Patricia Bullrich aseguró que el oficialismo ya tiene los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Senado, aunque reconoció que habrá cambios en el proyecto. La jefa del bloque de La Libertad Avanza encabezó este martes una nueva reunión con senadores aliados, en medio de intensas negociaciones por los artículos vinculados a Ganancias y a los fondos provinciales.
El encuentro se realizó en las oficinas de la Unión Cívica Radical y se extendió durante la tarde. Allí, los bloques dialoguistas volvieron a plantear objeciones sobre el impacto fiscal de la iniciativa, especialmente por la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, que afectaría directamente los recursos de las provincias. También se discutió la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que sería financiado con recursos de la Anses.
“Hemos aceptado muchas propuestas y muchos cambios, pero los vamos a dar a conocer recién en el recinto. Nada va contra nuestra bandera fundamental que es la del superávit fiscal”, dijo Bullrich al salir de la reunión. La sesión fue confirmada para el 11 de febrero.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, será clave en la definición de los ajustes relacionados con Ganancias, uno de los principales reclamos de los gobernadores. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales para asegurar apoyos y despejar resistencias.
Bullrich sostuvo que el acuerdo con los bloques aliados “está consolidado” y que ya cuentan con 44 voluntades para avanzar en el recinto. El oficialismo busca llegar al debate con un consenso amplio que permita aprobar la reforma sin sobresaltos.
En otro movimiento político, el senador neuquino Pablo Cervi oficializó su afiliación a La Libertad Avanza, acompañado por Karina Milei. Cervi había sido electo en alianza con los libertarios en su provincia, pero su vínculo con la UCR se fue deteriorando hasta que decidió sumarse formalmente al oficialismo.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo este lunes por la tarde un encuentro clave con senadores de espacios dialoguistas y confirmó que el miércoles de la semana próxima se realizará una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral, un proyecto que, según afirmó, se encuentra “en un 95% cerrado”.
El encuentro se extendió por más de dos horas y se desarrolló en la oficina central que la Unión Cívica Radical (UCR) tiene en la Cámara alta. Al finalizar, Bullrich brindó declaraciones junto al presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, y aseguró que el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.
Avance político y señales de acuerdo en el Senado
“Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, sostuvo Bullrich al ser consultada sobre el respaldo parlamentario. Desde los bloques aliados destacaron una buena recepción por parte del Gobierno, aunque aclararon que todavía restan conversaciones técnicas y políticas para terminar de pulir el texto definitivo.
Vischi remarcó que hubo avances sustanciales: “Pudimos aclarar varios puntos que generaban dudas y logramos entendimientos importantes. Quedan temas por delinear, pero estamos conformes con el texto al que se está llegando”.
Además, confirmó que ya se está firmando el pedido de sesión para el miércoles 11, con la intención de arribar a esa fecha con un consenso amplio.
Participaron de la cumbre los titulares del PRO y Provincias Unidas en el Senado, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente
Del lado de senadores provinciales se sumaron el misionero renovador -no massista- Carlos Arce, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Edith Terenzi, entre otras. Faltaron, a diferencia de la semana pasada, la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.
En el oficialismo reconocen que los votos del PRO, que comanda Goerling en el Senado, resultan clave para garantizar la aprobación de la reforma laboral.
Los puntos sensibles: impacto fiscal y provincias
Uno de los ejes que sigue bajo discusión es el capítulo fiscal y su posible impacto en la coparticipación. “Es un tema que nos preocupa porque afecta a las previsiones de las provincias. Lo estamos trabajando y evaluando alternativas”, explicó Vischi. También trascendió que algunos beneficios podrían orientarse especialmente a medianas empresas, y no sólo a grandes compañías.
Bullrich, por su parte, aclaró que el Gobierno optó por no detallar públicamente los cambios consensuados para evitar que el debate se fragmente antes de llegar al recinto. “La idea es que la ley se discuta cuando corresponda y con el proyecto completo”, señaló.
Qué falta cerrar antes de la sesión
La exministra de Seguridad admitió que aún hay cuestiones abiertas vinculadas a negociaciones entre gobernadores, senadores y el equipo económico. “Son temas que están en discusión, pero la idea es que el martes por la mañana esté todo listo”, aseguró.
