A primera vista, el escenario parece sacado de un manual de macroeconomía optimista. Como si una rara conjunción astral hubiese decidido, de pronto, sonreírle al Gobierno. Los principales indicadores oficiales muestran señales que, en otro contexto político y social, serían celebradas sin demasiados matices: baja el desempleo, comercio exterior que arroja superávits récord, exportaciones que vuelan, importaciones crecen moderadamente y el Producto Bruto Interno (PBI) que vuelve a expandirse, con proyecciones de crecimiento sostenido para los próximos años. Sin embargo, al mismo tiempo, la conversación cotidiana en la calle, en los medios y en los sectores productivos parece contar una historia muy distinta: fábricas que cierran, despidos, empresas que se van del país, salarios que no alcanzan y un clima generalizado de incertidumbre. ¿Estamos frente a una recuperación real o ante una ficción estadística? ¿Son compatibles los números oficiales con la experiencia concreta de la sociedad?
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La primera paradoja aparece en el mercado laboral. Según los datos difundidos por el INDEC, la desocupación se ubicó en el tercer trimestre en el 6,6%, una caída de 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior y de un punto en relación con el trimestre previo. En términos técnicos, es una buena noticia: menos personas buscando trabajo sin encontrarlo. Pero la pregunta surge de inmediato: ¿Cómo se explica esta mejora cuando, casi a diario, se escuchan noticias sobre cierres de plantas, despidos masivos y retiros de multinacionales? La respuesta no está en descalificar las estadísticas, cuya metodología es incuestionable, sino en analizarlas con mayor profundidad.
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Cuando se rasca un poco la superficie, aparece una realidad menos alentadora. Junto con la caída del desempleo, se registró un aumento de la informalidad, que pasó del 42,6% al 43,3% interanual. Es decir, la mayor demanda de empleo fue absorbida, en gran medida, por trabajos precarios, sin derechos laborales plenos ni estabilidad. Además, se produjeron cambios significativos en la composición del empleo: cayó la proporción de trabajadores en relación de dependencia (71,9% del total) y creció el empleo por cuenta propia, que ya representa el 24,5%. A esto se suma otro dato revelador: el 28,2% de los ocupados trabaja más de 45 horas semanales, una proporción que aumentó respecto del año anterior y que evidencia un fenómeno claro de sobreocupación. En un contexto de salarios reales presionados a la baja, muchos trabajadores compensan la pérdida de poder adquisitivo trabajando más horas o aceptando condiciones laborales peores. La lectura es contundente: el ajuste no se expresó tanto en un aumento del desempleo abierto, sino en un deterioro de la calidad del empleo.
El comercio exterior ofrece otra postal aparentemente virtuosa. En noviembre, la balanza comercial arrojó un superávit cercano a los 2.500 millones de dólares, el más alto para ese mes desde 1992 y el mayor del año. Las exportaciones totalizaron 8.096 millones de dólares, con un salto interanual del 24,1%, impulsado por un aumento del 28% en las cantidades exportadas, que compensó una caída del 3% en los precios internacionales. Productos primarios como la soja, los combustibles y la energía —con Vaca Muerta como emblema— y las manufacturas de origen industrial fueron los grandes protagonistas. La baja de retenciones agropecuarias implementada en septiembre actuó como un incentivo clave para acelerar las ventas externas, consolidando 24 meses consecutivos de superávit comercial.
Sin embargo, aquí también emerge la contradicción. Desde hace meses, distintos sectores empresariales reclaman una corrección del tipo de cambio para no perder competitividad exportadora. ¿Cómo se compatibilizan esos reclamos con un crecimiento tan fuerte de las exportaciones? La respuesta, nuevamente, está en los matices. El salto exportador se explica más por volumen que por precios y está concentrado en sectores muy específicos, particularmente aquellos ligados a recursos naturales y energía. No es necesariamente un indicador de competitividad sistémica del conjunto de la economía, sino de la capacidad de ciertos sectores de aprovechar ventajas puntuales, aun en un contexto de atraso cambiario relativo.
Del lado de las importaciones, los datos también desafían el relato dominante. En noviembre crecieron apenas un 6,6% interanual, con un aumento del 6,1% en las cantidades y de solo 0,4% en los precios. Muy lejos de la “invasión de productos importados” que denuncian algunos empresarios. La explicación reside en una combinación de factores: una demanda interna todavía débil, el adelantamiento de compras en meses previos por incertidumbre cambiaria y financiera, y una economía que, pese a crecer, aún no muestra un dinamismo robusto en el consumo y la inversión. El resultado es un superávit comercial elevado, pero que no necesariamente refleja una estructura productiva más fuerte o diversificada.
