La comisión G rechazó el recorte a Parques Nacionales y analiza las modificaciones al régimen de Zona Fría


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El oficialismo deberá negociar voto a voto para sancionar el recorte a los subsidios de gas en las Zonas Frías, un tema que tiene en alerta máxima al gobierno de Córdoba. El debate del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados aún no arranca en el Senado y los números para la ley no están sobrados. El Gobierno necesita consolidar apoyos de gobernadores y sellar apoyo del bloque radical, donde hay dudas.
El proyecto, que busca restringir subsidios en 13 localidades de Córdoba y otras del resto del país incorporadas al régimen en 2021, fue girado a dos comisiones: Energía y Combustibles, que encabeza el radical catamarqueño Flavio Fama; y Presupuesto y Hacienda, en manos del economista bullrichista Agustín Monteverde.
Aunque la ley es una de las prioridades de la Casa Rosada, las conversaciones todavía no maduraron en el Senado. “El Gobierno quiere, pero no está fácil. Hay dudas sobre algunos temas y por eso no veo que, de momento, estén los votos”, confió a La Voz un senador dialoguista que tendrá un rol importante en la discusión. “El proyecto acaba de ingresar al Senado. Todavía no hay un panorama claro”, señaló otro legislador.
Una de las claves está en el radicalismo. En Diputados, sus seis representantes acompañaron al Gobierno sin dudarlo. Pero en el Senado, donde tienen diez miembros, no hay un alineamiento automático y suelen aparecer rebeldías. De hecho, ya hay un rechazo confirmado: el del bonaerense Maximiliano Abad, referente del radicalismo en Mar del Plata, ciudad que perderá el beneficio automático de Zonas Frías.
“Hay varios senadores que no lo ven bien al proyecto, más allá de cómo se acompañó en Diputados. Hay muchas cosas que habría que pensarlas mejor”, confiesan en la bancada encabezada por el correntino Eduardo Vischi.
Los cuestionamientos apuntan, por un lado, a “la oportunidad” para podar subsidios en un momento delicado para las economías familiares. Además, en la UCR observan “imprecisiones” en el Capítulo II, que es el que compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista CAMMESA por los años en los que estaban congeladas las tarifas.
Para llegar a 37 votos, que es el número del quórum, el oficialismo necesita convencer a por lo menos siete de los diez radicales, repetir el apoyo del PRO y el de bloques provinciales que ya dieron el visto bueno en Diputados. Ese sería el escenario de mínima al que debería aspirar Patricia Bullrich, líder de La Libertad Avanza.
Los libertarios parten de una base de 21 senadores puros, si se tiene en cuenta que, a pesar de las presiones del gobernador Martín Llaryora, tanto Luis Juez como Carmen Álvarez Rivero se encaminan a votar a favor de la iniciativa. Juez ya había votado en contra de la ley que amplió las Zonas Frías en 2021 y Álvarez Rivero está completamente alineada a Bullrich.
Uno de los desafíos del Gobierno es replicar el acuerdo al que arribaron en Diputados con gobernadores del Norte. En ese marco, aspiran a sumar a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la tucumana Beatriz Ávila y la salteña Flavia Royón, que responden respectivamente a los mandatarios Hugo Passalacqua, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz.
Desde la Patagonia, también acompañaron los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén, quienes ahora podrían facilitar los votos de las senadoras Edith Terenzi y Karina Maureira. Por el contrario, rechazan la ley los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que integran un bloque independiente que a veces colabora con el Gobierno y otras no.
Carambia difundió un video en el que anticipó que “va a hacer todo lo que esté a su alcance” para frenar la nueva ley de Zonas Frías. Advirtió que también los patagónicos se verán perjudicados porque el cálculo del subsidio dejará de contemplar ítems como transporte y distribución, por lo que las facturas de gas aumentarán “hasta un 40%”.
Otra de las voces más enfáticas en contra fue la cordobesa Alejandra Vigo, quien desde un momento se plantó en sintonía con el gobierno de Llaryora. Su compañero de Provincias Unidas, el correntino Carlos “Camau” Espínola, no blanqueó una postura explícita y reclama la tarifa eléctrica diferenciada en su provincia y en otras con altas temperaturas.
