El legislador libertario César Domínguez reiteró ante el vicegobernador Pedro Pesatti el reclamo para autorizar la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura de Río Negro y advirtió sobre una posible «arbitrariedad institucional».
Este viernes, después del reconocimiento de Cambia Río Negro, La Libertad Avanza (LLA) solicitó a Pesatti que autorice la conformación de su bancada legislativa, según consta en una presentación elevada por el legislador Domínguez.
Si bien el parlamentario ya había realizado ese pedido con anterioridad, ahora insistió tras la apertura del espacio alineado con el diputado nacional Aníbal Tortoriello. De prosperar el requerimiento libertario, el número de bloques en la Legislatura ascendería a nueve, profundizando la fragmentación parlamentaria.
Desde diciembre de 2023, el cuerpo legislativo estuvo conformado por siete bancadas: la oficialista Juntos Somos Río Negro; los dos espacios peronistas, PJ–Nuevo Encuentro y Vamos con Todos; además del PRO, el ARI, la UCR y Primero Río Negro.
Domínguez fue electo por Primero Río Negro y posteriormente se incorporó a las filas de La Libertad Avanza.
El legislador Domínguez insistió por el reconocimiento del bloque de LLA. Foto: Marcelo Ochoa.
En su nota dirigida a Pesatti, solicitó que se adopte una decisión “coherente con los valores de pluralismo y democracia” y reclamó que se habilite el bloque libertario “sin más dilaciones”.
En otro tramo del escrito, advirtió que negar el reconocimiento implicaría “una contradicción con los propios actos, una afectación directa al principio de igualdad y la configuración de un grave acto de arbitrariedad institucional”, incompatible —según sostuvo— con el orden constitucional vigente.
El legislador remarcó que un eventual rechazo solo podría explicarse por razones ideológicas, al sostener que “se deniegue un bloque únicamente por ser contrario a sus ideas”, lo que consideró abiertamente contradictorio con los valores invocados en resoluciones recientes.
Domínguez recordó que su pedido lleva más de un año sin una respuesta favorable y puso el foco en los argumentos utilizados por Pesatti para autorizar el bloque Cambia Río Negro, entre ellos la apertura democrática, el pluralismo político y el fortalecimiento institucional de la Legislatura.
En ese sentido, consideró que los mismos criterios deben aplicarse a La Libertad Avanza mientras entendió que la conformación de bloques legislativos no debe entenderse como una facultad discrecional, sino como una expresión del mandato popular y del funcionamiento democrático del Parlamento.
Domínguez fue electo junto a Yolanda Mansilla por Primero Río Negro, pero que, tras su incorporación a LLA, ese partido de origen presentó un recurso judicial para recuperar su banca. Ese trámite todavía se encuentra en análisis en el Juzgado Electoral de Río Negro, a cargo de Carlos Da Silva.
El legislador César Domínguez, referente de La Libertad Avanza en Río Negro, reiteró ante el vicegobernador Pedro Pesatti el pedido para que se autorice la conformación de la bancada libertaria en la Legislatura provincial. En la presentación advirtió que una negativa configuraría un acto de “arbitrariedad institucional”.
El reclamo fue formalizado luego de que la presidencia del cuerpo legislativo reconociera el bloque Cambia Río Negro, alineado con el diputado nacional Aníbal Tortoriello. A partir de esa decisión, La Libertad Avanza solicitó que se apliquen los mismos criterios para habilitar su propia bancada.
De prosperar el pedido, el número de bloques legislativos pasaría de ocho a nueve, lo que profundizaría la fragmentación parlamentaria. Desde diciembre de 2023, la Legislatura rionegrina funcionó con siete bancadas: Juntos Somos Río Negro, PJ–Nuevo Encuentro, Vamos con Todos, PRO, ARI, UCR y Primero Río Negro, a las que luego se sumó Cambia Río Negro.
El planteo formal y los argumentos
Domínguez fue electo por Primero Río Negro, pero posteriormente se incorporó a La Libertad Avanza. En la nota dirigida a Pesatti, pidió que se adopte una decisión “coherente con los valores de pluralismo y democracia” y reclamó que se habilite el bloque libertario “sin más dilaciones”.
En otro tramo del escrito, sostuvo que negar el reconocimiento implicaría “una contradicción con los propios actos, una afectación directa al principio de igualdad y la configuración de un grave acto de arbitrariedad institucional”, incompatible —según expresó— con el orden constitucional vigente.
El legislador agregó que un eventual rechazo solo podría explicarse por razones ideológicas, al considerar inadmisible que “se deniegue un bloque únicamente por ser contrario a determinadas ideas”, algo que juzgó contradictorio con los fundamentos utilizados para autorizar otros espacios parlamentarios.
