Promueven nueva ley de declaraciones juradas de la función pública
El diputado César Gass (JxC-UCR), acompañado por pares de otros bloques, presentó un proyecto para crear un nuevo marco normativo que regule la presentación de las declaraciones juradas del patrimonio de funcionarios públicos. A tal fin, la propuesta deroga la ley 5 –de seis décadas de vigencia- y recae sobre funcionarios y empleados públicos de los tres Poderes del Estado provincial.
El articulado detalla el alcance de la medida que, en el Poder Ejecutivo, comprenderá desde el gobernador hasta el rango de directores generales; para el Poder Legislativo será para autoridades de Cámara y diputados y en el Judicial para vocales del Tribunal Superior de Justicia, magistrados y funcionarios de todas las instancias.
Deberán hacer lo propio autoridades y funcionarios del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía de Estado, del Banco Provincia del Neuquén (BPN), del Consejo de la Magistratura y de toda empresa, sociedad, cooperativa y demás entes con participación estatal. También se contemplan intendentes y funcionarios públicos de aquellos municipios que adhieran a la ley, una vez sancionada.
Para todos los casos, la medida alcanza también a todo personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre o fiscalice patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones y recepción de bienes y participe en licitaciones y concursos.
El articulado establece que dichas declaraciones serán de carácter público y de libre acceso, y estarán disponibles en el sitio de internet de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación.
La presentación deberá realizarse al asumir el cargo, en un plazo que no supere los 30 días desde entonces, e inmediatamente después de abandonar la función pública. Se hará ante cada oficina de personal de la respectiva dependencia pública, en sobre cerrado, las que lo elevarán a la Escribanía General de Gobierno. Deberán anexarse, además, las declaraciones juradas patrimoniales –de carácter reservado y exentas de publicidad- correspondientes al cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados. La información de la declaración deberá actualizarse anualmente.
Las declaraciones juradas patrimoniales serán iguales a las del impuesto a las ganancias y a las del impuesto sobre los bienes personales que se presentan ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En particular, detallarán inmuebles en el país y el exterior; derechos reales constituidos sobre bienes; automotores, naves y aeronaves bienes muebles y semovientes -registrados en el país y en el exterior-; bienes de lujo o suntuosos, joyas, dinero y depósitos en dinero en instituciones dentro y fuera del país; títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales; patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país; monedas virtuales o digitales, criptoactivos o similares; créditos y derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y similares, patentes y demás de la propiedad industrial o inmaterial.
En los fundamentos, el legislador asegura que la medida deriva de la necesidad de “aggiornar el actual régimen” en la materia que cuenta con un marco legal “incogruente” frente a las actuales demandas sociales de prevenir y condenar la corrupción y promover prácticas más transparentes.
Más adelante, tras remitir al marco constitucional e internacional vinculado a políticas de anticorrupción, recuerda que la ley vigente fue sancionada en el año 1958, y recae sobre un universo muy pequeño de funcionarios. Además, remarca que la información es secreta, solo accesible en casos excepcionales.
El proyecto de ley (18343) ingresó por Mesa de Entradas el 14 de mayo con la firma de César Gass (JxC-UCR); Brenda Buchiniz (Cumplir); Federico Méndez, Cecilia Papa y Mónica Guanque (Democracia Neuquén).
Camino al proceso de renovación de autoridades de este 2026, un grupo de dirigentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) empezó a trabajar en los últimos meses para conformar una lista de unidad y designar, en acuerdo, a la nueva conducción del partido que gobernó la provincia durante seis décadas.
La iniciativa fue confirmada por el diputado provincial, Claudio Domínguez, quien anticipó que las elecciones deberían realizarse «entre julio y agosto», porque los mandatos vigentes finalizan en septiembre.
Los máximos órganos del partido son la Junta de Gobierno y la Convención, que desde 2022 están a cargo de los dos últimos exgobernadores de Neuquén: Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, respectivamente.
Interna del MPN: intendente, exintendentes y referentes
Domínguez se describió como afiliado del MPN, pero aclaró que hoy se encuentra trabajando dentro de Primero Neuquén, el partido que creó el intendente capitalino, Mariano Gaido.
Aseguró, no obstante, que ambos espacios acompañarán la reelección del gobernador Rolando Figueroa, de quien defendió su forma de gestionar la provincia por hacerlo de manera eficiente y con proyectos de infraestructura en marcha.
Sobre el MPN, en concreto, indicó que existe un trabajo activo para consensuar «una lista única» que comprende a intendentes, exintendentes y referentes territoriales del partido en el interior de la provincia, más allá del peso propio que tiene la Confluencia, la región con mayor cantidad de electores en Neuquén.
Dijo que el proceso es conducido por el diputado del espacio y presidente de su bloque en la Legislatura, Gabriel Álamo, en conjunto con «coordinadores regionales» como el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, para la zona sur, y el exjefe comunal de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, para el norte.
Internas del MPN: «Hay que aportar al partido»
Domínguez pidió a las «personas que deseen ocupar un lugar» en el partido que empiecen «a aportar al MPN», señalando que en la actualidad «son contados con los dedos de la mano» los dirigentes que efectivamente lo hacen.
En declaraciones a la emisora Cumbre, también le bajó el tono al lanzamiento que hizo el exintendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, para competir como candidato a la presidencia de la agrupación. Afirmó sobre su postulación que muchas veces «los dirigentes hacen anuncios para que los llamen y está bien».
El MPN, además de su Junta de Gobierno y la Convención, en los que también existen cargos adjuntos, tiene que renovar las 22 seccionales que conforman su estructura partidaria en toda la provincia.
La propuesta para arribar a una lista única ya había sido adelantada a principios de año por Diario RÍO NEGRO, posiblemente, como una opción para revitalizar el partido sin generar nuevos quiebres luego de la derrota electoral de 2023.