En paralelo, algunos despachos deslizaron que las modificaciones a la ley de glaciares avanzan sin mayores obstáculos y podrían ser incorporadas en la misma sesión, aunque todavía no hay definiciones oficiales
Enero ha traído movimientos políticos que corren casi desapercibidos al ritmo del sosiego del verano neuquino. Sin embargo, no por silenciosos dejan de ser relevantes: anticipan un año de armado de estrategias, disputas internas y reposicionamientos en la política local.
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El PJ neuquino definirá su nueva conducción en elecciones previstas para el 19 de marzo. Ya se encuentra en pleno armado de listas, antes del cierre de presentación que irá del 5 al 23 de febrero. Oscar Parrilli, quien durante años contó con el “caballo del comisario” para definir a dedo los liderazgos provinciales, sigue ostentando el mismo caballo; solo que el comisario ahora está preso en San José 111. Su consigna principal —el “apoyo irrestricto por la liberación de Cristina”— no le alcanzó esta vez, ni desde el poder ni desde el convencimiento, para conformar una lista de supuesta unidad pejotista.
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Quien sí se muestra con voluntad y recursos para enfrentar a Parrilli con chances reales es el dirigente de la UOCRA, César Godoy, cercano al intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y ya activo en el desafío público a la conducción actual a través de redes sociales. A ello se suman otros sectores que siguen en movimiento dentro de la rosca peronista: la Corriente Peronistas de Base, que conduce Soledad Salaburu, y los peronistas alineados con el gobernador Rolando Figueroa.
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Así quedan trazadas las pinceladas de un cuadro que retrata al peronismo actual: fraccionado, sin unidad posible y en continuo proceso de erosión.
Sin líderes y en crisis
Ningún partido político puede resurgir sin líderes. Puede replegarse, resistir, mimetizarse o incluso sobrevivir administrativamente, pero sin conducción clara no hay unidad ni futuro político creíble. Lo que estamos viendo en el PJ, tanto a nivel nacional como en Neuquén es una crisis profunda de liderazgo.
El peronismo no ha desaparecido del todo, pero se extingue lentamente. No modifica la forma ni el discurso que Cristina Kirchner moldeó a su imagen y semejanza, y ya no encuentra socios con los cuales articular alianzas. Peor aún: no logra producir una figura capaz de ordenar su diversidad interna y devolverle sentido estratégico. Ni Cristina Kirchner, bajo su pesada condena ni Axel Kicillof, cuya imagen fuera de la provincia de Buenos Aires resulta tenebrosa, parecen tener expectativas reales hacia 2027. Sin embargo, tampoco habilitan el surgimiento de nuevos liderazgos.
El Movimiento Popular Neuquino corre una suerte similar, o incluso peor. Hoy no cuenta con un solo dirigente que lo represente, que le ponga voz o imagen en el presente. Yace fatalmente deslegitimado, silenciado, refugiado por unos meses más en algunos municipios y bancas legislativas, hasta que los mandatos se extingan, o en el mejor de los casos diluido en una identidad más amplia como la “Neuquinidad” de Rolando Figueroa, que funciona más como refugio momentáneo que como proyecto político.
UCR: una estructura sin pulso
El radicalismo, por su parte, permanece latente, como una estructura viva pero sin pulso. Existe, opina, acompaña eventualmente a algún proyecto mayor, pero no despierta adhesiones como lo hizo durante gran parte del último siglo en la Argentina. Al igual que el PJ y el MPN, carece de liderazgos fuertes capaces de disputar siquiera una fracción de la legitimidad discursiva que hoy ostenta el presidente Javier Milei, quien domina casi por completo el debate nacional.
En ese contexto, la UCR parece enfrentar solo dos caminos posibles hacia 2027: jugar a dividir a los libertarios y favorecer indirectamente a su principal opositor, o bien aliarse con el mileismo a cambio de una cuota de supervivencia institucional y política.
De este dilema no parece escapar el presidente de la UCR neuquina, Juan Peláez. Tras dar un resonante portazo al gobernador Figueroa y abandonar su cargo como secretario de Producción, se lo observa activo en la reorganización del radicalismo provincial, con fuertes críticas a los aumentos impositivos impulsados por la municipalidad que conduce Mariano Gaido. Al mismo tiempo, circulan rumores de negociaciones avanzadas con los libertarios neuquinos. ¿Volverá a mirar con deseo la Municipalidad de Neuquén, su proyecto original en 2023, aunque esta vez supeditado a las órdenes de Nadia Márquez y de su histórico rival interno, Pablo Cervi? Tal como solía repetir don Elías Sapag a su hijo Jorge: “los agravios en política caducan a los 60 días”.