Comparación con Cambia Río Negro y situación judicial
Domínguez recordó que su solicitud lleva más de un año sin resolución favorable y puso el foco en los argumentos invocados por Pesatti para habilitar el bloque Cambia Río Negro, entre ellos la apertura democrática, el pluralismo político y el fortalecimiento institucional del Parlamento.
En ese sentido, sostuvo que la conformación de bloques no debe entenderse como una facultad discrecional de la presidencia de la Legislatura, sino como una expresión del mandato popular y del normal funcionamiento democrático del cuerpo.
Por último, recordó que fue electo junto a Yolanda Mansilla por Primero Río Negro y que, tras su pase a La Libertad Avanza, el partido de origen inició una acción judicial para recuperar su banca. Ese expediente continúa en análisis en el Juzgado Electoral de Río Negro, a cargo del juez Carlos Da Silva.
Tras un cierre de año satisfactorio con la sanción del Presupuesto, el Gobierno eligió abrir el 2026 en guerra con el Congreso: aprovechó el primer día de receso parlamentario para dictar un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que reforma de raíz el sistema de Inteligencia y permite, entre otras cosas, la detención de personas ante hechos de flagrancia. La oposición encendió alarmas y ya se mueve para voltear la medida, mientras que el PRO y la UCR demoran una definición.
El DNU que refuerza a la SIDE y enfrenta al Gobierno con la oposición
El decreto, que lleva el número 941/25 y tiene 41 artículos, fue publicado en el Boletín Oficial y amplía las facultades de la SIDE (Secretaría de Inteligencia), además de modificar y reordenar las dependencias a su cargo. “Reforma de segunda generación”, es como el Gobierno caratula un DNU que ya levantó una fuerte polémica.
Entre los puntos más preocupantes, en su artículo primero dispone que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto”, algo que en la oposición califican como ambiguo y opaco. Además, el personal de inteligencia podrá aprehender personas, lo que podría convertirlo, según denuncian, en una “policía secreta”.
También permite que la SIDE disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia, sin precisiones sobre cantidad de efectivos y temporalidad. Asimismo, los responsables de todo el Sector Público Nacional estarán obligados a aplicar “medidas de seguridad de contrainteligencia”, con lo cual, advierten, prácticamente todo el Estado queda sometido a una “lógica peligrosa y perversa”.
Algunos de los cambios de organigrama son: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a ser la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); se crea un Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) que funcionará como ente descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete; y se reemplaza la DNIEM (Dirección de Inteligencia Militar) por la DGIEMCO, que es el área de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
El DNU, en manos de la oposición
El DNU rige desde este viernes y seguirá en vigencia mientras el Congreso no lo rechace. A partir de ahora, comenzaron a correr los plazos legales: Jefatura de Gabinete tiene 10 días hábiles para enviar el DNU al Congreso, y desde ese momento la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (la única que funciona durante el receso) tiene otros 10 días para dictaminar sobre la validez o no del decreto. Si no lo hace, diputados o senadores podrán tratarlo de oficio en los recintos. Para anularlo, necesitan el voto negativo de ambas Cámaras.
Diputados de Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda, así como Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), ya salieron a manifestarse en contra: exigen que la reforma salga por ley y rechazar el DNU. Para eso suman, juntos, 120 diputados: están a solo 9 de rechazar el DNU en la Cámara baja, un número que no es imposible de conseguir.
El PRO y la UCR demoran una definición. El bloque de diputados que responde a Mauricio Macri emitió un comunicado donde anunció que un “equipo especializado” está analizando el decreto. Agregaron que la Ley de Inteligencia ya se modificó por DNU en el pasado y señalaron que esperarán los “protocolos” que dicte el Poder Ejecutivo para sentar una postura.
“Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”, indicaron los legisladores dirigidos por Cristian Ritondo.
Por el contrario, en la oposición fueron tajantes. El diputado Agustín Rossi, que fue interventor de la ex Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Alberto Fernández, denunció que la reforma “transforma a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’, habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial”, por lo cual “la SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial”.
Además, el kirchnerista alertó sobre la ambigüedad del término “carácter encubierto” vinculado a todas las actividades de Inteligencia. También señaló que la SIDE podrá requerir colaboración sin límites a las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Por su parte, De la Sota sentenció que “es un exabrupto legal que debe ser eliminado por el Congreso”. “Arrasa las libertades individuales y crea un Estado persecutorio con dispositivos de contrainteligencia en universidades nacionales, en instituciones de la seguridad social y hasta en hospitales públicos”, lamentó.
El interbloque Unidos (integrado por Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica) se expresó en sintonía. “No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”, consideraron, y reclamaron que “cualquier reforma al sistema de Inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad”.
Tanto Unidos como Unión por la Patria exigieron por nota al presidente de Diputados, Martín Menem, y a la titular del Senado, Victoria Villarruel, que se constituyan “de inmediato” las dos bicamerales que deben intervenir.