Interna del MPN: qué dijeron Figueroa y Gaido
Figueroa y Gaido fueron consultados en un acto conjunto el jueves pasado por este medio sobre la situación del MPN, pero declinaron de hacer comentarios y, en el caso del intendente, se hizo foco «en la gestión, que hoy es la prioridad».
«En 2019 llevamos diferentes sectores políticos que fueron desde el peronismo al radicalismo y el MPN que hoy se están unifcando en Primero Neuquién. Hoy mi cabeza está en la gestión y el ciudadano vota al que hace», añadió el mandatario capitalino.
El histórico partido provincial es el primero en número de afiliados en Neuquén, aunque con una cifra mucho menor respeco al pico de mediados de los 2000. Hasta abril, informó este diario, el padrón superaba las 88.000 personas, dejando atrás por amplio margen al PJ y la UCR.
Piloto automático para el Gabinete, concentrado en garantizar los servicios esenciales y en neutralizar conflictos.
Mientras tanto, el gobernador Weretilneck buscará revitalizar la gestión con sus giras y el impulso de las inversiones petroleras. El refuerzo territorial quedará supeditado, en gran medida, a la pretendida reactivación partidaria.
Los ingresos nacionales siguen en retroceso y Hacienda amortigua parcialmente esa caída con un alza en la recaudación propia, que en el primer trimestre creció un 7,1% en términos reales. Además, se cumple con los adelantos de coparticipación otorgados por Nación y, en la última semana, Río Negro percibió 45.000 millones de pesos. Deben restituirse a partir de agosto, pero permiten atravesar la coyuntura mientras se esperan ingresos más estables y genuinos.
La negociación y un mes menos
El Ejecutivo ratificó su diseño de actualización salarial anclado a la inflación. El mecanismo ya se aplicó durante el primer cuatrimestre, con incrementos bimestrales, y ahora se propone extenderlo entre junio y septiembre, con subas previstas para los salarios de junio y agosto.
La ingeniería de la negociación dejó una curiosidad política y matemática: el segundo tramo incluye septiembre, y los esquemas salariales cubren ocho meses.Un mes -mayo- parece haberse extraviado. Ese detalle seguramente reaparecerá en futuras discusiones paritarias.
Entre enero y abril, los salarios estatales subieron un 11%, mientras que la inflación nacional alcanzó el 12,3%. La brecha se amplía si se observa el último año: desde marzo de 2025, los haberes crecieron un 25%, y la inflación acumuló un 37%. El desfasaje se produjo en el último trimestre del año pasado, cuando no hubo incrementos. Es cierto, también, como dice el Gobierno, que la ecuación en el 2024 fue distinta: los aumentos de haberes se ubicaron por encima de los índices inflacionarios.
Weretilneck mantiene relativamente controlado el frente sindical. Su relación con ATE es el sostén de esa estabilidad, apalancada en el vínculo con su mandamás, Rodolfo Aguiar. Hoy no se registra interlocución real con el resto de los gremios. UPCN se retiró del Consejo de la Función Pública y Unter sostiene una postura abiertamente confrontativa.
La movilización de JSRN y el arranque de Soria
La cuestión gremial se introdujo el viernes en la reunión de Gabinete. Pero la novedad del encuentro estuvo en que Weretilneck evitó su habitual arenga política. Ocurre que la tarea de agitar la estructura quedó en manos de la nueva conducción de JSRN, encabezada por Rodrigo Buteler, que prepara un acto y gran movilización para el 30 de mayo en Cipolletti. Asunciones y muestra de volumen político.
El trajín y las críticas oficialistas también obligaron a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, a ponerse en marcha. Pensaba comenzar con la campaña a la Gobernación “después del Mundial”, pero alteró sus plazos. Sus primeros desplazamientos generaron ruido en distintas tribus.
La UCR, socia de JSRN, quedó incómoda cuando el presidente de la Juventud Radical, Facundo Tapia Blanco, se mostró dispuesto a «dialogar» con Soria sobre un eventual frente político.
En el PJ, las acciones individuales de la jefa comunal inquietaron y, por eso, el miércoles, su presidente, Sergio Hernández, fue a Roca y se juntó con ella para coordinar movimientos. Así se confirmó un llamado amplio de dirigentes peronistas y aliados para el 6 de junio en Choele Choel. Allí, Soria contará su estrategia y se definirán los actores del armado. Otra actitud de la roquense: el viernes fue al aniversario de Lamarque y se reencontró con sus pares peronistas.
Mientras tanto, Aníbal Tortoriello administra sus fases y evita caer en la ansiedad que domina a otros espacios.
Hay otros que juegan y se muestran, como el vicegobernador Pedro Pesatti y el exintendente Gustavo Gennuso.
La carrera, por ahora, parece más de posicionamiento que de definiciones. Pero la campaña se despereza antes de tiempo.
A Rubén Campos le aplicaron la misma que al banco: ¡Stop Debit familiar! Con la sabiduría de un zorro viejo, el exintendente gambeteó definiciones, pero confesó que sus 6 hijos, 11 nietos y su señora le bajaron el pulgar a la rosca. Ahora, en vez de internas, le toca lidiar con el búnker de arena, dijo a radio Cordillerana.
Di Fonzo le puso ritmo al MPN
Nicolás Di Fonzo desempolvó el hit de 1986 y “El Movimiento Va” por la interna del MPN. Con Naldo Labrin renovando su joyita, la mística está a full. ¿Será que con este remix juvenil el exintendente de El Chocón logra que todos bailen a su ritmo? A 35 años del estreno, la vieja guardia se pone moderna y el bombo no para.
Taquimilán en su laberinto
Para no quedar a la sombra del gigante Sagrado Corazón de Jesús de Huinganco, Taquimilán activó su propio plan: el Laberinto Ciudad Encantada. Entre “Caminatas con Historia” y ligustros, el pueblo busca que el turismo no pase de largo por la Ruta 40. ¿Lograrán los visitantes salir del laberinto antes de que el Cristo los encuentre?