Pase lo que pase con estos movimientos de la política tradicional, sus consecuencias probablemente sean marginales. La democracia, nos guste o no, ha cambiado para siempre. Hoy es más que nunca tribuna y coliseo. Se expresa en las urnas, en los despachos y en los recintos legislativos, pero ya no se legitima en los panfletos ni en los sellos partidarios tradicionales, sino en la calle, en el espectáculo y en los espacios donde el pueblo se reconoce a sí mismo.
Conexión directa
Insultar por redes sociales a quienes se han privilegiado de la política a costa del pueblo, cantar con el Chaqueño Palavecino en Jesús María o reírse con Fátima Florez en un teatro genera una resonancia infinitamente mayor que la doctrina partidaria escrita a puño y letra en el siglo XX por pensadores y dirigentes que las nuevas generaciones ni siquiera saben que existieron. A propósito de escenarios que mezclan show con política, febrero inicia con la Fiesta de la Confluencia, que seguramente seguirá dando mucho que hablar.
Sin embargo, no se necesitan grandes escenarios para trascender y conectar. Lo popular es, ante todo, una conexión directa entre el líder y la gente común, sin intermediarios, en su estado más cotidiano y personal. Menem lo entendió antes que muchos: ejercía su popularidad a patilla suelta, en cada cancha y en cada evento deportivo, bajo la mirada de los medios tradicionales. Milei hace lo mismo, pero con su peluca, en el escenario del espectáculo y amplificado por redes sociales que eliminan filtros y multiplican los “me gusta”.
Legitimidad
Pero no todo es show: por encima de los sellos partidarios y de los escenarios donde hoy se disputa la política, existe un condicionante aún superior: sin la legitimidad que otorgan los resultados, no hay luces ni redes que lo compensen.
Un enero de relativa calma macroeconómica, con inflación controlada, riesgo país a la baja y reservas de dólares en aumento, descomprime tensiones, genera expectativas y le permite sostener autoridad por encima del discurso. Esa calma, tal vez provisoria, tal vez duradera, opera hoy como un activo político que, en Neuquén, comienza a reordenar silenciosamente lealtades, expectativas y tiempos.
Cerramos insistiendo con una pregunta que desde hace tiempo sobrevuela la política neuquina y que dice mucho más de lo que aparenta. La Libertad Avanza, que hoy se muestra casi invencible en las urnas, ¿irá por todo —gobernaciones e intendencias— o elegirá una expansión selectiva y gradual, consciente de que no todos los territorios se conquistan solo desde el escenario?
Eduardo Benítez organizó un asado en Cutral Co para los convencionales de la oposición. Anfitrión en la ciudad que gobernaba. Era diciembre de 2005 y en aquella mesa se repartieron los cargos. El radical estaba seguro de que iba a presidir la asamblea que reformaría la Constitución de Neuquén. El MPN había ganado la elección, pero no le alcanzaba para tener mayoría propia: se quedó con 17 de las 35 bancas. Cuando llegó a la primera reunión de la constituyente, las fichas del tablero se movieron.
-No había que ir mucho a la escuela para darse cuentacómo estaban los números. Dos de los que estuvieron se dieron vuelta abiertamente. Eso nos dolió, nos golpeó mucho. En la política hay muchas cosas que se pueden hacer, pero a mí me parece que si no hay lealtad, no hay política.
La «traición» vino de su propio partido. Néstor Burgos y Hugo Prieto, quiroguistas que habían ido en la lista del Frente Cívico para la Victoria, armaron el bloque de la UCR y eligieron a Jorge Sobisch como presidente de la Convención. Cuando el mandatario fue ungido, la oposición ya había abandonado el recinto y afuera la policía reprimía manifestantes.
Este apoyo le dio algo de aire al oficialismo, aunque muchas de sus iniciativas quedaron reducidas a cenizas.