“Si llega la Zona Fría a determinados sectores, nosotros necesitamos tener Zonas Cálidas. Seguiremos trabajando para que Corrientes tenga una tarifa diferencial”, afirmó el ex regatista en declaraciones radiales. El Gobierno nacional se comprometió a otorgar compensaciones por ese concepto, pero no lo plasmó en la ley.
Casualmente, once senadores peronistas del Norte Grande y otras provincias, con el chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich a la cabeza, presentaron hace un mes un proyecto para subsidiar el consumo de energía eléctrica. Lo acompañaron el jefe de la bancada, José Mayans, y los exgobernadores Juan Manzur (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Lucía Corpacci (Catamarca), entre otros.
Esta iniciativa abre una hendija para una posible negociación con un sector del peronismo, aunque lo cierto es que se aprestan a rechazar los cambios en Zonas Frías. En Diputados, se opusieron el proyecto sin fisuras.
Por último, se abre una incógnita con el bloque Convicción Federal, que se escindió del peronismo y se comporta como aliado ocasional del Gobierno. Lo integran la jujeña Carolina Moisés, de buena sintonía con el gobernador salteño Sáenz; la tucumana Sandra Mendoza, que tiene nexos con Jaldo; y el catamarqueño Guillermo Andrada, que reporta a Raúl Jalil.

El gobierno nacional quiere derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como la Ley de Etiquetado Frontal. Lo hace, según el proyecto presentado el pasado fin de semana, por sus presuntas «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas«.
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Si se concreta la derogación, se procederá a sacar los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.
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¿Por qué se busca avanzar contra esa normativa? Entre otros argumentos, el gobierno crítica al sistema «binario» y “confusión al consumidor” del articulado, lo que ocasionaría “falta de incentivos para la industria”, al tiempo que produciría asimetrías en el Mercosur y perjuicios a PyMEs.
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El Ejecutivo pide el “pronto tratamiento” del proyecto que, una vez obtenido el estado parlamentario, irá a la comisión de Acción Social y Salud Pública, de la que forma parte la neuquina Gabriela Muñoz (LLA), donde el oficialismo tiene mayoría.
En algunos sectores la iniciativa parlamentaria no cayó bien. Los especialistas en salud y nutrición sostienen que la ley no tiene como fin regular el mercado, sino frenar los alarmantes índices de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión que afectan a la población argentina, especialmente a las infancias.
También se subraya que, entre otras cosas, los octógonos permiten entender rápidamente qué se está consumiendo y que, en rigor, los gráficos negros son de carácter informativo, no prohibitivos. Asimismo, la actual norma obligó a las industrias alimentarias a modificar sus recetas (bajando el sodio, las grasas o el azúcar) para despejar sus envases de sellos y poder conservar estrategias comerciales (como personajes infantiles) que la ley restringe si hay advertencias.
En 2021, la ley de etiquetado obtuvo 64 votos a favor y apenas tres en contra en el Senado, con la particularidad de que hasta los legisladores del PRO y de la UCR votaron a favor.
En Diputados, también el resultado fue significativo, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.
La organización Ley de Etiquetado Mapa Normativo de Argentina (que, entre otras instituciones integran Fundación Sanar y Fundeps) advirtió que, pese a las ponderaciones favorables de los especialistas, la normativa que se busca derogar tuvo, hasta el año pasado, una baja visibilidad en la Argentina.
Según un relevamiento del organismo, solo el 66,2% de las jurisdicciones la cumplieron. Neuquén, sin embargo, es una de las provincias que alcanzó un lugar destacado en el apoyo a la ley, alcanzando un puntaje de 80 de proactividad, que la ubica en el segundo lugar del podio.