Por un lado, la de Trámite Legislativo, que es la que controla la validez de los DNU. Hasta el 10 de diciembre, esa comisión estuvo presidida por el diputado Oscar Zago (MID), aliado del oficialismo. La otra bicameral en mora es la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que estaba en manos del exsenador y ahora diputado radical Martín Lousteau.
“El decreto introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener ‘carácter encubierto’, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”, señaló el interbloque Unidos.
También criticaron que “extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de Inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”.
Desde el Senado, la schiarettista Alejandra Vigo también sentenció que “un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación. Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU”.
El de Inteligencia ya demostró ser un tema sensible en el Congreso: en 2024, la oposición volteó el decreto de Javier Milei que incrementaba a $100.000 millones el presupuesto reservado de la SIDE. Fue el primer DNU anulado en la historia.
La defensa de la SIDE
En un comunicado, la SIDE defendió la reforma: “Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del presidente Javier Milei, requieren que la Nación cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”.
“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”, explicó el organismo, a la vez que destacó que se “impulsa un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura”.
Los puentes tendidos en las sesiones extraordinarias entre La Libertad Avanza y el peronismo sembraron todo tipo de suspicacias de cara a debates cruciales que enfrentará el Congreso en 2026, como la reforma laboral y la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Los contactos entre ambas fuerzas, que se definen como antagónicas, quedaron plasmados en dos votaciones: la de los nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación, y el Presupuesto.
En la Cámara de Diputados, los libertarios demostraron no tener inconvenientes en acordar con Unión por la Patria para designar a tres miembros de la AGN en plena madrugada y para indignación de los aliados violetas, ignorados en esas negociaciones. El acuerdo les sirvió para colocar un miembro de cada lado (Juan Ignacio Forlón de La Cámpora y Mónica Almada por La Libertad Avanza) y dejar el tercero para una dirigente del gobernador salteño Gustavo Sáenz.
“Juegan los números, juegan las mayorías, y ocurrió de esta manera. Es parte de la vida política”, argumentó en aquel momento el titular de la Cámara baja, Martín Menem, al responder a la furia del PRO, que presentó un amparo en la Justicia para frenar los nombramientos, sosteniendo que son inconstitucionales porque el tema no figuraba en la hoja de ruta de las extraordinarias.
Tan solo días después de aquel episodio, tres senadores del interbloque Popular que mantienen vínculos con gobernadores votaron a favor del Presupuesto de Javier Milei. Fueron la tucumana Sandra Mendoza (alineada a Osvaldo Jaldo), el catamarqueño Guillermo Andrada (reporta a Raúl Jalil) y la jujeña Carolina Moisés, de buen vínculo con el mandatario Sáenz. Son legisladores que no reportan a la expresidenta Cristina Kirchner ni tampoco al jefe de la bancada, José Mayans.
El oficialismo no necesitaba de esos votos para sancionar la “ley de leyes”, que salió con mayoría holgada (46 votos afirmativos). Sin embargo, los legisladores del bloque Convicción Federal no solo acompañaron el Presupuesto, sino también el capítulo más polémico, el II, que habilita recortes en las áreas de educación y Ciencia Técnica, a la vez que desfinancia la educación técnica y el sistema de defensa. Es decir, el apoyo de estos tres senadores fue incondicional.
Las vacantes de la Corte Suprema en disputa
Con estos antecedentes, el Gobierno encara desde otro lugar los debates que se avecinan, como el de la reforma laboral. El peronismo buscó mostrarse abroquelado en contra del proyecto del Poder Ejecutivo, pero la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, puede aspirar a romper una vez más al interbloque de Mayans y llevarse votos a favor, como ya lo hizo con el Presupuesto. Dependerá de las negociaciones que se llevan adelante con los gobernadores involucrados.
Más allá de la reforma laboral, los puntos de encuentro entre libertarios y peronistas abren otro escenario de cara a la cobertura de las dos vacantes que existen en la Corte Suprema. A diferencia de la reforma laboral, que se aprueba con mayoría simple, los pliegos requieren dos tercios de los votos. Si todos están presentes, son 48, y el espectro del oficialismo y aliados tiene 44. Es decir, captar votos del interbloque Popular ya no solo será cuestión de quebrar al enemigo, sino también de necesidad.
El Gobierno ya fracasó de manera estrepitosa en nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para completar la Corte. Con votos de la oposición, el Senado volteó ambos pliegos en rechazo a los nombramientos por decreto que había firmado Milei. Ese resultado llevó a García Mansilla a renunciar al cargo, en el que duró menos de dos meses. Lijo, por el contrario, no llegó a jurar porque la Corte no le aceptó su licencia como juez.