El crecimiento del PBI agrega una nueva capa de complejidad. En el tercer trimestre de 2025, la economía creció un 3,3% interanual, impulsada principalmente por el sector externo, y alcanzó nuevos máximos de actividad. Según proyecciones de BBVA Research, el PBI aumentaría un 4,5% en 2025 y un 3% tanto en 2026 como en 2027, lo que implicaría, por primera vez en dos décadas, tres años consecutivos de crecimiento. Desde la macro, el dato es positivo. Pero conviene no sobredimensionarlo. El crecimiento del PBI no es sinónimo automático de bienestar social ni valida por sí solo un modelo económico. Puede coexistir, como de hecho ocurre, con desigualdad, precarización laboral y deterioro del ingreso real. La pregunta, otra vez, es si se trata de una recuperación que derrama o de una mejora concentrada en pocos sectores.
Por supuesto, el punto de partida no es menor. La Argentina está hoy mejor que desde donde venía. El escenario de incertidumbre extrema, inflación descontrolada y ausencia casi total de expectativas que dominaba hace apenas unos años se ha atenuado de manera visible. La estabilización macroeconómica, la desaceleración inflacionaria y cierta previsibilidad en variables clave explican por qué algunos indicadores comenzaron a mostrar señales de mejora. Negar ese avance sería tan errado como sobredimensionarlo. El problema ahora ya no es el punto de partida, sino la distancia entre la mejora macro y su traducción concreta en la vida cotidiana, una brecha que sigue condicionando la percepción social y la sustentabilidad política del rumbo económico.
El frente político
A esta tensión entre números y realidad se suma el plano político, que lejos está de acompañar con estabilidad el relato económico. El fracaso del Gobierno en Diputados durante el tratamiento del Presupuesto 2026 y la postergación de la reforma laboral en el Senado expusieron límites claros a la ofensiva del Ejecutivo. Ambos episodios dejaron al descubierto disputas internas dentro del oficialismo, especialmente entre el entorno presidencial, el asesor Santiago Caputo y Karina Milei, y evidenciaron la dificultad de construir mayorías parlamentarias estables.
La aprobación del proyecto de inocencia fiscal, orientado a movilizar dólares no declarados hacia la economía real, funcionó como un bálsamo momentáneo. Permitió recomponer ánimos y bajar tensiones internas, pero no logró disipar una interna libertaria que sigue latente. Las reuniones tensas en la Casa Rosada reflejan una dinámica de gestión basada más en la contención permanente de conflictos que en una estrategia política de largo plazo.
El aplazamiento de la reforma laboral fue un golpe particular para Patricia Bullrich, quien había impulsado su tratamiento inmediato. La admisión de que el texto será negociado y modificado significó un retroceso para el ala más dura del Gobierno y mostró que la resistencia sindical y opositora, sumada a los problemas con aliados legislativos del PRO y sectores de la UCR, todavía tiene capacidad de condicionar la agenda oficial. La crisis en torno a la conformación de la Auditoría General de la Nación terminó de completar un cuadro de fragilidad política.
El debate presupuestario dejó, además, una imagen complicada para el Gobierno. La incapacidad de derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, ya sancionadas por el Congreso, fue leída como una mezcla de mala praxis política y obcecación fiscal. La insistencia en recortar esos gastos erosionó la imagen de sensibilidad social del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, y facilitó un encuadre opositor eficaz: estudiantes, jubilados y personas con discapacidad frente a empresarios y sectores privilegiados.
El costo político se agravó por la estrategia utilizada para conseguir quorum y media sanción. La distribución de cerca de 70.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional a gobernadores dialoguistas, en la previa del debate, debilitó el discurso oficial contra la “casta” y alimentó acusaciones de compra de voluntades, más allá de los intentos del Gobierno por minimizar el hecho.
En este contexto, la Casa Rosada intenta aferrarse a las señales positivas: la reacción favorable de los mercados, la aprobación del presupuesto tras años de prórrogas y los buenos números macroeconómicos. Pero la reforma laboral seguirá siendo un terreno de disputa y un test clave de gobernabilidad. La CGT celebró la postergación como un triunfo parcial, aunque asume que la reforma probablemente se sancione, pero la baja capacidad de movilización evidencia también su pérdida de protagonismo político.
La incógnita central es si el Gobierno será capaz de leer correctamente el mensaje de estas derrotas parciales. Los indicadores macro pueden alinearse, pero sin una traducción concreta en mejoras de la vida cotidiana y sin una estrategia política más flexible, el riesgo es que el relato oficial termine chocando, una vez más, con una sociedad que percibe que la realidad va por otro carril. Porque, al final del día, ningún alineamiento planetario alcanza si la economía crece, pero la gente no lo siente.