Billetera petrolera mata galán del norte
A “Rolo” le tiraba el corazón por Huinganco o Chos Malal, pero el que no llora no mama y el que tiene petróleo, clava convenio. El León de Rincón se llevó 200 “palitos” para el Federal A. Entre tanto viaje y kilómetros, Figueroa soltó el aporte para que los petroleros sigan rugiendo. En la cancha y en el banco manda Rincón.
Namuncurá soltó el 57% y pateó el tablero
A Claudia Namuncurá el jueves se le hizo eterno entre trámites y despedidas. Triste por ver cómo se licuó aquel 57% de votos, la exaliada de Bertolini no anduvo con vueltas: culpó a la falta de respuestas y le apuntó directo al entorno del intendente. Entre la Carta Orgánica y el hartazgo social, Claudia cerró la puerta y dejó a los funcionarios bajo la lupa. Ahora hay que dar respuestas. ¡Final anunciado!
Limpieza profunda en el PJ: ni las tortas fritas se salvaron
En la calle Roca, al lado del local bailable Los Años 60, el concepto de “renovación” se tomó demasiado en serio. Los vecinos se desayunaron con una postal de surrealismo militante: los históricos trapos del “Pampa” Peralta y los emblemas de Unión por la Patria terminaron en el contenedor, compartiendo destino con una vieja cocina que, de tanto hornear lealtades y tortas fritas, se jubiló sin aportes. Parece que el “parrillismo” y la nueva comisión pasaron la escoba y no dejaron ni el escudo. ¿Será una mudanza espiritual o es que los símbolos ya pesan menos que una promesa de campaña? Entre roscas quemadas y estandartes al sol, el Partido Justicialista (es donde tiene su histórica sede) demuestra que para algunos la doctrina se defiende… y para otros, ¡se despacha directo al camión de la basura!
Río Negro
Nueva conducción en el sindicato Vial
Sohar Marinero (secretario General) y José Calderón (Adjunto) se impusieron en la reciente elección en el Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro. Participó el 85,26% de los afiliados y la Lista Amarilla obtuvo el acompañamiento mayoritario con el 58,8% de los votos, contra el 41,2% de la Lista Blanca.
Los viajes oficiales a Estados Unidos
La Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina promueve intercambios y se focaliza en funcionarios rionegrinos. El ministro Agustín Ríos viajó en abril a Washington y su par de Salud, Demetrio Thalasselis luego fue a Boston. En días, los intendentes Rodrigo Buteler y Roxana Fernández irán a Houston.
La política incursiona en el poder deportivo
La política se cruza con el deporte y hasta desafían los lazos partidarios. Así, la dirigencia de JSRN de Roca y Cipolletti se diferencian en el proceso electoral de la Liga Confluencia. El jefe cipoleño Rodrigo Buteler respalda la continuidad de Carlos Rojas en la presidencia pero, en cambio, los roquenses Fabián Zgaib y Tania Lastra resisten y piensan en otra opción.
Una asunción sindical y una distancia evidente
Mario Floriani ya es vocal gremial en el CPE (Marcelo Nervi se jubiló). El miércoles lo recibió la ministra Patricia Campos y el hecho se difundió en la previa de la paritaria. Así se puso más en evidencia la ausencia del vocal sindical de la negociación de la Unter y Educación. Floriani no integra el oficialismo gremial y las diferencias no se disimulan.
Una inclusión que sorprendió hasta a la dirigencia de LLA
El senador libertario Enzo Fullone sorprendió con el fichaje e incorporación del legislador radical Claudio Doctorovich al bloque de LLA. La novedad fue mayúscula y alcanzó incluso a César Domínguez, el único miembro de esa bancada en suspenso. La jugada de Fullone sumó pero, aparentemente, generó cierto recelo en la interna libertaria.
Aliados de JSRN también actúan y suman dirigentes
Los aliados al oficialismo -la UCR y el ARI- se alistan para el proceso electoral que viene y suman dirigentes. La presidenta del ARI, María Paillapi y el legislador Javier Acevedo anunciaron la incorporación del exconcejal radical de Chimpay, Ariel Salazar, hoy en el Tribunal de Cuentas municipal. La dirigencia arista ya lo ubicó como “el referente” de la fuerza en esa localidad. Por su parte, el radicalismo hizo su inclusión y lo comunicaría próximamente. Se trata del último candidato de Cambia Río Negro (Aníbal Tortoriello) para el municipio de Choele Choel, Sergio Bichara. Fue cuarto en el 2023, con algo más del 12% de los votos, y esa lista logró la incorporación de un concejal: Juan Pablo Gaspar.
La “familia judicial” se fortalece al calor del Gobierno. El Senado aprobó este jueves en el recinto la continuidad de Carlos Alberto Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, en la Cámara de Casación Penal. Antes, en la Comisión de Acuerdos, obtuvo dictamen la nominación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, como juez de Santa Fe.
El listado de pliegos signados por vínculos sanguíneos no se agota ahí: también recibió dictamen la designación de Ana Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (que tiene a su cargo la causa $LIBRA) como jueza federal de primera instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Su pliego quedó listo para ser votado en la próxima sesión junto con el de Rosatti hijo.
El avance de esos y otros numerosos pliegos que estaban trabados desde la semana pasada fue posible gracias a bloques dialoguistas (PRO, UCR y partidos provinciales) que en un principio habían retaceado apoyo a los dictámenes a la espera de que el Poder Ejecutivo enviara pliegos que le interesan a las provincias.
La intensa jornada en el Senado arrancó por la mañana en una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto. Allí, Emilio Rosatti sorteó sin sobresaltos un acotado interrogatorio de la oposición, donde la pregunta más incómoda giró alrededor de las supuestas irregularidades en el concurso que lo depositó como candidato.
A mediados de 2024, Rosatti quedó ubicado en primer lugar en la terna para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe a pesar de que no había obtenido las mejores calificaciones en los exámenes. El aspirante ascendió en el orden de mérito después de la entrevista personal con el jurado, lo que abrió sospechas de una selección “a dedo”.
