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«Invertir en ciencia es invertir en el mejor futuro productivo, ambiental y social de la provincia«, afirma el proyecto de ley que circula en la Legislatura de Río Negro y que propone crear un Consejo Provincial de Ciencia, Innovación y Tecnología y un Fondo Provincial de Investigación Aplicada, destinados a articular el trabajo de universidades, organismos nacionales y el Estado provincial para fortalecer el polo científico de la provincia.

“El proyecto nació de una profunda preocupación por la falta de articulación entre el conocimiento científico-tecnológico y las políticas públicas provinciales”, explicó la legisladora Lorena Matzen (UCR), autora del proyecto, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Según detalló, la propuesta surge del convencimiento de que Río Negro tiene un potencial científico enorme, pero que muchas veces ese conocimiento “no logra traducirse en soluciones concretas para los problemas cotidianos de los rionegrinos”.

La autora señaló que la coyuntura nacional fue un motor clave en la elaboración de la iniciativa. «Hoy vemos con alarma el desfinanciamiento del sistema científico argentino, la amenaza de cierre de instituciones históricas como el INTA o el INTI, y la estigmatización del trabajo de nuestros científicos y científicas. En ese contexto, consideré fundamental que Río Negro se plantara con una política propia, autónoma y sostenida en el tiempo», sostuvo.

Esto se remarca en los fundamentos del proyecto donde advierte que el financiamiento nacional para la ciencia y la tecnología atraviesa una «marcada inestabilidad» y que, frente a ese escenario, varias jurisdicciones avanzaron en fortalecer sus propios sistemas. Entre ellas se mencionan Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que ya cuentan con ministerios o secretarias provinciales específicas para sostener políticas científicas.

Matzen enfatizó que la ley «busca darle a la ciencia y la tecnología un lugar estratégico dentro del Estado provincial«, creando “un espacio de planificación, articulación y continuidad que no dependa de los vaivenes políticos nacionales”. Además, explicó que su redacción fue «un trabajo colectivo, construido con investigadores, universidades, legisladores y referentes del sistema científico-tecnológico rionegrino«, bajo la convicción de que «el conocimiento es soberanía y futuro«.

Entre los fundamentos, se destaca que «Río Negro posee un capital científico y tecnológico de relevancia internacional», enumerando instituciones como Invap, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Conicet Patagonia Norte, el INTA, el INTI, el Instituto Balseiro, Intecnus, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional del Arte (UNA) y el IUPA.

Consultada sobre la relación con Río Negro Innova, la legisladora aclaró que la nueva ley «se complementa con Innova, pero lo supera en alcance«. Mientras ese programa depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Consejo propuesto «apunta a una instancia institucional permanente, de carácter interministerial, con representación académica, productiva y territorial».

«Podría coordinar acciones con Innova aprovechando su red y sus convocatorias, pero el Consejo tendría la función de definir prioridades estratégicas de mediano y largo plazo«, añadió, subrayando que también «orientaría los fondos provinciales de investigación aplicada y evaluaría las políticas de innovación».

Funciones del consejo provincial de ciencia, innovación y tecnología de Río Negro

Según la iniciativa, el Consejo Provincial de Ciencia, Innovación y Tecnología actuará como «órgano asesor, consultivo y de articulación de políticas públicas en materia científica, tecnológica e innovadora». Estará integrado por representantes de las universidades, organismos nacionales, ministerios provinciales, el sector privado y la Legislatura.

Entre sus principales funciones, el Consejo deberá «asesorar en la definición de la agenda provincial de ciencia, innovación y tecnología», «proponer líneas prioritarias de investigación aplicada a problemáticas provinciales» y «evaluar y recomendar proyectos presentados al Fondo Provincial de Investigación Aplicada».

En paralelo, el proyecto crea el Fondo Provincial de Investigación Aplicada (FPIA), que se integrará con aportes anuales del Presupuesto General de la Provincia «no inferiores al 0,2% del gasto total», además de aportes de municipios, convenios con organismos nacionales e internacionales, donaciones y recupero de propiedad intelectual.

El proyecto también establece que el fondo «se ejecutará mediante convocatorias públicas, abiertas y competitivas, con evaluación externa por pares», y que sus resultados deberán publicarse «en formato de datos abiertos».

Los proyectos elegibles deberán acreditar impacto en «producción agropecuaria sostenible, energías renovables, biodiversidad, especies invasoras y cambio climático, innovación en salud, educación y digitalización, turismo sostenible e inclusión social mediante tecnología».

Respecto a los desafíos concretos, Matzen señaló que «Río Negro enfrenta retos muy claros: transición energética, uso racional del agua, adaptación al cambio climático, agregado de valor al agro y aprovechamiento de recursos naturales sin degradar el ambiente«. En esa línea, aseguró que la ciencia local puede ser una herramienta clave: «Esta ley permitiría crear líneas de financiamiento específicas, promover proyectos interdisciplinarios y establecer alianzas público-privadas«.