Tras esa dura derrota para el Gobierno, la senadora cordobesa Alejandra Vigo impulsó, junto con su par salteño Juan Carlos Romero y con apoyo de Unión por la Patria, el debate sobre la ampliación del máximo tribunal. No obstante, la discusión no tuvo avances concretos: el Gobierno se mantuvo al margen y tampoco volvió a proponer otros nombres para integrar la Corte, que sigue con tres jueces. El nuevo período aparece como una nueva oportunidad.
En el Senado también están pendientes sus tres nombramientos en la AGN, en espejo a los que ya aprobó Diputados. Si bien Mayans sostiene que les corresponden dos lugares, sabe que no se los aceptarán y se resigna a ocupar uno: nominan a Javier Fernández, quien ya fue auditor. El otro puesto quedaría para La Libertad Avanza, y el tercero está en disputa entre la UCR (le correspondería por número) y el PRO, que busca una compensación tras quedar relegado en Diputados.
La posición planteada por el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, de ponerle fin a las reelecciones indefinidas en los municipios abre el debate no solo con sus vecinos del Valle Medio, la mayoría con más de un mandato en el poder, sino también dentro de su propio partido, Juntos Somos Río Negro, que tiene líderes territoriales que llegarán a 28 años de gobierno al finalizar esta gestión.
A mediados de año en Choele Choel, el partido Somos Choele presentó un proyecto de enmienda de la Carta Orgánica Municipal para establecer un freno a las reelecciones de todos los cargos electivos. El intendente Ramello sorprendió ahora, seis meses más tarde y al cierre del año, al mostrar interés en esta premisa y alentar la imitación por parte de todos los municipios de la provincia.
“La reelección indefinida de intendentes en Río Negro es un privilegio que la democracia no puede tolerar más”, acusó en su cuenta de X y dijo que “la política debe dar el ejemplo”. El jefe comunal cumple su segunda gestión consecutiva.
Hay que aclarar que cada municipio tiene autonomía y sus propias normas locales por lo que un límite de mandatos solo puede darse con modificaciones en la carta magna local o en su defecto una norma superior como puede ser un mandato de la Constitución Provincial.
En Bariloche se abre el debate de reforma de la Carta Orgánica Municipal el próximo año y este tema puede ser incluido. El exlegislador Alejo Ramos Mejía (Frente Renovador) por estos días lanzó la propuesta de generar alternancia en el poder y limitar las reelecciones, actualmente permitidas para cumplir dos períodos de gobierno.
Hay intendentes que llevan siete gestiones
Hoy al menos una quincena de municipios rionegrinos tienen intendentes con trayectoria, algunos cumplen un segundo mandato, hay de tres períodos consecutivos y hasta de siete mandatos al frente de intendencias. Estos últimos son dos casos puntuales y de figuras de JSRN: Mabel Yahuar en Los Menucos y Miguel Petricio en Mainqué, que cumplirán 28 años de intendentes en el 2027.
Recientemente en Ramos Mexía, con la reforma de su Carta Orgánica sancionada este año, se convalidó una propuesta del intendente Nelson Quinteros -aliado del gobernador Alberto Weretilneck- que amplió la opción hasta una re-reelección, es decir tres mandatos.
Entre los que tienen más años en las intendencias está también el intendente de Lamarque, Sergio Hernández (PJ) que cumple su quinto mandato y llegará a 20 años en el poder al cerrar esta gestión en 2027 y en Comallo, Raúl Hermosilla (JSRN), ejerce la cuarta gestión que cerrará con 16 años en el poder.
En Valle Medio, vecinos a Ramello, hay varios intendentes con más de un mandato: Miguel Jara (Juntos por Pomona) en Pomona lleva tres gestiones; Miguel “Cuni” Mansilla (UCR) cumple su segundo mandato, al igual de Robin Del Río (JSRN) en Luis Beltrán.
También tienen dos períodos María Emilia Soria (PJ) en Roca; Héctor Leineker (PJ), General Conesa; Adrián Casadei (JSRN) en San Antonio Oeste; Yamila Direne (UCR) en Valcheta y Claudia Montanaro (PJ) en Cervantes cumple su tercer mandato.
Corresponde, a esta altura del año, como es habitual, enumerar los sucesos políticos más trascendentes de 2025 en Neuquén y en la Argentina, a modo de ayuda memoria. Un poco a modo de cronología, otro poco para entender un tanto más, el extraño tiempo político que atravesamos.
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2025 fue, ante todo, el año en que Javier Milei y Rolando Figueroa consolidaron la ruptura con los partidos tradicionales y los sistemas dominantes en sus respectivos distritos. Peronismo, Kirchnerismo, PRO, MPN, UCR y cuanto partido conocido, han quedado definitivamente desdibujados frente a un electorado que ya no confía más en ellos.
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En 2025 ya no fueron viejos sellos y consignas, sino personas e ideas quienes llenaron las urnas y en el caso de Milei y Figueroa, con acciones y estilos muy distintos, pero con un resultado político similar: terminaron el año fortalecidos.