En la comisión, el senador kirchnerista Martín Soria le preguntó a Rosatti qué opina de un proyecto que presentó la Corte Suprema para modificar el sistema de elección de jueces en el Consejo de la Magistratura y quitarle “discrecionalidad” a la instancia de la entrevista personal.
“Está dentro de las facultades de la Corte proponerlo y hay más de una decena de proyectos para modificar el sistema de concursos en el mismo sentido. Cuando uno se anota en un concurso, se anota con el reglamento vigente”, se limitó a responder el santafesino.
Además, dijo que “en las instancias finales (del concurso) llegarían los que mejor hicieron las cosas en las instancias anteriores”, y “si hay más o menos discrecionalidad en la instancia final” es algo que deberá evaluar el Consejo.
También obtuvo dictamen en Acuerdos, el miércoles, la designación de Ana Juan, esposa del juez Martínez de Giorgi. Es la tercera vez que se postula para el cargo de jueza en Hurlingham: lo intentó durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero en ambas oportunidades el Senado no llegó a votarlo. “Espero que la tercera sea la vencida”, dijo ante los senadores.
Patricia Bullrich defendió el nombramiento de Juan y rechazó una impugnación presentada a raíz de su matrimonio con Martínez de Giorgi, juez del caso $LIBRA. “(Juan) ya vino tres veces, su pliego lo mandaron Macri y Alberto Fernández, y en ese momento no estaba la causa que está planteada en su impugnación. Degrada la carrera profesional de la doctora que la impugnen por una situación familiar”, dijo Bullrich.
Mahiques renovó el cargo
Tras las dos audiencias públicas, donde también se presentaron otros postulantes a distintos cargos judiciales, el Senado sesionó y aprobó el pliego de Carlos Alberto Mahiques, padre del ministro de Justicia, para continuar después de los 75 años (la edad límite permitida por la Constitución Nacional) como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
La postulación de Mahiques recibió amplia mayoría: 58 votos a favor y solo 11 en contra, todos del kirchnerismo duro. La bancada peronista, liderada por José Mayans, se dividió fuertemente: 13 integrantes se inclinaron sorpresivamente a favor del juez. El voto de los tres cordobeses (Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo) también fue afirmativo.
Mahiques quedó en el ojo de la tormenta en 2022 cuando, junto a un grupo de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios, se trasladó en un vuelo privado a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, lo que generó una causa por presuntas dádivas que finalmente fue cerrada con el sobreseimiento de los involucrados.
En rechazo al pliego, el exministro de Justicia del kirchnerismo Martín Soria, quien denunció una “profunda dependencia del poder político, económico y mediático” por parte de Mahiques. Denunció además que el juez tuvo “fallos peligrosos, alineamientos políticos elocuentes, y una trayectoria atravesada de punta a punta por la política partidaria”.
Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, salió al cruce del kirchnerismo: “No fue Mahiques el que se robó Vialidad; él juntó a todo el tribunal y la Corte Suprema juzgó los hechos. No fue Mahiques quien participó de la redacción del infame memorándum con Irán; fueros ellos y Mahiques los juzgó. No fue Mahiques el que escribió los cuadernos de las coimas; fue el que participó del análisis de las medidas probatorias. No fue Mahiques el que lavó el dinero de Lázaro Báez; fue el que lo juzgó”.
“No lo quieren votar porque juzgó la corrupción del gobierno al que pertenecieron, no por Lago Escondido. Lago Escondido es un poroto al lado de las cosas que hizo el gobierno al que pertenecieron”, remató Bullrich.
Antes del debate, tomaron estado parlamentario más de 50 pliegos que también iniciaran su recorrido en Acuerdos. Entre ellos figura el del juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo que falló a favor del Gobierno frente a la cautelar que había logrado la CGT contra la reforma laboral. Al igual que Mahiques, Pesino busca aval para continuar en el cargo después de los 75 años.
Respaldo de Educación a campaña espeleológica que por primera vez llevará a neuquinos a explorar cavernas en Perú
La comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó por unanimidad declarar de interés del poder Legislativo la realización de la Campaña Espeleológica Internacional Amazonas-Perú 2026, actividad que tendrá lugar el próximo mes de junio.
En la ocasión, el referente del Grupo Azul de Espeleología y de Montañismo del Neuquén (Gaemn), Gustavo Zingaretti, destacó que se trata de la primera expedición de cavernas de la que participa nuestro país en el extranjero y que la intención es poder recorrer cuevas de gran extensión que aún no han sido exploradas por el hombre.
“Vamos a hacer una expedición a unas cavernas ubicadas en el Amazonas de Perú que aún no han sido exploradas ni registradas de manera topológicas”, señaló Zingaretti al resaltar que el país cuenta con más de 1200 cavernas, algunas de las cuales tienen más de mil metros de profundidad con formato descendente. “Son de las cavernas más grandes del mundo”, apuntó.
A la vez, el invitado destacó que Gaemn es una asociación sin fines de lucro que funciona desde 1987. En ese sentido, recordó que la asociación realiza trabajos de espeleología, recolección de datos topográficos y relevamiento biológico de la biodiversidad que se encuentra bajo tierra, y lo hace en colaboración con la provincia. Al respecto, observó que en la región ya hay más de 800 cavidades que fueron registradas, de las cuales se pudo relevar tanto su comportamiento geológico como su conformación topográfica.
De igual modo, pidió al cuerpo de diputados que modifiquen la ley 2213, sancionada en 1997, por restringir el acceso a cuevas únicamente a grupos de espeleología que realizan relevamientos científicos o de interés topográfico. Lo dijo al sostener que en la actualidad la prohibición genera que muchas personas igual recorran el interior de las cavidades y lo hagan sin las garantías necesarias que se requieren para efectuar la actividad.