Ley de Etiquetado Mapa Normativo de Argentina recordó en su informe que el 22 de julio de 2022 Neuquén sancionó la Ley Provincial N.º 3.351 que establece la adhesión a la Ley Nacional 27.642. Y el 21 de julio de 2023, el Decreto N.º 1.365 reglamenta dicha Ley, detallando las funciones de la autoridad de aplicación, incluyendo la coordinación con organismos de control de todos los niveles para la fiscalización de la implementación de la Ley Nacional y su decreto reglamentario.
Además, observa que el 11 de julio de 2023, se reglamentó la Ley Provincial N.º 3.242, que promueve entornos escolares saludables, estableciendo directrices para prevenir la malnutrición, fomentar la actividad física y regular la venta de alimentos en escuelas. Incluye la prohibición de la venta de alimentos no saludables en centros educativos y la promoción de la educación alimentaria nutricional. La Ley 3.351 da autorización al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.
Pese a la urgencia del gobierno en conseguir la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, de momento, parece apresurado trazar un pronóstico en el agitado escenario del Congreso, donde el oficialismo procura marcar la agenda para bajar la espuma del complicado escenario de las internas en el equipo de Javier Milei y las investigaciones judiciales al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Las campañas para las presidenciales del año que viene parecen haber tomado un anticipado impulso, y es probable que la agenda legislativa quede a merced de esa disputa.


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El ARI punteó en su estrategia aliancista con JSRN de cara a las elecciones del año próximo, justo en la semana en que el oficialismo realizará un encuentro partidario en Cipolletti.
El radicalismo respondió e insinuó la disputa de aliados al gobierno que se viene por la construcción electoral.
El presidente del bloque de la CC-ARI, Javier Acevedo, aceptó conformar “acuerdos amplios” en Roca, pero además planteó la necesidad de extender ese entendimiento al plano provincial. Pidió tener “el coraje y la honestidad intelectual para discutir lo mismo para Río Negro”.
La discusión sobre un frente amplio roquense se abrió a comienzos de mayo, cuando el titular del PRO, Juan Martín, propuso construir una alternativa para poner “fin a más de 24 años del sorismo”, en referencia a las sucesivas gestiones municipales de Carlos, Martín y María Emilia Soria. Poco después, el gobernador Alberto Weretilneck coincidió en avanzar en “una gran propuesta” para Roca.
Para el PRO, su pretendida construcción se acota al ámbito roquense porque, en principio, su plan provincial se orienta a confluir con La Libertad Avanza. Casualmente, el expresidente Mauricio Macri convocó para este miércoles a la dirigencia del partido y los referentes rionegrinos respondían a ese llamado.
La postura del ARI desestabiliza la intención del PRO. Acevedo insistió en que “es necesario construir acuerdos amplios” para dejar atrás “viejas lógicas de confrontación y evitar nuevas divisiones”, aunque rápidamente trasladó ese planteo a toda la provincia.
El ARI mantiene una alianza con el oficialismo provincial, aunque el comunicado evitó mencionar posibles partícipes de ese armado. Sí reiteró definiciones: “El límite sigue siendo el kirchnerismo”.
Queda afuera, también, cualquier alternativa liderada por el diputado nacional Aníbal Tortoriello, luego de que el ARI abandonara Cambia Río Negro en diciembre de 2023.
La UCR tampoco quiso perder protagonismo. Su presidente, Ariel Bernatene, se expresó a favor de la “construcción de mayorías amplias”, al considerar que “es una necesidad política para pensar el futuro de la ciudad”. Pero el legislador fue más allá y remarcó que el radicalismo “ha sido coherente y respetuoso de su electorado”, manteniendo “identidad partidaria en los gobiernos municipales radicales y ampliando alianzas territoriales en distintas localidades de la provincia”.
Esas declaraciones parecieron dirigidas al ARI, en alusión a su participación en un frente opositor y su posterior alejamiento. Bernatene también deslizó la previa pertenencia de la UCR al oficialismo encabezado por Weretilneck y aseguró que serán “bienvenidos todos los sectores políticos que quieran sumarse a fortalecer una construcción amplia”.