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En el plano nacional, el recorrido político del año fue accidentado, por momentos al borde de la cornisa, por lo que la calma presente definitivamente causa asombro.
El Caso Libra marcó el primer gran escándalo político del gobierno y puso a prueba su relación con el electorado, el Congreso y la Justicia. Luego, la salida del cepo cambiario en abril fue una decisión de alto riesgo político y económico, que reportó una victoria importante para el Gobierno. A eso se le sumó el episodio del Karina Gate y las denuncias por coimas en ANDIS, que amenazaron con demoler por completo el discurso moral del oficialismo y con el su legitimidad para sostener un plan de ajuste y reformas.
Acto seguido, ocurrió una fuerte derrota electoral en la provincia de Buenos Aires que, a contramano de todo análisis electoral posible, terminó por fortalecer a Milei por dos factores clave: Por un lado, el apoyo incondicional del presidente norteamericano Donald Trump, ofreciendo todos los dólares necesarios para contener al inquieto mercado y por otro el miedo al derrumbe de la economía luego de una potencial derrota nacional, generó una sensación de miedo del electorado, que luego de casi dos años de sacrificio, no estuvo dispuesto a arriesgarlo todo y las urnas terminaron por acompañar nuevamente a Milei en lo que fue un victoria aplastante sobre el pasado.
La victoria de octubre terminó de consolidar el liderazgo presidencial, que trajo aparejada una estabilización política y económica parcial, insuficiente para hablar de éxito estructural, pero suficiente para cerrar el año con iniciativa política, mediante la presentación de la reforma laboral en un renovado congreso de la nación.
En Neuquén, el proceso fue distinto, aunque no menos disruptivo. Rolando Figueroa es un dirigente conocido que, a diferencia de Milei, rompió con el sistema desde adentro, desarmando el andamiaje histórico del MPN y reconfigurando el poder provincial.
El año comenzó con la continuidad de una crisis institucional de alto impacto, protagonizada por el caso Gloria Ruiz, que puso en tensión al Poder Legislativo y exigió definiciones políticas rápidas. La pésima performance de Ruiz en las elecciones legislativas, es decir, el veredicto popular y no el judicial, terminó de sentenciar la carrera política de la ex vicegobernadora.
En julio, la protesta de algunas agrupaciones mapuches frente a Casa de Gobierno volvió a exhibir la complejidad del conflicto territorial y la necesidad de una gestión política más fina y consistente. Algo similar ocurrió con los activistas de FASINPAT y Cerámica Neuquén, que sostenían un reclamo permanente con cortes de ruta, para que el Estado, con recursos públicos, financiara demandas sectoriales sin contraprestaciones claras. Se trata de actores con los que el MPN había optado históricamente por ceder y negociar de manera recurrente. El nuevo Gobierno provincial resolvió poner un punto final a esa lógica extorsiva, asumiendo deliberadamente el costo político que esa decisión implica.
En mayo, las elecciones en ATEN marcaron un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno provincial y el gremio docente. Angélica Lagunas, activa participante —y en muchos casos protagonista— de las protestas y cortes impulsados por sectores ceramistas y agrupaciones mapuches, estuvo cerca de quedarse con la conducción de uno de los sindicatos más poderosos de Neuquén. Finalmente, la victoria de Fany Mansilla, referente del sector que responde al histórico liderazgo de Marcelo Guagliardo, permitió encauzar la discusión gremial hacia un registro más moderado, tanto en las formas como en el fondo.
Las elecciones de octubre funcionaron como un test político clave para el Gobierno provincial. Por primera vez desde 1962, el Movimiento Popular Neuquino no se presentó a una elección democrática, y fue el nuevo oficialismo el que debutó en las urnas, obteniendo un segundo puesto en un comicio fuertemente nacionalizado. En ese contexto, la polarización entre mileísmo y peronismo —como ocurrió en Río Negro— dejó poco margen para terceras fuerzas. A diferencia de lo que creen algunos opositores a Figueroa, que ya se frotan las manos pensando en 2027, este tipo de resultados no es extrapolable a una elección de cargos ejecutivos. Así, Figueroa cerró la primera mitad de su mandato sin internas visibles y sin una oposición provincial organizada.
Es necesario agregar dato estructural de enorme peso: el récord de más de 500 mil barriles diarios de producción de petróleo, que reafirma a Neuquén como corazón energético del país en un incesante crecimiento productivo y económico que aún parece estar muy lejos de encontrar su techo.
En paralelo, Neuquén avanzó en un posicionamiento geopolítico estratégico, con el anuncio de OpenAI, la creadora de ChatGPT, y Sur Energy de un proyecto gigante, que consiste en la construcción en la Patagonia argentina, de un mega data center para inteligencia artificial con una inversión de hasta USD 25.000 millones, que dicen allegados al gobierno, estaría asegurado para Neuquén por sus ventajas climáticas, impositivas y estructurales.
