llegado a bordo de la camioneta: F.V.J.O, A.J.A y E.F.C.
Durante la audiencia realizada ayer, Narvaez les formuló cargos por el delito de extorsión, en grado de tentativa y en carácter de coautores (artículos 168, 45 y 42 del Código Penal), y pidió dos meses para realizar la investigación.
Explicó que a los otros dos imputados se les atribuye haber participado en el mismo hecho y advirtió que las víctimas son personas “que no están afiliadas al gremio, que son monotributistas y que provienen de otras provincias”.
Medida cautelar
El representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que las víctimas sienten temor luego de lo ocurrido y que pretenden terminar el trabajo que estaban realizando, por lo que pidió protegerlas respecto del accionar de “matones” y “patoteros”. “Esta conducta desplegada, más allá de que es un delito en sí mismo, representa un riesgo de entorpecimiento de la investigación y de que algo le suceda a las víctimas”, explicó, y solicitó a la jueza Carina Álvarez que imponga a los acusados restricciones de acercamiento y de contacto a las víctimas.
Tras escuchar a las partes, la jueza hizo lugar a la formulación de cargos y a las medidas cautelares por 6 meses. Además, fijó el plazo de la investigación en dos meses.
Tres acusados por extorsionar a trabajadores de una obra en Centenario
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Son los tres integrantes de la UOCRA y el fiscal pidió proteger a las víctimas de “matones” y “patoteros”.
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El fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat formularon cargos a tres personas que, junto a otras dos que son investigadas por su participación en el mismo hecho, exigieron dinero a cuatro trabajadores que se encontraban construyendo un galpón en un predio del Parque Industrial de Centenario.
Narvaez precisó que todo ocurrió el miércoles 23 de abril en horas del mediodía, pero que telefónicamente, uno de los imputados había realizado la misma exigencia en días previos. Agregó además que por el momento formularon cargos a tres personas, pero que hay otras dos que no fueron demoradas en el momento y que también están imputadas, por lo que en los próximos días se evaluará su situación y se avanzará respecto de su participación.
La teoría del caso que planteó Narvaez es que en un primer momento, uno de los imputados a los que aún no se le formularon cargos, L.A.M, se presentó en la obra del galpón y le manifestó a una de las personas que trabajaba en el lugar que “tendrían que haber arreglado con ellos”. La referencia fue a un primer contacto telefónico que había mantenido uno de los imputados el día lunes 14 de Abril, en el que se presentó como personal de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y exigió $4.000.000 para dejarlos trabajar.
Sin embargo, la víctima le respondió que no le iba a pagar nada, y L.A.M se retiró del lugar. Dos horas más tarde regresó junto a L.A, quien se encuentra en su misma situación procesal, a bordo de un automóvil marca Chevrolet corsa de color verde claro; y otras tres personas que llegaron en una camioneta Volkswagen Amarok: F.V.J.O, A.J.A y E.F.C.
Narváez relató que “F.V.J.O, quien vestía una remera de la UOCRA, es quien dirigía a las personas”, y dijo al llegar al lugar y descender de los vehículos, “el imputado L.A.M rompió una cinta de peligro que estaba colocada en el lugar, delimitando la obra, y todos ingresaron”.
“F.V.J.O se acercó a los trabajadores y comenzó a recriminarles de que ellos no podían trabajar allí, que debían `arreglar´ con ellos para poder continuar con la obra, exigiendo de esa manera hacer algo contra su voluntad de manera intimidatoria”. Las víctimas volvieron a negarse, por lo que F.V.J.O le dijo al resto que bajaran “todo de la camioneta” por si llegaban “los otros” y agregó “en la mochila está todo”. Esta última frase, sostuvo el fiscal de Delitos Económicos, generó temor en las víctimas, en relación al posible uso de armas de fuego para amedrentarlos. Por eso llamaron a la policía de la Comisaría Quinta, que demoró a las tres personas que habían llegado a bordo de la camioneta.
Durante la audiencia realizada ayer, Narvaez les formuló cargos por el delito de extorsión, en grado de tentativa y en carácter de coautores (artículos 168, 45 y 42 del Código Penal), y pidió dos meses para realizar la investigación. Explicó que a los otros dos imputados se les atribuye haber participado en el mismo hecho y advirtió que las víctimas son personas “que no están afiliadas al gremio, que son monotributistas y que provienen de otras provincias”.
Medida cautelar
El representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que las víctimas sienten temor luego de lo ocurrido y que pretenden terminar el trabajo que estaban realizando, por lo que pidió protegerlas respecto del accionar de “matones” y “patoteros”. “Esta conducta desplegada, más allá de que es un delito en sí mismo, representa un riesgo de entorpecimiento de la investigación y de que algo le suceda a las víctimas”, explicó, y solicitó a la jueza Carina Álvarez que imponga a los acusados restricciones de acercamiento y de contacto a las víctimas.