El germen
Ya en enero del 2000 el MPN dejaba trascender que quería la reforma. Desde 1994 las provincias eran dueñas de los recursos naturales existentes en su territorio y esto les iba a permitir manejar directamente las concesiones. Para eso se necesitaba modificar el texto constitucional de Neuquén, sancionado en 1957, especialmente el capítulo referido al régimen económico que les prohibía a las empresas acceder al negocio petrolero.
«(Sobisch) comienza a intentar insertar en la población la idea de que nosotros no teníamos los fondos suficientes para extraer (el petróleo) y que convenía vender la tierra. No tener concesionarios, sino que las petroleras tuvieran seguridad jurídica entonces venderle la tierra, que es venderle la propiedad del petróleo y el gas. ¿Qué hubiera ocurrido si se vendía? Habríamos recibido una importante cantidad de dinero por la compra de nuestro petróleo, pero no hubiéramos cobrado más regalías», aseguró Mariano Mansilla, convencional por el UNE.
En octubre de 2004 el MPN consiguió los dos tercios que necesitaba en la Legislatura para aprobar la ley que convocó a la reforma, gracias a los votos del radical Marcelo Inaudi y el peronista Enzo Gallia.
«En el campo popular se abrió un debate: si había que participar o si había que frenar el intento de reforma. Nosotros entendíamos que había que dar la discusión adentro, que había que oponerse pero ser parte de ese proceso», afirmó Paula Sánchez, convencional de Patria Libre.
Con una premisa similar se presentó a la elección del 25 de octubre de 2005 el UNE: «hagamos un partido para poder disputar en el seno de la convención el «No a la reforma», señaló Mansilla.
La ley 2471 permitía que se revisaran 258 de los 313 artículos de la Constitución de Neuquén.
«No dejaba ningún tema afuera del debate, también era un riesgo por qué te abría todos los frentes: salía pato o gallareta», agregó Sánchez.
En su discurso de apertura de sesiones del 2004, Sobisch aludió a la reforma y subrayó que «ningún hombre del Movimiento Popular Neuquino va a apoyar la re-reelección del gobernador de la provincia». Él transitaba su tercer mandato y el segundo consecutivo.
Además de la «re-re» estaba la intención de establecer una representación por distrito en la Legislatura.
«La reforma política era un pedido de los cuadros internos del MPN, porque siempre perdían la capital y la oposición tenía muchos diputados. Entonces querían regionalizar la provincia, un esquema parecido a la provincia de Río Negro. Contrabalancear con los lugares donde ellos tenían mayor apoyo», sostuvo Mansilla.
La propuesta de Benítez era otra: «nosotros queríamos poner la segunda vuelta, el ballotage, esa era una de las banderas». Lo consideraba un trampolín para terminar con la hegemonía del partido provincial.
Mansilla con la tapa del “Río Negro” del 25 de octubre de 2005, postelección. Foto Cecilia Maletti.
Altísima conflictividad
La Convención se desarrolló en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, durante el caluroso verano de 2006. Si bien el oficialismo contaba para algunos temas (no en todos) con la bancada radical, la oposición actuaba como un interbloque de 16. El segundo partido que había obtenido más votos era el Frente Cívico para la Victoria, con 7 convencionales; UNE tenía 5; Patria Libre 3 y Encuentro Amplio 1.
No sólo el gobernador había sido elegido para la constituyente, sino muchos intendentes (Raúl Podestá de Zapala, Silvia De Otaño de Plaza Huincul).
«El MPN creía que íbamos a impedir el funcionamiento de la convención, por que además los gremios estatales tenían mucho conflicto con Sobisch así que hubo grandes movilizaciones de trabajadores. El MPN también movilizó y hubo enfrentamientos tremendos afuera», mencionó Mansilla.
Sánchez dijo que «el arranque fue caótico, violento, con un nivel de intolerancia muy grande». «Un proceso de mucha disputa con un gobierno que había sido muy duro durante muchos años y al que de repente le podías torcer el brazo en ciertas discusiones«, insistió.
El mecanismo era similar al legislativo: las comisiones emitían despachos, se trataban en plenarios y luego la comisión redactora pulía los artículos. Ahí estaba Carla Castiglioni, la convencional del MPN que venía de la Asesoría General de Gobierno. No era afiliada entonces, pero integraba los equipos técnicos de jóvenes profesionales que acercaban proyectos.