Si algo une a Milei y a Figueroa en este 2025 es que ambos demostraron que la ruptura con los sistemas tradicionales no fue un fenómeno electoral pasajero, sino una reconfiguración más profunda del poder. Con estilos opuestos, discursos diferentes y agendas propias, cerraron el año con control político, orden interno y la iniciativa de cara al futuro. La incógnita ya no es si el cambio fue real, sino cuánto de ese cambio es sostenible en el tiempo y cuán profundo será, en un 2026 que promete algo más de estabilidad y una posible reactivación económica, luego de un período en el que la mayoría de los argentinos debió asumir costos significativos para abandonar modelos políticos agotados. Allí se jugará la verdadera prueba: si el sacrificio social queda atrapado en esa zona gris que Antonio Gramsci describía cuando advertía que “la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”, o si logra traducirse en un nuevo paradigma político capaz, finalmente, de caminar por sí mismo.
Después de una jornada de más de nueve horas de debate, el Senado convirtió este viernes en ley el Presupuesto 2026. La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención, gracias al apoyo del bloque oficialista, así como los senadores del PRO, UCR, la corriente peronista Convicción Federal y algunos partidos provinciales, como La Neuquinidad.
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La provincia de Neuquén cuenta con tres senadores: Pablo Cervi y Nadia Márquez integran el bloque de La Libertad Avanza, por lo que se esperaba su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo nacional. A ellos se sumó, con un voto a favor, la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que dejó algunos reclamos para la administración Nacional.
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En su primera intervención en el Senado de la Nación, la senadora neuquina Julieta Corroza votó a favor del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei. Definió el acompañamiento al presupuesto como un “acto de madurez democrática”, aunque remarcó que “cumplir también lo es”.
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Corroza aclaró que el respaldo llega acompañado de demandas concretas: más federalismo, reconocimiento del aporte estratégico de Neuquén y el pago de la deuda previsional que Nación mantiene con la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
El voto de los senadores libertarios de Neuquén
Por su parte, la senadora neuquina Nadia Márquez defendió la hoja de ruta económica y vinculó el resultado parlamentario directamente con el mandato social del último año. «Esto no es un triunfo del gobierno, es un logro de todos los argentinos que en octubre eligieron un rumbo», expresó la legisladora.
Para la senadora, la sanción del presupuesto es la herramienta institucional necesaria para dar previsibilidad al país y continuar con el plan de estabilización. «Lo que hoy se votó es el compromiso que asumimos con la gente: dejar de gastar lo que no tenemos y terminar con la inflación que destruye el bolsillo de los trabajadores», añadió.
En el mismo sentido se expresó el senador Pablo Cervi, compañero de bloque. “Es un hecho histórico que consolida el orden y el equilibrio fiscal, con reglas claras para que la Argentina deje atrás la crisis y vuelva a crecer”, destacó. La nueva ley de presupuesto ratifica la continuidad de la disciplina fiscal y centra los recursos en áreas que el oficialismo considera estratégicas.
Márquez enfatizó que este presupuesto permitirá que la inversión en sectores clave como la energía y Vaca Muerta se desarrolle en un marco de «reglas claras».
«Para los neuquinos, la estabilidad macroeconómica es fundamental. Sin inflación y con seguridad jurídica, nuestra provincia puede despegar definitivamente como el motor energético del país», señaló la senadora.
Javier Milei celebró la votación
Tras la votación del presupuesto 2026, con triunfos para el oficialismo tanto en general como en particular, el Presidente se expresó en redes sociales. Bajo el tìtulo de La Libertad Avanza, Milei destacó la votación con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026. «Es un hecho histórico», subrayó.
Dijo que no hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal «de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal».
Agradeció a Patricia Bullrich, a Diego Santilli y los 46 senadores «que hoy dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad».
Celebró que también se aprobara la Ley de Inocencia Fiscal, que – según sus palabras- «viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar. Esta ley es revolucionaria».
Osvaldo Llancafilo terminó su mandato y volvió sin estridencias al ministerio donde tenía su puesto. Sin embargo, para Navidad llamó la atención su presencia en la iglesia de Nadia Márquez. Esta aparición activó lecturas picarescas y dejó la sensación de que, ante la luz encendida, decidió pasar a saludar y dejarse ver.
Un lujo para Villa Puente Picún Leufú
Juan Luis Ousset, ministro jefe de Gabinete, dejó su marca en el aniversario de Villa Puente Picún Leufú. Se animó a cantar las estrofas del himno neuquino Trabun Mapu que suelen quedar fuera del repertorio oficial, acompañándose con su guitarra. Quieren imitar a Gaido que por ordenanza lo canta completo.