Tras escuchar a las partes, la jueza hizo lugar a la formulación de cargos y a las medidas cautelares por 6 meses. Además, fijó el plazo de la investigación en dos meses.
A pocas horas de que saliera a la luz el violento hecho protagonizado por tres gremialistas de la UOCRA, se conoció que la fiscalía ya acusó a tres de los cinco involucrados identificados. El fiscal ordenó prohibiciones de acercamiento y contacto para los imputados, a quienes calificó de “matones” y “patoteros”. Exigían millones de pesos a las víctimas para dejarlos trabajar.
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El jueves en una audiencia en Ciudad Judicial, el fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat formularon cargos a tres personas: Francisco Víctor Ojeda, Alfredo Jesús Álvarez y Enzo Francisco Cares. Otras dos que son investigadas por su participación en el mismo hecho aun no fueron citadas. Ellos cinco habrían participado de las agresiones y exigencia de dinero a los trabajadores.
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Narvaez precisó que todo ocurrió el pasado miércoles 23 de abril en horas del mediodía, pero que telefónicamente, uno de los imputados había realizado la misma exigencia en días previos.
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La teoría del caso que planteó Narvaez es que en un primer momento, uno de los imputados a los que aún no se le formularon cargos, identificado como «L.A.M», se presentó en la obra del galpón y le manifestó a una de las personas que trabajaba en el lugar que “tendrían que haber arreglado con ellos”. La referencia fue a un primer contacto telefónico que había mantenido uno de los imputados el día lunes 14 de abril, en el que se presentó como personal de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y les exigió $4.000.000 para dejarlos trabajar.
Sin embargo, la víctima le respondió que no le iba a pagar nada, y «L.A.M» se retiró del lugar. Dos horas más tarde, regresó junto a un cómplice, «L.A», a bordo de un automóvil marca Chevrolet corsa de color verde claro; y otras tres personas que llegaron en una camioneta: Ojeda, Álvarez y Cares.
Narvaez relató que “Ojeda, quien vestía una remera de la UOCRA, es quien dirigía a las personas”, y dijo al llegar al lugar y descender de los vehículos, “el imputado ‘L.A.M’ rompió una cinta de peligro que estaba colocada en el lugar, delimitando la obra, y todos ingresaron”.
“Ojeda se acercó a los trabajadores y comenzó a recriminarles de que ellos no podían trabajar allí, que debían ‘arreglar’ con ellos para poder continuar con la obra, exigiendo de esa manera hacer algo contra su voluntad de manera intimidatoria”, relató el fiscal.
Las víctimas volvieron a negarse, por lo que Ojeda le dijo al resto que bajaran “todo de la camioneta” por si llegaban “los otros” y agregó “en la mochila está todo”. Esta última frase, sostuvo el fiscal de Delitos Económicos, generó temor en las víctimas, en relación al posible uso de armas de fuego para amedrentarlos. Por eso llamaron a la Policía, que arribó en pocos minutos y demoró a las tres personas que habían llegado a bordo de la camioneta: Ojeda, Álvarez y Cares.
Las víctimas tienen temor
Por todo esto, Narvaez les formuló cargos a ellos tres por el delito de extorsión, en grado de tentativa y en carácter de coautores, y pidió dos meses para realizar la investigación.
Explicó que a los otros dos imputados («L.A.M» y «L.A») se les atribuye haber participado en el mismo hecho y advirtió que las víctimas son personas “que no están afiliadas al gremio, que son monotributistas y que provienen de otras provincias”.
El representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que las víctimas sienten temor luego de lo ocurrido y que pretenden terminar el trabajo que estaban realizando, por lo que pidió protegerlas respecto del accionar de “matones” y “patoteros”.
“Esta conducta desplegada, más allá de que es un delito en sí mismo, representa un riesgo de entorpecimiento de la investigación y de que algo le suceda a las víctimas”, explicó, y solicitó a la jueza Carina Álvarez que imponga a los acusados restricciones de acercamiento y de contacto a las víctimas.
Tras escuchar a las partes, la jueza hizo lugar a la formulación de cargos y a las medidas cautelares por seis meses. Además, fijó el plazo de la investigación en dos meses.
En los próximos días, se evaluará la situación de los imputados restantes y se avanzará respecto de su participación.
El fiscal Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat presentaron cargos contra tres personas por extorsionar a cuatro trabajadores que construían un galpón en el Parque Industrial de Centenario. Los acusados, junto a otras dos personas aún no detenidas, habrían exigido una suma de dinero a los obreros para permitirles continuar con su labor.