Mandato Clandestino
Luego, la comisión que preside la legisladora Mercedes Tulián (PRO-NCN), declaró de interés la publicación del libro “Mandato Clandestino”, de Fernando Miodosky. La obra narra la llegada de una familia de origen judío a la Argentina en la década del ‘20 del siglo pasado tras exiliarse de un pueblo cercano a Varsovia, capital de Polonia, y recalar en Neuquén, con un paso previo por la provincia de San Juan.
La decisión familiar de huir de esa región y recorrer 13 mil kilómetros hasta la Patagonia se sustentó en el creciente antisemitismo y a la hambruna generalizada que azotaba a distintas partes de Europa.
Al hacer mención a su historia familiar, Miodosky explicó que la radicación de su familia en el país fue paulatina y que, por cuestiones económicas, la llegada de parientes se realizó en sucesivas etapas. “Primero llegaba uno, se asentaba y después veía la manera de traer a los demás”, acotó.
Recordó que durante esa época muchas familias aplicaron la misma metodología para afincarse en distintas partes del país y que, de alguna manera, su historia se emparenta y refleja otras historia de inmigrantes que durante casi un siglo forjaron la identidad y cultura de nuestro país.
Eberardo Hoepke, personalidad ilustre
A su turno, la comisión aprobó por unanimidad el despacho para declarar personalidad ilustre a Eberardo Hoepke, en reconocimiento a su aporte al desarrollo forestal, social y cultural en la provincia. En ese marco, Tulián destacó su participación en la fundación de Corfone, su trabajo en aserraderos y su compromiso con la reforestación y el cuidado de la naturaleza.
Educación financiera y acceso a herramientas educativas digitales
En otro orden, el cuerpo abordó iniciativas vinculadas al acceso a herramientas digitales y a la incorporación de contenidos de educación financiera en el sistema educativo provincial.
Uno de los proyectos es del diputado César Gass (JxC-UCR) y propone incorporar contenidos de educación financiera en el marco de la resolución 1862/18 del Consejo Provincial de Educación que regula las “prácticas profesionalizantes”.
El legislador planteó que la iniciativa puede trabajarse en conjunto con el proceso de actualización curricular que actualmente atraviesa el sistema educativo para personas adultas y propuso analizar posteriormente su incorporación al nivel secundario. En ese sentido, se pronunció a favor de abrir instancias de diálogo para enriquecer el proyecto y adecuarlo “a las nuevas circunstancias que hoy presenta la educación”.
La otra iniciativa pertenece a la diputada Cecilia Papa (Democracia Neuquén) y propone garantizar el acceso gratuito a plataformas educativas oficiales para estudiantes y docentes. La iniciativa apunta a que el consumo de datos destinado exclusivamente a fines educativos no genere costos para las y los usuarios.
Al fundamentar la propuesta, la legisladora advirtió sobre las desigualdades en el acceso a la conectividad y remarcó que “así como la educación y los edificios para la educación son gratuitos, también debe de serlo el acceso a la información digital”. Aclaró que, para llevarlo adelante, se prevé articular acciones entre provincia, Nación, ENACOM y empresas prestadoras del servicio.
Durante el debate, diputadas y diputados de distintos bloques se expresaron a favor del espíritu de la propuesta, aunque advirtieron sobre la complejidad que implicaría su implementación. Por otro lado, desde Democracia Neuquén y Cumplir se pidió convocar a la ministra de Educación para abordar en conjunto distintos proyectos vinculados a educación y tecnología
Para avanzar con el tratamiento del proyecto, la comisión acordó solicitar informes al Ministerio de Educación, al Consejo Provincial de Educación y al ENACOM, así como información vinculada a la matrícula potencialmente beneficiada, plataformas pedagógicas disponibles, brecha digital y lineamientos nacionales sobre conectividad educativa.
El oficialismo avanza a toda velocidad con los cambios en el régimen de Zonas Frías. El proyecto del Ministerio de Economía, que impacta en 13 departamentos de Córdoba que fueron incorporados en 2021 a los descuentos en la tarifa de gas, recibió dictamen “exprés” y se votaría en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 20.
La iniciativa recibió 46 firmas a favor en las comisiones de Energía y de Presupuesto. La Libertad Avanza contó con apoyo del PRO, la UCR, el MID, Independencia (Tucumán), Innovación Federal (Misiones) y Producción y Trabajo (San Juan). El representante del oficialismo cordobés en el plenario, Ignacio García Aresca, estuvo ausente.
El kirchnerismo, que impulsó la ley que ahora se pretende modificar, presentó un dictamen propio (31 firmas) que no solo ratifica el régimen vigente, sino que además propone crear otro régimen tarifario diferencial para el consumo eléctrico en las Zonas Cálidas,acotado a los períodos de mayor demanda.
Si se sanciona la ley del Gobierno, la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza) conservarán el descuento del 50% por Zona Fría, pero todas las localidades que se agregaron al régimen hace cinco años dejarán de recibir el beneficio de manera automática: las familias deberán acreditar ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales para mantenerlo. Esto equivale a unos $4,3 millones a valores actuales.
Los números globales son los siguientes: en 2021 se sumaron a los descuentos de gas 3.400.000 usuarios. De ese total, según las estimaciones oficiales, 1.600.000 perderán el beneficio, mientras que 1.800.000 lo conservarán. Estos últimos son los usuarios inscriptos en el SEF (Subsidios Energéticos Focalizados), quienes gozarán de un descuento “superior al 75%” sobre el consumo de gas en los meses de invierno.
En Córdoba, los cambios impactarán en la tarifa que pagan más de 600.000 usuarios de la Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.
“Córdoba es el símbolo de la arbitrariedad de esta ley. En la línea que divide los que reciben el subsidio de los que no, de la Capital para abajo reciben el subsidio 13 departamentos que son los más ricos de Córdoba, mientras que los que están arriba, los más pobres (que a duras penas algunos tienen gas) le están pagando a los más ricos, a los que tienen pileta climatizada”, argumentó la cordobesa Laura Rodríguez Machado.