Todo por 40 minutos y once avales
La lista Verde que pretendía disputar la hegemonía de Juan Peláez y Luis Pusterla en la UCR no pudo cumplir su cometido. Como buenos radicales y estrictos con la Carta Orgánica, les faltaron 11 avales y llegaron 40 minutos más tarde del plazo. Un huinculense quedó mal visto por sus pares porque la lista no estaba completa.
Lolo no respetó el guion y quedó muy ocurrente
Leticia Esteves, ministra de Turismo y veterinaria de formación, intentó sumar su costado influencer con una grabación para desalentar la pirotecnia.
La ministra quedó muy ocurrente gracias a su perro Lolo
Su perro Lolo, poco dispuesto a respetar el guion, le saltó encima al iniciar la toma. Aun así, resultó un registro ocurrente que terminó diciendo más por espontáneo que por ensayado.
Control sindical contra la especulación
El diputado provincial del MPN y secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Ramón Fernández, encabezó una recorrida por el bajo neuquino puntualmente a las 16. Iba escoltado por una decena de colaboradores identificados con remeras azules en la zona de mayor movimiento comercial. El objetivo explícito era constatar que los comercios cerraran a la hora determinada el día 24 para que los asociados pudieran regresar a sus hogares y compartir la Nochebuena. Mientras el control sindical avanzaba calle por calle, quedó la duda sobre algún comerciante que decidió prolongar la atención para sumar ventas entre persianas que descendían con desgano.
El neuquino que estrecha vínculos con China
Julio Fuentes, neuquino de origen y de proyección internacional, se mueve con soltura en los salones donde se cruzan banderas y apretones de manos. En esta ocasión, acompañó al ministro consejero de China en Buenos Aires, Wang Xiaoxu, ejerciendo de anfitrión sindical con mirada hacia Asia. Mientras el titular de Clate estrecha vínculos a escala continental y posa para la foto diplomática, en su provincia algunos pares sindicales lo observan de reojo.
El titular de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales Julio Fuentes estrecha lazos con China
Río Negro
Llamado de atención para los abogados
La Cámara del Trabajo de Viedma formuló “un llamado de atención a profesionales del derecho” al detectar un “uso inadecuado de inteligencia artificial” en los escritos judiciales. Los camaristas detectaron casos donde se aluden a “fallos inexistentes o imposibles de verificar en los registros oficiales”.
El gremio legislativo tendrá su elección
Finalmente, el gremio legislativo votará después de que la Justicia suspendiera inicialmente el proceso por una presentación de la oposición. El nuevo llamado fijó la elección para el 10 de febrero. Se habilitó la lista oficial, que propone la reelección de Gustavo Morón, y la opositora, encabezada por Paola Suárez.
Negativa del STJ al bloque de peronistas
El STJ respondió al bloque de Vamos con Todos que no pueden proporcionar información por el crimen de Carlos Petruna. La víctima y el presunto autor estaban bajo la protección de la SENAF. La respuesta del gobierno no conformó, por lo que se pidió al STJ “avances y situación del agresor”, pero la respuesta fue que no se puede informar.
Walter Cortés se mete en el barro
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, se mete en el barro literalmente en su mensaje por las fiestas. En el video, camina en una calle de tierra y toma un puñado con las manos para hablar frente a cámara. Apuntó a “los políticos” que “ofrecen esperanza y no la cumplen”, manifestando su deseo de tener una municipalidad para todos y con menos burocracia.
Los “compañeros” se mostraron juntos, ¿un mensaje?
Pedro Pesatti estuvo en Bariloche para un asado de fin de año organizado por el intendente Walter Cortés con su gremio mercantil. El vicegobernador difundió su jornada cargada de saludos y brindis, donde se repite su encuentro con la exsenadora Silvina García Larraburu, con quien compartió mesa. Ambos se identifican por sus orígenes peronistas y comparten malestar con sus partidos, JSRN y el PJ respectivamente, por haber sido desplazados de las listas en octubre. A Pesatti le quedan dos años de mandato, pero nadie cree que sea la despedida, mientras la barilochense también teje estrategias para su futuro.
El sindicato de la construcción y su cierre auspicioso
El cierre de fin de año de la UOCRA en Sierra Grande marcó su tiempo de opulencia por los ingresos de las inversiones energéticas. Este panorama contrasta con las dificultades de otros sectores y sindicatos. El asado reunió a un millar de trabajadores y el encuentro concluyó con sorteos de un automóvil, motos y televisores
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, con el que aspira a fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal, uno de los objetivos que se propuso el ministro de Economía, Luis Caputo, y que recibió apoyo del presidente Javier Milei.
Fue por 43 afirmativos y 26 negativos. Más allá del bloque libertario, la iniciativa fue apoyada por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), senadores -incluso peronistas- con terminales en gobernadores y otros que juegan en solitario en la Cámara alta. El rechazo vino por parte de la totalidad de la bancada del peronismo-kirchnerista que lidera José Mayans.