Aunque hoy ambos espacios son aliados firmes de JSRN, detrás de la disputa discursiva asoma una reyerta más solapada: el reparto de espacios y poder dentro del futuro diseño electoral oficialista.
En sus primeros movimientos, Weretilneck -que el sábado reúne a su partido en Cipolletti- no descarta repetir el esquema de colectoras utilizado en 2023, cuando sumó respaldos a través de las boletas de la UCR y de Nos Une Río Negro, el espacio peronista aliado. El radicalismo ya transitó esa experiencia y no plantearía objeciones. Pero, al ARI no le entusiasma esa alternativa que el gobernador mantiene en evaluación y, en cambio, prefiere una única lista integrada.

El Gobierno enviará al Senado un nuevo proyecto de ley para combatir la ludopatía, con foco en la prohibición del acceso de menores a plataformas de apuestas online y el endurecimiento de las penas para operadores ilegales. Sin embargo, la iniciativa también habilita la publicidad de juegos de azar bajo determinadas condiciones, uno de los puntos que anticipa mayor polémica en el Congreso.
La propuesta del oficialismo se diferencia del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, que continúa vigente y establecía mayores restricciones sobre la difusión de apuestas online. En caso de avanzar con modificaciones, el Senado deberá devolver el texto a Diputados para su revisión. En este contexto, el proyecto será analizado por las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, encabezadas por los libertarios Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita.
La iniciativa aprobada en Diputados había obtenido 139 votos afirmativos impulsados por el peronismo, Encuentro Federal, la izquierda, Innovación Federal, Democracia para Siempre e Independencia. La Libertad Avanza votó en contra, mientras que el PRO, la UCR y el MID se abstuvieron.
Uno de los ejes centrales del nuevo texto oficialista es la prohibición del acceso y uso de juegos de azar online para menores de edad, además de la implementación de campañas de concientización sobre los efectos del juego patológico y la elaboración de estadísticas epidemiológicas para monitorear la problemática.
En relación con la publicidad, el proyecto establece que estará prohibida la promoción de plataformas de apuestas no autorizadas, aunque permitirá la difusión de operadores habilitados bajo ciertas condiciones. Entre las restricciones, se prohíbe utilizar contenidos dirigidos a menores o asociar las apuestas con el éxito personal, laboral o social. Tampoco podrán incluir mensajes que incentiven el consumo de alcohol o tabaco durante el juego. Además, los medios de comunicación y plataformas digitales deberán verificar que las publicidades correspondan a operadores autorizados por las autoridades competentes.
El proyecto también endurece las penas contra el juego ilegal. Quienes operen plataformas de apuestas online sin autorización podrán recibir penas de prisión de entre tres y seis años. Por otra parte, quienes faciliten el funcionamiento de estos sitios mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales podrían enfrentar condenas de entre dos y cuatro años de prisión si se comprueba que conocían la falta de habilitación correspondiente.

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Un pedido de informes en la Legislatura de Neuquén renovó el debate sobre el riesgo de crecidas en los ríos que llegan hasta la zona de la Confluencia, en un contexto, además, atravesado por los pronósticos que indican una alta probabilidad de ocurrencia para el llamado fenómeno meteorológico de El Niño.
La consulta fue realizada por el diputado de la UCR, César Gass, quien elevó su inquietud a la secretaría de Energía de la Nación, al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que es el organismo que monitorea, por ejemplo, los caudales y los volúmenes de erogación de las represas.
El pedido busca conocer qué información existe en la región sobre los efectos de El Niño, cuyas consecuencias suelen estar asociadas a un mayor régimen de precipitaciones.
Si bien la hipótesis desde la cual parte la solicitud contrasta con la actualidad hídrica de la zona, que atraviesa desde hace años un periodo de fuerte sequía, Gass indicó que la búsqueda de información resulta válida si se consideran las previsiones que se están conociendo sobre el fenómeno que tiene su origen en el océano Pacífico.
El legislador recordó los problemas que en su momento hubo con el río Neuquén y la represa de Portezuelo Grande, que al menos en 2006 y 2023 estuvo al límite de su capacidad por las crecidas aguas arriba de Los Barreales y Mari Menuco.