La legisladora de La Libertad Avanza sostuvo que “en 2021, lejos de ampliar la zona a quienes necesitaban la ayuda, se decidió extender a una mancha geográfica donde no se identificaba claramente cuál zona era más fría que otra”. Además, advirtió que el objetivo del kirchnerismo con la ampliación de las Zonas Frías fue “electoral” y que hasta el propio ministro de Economía de aquel entonces, Martín Guzmán, criticó la medida.
Por el contrario, en el oficialismo cordobés rechazan los cambios. “Con el proyecto del Gobierno, 670.000 usuarios de Córdoba se quedarían sin el subsidio al gas. El efecto derrame que, según los cálculos del Gobierno, producirían las inversiones de gas y su eventual incorporación a las tarifas de los sectores más humildes es poco creíble de parte de un Gobierno que no tiene sensibilidad social”, advirtió a este medio el diputado Carlos Gutiérrez.
En nombre del Gobierno, defendió el proyecto la secretaria de Energía, María Tettamanti. “Los recursos económicos son escasos, hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y la forma justa de utilizar los recursos para subsidiar el gas natural tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”, argumentó ante los diputados.
En ese sentido, recordó que el régimen vigente subsidia a todos los habitantes de las Zonas Frías sin distinción de su poder adquisitivo, a través de un cargo que pagan todos los usuarios del país (7,5% sobre el metro cúbico de gas), pero advirtió que con lo que se recauda hoy “no alcanza”. “Todos los usuarios están poniendo $500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país”, dijo.
Entre los que adhirieron al dictamen del oficialismo figuran los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que responden al gobernador Alfredo Cornejo. Mendoza fue una de las grandes beneficiadas con la ampliación de las Zonas Frías en 2021: la provincia completa entró en el régimen que solo regía en Malargüe.
No obstante, los “cornejistas” presentaron una disidencia contra el artículo 4, que establece un mecanismo para que las distribuidoras y transportistas eléctricas federales cancelen deudas con CAMMESA contra los ingresos no percibidos durante la emergencia tarifaria.
Interpelación a Adorni
En la vereda opuesta al oficialismo, la oposición mantiene en agenda el caso de Manuel Adorni e intentará sesionar este jueves desde las 11 para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los impulsores de la movida están a más de una decena de diputados del quórum (129 presentes).
La sesión fue pedida por un sector de Provincias Unidas, la izquierda y los diputados Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Nicolás Massot (Encuentro Federal). Unión por la Patria se sumará, aunque no se descartan bajas de algunos integrantes no muy entusiasmados en la estrategia de la interpelación.
En el oficialismo hay tranquilidad. La sensación es que el caso Adorni pierde fuerza en la agenda y que la ofensiva opositora es “marginal”, sin ventajas ni desventajas para nadie. “El tema se está apagando. Ya se pagó todo el costo”, dijo a este medio un importante integrante del bloque de Gabriel Bornoroni.
Cuentan con ayuda del PRO, que no bajará al recinto a pesar del documento crítico del Gobierno difundido el último domingo.
“Nosotros no vamos a acompañar la interpelación porque hay una investigación judicial en curso, pero sí creemos que tienen que mejorar sustancialmente la explicación de lo que está pasando y adelantar la declaración jurada. No corresponde una interpelación porque se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde la Justicia está actuando”, explicó el diputado y secretario general del partido amarillo, Fernando De Andreis.
El Senado abrirá este miércoles el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso y a la Presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
El tratamiento se iniciará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.
La apertura del debate se realiza en medio de las diferencias entre la LLA y los bloques dialoguistas, que rechazan la eliminación de las Pasos y que querían tratar primero en forma separada la ley de Ficha Limpia, lo que fue rechazado por el Gobierno pese a que en primera instancia la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR.
El oficialismo necesita acuerdos con el PRO, la UCR, y los bloques provinciales porque es una ley que se aprueba con mayorías absolutas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las PASO a lo cual se oponen la mayoría de los bloques dialoguistas, con lo cual ahí el oficialismo tendrá que buscar otras alternativas como otra suspensión para las elecciones del 2027 o quitarles la obligatoriedad de esas elecciones primarias.
Mientras avanza en el Congreso un proyecto para endurecer penas por falsas denuncias, estadísticas oficiales y especialistas advierten que el verdadero problema sigue siendo la enorme subdenuncia de abusos y violencias sexuales.
El debate volvió a instalarse en la política argentina con fuerza. El proyecto impulsado por la senadora radical Carolina Losada para agravar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género y abuso sexual reabrió una discusión extremadamente sensible: cuánto pesan realmente las denuncias infundadas dentro del sistema judicial y qué impacto puede tener esta iniciativa sobre las víctimas reales.
Pero detrás de la discusión política aparecen datos que muestran un escenario muy distinto al instalado en parte del debate público. Según cifras oficiales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, entre 2020 y 2026 solo se registraron dos denuncias por falsa denuncia vinculadas específicamente a violencia de género y abuso sexual. Ni siquiera condenas: apenas denuncias.
El contraste entre esos números y la idea de una supuesta “avalancha” de acusaciones falsas expone una tensión cada vez más profunda entre ciertos discursos políticos y las estadísticas reales del sistema judicial.
La discusión no es menor. Porque mientras algunos sectores buscan endurecer penas argumentando que las falsas denuncias “llenan los tribunales”, organismos especializados, fiscalías y organizaciones feministas sostienen que el problema estructural sigue siendo exactamente el contrario: la enorme cantidad de casos de violencia y abuso que jamás llegan a denunciarse.
El foco político puesto sobre un fenómeno estadísticamente ínfimo
El proyecto de Losada propone modificar el Código Penal y elevar las penas por falsa denuncia cuando se trate de casos vinculados a violencia de género, delitos sexuales o hechos contra niñas, niños y adolescentes. La iniciativa incluso contempla sanciones de hasta seis años de prisión para esos casos específicos.