La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA solo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
El artículo 39 del proyecto «establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos».
Aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.__IP__
Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.
El oficialismo buscaba este viernes en sesión especial del Senado convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2026 sin cambios, para evitar que vuelva a la Cámara de Diputados.
Luego de que el jueves de la semana pasada la oposición volteara el polémico capítulo 11, con el que el Gobierno pretendía, entre otros aspectos, derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ahora en la Cámara alta corre peligro el capitulo 2, que incluye el artículo 30 referido a la derogación del piso del 6% de inversión del PBI en Educación, y del mínimo de financiamiento en Ciencia y Tecnología.
El senador de La Libertad Avanza (LLA) y presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, destacó que por primera vez en décadas “se aprobará un Presupuesto sin déficit, porque no vamos a gastar más de lo que nos ingresa”.
“Estamos intentando poder gestionar un presupuesto que tenga una relación tan simple, algo lógico para nosotros, que no se había cumplido en los últimos 13 años, que es un presupuesto que tenga déficit cero”, insistió el jujeño.
El legislador libertario fue el primer orador del debate de la ley de gastos y recursos, que el oficialismo espera aprobar en general entre las 22 y 23, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Por su parte, Jorge Capitanich (Unión por la Patria) ratificó su rechazo a este Presupuesto “porque reduce significativamente partidas que tienen que ver con el desarrollo de las políticas públicas en el territorio”.
“Por lo tanto, se ejerce un mecanismo de coerción a las administraciones provinciales y municipales”, expresó el ex gobernador peronista de Chaco, que agregó que el Presupuesto del Gobierno ”viola sistemáticamente la Constitución».
El senador de la UCR Maximiliano Abad anunció que votará en general a favor del Presupuesto, pero rechazará en particular el capítulo 2.
“No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”, afirmó.
El bonaerense advirtió que “bajo el mantra del equilibrio fiscal” el Gobierno busca alejarse del paradigma de “la innovación y el conocimiento”, que son los pilares de cualquier país con índices de desarrollo.
En ese sentido, marcó como una contradicción que el Gobierno enuncie como “modelos a seguir” a países como Estados Unidos e Israel que están en la parte de alta de naciones que invierten en educación y ciencia.
“Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”, consideró Abad.
El senador radical sostuvo que “la justificación” que ha escuchado en estos días, basada en que “los pisos (de inversión) no se cumplen”, le “parece sinceramente ridícula”.
“Si no se cumplen, terminan siendo una referencia. Es hacia donde tenemos que ir y caminar. Tenemos que caminar hacia una mayor inversión educativa”, expresó.
Para Abad, “si este gobierno cree que puede llevar adelante una política educativa, la tiene que realizar con más fondos y no con menos fondos”.
La senadora tucumana de Independencia Beatriz Ávila remarcó que “este Presupuesto no es el ideal pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un circulo vicioso que tenía el país” vinculado a la incertidumbre y la crisis económica.
Si bien valoró la meta del déficit cero del Gobierno, aclaró que “el equilibrio fiscal no puede transformarse en un dogma de ninguna manera ni puede inmovilizar a la producción”.
Según Ávila, “el superávit fiscal no es un fin en sí mismo” sino que “tiene que ser un medio para lograr el desarrollo”, y aclaró que “un Estado eficiente no es un Estado reducido al mínimo”.
“Aprobar el presupuesto no es un cheque en blanco porque tenemos nuestra función de contralor. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Quedarnos por tercer año sin presupuesto?”, cuestionó.
A su criterio, “aprobar este presupuesto significa elegir la planificación sobre la improvisación, la trasparencia sobre la opacidad y el desarrollo sobre el estancamiento”.
“Necesitamos el Presupuesto. Es mejor que no tenerlo. porque no tenerlo significaría que seguiríamos con un manejo discrecional de los recursos públicos, y eso no lo podemos permitir”, finalizó la senadora tucumana.
A su turno, Alicia Kirchner (Unión por la Patria) aseguró que no hay que quedarse únicamente con el “superávit fiscal” y que hay que apuntar al “superávit social”.
“No me quedo con un superávit fiscal. Lo que quiero es un superávit social”, subrayó la santacruceña.
Al hablar sobre el crecimiento de las deudas con tarjetas de crédito de los argentinos, alertó que “no es libertad esto”
“Este Gobierno tiene un dejo de crueldad que deriva de la intolerancia”, disparó la hermana del ex presidente Néstor Kirchner.
Para la ex ministra de Desarrollo Social, “el Pacto de mayo es un chantaje” y al dirigirse a algunos de sus pares les pidió que “no se dejen extorsionar por programas que no le van a hacer bien a la Argentina”.
“Dar esta herramienta por la urgencia no sirve”, consideró Alicia Kirchner.