«Tenías dos posiciones totalmente antagónicas», recordó. Planteó que «salvada la primera etapa» en la que algunos convencionales «venían con escribanos para dejar constancia» de lo que sucedía, el trato entre todos fue muy bueno
Para Benítez fue «una suerte» tener a «Salvatori (Pedro) como oficialista, era una persona que consensuaba muchas cosas». Sobisch no iba al debate en comisiones, señaló, «pero llamaba a los presidentes de bloques (como él) para que habláramos».
Benítez, en la misma banca que ocupaba en 2006. Era intendente de Cutral Co. A su lado se sentaba Podestá, por entonces jefe comunal de Zapala. Foto Cecilia Maletti.
Ni la reforma política ni la económica, que habían sido los motores de la convención, prosperaron.
El día de mayor tensión, después de la reunión preparatoria, fue cuando se discutió el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Neuquén. Mansilla dijo que el MPN no quería poner pueblo mapuche por que se negaban a valorarlo como el único originario. Estuvieron hasta la madrugada. La redacción final no cambió, pero a su entender la interpretación jurídica que prevaleció posteriormente lo contempló en el sentido que pretendían.
Un piso de derechos
Cuando en el recinto Sobisch le daba la palabra a Paula, la llamaba «el convencional Sánchez».
-No soy el convencional, soy mujer, me llamo Paula Sánchez y soy la convencional.
Lo corrigió tantas veces, que al final logró su cometido.
Paula Sánchez fue una de las 10 mujeres que ejercieron como convencional. Los 25 restantes eran varones. Foto Cecilia Maletti.
«Nosotras veníamos discutiendo la perspectiva de género desde Barrios de Pie, desde las organizaciones sociales por qué veíamos la necesidad de la reivindicación del derecho de las mujeres, después fueron de mujeres y disidencias, pero estamos hablando de 2005 cuando ni siquiera existía nacionalmente la 26.485 (la ley de violencia de género que se aprobó recién en 2009)», remarcó.
Las convencionales no llegaban ni a la mitad: eran 10 de 35. Una época sin paridad y con el cupo funcionando como techo. «Yo ingresé siendo la tercera de la lista», indicó.
Hace 20 años que la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas tiene rango constitucional en Neuquén, lo que incluye «promover que las responsabilidades familiares sean compartidas», «prevenir la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres y brindar servicios especializados para su atención» y fomentar «las acciones positivas que garanticen la paridad en relación con el trabajo remunerado», entre otros aspectos.
«Cuando planteamos los derechos sexuales y reproductivos hubo más ruido», enfatizó. Colocaron carteles que decían «Paula Sánchez asesina». El rechazo provenía de las iglesias evangélicas.
«Es un artículo que reforzó lo que vino muchos años después, que fue la ley de legalización del aborto, cuando habla del derecho a decidir cuándo, cómo y con qué periodicidad planificar tener hijos», apuntó.
Castiglioni resaltó que la agenda que llevaban consistía en «modernizar el texto constitucional» y aggiornarlo «a lo que eran los tratados de derecho internacional: los derechos del Niño, la perspectiva de género, la participación ciudadana». Sumó la incorporación del Consejo de la Magistratura y la creación del fuero procesal administrativo (en una segunda entrega nos referiremos a cuánto de esto efectivamente se implementó).
Opinó que ante determinados «vaivenes políticos me gusta que ciertas cuestiones hayan quedado en la Constitución».
La abogada trabajaba en la Asesoría General de Gobierno y le ofrecieron integrar la lista de convencionales del oficialismo. Foto Matías Subat.
El 17 de febrero de 2006 el texto se aprobó con aplausos por unanimidad.
La reforma solo pudo haber sido posible en esa coyuntura. Apenas un mes después un grupo de militantes del MPN con «cascos amarillos» desalojó una protesta docente en Huincul. Al año siguiente se produjo el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, ejecutado a corta distancia por el cabo José Darío Poblete. En plena crisis política, el gobernador apostaba a una candidatura presidencial.
Algunos de los cambios que estableció la nueva Constitución
Reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincracia provincial, el derecho a una educación intercultural y el otorgamiento de la personería jurídica de las tierras que tradicionalmente ocupan.