La senadora sostiene que las falsas denuncias utilizan recursos del Estado y perjudican tanto a personas inocentes como a víctimas reales. Sin embargo, las propias estadísticas oficiales muestran que se trata de un fenómeno extremadamente reducido dentro del universo judicial argentino.
En Neuquén, las causas por falsa denuncia representan apenas el 0,30% del total de expedientes y la mayoría se vincula a delitos económicos, no a violencia sexual. A nivel nacional, las denuncias falsas relacionadas específicamente con delitos sexuales rondan el 0,10%, según datos relevados por especialistas citados en el informe.
La diferencia entre percepción política y realidad estadística se vuelve todavía más evidente cuando se analizan las condenas efectivas. Durante 2023 hubo 23.419 sentencias condenatorias en todo el país y solo 60 estuvieron vinculadas a falsa denuncia o falso testimonio en todas sus modalidades. Eso representa apenas el 0,25% del total de condenas.
El dato desarma uno de los principales argumentos utilizados para justificar el endurecimiento penal: la idea de que los tribunales se encuentran colapsados por acusaciones inventadas.
La verdadera crisis: la mayoría de las víctimas nunca denuncia
Mientras el debate político se concentra sobre las falsas denuncias, los organismos especializados vienen advirtiendo desde hace años un fenómeno mucho más grave: la subdenuncia sistemática de las violencias sexuales y de género.
Según datos de la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas y la Unión Europea, el 45% de las mujeres argentinas sufrió algún tipo de violencia por parte de una pareja o expareja, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o realizó una denuncia formal.
En materia de violencia sexual, el panorama es todavía más crítico. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres estima que apenas el 10% de las víctimas llega a denunciar. Es decir, nueve de cada diez casos permanecen fuera del sistema judicial.
Incluso en los femicidios consumados aparecen señales alarmantes sobre la falta de respuesta estatal previa. Según registros de la Corte Suprema, el 54% de las víctimas asesinadas en 2024 murió a manos de parejas o exparejas, pero solo el 18% había denunciado previamente y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes.
Ese contexto explica por qué muchas organizaciones consideran que instalar políticamente el foco sobre las falsas denuncias puede generar consecuencias mucho más profundas que un simple cambio legislativo.
El temor a denunciar vuelve al centro del debate
Uno de los puntos más cuestionados por especialistas y colectivos feministas es el posible efecto disciplinador que podría generar el proyecto sobre víctimas, docentes, profesionales de salud y funcionarios obligados legalmente a denunciar casos de abuso o violencia.
Actualmente, leyes como la Ley Lucio y la Ley 26.485 establecen obligaciones concretas de denuncia frente a situaciones de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. El temor es que el endurecimiento penal termine generando un mensaje implícito de advertencia: denunciar podría convertirse en un riesgo jurídico para quienes intervengan en esos casos.
La preocupación no se limita únicamente a las víctimas. También alcanza a médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, docentes y operadores judiciales que podrían actuar con mayor cautela por miedo a futuras acusaciones de falsa denuncia.
Especialistas sostienen que ese efecto puede profundizar todavía más la subdenuncia existente y reforzar patrones históricos de desconfianza hacia las mujeres que denuncian violencia o abuso sexual.
El debate también fractura a la propia UCR
La discusión incluso abrió tensiones internas dentro de la propia Unión Cívica Radical. La Red de Mujeres Radicales de Neuquén expresó públicamente su rechazo al proyecto y lo calificó como “regresivo en términos de derechos” e incompatible con una justicia con perspectiva de género.
El espacio advirtió que la iniciativa parte de un diagnóstico “sin sustento empírico” y alertó que puede reforzar la desconfianza hacia las víctimas y profundizar la impunidad.
Dentro de algunos sectores del radicalismo incluso comenzó a discutirse la posibilidad de impulsar sanciones internas contra Losada por el impacto político y simbólico del proyecto.
El trasfondo del debate excede largamente una discusión técnica sobre el Código Penal. Lo que aparece en juego es el sentido político y social de las políticas de género construidas durante los últimos años y el lugar que ocupa hoy la palabra de las víctimas dentro del sistema judicial argentino.
Porque detrás de las estadísticas, la discusión termina girando sobre una pregunta mucho más profunda: si el problema central sigue siendo que millones de mujeres no denuncian, ¿qué consecuencias puede tener volver a ponerlas bajo sospecha antes incluso de que hablen?
¿Es verdad que las falsas denuncias “llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado”, tal como argumentó la senadora por la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada? “En Neuquén, desde el 2020 al 2026, en seis años solo hubo dos denuncias de falsa denuncia por violencia de género y abuso sexual. Denuncias, no condenas”, aseguró la abogada del servicio Socorro Violeta, Angélica Acosta Meza. Sostuvo que la iniciativa busca “silenciar a las mujeres” y garantizar “la impunidad de los abusadores”.
Desde la Colectiva Feminista La Revuelta pidieron datos certeros al Ministerio Público Fiscal de Neuquén. El documento registra 180 causas iniciadas por los delitos de falsa denuncia, falso testimonio y combinaciones de estas figuras en el período 2020–2026. De ese total, 102 corresponden a falsa denuncia, 73 a falso testimonio, cuatro a causas que combinan falsa denuncia y falso testimonio, y una por falsa denuncia con información falsa de domicilio.
Si bien no se especifica a qué tipo de delito corresponden esas falsas denuncias, se pueden deducir por la Unidad Fiscal en la que se presentaron. “Cuando vamos a las estadísticas de cuántas falsas denuncias por todos los delitos, son ínfimas: 0,30% y la mayoría son por delitos económicos”, remarcó la letrada. Agregó que, a nivel nacional, se estima que las denuncias por falsas denuncias por delitos sexuales representan el 0,10%, también “ínfimo”.
En números: solo 60 casos en todo el país son por falsas denuncias
Según datos relevados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en la Dirección Nacional de Reincidencia, en 2023 se dictaron 23.419 sentencias condenatorias en todo el país. De ese total, apenas 60 correspondieron a los delitos de falsa denuncia y falso testimonio en todas sus modalidades, lo que representa solo el 0,25% del conjunto de condenas. Dentro de ese universo, 45 casos se concentraron en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 38 en territorio bonaerense y siete en CABA.