Finalmente, la legisladora remarcó que «Río Negro asume un rol activo en la construcción de soberanía científica y tecnológica», con una visión de largo plazo. «El objetivo principal del presente proyecto consiste entonces en invertir en ciencia para el mejor futuro productivo, ambiental y social de la Provincia», concluye el texto.

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Las elecciones legislativas de 2025 dejaron mucho más que un nuevo reparto de bancas: dejaron un espejo. En él se refleja una sociedad cansada, desconfiada y dividida, que parece haber perdido la fe en la política como instrumento de transformación. En una democracia, cada voto debería expresar una esperanza; sin embargo, en la Argentina de hoy, el voto muchas veces se convierte en un grito, en una reacción, en un “no” antes que en una propuesta.

Con casi el total de mesas escrutadas, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo cerca del 41 % de los votos, consolidándose como primera fuerza nacional. Fuerza Patria, el nuevo frente peronista, se ubicó en torno al 32 %, mientras que la UCR, históricamente columna vertebral del sistema de partidos argentino, apenas superó el 1 % en algunos distritos. En la provincia de Buenos Aires, la diferencia fue mínima LLA 41,5 % y Fuerza Patria 40,8 %, mientras que, en la Ciudad, el oficialismo libertario alcanzó el 47 %. Detrás de los números se esconde algo más profundo: un cambio de era política.

Durante décadas, la Argentina vivió bajo un esquema de bipartidismo imperfecto, en el que el Justicialismo y la Unión Cívica Radical representaban las dos grandes almas políticas del país. Ese modelo, con alternancias, tensiones y acuerdos, sostuvo la gobernabilidad democrática desde 1983. Hoy, ese equilibrio se transformó en una disputa entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, con un radicalismo debilitado y una sociedad que parece elegir entre dos polos que concentran no sólo votos, sino también emociones.

Este nuevo sistema refleja un desplazamiento sociológico: la política ya no organiza identidades duraderas, sino que canaliza frustraciones momentáneas. Las promesas de cambio radical, los discursos antisistema y el enojo con “la casta” movilizan a sectores que antes encontraban contención en los partidos tradicionales. La política dejó de ser pertenencia y se volvió consumo: se elige, se usa y se descarta.

Pero esta mutación no sólo afecta a los partidos, afecta al tejido social. En los últimos años vimos conflictos que revelan la fragilidad de nuestra empatía colectiva: el reclamo de los trabajadores del Garrahan, la indiferencia hacia las personas con discapacidad, la angustia de los jubilados que sienten que el sistema los abandona. Estos hechos, sumados a la crisis económica, erosionan la confianza entre los argentinos. Nos hemos acostumbrado a mirar el dolor ajeno con distancia, como si no nos interpelara.

En ese contexto, el radicalismo enfrenta un desafío histórico: recuperar su sentido original. Ser radical hoy no puede significar aferrarse al pasado, sino rescatar valores, la ética del diálogo, la idea de bien común, la convicción de que la política debe servir y no servirse. El radicalismo nació para educar cívicamente, para demostrar que se puede gobernar sin odio y que el consenso no es debilidad, sino madurez democrática. Esa misión no ha perdido vigencia: por el contrario, nunca fue tan necesaria.

El odio se ha vuelto una moneda cotidiana. En redes, en las calles, en los debates públicos, se confunde el adversario con el enemigo. La política se vive como un clásico de fútbol: se festeja la derrota del otro más que el triunfo propio. Y sin embargo, la democracia no sobrevive con hinchadas: sobrevive con ciudadanos. El odio desintegra lo que la política debería unir.

Raúl Alfonsín lo advirtió hace décadas: “La política no puede ser un campo de batalla donde se destruye al adversario, sino un espacio donde se buscan coincidencias.” Hoy, esas palabras resuenan con fuerza. La grieta no es una ideología: es una enfermedad del alma pública. Si los jóvenes crecen creyendo que hacer política es odiar, la democracia pierde su sentido moral.

Hace falta reconstruir un bien político-social, una idea común que nos devuelva la noción de destino compartido. Que nos recuerde que la política no es espectáculo ni revancha, sino el arte de convivir. Como decía Alfonsín: “Con la democracia se come, se cura y se educa.” No fue una frase ingenua, sino un programa ético. Nos señalaba que la verdadera tarea democrática es garantizar dignidad, empatía y justicia.

La Argentina necesita volver a creer. No en mesías ni en enemigos, sino en instituciones, en respeto y en diálogo. El voto es sólo el inicio; la convivencia, el desafío. Si queremos que la política deje de parecer un clásico de Boca y River, debemos recuperar algo más profundo: la conciencia de que, aunque pensemos distinto, compartimos el mismo país.