El 23 de abril, uno de los imputados, L.A.M, se presentó en la obra y comunicó a los trabajadores que debían pagar $4.000.000 para poder seguir trabajando, refiriéndose a un contacto telefónico previo del 14 de abril, en el cual se había presentado como miembro de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Ante la negativa de los obreros, L.A.M se retiró, pero regresó dos horas después con otros implicados, incluyendo a F.V.J.O, quien, según el fiscal, lideraba el grupo.
Al llegar, F.V.J.O y los demás ingresaron en la obra, intimidando a los trabajadores con amenazas y exigiendo el pago bajo amenaza de consecuencias graves. Ante el temor de que los acusados pudieran estar armados, las víctimas llamaron a la policía, que detuvo a tres de los implicados.
El fiscal acusó a los imputados de extorsión en grado de tentativa, solicitando dos meses de investigación para continuar con el caso. Además, pidió que se impusieran medidas cautelares para proteger a las víctimas, quienes temen por su seguridad.
Momentos de mucha tensión se vivieron el miércoles cuando una facción de la UOCRA irrumpió en una obra en construcción, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok y un auto Chevrolet Corsa. Ingresaron de prepo en un lote que está ubicado sobre la calle Córdoba al fondo, en Centenario, donde se edifica un galpón.
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¿Hubo coima? ¿Se disputan el control de las obras y el territorio? Una versión indica que las personas que dijeron pertenecer al gremio UOCRA comenzaron a exigir dinero e intimidaron a los trabajadores, manifestando que dentro de uno de los vehículos tenían un arma de fuego.
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Según consta en el acta policial, al lugar ingresaron cinco personas sin autorización, tras romper una cinta perimetral. Cortaron el ingreso con una camioneta y obligaron a los obreros a interrumpir su trabajo. No está claro aún si en el fondo lo que está en juego es una disputa por el poder de las obras y el terreno.
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Trascendió también desde hace un tiempo que algunos delegados de la UOCRA exigirían el pago de coimas millonarias para continuar con los trabajos en el sector. Más allá de esa conjetura, lo cierto es que ya interviene la fiscalía para establecer qué pasó.
En efecto, tres hombres ya fueron demorados y la camioneta Amarok involucrada fue secuestrada. Es inminente su requisa en busca del arma de fuego que supuestamente tenían en su poder los sospechosos.
Fuentes judiciales informaron a LMNeuquén que el fiscal Juan Manuel Narváez de Delitos Económicos formuló cargos este jueves a tres personas por el delito de tentativa de extorsión.
Los imputados son Francisco Víctor Ojeda, quien se habría identificado como jefe del gremio; Alfredo Jesús Álvarez y Enzo Francisco Cares, dos de los hombres que lo acompañarían al momento del hecho.
Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó también que, como medida cautelar, Narváez pidió que los sospechosos no se puedan acercar a la obra. «Hay otros dos más en investigación a los que la fiscalía tiene previsto formularle cargos», agregaron.
También se solicitó la prohibición de contacto con las víctimas.
Otros «aprietes» en Vaca Muerta
El conflicto interno en la UOCRA no es nuevo y suma varios capítulos de violencia en Neuquén. Hace poco también se presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal que detalla los graves episodios de agresiones físicas, amenazas y daños materiales en distintos puntos de la provincia, en el contexto de una disputa por el control territorial del gremio.
El documento, que ya está en manos de la justicia, menciona dos hechos principales. El primero ocurrió el 13 de febrero en la Ruta 51, a la altura del acceso a “Entre Lagos”, donde un grupo de hombres liderados por Natalio Benavídez, vocal de la UOCRA con competencia territorial en Cutral Có y Plaza Huincul, irrumpió en una obra de la empresa AESA.
En la denuncia realizada en el gremio UOCRA aparecen filmaciones, fotografías y audios de las agresiones.
Hay zonas de conflicto, como el yacimiento Sierra Barrosa y Laje, donde pese a las delimitaciones que hicieron los sectores gremiales ante la subsecretaria de Trabajo de la provincia, el pacto se rompe y no se cumple.
El segundo episodio ocurrió el 21 de marzo en Rincón de Aranda. Según la denuncia, trabajadores de SACDE harían sido intimidados por personas vinculadas a Acsama, quienes les advirtieron que debían abandonar la obra “o atentarían contra su integridad física”.
Estos «aprietes» se habrían repetido durante varios días, hasta que finalmente la facción afectada del líder de Añelo, Juan Carlos Levi, decidió tomar medidas y paralizar la actividad con una “retención de tareas” en reclamo de seguridad.