Para Acosta, el contraste entre esos números y el clima político que rodea el proyecto no es inofensivo. “Nos quieren hacer creer que hay millones de falsas denuncias por día. No las hay”, sostuvo. Señaló que pretenden “legislar para la inexistencia de casos” y reinstalar viejos estereotipos como “la histérica”. “Inventan una problemática que no existe para procurarse la impunidad de algunos varones poderosos y volver a tratarnos de mentirosas, cuando ya habíamos avanzado con el ‘yo te creo’”, enfatizó.
Si se ahonda en estadísticas nacionales e internacionales, el argumento de la senadora Losada sobre que “las falsas denuncias llenan de causas los tribunales” pierde todavía más sustento. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en la Iniciativa Spotlight (un programa global de la Unión Europea y Naciones Unidas para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas) de 2022, el 45% de las argentinas sufrió violencia alguna vez por parte de su pareja actual o anterior. Sin embargo, solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar.
En el caso de los femicidios, el Registro de la Corte Suprema contabilizó 228 víctimas directas en 2024: el 54% fue asesinada por su pareja o expareja, pero apenas el 18% había denunciado antes y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes. En cuanto a la violencia sexual, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) estima que solo el 10% de las mujeres que la padecen llega a denunciar. Para Acosta, el verdadero problema del sistema de justicia es la subdenuncia y la falta de respuesta oportuna del Estado, no una supuesta “oleada” de denuncias infundadas.
La abogada advirtió que el proyecto de Losada choca contra otras leyes vigentes, como la Ley Lucio y la Ley 26.485, que obligan a docentes, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales y funcionarios públicos a denunciar cuando conocen un caso de abuso o violencia. “Esta ley que te dice ‘ojo con las falsas denuncias’. Es un llamado de atención para que esas personas que están obligadas a denunciar tengan miedo y no denuncien”, afirmó y recalcó: “Desalienta las denuncias, con el fin de proteger a los varones abusadores”.
Acosta cuestionó, además, que la agenda política priorice este tema por encima de otras urgencias: “No se ocupan de los problemas reales, como los abusos sexuales que ocurren en redes o los suicidios juveniles, y se ocupan de los no problemas para instalar otras cosas”, aseguró. Interpretó la iniciativa como parte de una reacción contra los avances del movimiento de mujeres: “Puede que haya alguna falsa denuncia, como puede haber una excepción en cualquier tema, pero de esa excepción a instalarlo como una problemática real, es mentira”.
Quieren agravar las penas por “falsas denuncias”: qué dice el proyecto de Carolina Losada
El proyecto presentado por la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, propone modificar el Código Penal para endurecer las penas por el delito de falsa denuncia cuando se trate de casos vinculados a violencia de género, delitos sexuales o hechos contra niñas, niños y adolescentes. La iniciativa, identificada en el Senado bajo el expediente S-0228/2025, retoma versiones anteriores que ya habían perdido estado parlamentario y obtuvo recientemente dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
El texto modifica el artículo 245 del Código Penal, que hoy prevé penas de dos meses a un año de prisión para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad. El proyecto eleva esa escala de uno a tres años para las falsas denuncias en general y establece un agravante específico: cuando la denuncia considerada falsa se refiera a violencia de género, violencia familiar contra menores o delitos contra la integridad sexual, la pena pasaría a ser de tres a seis años de prisión, es decir, no excarcelable. También introduce ajustes en los artículos 275 (falso testimonio) y 277 (encubrimiento), con aumentos de pena en causas de la misma temática.
En su defensa pública, Losada argumentó que las “falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado que deberían ir a las verdaderas víctimas”, y sostiene que las penas actuales son “prácticamente inexistentes”. Afirma que la reforma busca proteger tanto a personas injustamente acusadas como a víctimas reales, evitando que el sistema penal sea “manipulado”.
Mujeres radicales de Neuquén rechazan el proyecto de Losada
Desde la Red de Mujeres Radicales de Neuquén expresaron su “profundo rechazo” al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada que endurece las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género, delitos sexuales y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Aseguraron que la iniciativa “es regresiva en términos de derechos” e “incompatible con una justicia con perspectiva de género, como la que la propia tradición partidaria dice defender”.
A través de un pronunciamiento, afirmaron que la iniciativa parte de “un diagnóstico equivocado y sin sustento empírico”, ya que no existen datos en Argentina que indiquen un incremento significativo de denuncias falsas. “Por el contrario, la evidencia muestra que las mujeres enfrentan múltiples barreras para acceder a la justicia”, comunicaron.
Señalaron que “lejos de resolver problemas reales, este proyecto puede generar un efecto alarmante: desalentar denuncias legítimas, reforzar la desconfianza hacia las víctimas y profundizar la impunidad”. Además, remarcaron que la iniciativa puede generar en las mujeres radicales el rechazo al propio partido, tras años de lucha para conquistar derechos. “Lejos de resolver problemas reales, este proyecto puede generar un efecto alarmante: desalentar denuncias legítimas, reforzar la desconfianza hacia las víctimas y profundizar la impunidad”, enfatizaron.
Según la Red de Mujeres Radicales de Neuquén, las y los legisladores no deben convalidar retrocesos, sino discutir reformas orientadas a garantizar patrocinio jurídico, protección efectiva y respuestas rápidas del sistema de justicia, en lugar de reforzar estereotipos que devuelven a las víctimas al lugar de la duda y la desconfianza.
En algunos sectores de la UCR analizan impulsar una sanción interna contra Carolina Losada, una discusión que incluso incluye la posibilidad de promover su expulsión del partido. “Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia con perspectiva de género y exigimos el rechazo de este proyecto”, recalcaron al cierre del comunicado de las Mujeres en Red.