Se promovió el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, libres de coerción y violencia. Se incorporó la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de políticas públicas.
Se fijó la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio.
Quedó prohibida la reelección indefinida y las candidaturas simultáneas para dos cargos provinciales.
Cambió la forma en que se eligen jueces, juezas fiscales y defensores. El Consejo de la Magistratura sería de ahora en más el organismo extrapoder encargado de seleccionarlos por concurso público.
Se creó el Defensor del Pueblo de la provincia y los mecanismos de democracia semidirecta como la audiencia pública, la iniciativa popular, la consulta popular (vinculante y no vinculante) y la revocatoria de mandato.
Dato
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de diciembre de 2005 fue la primera reunión. La Convención finalizó el 17 de febrero de 2006. Es la única reforma que tuvo la Constitución desde 1957. Hubo una enmienda en 1994.
El verano político en Neuquén encara su segunda mitad con el letargo propio de la temporada, pero encuentra a más de un partido organizando la interna de este año y la definición de quienes tendrán la “lapicera” para marcar el rumbo del 2027.
En el Partido Justicialista, se revelará este miércoles cuántas son las facciones con intenciones de competir en las elecciones de autoridades del 15 de marzo. Por ahora, hay dos casi confirmadas: la de las figuras de siempre, con Oscar Parrilli de armador y que propone unidad y una interna más adelante para elegir las candidaturas del año que viene, y la del dirigente de Uocra, César Godoy, quien busca su revancha tras quedar afuera del armado en las legislativas del año pasado.
La UCR también reactivará sus engranajes este mes, con la asunción de las autoridades que resultaron de la frustrada interna en diciembre. De ese proceso es casi seguro que saldrá ungido como nuevo presidente Juan Peláez, quien mira con expectativas el 2027 mientras coquetea con las “ideas de la libertad” y critica la gestión de su exjefe Rolando Figueroa.
Se empieza a notar un exceso de libertarios en Neuquén, algo que seguramente se explica por el éxito que obtuvo Javier Milei en las elecciones nacionales de octubre.
Por estos días, hay una camada de libertarios outsiders, aglutinados en el partido provincial Cumplir, que busca captar la atención del presidente con posteos que acusan a los libertarios formales, los de La Libertad Avanza, de avalar conductas impropias de la gestión mileísta.
Le advierten sobre apoyos o al menos, falta de críticas, hacia el gobierno de Figueroa, el volumen de su planta de empleados, su gasto en publicidad o el nivel de endeudamiento de la Provincia (aunque sea irrebatiblemente más bajo que el de la gestión anterior).
La pregunta que cabe hacerse es, ¿quiere Milei enfrentarse al gobernador de Neuquén? A juzgar por los esfuerzos que vienen haciendo funcionarios nacionales como Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo por cultivar la relación y acercarlo a un “sí” en el debate de la reforma laboral, no pareciera.
Hay sectores que hasta sospechan de un supuesto acuerdo de convivencia por el cual La Libertad Avanza no jugaría fuerte en la elección a gobernador de 2027 y, en cambio, pondría su energía en algunos municipios que son de su interés, como los que pintaron de violeta en sus redes sociales hace un par de semanas.
Neuquén capital es uno de ellos: el intendente Mariano Gaido tiene el desafío no tan sencillo de imponer un sucesor o sucesora en la próxima contienda y el malestar que generó este verano el abultado aumento de tasas retributivas tampoco colabora.
Los libertarios formales, los outsiders y hasta los satélites como los radicales de Peláez ven ahí una oportunidad de capitalizar el voto de la ciudad más importante de la provincia que ya demostró, en 2023 y en 2025, estar bastante alineada a las ideas mileístas.
El verano político de Neuquén sale de a poco de abajo de las sombrillas y también lo hace el judicial. El viernes, la fiscalía de Delitos Económicos que lidera Pablo Vignaroli sorprendió la realización de nueve allanamientos en el contexto de una investigación por presunta administración fraudulenta de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos, cuyo presidente es el adjunto de Uocra, Juan Carlos Levi.
El dirigente, hasta ahora clave en el sistema de apoyos gremiales de Figueroa y quien el mes pasado participó del lanzamiento del programa Habita Neuquén junto al gobernador, estuvo demorado por algunas horas por la policía. “Todos me dicen que esto es una cuestión política”, dijo a este diario, pero aclaró: “No sé ni me interesa saber si alguien me soltó la mano”.
La jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich recibió este viernes a la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado por un grupo de menores en Santa Fe, y se comprometió a avanzar con la baja de edad de imputabilidad. Pero el debate se complejiza en la Cámara de Diputados: los dialoguistas advierten que el consenso llega hasta 14 años, en lugar de 13, y exigen además que la Nación transfiera fondos a las provincias para generar los centros de detención donde deberán alojarse los delincuentes.
Bullrich se mueve como figura todoterreno en el Congreso: mientras encabeza las negociaciones por la reforma laboral, se puso al hombro la nueva Ley Penal Juvenil. En ese marco, volvió a calzarse el traje de ministra de Seguridad para reunirse con Romina, la madre del joven de 15 años oriundo de la localidad de Santo Tomé que fue víctima mortal de un ataque a puñaladas perpetrado por tres adolescentes, una de 16 años y dos de 14.
El proyecto del Gobierno volverá a discutirse las próximas semanas, una vez que se conforme el plenario de comisiones encargado de dictaminar, al mando de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza). El debate no será fácil para el oficialismo: desde distintas bancadas dialoguistas advierten que el acuerdo para bajar la edad punible (actualmente fijada en 16 años) llega hasta los 14 años y no 13, como pretende Bullrich.
El año pasado, el dictamen que estableció los 14 años contó con aval del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el radicalismo no mileísta y provinciales hoy nucleados en Unidos e Innovación Federal. “Por parte de muchos de nosotros, no van a conseguir los 13 años. Partimos de 14 porque en la región es 14”, explicó un diputado entendido en el tema, que descartó de plano que prospere la propuesta original del Ejecutivo.
Pero además, se coló la cuestión fiscal y desde las provincias reclaman que la Nación garantice el presupuesto para los nuevos centros de detención de menores, que serán administrados por los gobiernos locales. Por si fuera poco, el debate llega en un contexto donde las provincias también perderían recaudación por la baja de la alícuota del impuesto a las Ganancias que está establecida en la reforma laboral.
“Este esquema de ‘Estado policial’ que quiere Bullrich, si no tiene un correlato en inversión, va a ser un verdadero fracaso”, sentenció ante este medio un integrante de las comisiones que debatirán el proyecto. “La infraestructura carcelaria es el tema principal, porque si se agravan las penas, hay que meterlos presos. Todos los delitos de más de tres años de pena son con prisión. ¿Dónde vamos a colocar a los jóvenes cuando hoy las cárceles ya están sobrepasadas, si no hay presupuesto de Nación?”, se preguntó la fuente.
El impacto fiscal del proyecto del Poder Ejecutivo es completamente desconocido. Y, a contramano de lo que el propio Javier Milei declama, tampoco se especifica cómo se financiará. Esta semana, el diputado Maximiliano Ferraro, del interbloque Unidos, requirió formalmente que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elabore un informe sobre el costo de la iniciativa.
“Entiendo que este pedido será saldado y resuelto con la debida urgencia, en tanto el análisis del impacto fiscal y de las implicancias presupuestarias de las iniciativas legislativas constituyen un criterio reiteradamente invocado por ustedes y por el bloque de La Libertad Avanza como condición necesaria para su tratamiento”, planteó el “lilito” en una nota enviada a Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal.
“Crimen sádico”
El cuerpo de Jermías Monzón fue hallado el 22 de diciembre pasado en un galpón abandonado frente al estadio de Colón de Santa Fe, aunque el crimen ocurrió el 18 de ese mes, cuando el joven fue emboscado por sus homicidas. El brutal asesinato fue filmado y el video circuló en redes sociales y mensajes de WhatsApp. La principal sospechosa es una excompañera de colegio de Monzón, de 16 años, pero hay otros dos implicados de 14.
“La mamá de Jeremías está como cualquier mama que torturan y matan a su hijo de esa manera. El Gobierno, que ya venía trabajando en la Ley Penal Juvenil, decidió poner el tema en extraordinarias para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo Jeremías que sigan siendo asesinados por menores que vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, dijo Bullrich en una rueda de prensa tras el encuentro.