Enzo Campetella, meteorólogo y consultor, dijo que, si bien las probabilidades de que El Niño ocurra efectivamente son altas, todavía no se puede confirmar que sus efectos se perciban también en el norte de la Patagonia.
En comunicación con Diario RÍO NEGRO, el especialista explicó que este evento comienza a formarse frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador, donde la corriente de Humboldt, que avanza hacia el norte desde latitudes polares con agua muy fría, se encuentra con los vientos alisios, propios de las zonas tropicales, y es redireccionada hacia el oeste, en dirección al Pacífico central.
Cuando esos vientos, que corren de este a oeste, pierden fuerza, el impacto de la corriente de Humboldt se diluye y el mar, con un volumen menor de agua fría, experimenta una suerte de calentamiento en su parte superficial.
Este proceso, sumado a la circulación del aire, generalmente se traduce en un incremento de la humedad y las precipitaciones en buena parte de América del Sur, con especial impacto en Bolivia, Ecuador y Perú.
En el caso de Argentina, Campetella indicó que los principales cambios se perciben en el norte y centro del país, aunque si el fenómeno adquiere suficiente impulso, puede también llegar hasta la Patagonia, generando un aumento de las lluvias.
Gass relacionó su proyecto con la «sensibilidad» que existe en la región acerca de los ríos Neuquén y Limay, y la posibilidad de que sus caudales crezcan al punto de afectar sectores poblados.
Su iniciativa fue ingresada en la comisión de Medio Ambiente y, según adelantó, solicitará una moción de preferencia para que pueda ser rápidamente girada a los organismos interpelados.
El diputado aclaró que la intención «no es avanzar contra nadie», sino conocer el estado de situación de las distintas carteras del Estado de ocurrir una situación meteorológica extrema como la que podría causar El Niño.
Consideró que el río Neuquén representa un riesgo mayor para las ciudades ubicadas en la zona de los valles, ya que se encuentra «menos asegurado que el Limay» y ha puesto a prueba en más de una ocasión a las represas que regulan su caudal.
El caso de Portezuelo Grande es uno de los más emblemáticos y llegó hasta la Corte Suprema, que emitió un fallo en 2009 condenado al Estado nacional a realizar las obras pendientes para garantizar la seguridad tanto de la presa como de las localidades y los aprovechamientos económicos aguas abajo, varios de ellos relacionados hoy con Vaca Muerta.
La resolución, que lleva más de 17 años sin acatarse, generó numerosos planteos por parte de la provincia, aunque sin éxito en ninguno de ellos.
Campetella, por su parte, indicó que las probabilidades de que se dé El Niño «están por encima del 80% y el 90%«, de acuerdo con los últimos reportes obtenidos mediante boyas e imágenes satelitales.
Respecto a la fuerza que tendrá, el meteorológo detalló que los modelos están mostrando «un calentamiento importante del oceáno», lo que podría derivar en un evento «tan intenso como los más intensos» que se han registrado.
De todos modos, aclaró que ese «es uno de los escenarios posibles» y que aún falta tiempo para asegurar una tendencia.
El Niño se extiende entre el cierre del invierno y el principio del verano del hemisferio sur, provocando, además de un aumento en las precipitaciones acumuladas, tormentas más intensas y olas de calor de una prolongación superior.
El especialista precisó que en Neuquén y Río Negro la ocurrencia lluvias podría verse incrementada, aunque esto dependerá en gran medida de la intensidad que tenga el fenómeno este año.
Una de las zonas que sentiría un mayor impacto, de cumplirse los pronósticos, sería la cordillerana.
«Recibiría más precipitaciones, lo que no quiere decir que estemos hablando de nieve necesariamente, porque eso responderá a la temperatura que tengamos y lo que estamos viendo es que las isotermas de congelamiento están cada vez más altas», precisó Campetella.
Agregó que la ocurrencia de crecidas dependerá, precisamente, de las características de la humedad que pueda asentarse sobre la región andina, escenario que, a su vez, recién se conocerá cuando haya una tendencia meteorológica confirmada para el resto del 2026.
«Aún así, como meteorológo, considero valioso la oportunidad de prevenir y estar preparados. Respecto a las crecidas, es un escenario probable, pero que todavía no podemos confirmar», concluyó.

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Ayer, en San Antonio, se cumplió con la Audiencia Pública exigida para la construcción del ducto que posibilitará la exportación de gas por el Golfo San Matías, previsto en el proyecto del consorcio SESA, con la instalación de dos buques de licuefacción.
En el encuentro participaron más de un centenar de expositores y, en su gran mayoría, respaldaron su ejecución, pero también existieron voces de inquietud por garantizar el «derrame» económico en la localidad. Se escucharon, además, posturas críticas con la ejecución centradas en razones ambientales.
La audiencia se desarrolló por más de 11 horas en el gimnasio local, con un riguroso control policial para su ingreso.
La obra prevé la construcción del Gasoducto Dedicado -entre Tratayén y SAO- y será ejecutada por una sociedad de siete empresas. Lidera PAE con YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El mismo consorcio conformó Southern Energy (SESA) para el proyecto de exportación y, luego, San Matías Pipeline (SMP) para la ejecución del gasoducto.
La apertura de la Audiencia recayó en el presidente del Concejo Deliberante local, Daniel López, a cargo del Poder Ejecutivo municipal por licencia del intendente Adrián Casadei.
La presentación provincial fue de la titular de Ambiente, Judith Jiménez y la secretaria de Energía, Andrea Confini.
Después, el representante del consorcio SMP, Marcelo Pombiccini, destacó que el proyecto afrontará cuatro evaluaciones ambientales, consignando las dos provinciales (Neuquén y Río Negro), de la Nación y de los bancos que lo financian. Además, confirmó una inversión de 1.300 millones de dólares y una ocupación de 1.500 puestos directos en ocasión de la construcción del gasoducto y planta compresora.
Después, la consultora Serman y Asociados expuso su informe ambiental. El equipo -integrado por Mariano Miculisich, María Sol García Cabrera y María Eugenia Lahaye- contabilizó a «cinco puntos de la instalación del proyecto que quedarán en superficie» y reiteró que el plazo de ejecución se estima en 24 meses, estimando su inicio en «el segundo semestre del 2026».
El estudio permitió «identificar» la zona por donde pasa la traza y «no existe ninguna área protegida, ni sensible».
La nómina siguió con funcionarios rionegrinos: los secretarios Mario Figueroa (Relaciones Institucionales de Energía), Mariela Moya (Hidrocarburos) y Daiana Neri (Enlace con las Universidades). Sus conclusiones técnicas y políticas fueron favorables.
Luego, el intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, valoró la experiencia de su localidad donde se logró convivir su actividad fruti-horticola con los movimientos de «servidumbre de paso» generados por esos proyectos energéticos.
Elsa Carriqueo y Gerardo Cabrera, de «familias de pulperos», expresaron su acompañamiento con entusiasmo por la posibilidad laboral que ofrece.
Entre los gremios, Damian Miler, de la UOCRA, remarcó el impacto de estos proyectos energéticos en el sector de la construcción y destacó que 2.500 trabajadores están registrados actualmente en la delegación atlántica. Ese respaldo también surgió de una veintena de otros miembros del sindicato.
Otro apoyo fue el mensaje del profesor universitario y secretario del bloque de JSRN, Ricardo del Barrio, quien planteó que el «clima define el paisaje natural», también “la matriz productiva y desarrollo». Por eso, cualquier modificación debe darse con su «realidad y servicios nacionales», en el presente contexto.
Las expresiones disidentes al proyecto partieron de organizaciones ambientalistas y algunos vecinos. Existieron referencias a que la audiencia llega tarde porque ya «todo está resuelto y firmado» por parte de la Provincia, no faltaron cuestionamientos a la «militarización» del escenario y se dudó de las estimaciones planteadas de la ocupación laboral.
Desde la política, la única referente legislativa fue la sanantoniense Ayelen Sposito (Vamos con Todos). Figuraban en la nómina, pero no concurrieron sus pares Luciano Delgado Sempe y Magdalena Odarda (remitió un escrito con su postura).
En su exposición, Sposito reclamó «los estudios independientes” que sostengan “los cargos reales y no transitorios» y reclamó “garantías que den cuenta de que los trabajadores no serán de gente de afuera”.
Reiteró que el gobierno provincial eligió el «modelo extractivista» y expresó que «el discurso oficial habla muy poco de los impactos ambientales acumulativos».
Hubo planteos sobre los efectos del proyecto sobre el Golfo San Matías. Martín Di Giacomo afirmó que representa «un ecocidio» y sostuvo que «todos los que están acá, políticos y empresarios, son cómplices del ecocidio».
Por otra parte, María Salcedo advirtió que «no es solo un gasoducto, son buques industriales, más presión sobre el mar y más riesgo sobre ecosistemas altamente frágiles».
Seis legisladores expusieron. Cinco a favor y en contra lo hizo la peronista Sposito.
Se escucharon respaldos de los legisladores oficialistas Lucas Pica y Luis Noale, con críticas a los sectores que resisten, y los aliados Ariel Bernatene (UCR) y Fernando Frugoni (ARI).
Entre los últimos, el titular del bloque JSRN, Facundo López, resaltó que se concentró en la defensa del proyecto en la búsqueda de «crecimiento y desarrollo». Aceptó que la Audiencia «no es vinculante», pero aseguró que el «gobernador Weretilneck sabe escuchar», aunque adelantó la existencia de «una abultada mayoría» que respalda.
La Audiencia se extendió por algo más de 11 horas y el número final de expositores fue de 106. Se consignó que 85 de ellos -el 80%- plantearon su acompañamiento.
Los voceros de las cámaras respaldaron y también lo hizo Walter Sequeira, de la Federación Empresaria Rionegrina, aunque este dirigente además requirió un «derrame real, con industrialización».
Insistió en que «Río Negro no puede ser un simple paso de la riqueza«.
El empresario de Las Grutas reclamó «comisiones fiscalizadoras» y habló de «alarma» por lo que calificó un «avance digitado» en las contrataciones en Sierra Grande, donde «se cierra la participación a los rionegrinos».
Entre los vecinos, Adrián Marzo remarcó que «el derrame no se ve» y, en el mismo sentido, aun al valorar la iniciativa, Cándido García mostró su preocupación de que se repita lo que está ocurriendo en Sierra Grande.
Gastón Palomequez redundó en que «nos están dejando afuera» y calificó de «migajas» al «5% del bono por 20 años que van a usar el Golfo», en referencia a una asignación prevista por la ley del acuerdo para el municipio de San Antonio.

Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado
BUENOS AIRES (NA) — La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría, y los subsidios al consumo de gas. Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.
Para anotarse este triunfo legislativo, el oficialismo tuvo apoyo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.
Solamente se desprendió del esquema de habituales aliados los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron.
Además votó a favor, de manera insólita, la monobloquista Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien en la previa se había pronunciado en contra del nuevo régimen reducido de zona fría. Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) se plegaron al oficialismo.
Unión por la Patria votó monolíticamente en contra al igual que el Frente de Izquierda, y se sumaron asl rechazo nueve diputados de Provincias Unidas (incluidos los cordobeses y santafesinos, provincias perjudicadas por el recorte del subsidio).
También rechazaron el proyecto el puntano Jorge Fernández (Primero San Luis), la cordobesa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y la sorpresa la dio el puntano Claudio Álvarez, el único de Innovación Federal que se diferenció de la postura de su bloque (producto del perjuicio para su provincia).
El interbloque Unidas se dividió: cuatro diputados de Provincias Unidas votaron a favor, al igual que Nicolás Massot (Encuentro Federal).
Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro se abstuvo y Mónica Frade no quiso votar para no fijar postura. La misma decisión tomó Miguel Pichetto (Encuentro Federal).