Por su parte, Romina sostuvo que si el régimen penal hoy sería otro, los asesinos no estarían libres. “El crimen de ‘Jere’ fue un crimen sádico por donde se lo mire. Lo planificaron, lo ejecutaron, lo disfrutaron, se filmaron, hicieron un montón de cosas atroces para esconder las pruebas, para que no lo encontremos”, describió junto a sus abogados, que también participaron de la reunión con Bullrich.
Exigen que Nación declare la emergencia ígnea para la Patagonia
El legislador del bloque JxC-UCR, César Gass, presentó un proyecto de comunicación para solicitar que el gobierno nacional declare la Emergencia Ígnea en toda la región patagónica. Así lo reclama al indicar que la región atraviesa una extensa sequía acompañada por la aparición de una gran cantidad de focos de incendio, que afectan sobre todo grandes áreas cordilleranas de la provincia de Chubut.
Observa en sus fundamentos que los recursos que demanda el combate al fuego son muchos ante la necesidad de contar con medios aéreos hidrantes -aviones y helicópteros-, brigadistas, maquinaria pesada, equipamiento y logística de apoyo.
En ese sentido, la iniciativa alerta que estas necesidades se contraponen con políticas de prevención cada vez más desfinanciadas, así como también las instancias de alerta temprana, capacitaciones en manejo integral del fuego y programas destinados a reducir los impactos del cambio climático.
El proyecto (18131) ingresó por Mesa de Entradas el 29 de enero.
El Gobierno nacional avanza en la redacción final de un proyecto de ley para modificar el Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad y una reorganización del esquema de sanciones y medidas aplicables a menores en conflicto con la ley penal. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, forma parte del paquete legislativo que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.
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El texto oficial propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un sistema diferenciado que contempla sanciones específicas, procesos judiciales adaptados y medidas socioeducativas para los menores alcanzados por la ley. El Gobierno propuso en primera instancia bajar a 13 años, pero las negociaciones con opositores habrían puesto el límite en 14.
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El régimen vigente en Argentina establece que los menores de 16 años no son punibles, y que los adolescentes de 16 y 17 pueden ser juzgados solo por delitos graves, bajo un esquema especial. El proyecto del Gobierno busca modificar ese criterio, incorporando a los adolescentes desde los 13 años al sistema penal, aunque con un tratamiento diferenciado del régimen de adultos.
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De acuerdo con versiones oficiales citadas por los principales medios y periodistas especializados del país, la iniciativa contempla:
La imputabilidad a partir de los 13 años para delitos graves.
Un sistema penal juvenil autónomo, con jueces especializados.
Sanciones graduales, que priorizan medidas socioeducativas, restricción de libertad y, en última instancia, privación de la libertad en institutos especializados.
Plazos máximos de detención inferiores a los del régimen penal común.
Programas obligatorios de educación, capacitación laboral y acompañamiento psicológico.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es dar respuesta institucional a delitos graves cometidos por menores, evitar la impunidad y establecer un marco legal que hoy consideran “obsoleto”, dado que el régimen actual data de la última dictadura militar.
La argumentación del Gobierno
El Presidente Javier Milei defendió públicamente la iniciativa en reiteradas ocasiones. “No puede ser que quien comete delitos graves no tenga consecuencias solo por la edad”, afirmó Milei en distintos actos públicos. Desde el entorno presidencial señalan que el proyecto busca ordenar el sistema, dotar de herramientas a la Justicia y responder a una demanda social vinculada a la seguridad.
En la misma línea, el ministro del Interior Diego Santilli y legisladores de La Libertad Avanza manifestaron que la reforma apunta a terminar con zonas grises legales y reforzar la prevención del delito. Algunos diputados oficialistas remarcaron que el proyecto no equipara a los menores con adultos, sino que crea un régimen específico con controles judiciales.
Apoyos, oposiciones y la mirada de especialistas
El debate atraviesa a todo el arco político. En sectores del PRO y de la UCR existen posturas divididas. Dirigentes alineados con una agenda de seguridad más dura se mostraron dispuestos a discutir la baja de la edad de imputabilidad, mientras que otros bloques plantean la necesidad de priorizar políticas de inclusión y prevención antes que un cambio punitivo.
Desde el peronismo y el kirchnerismo, en tanto, las críticas fueron más contundentes. Legisladores de Unión por la Patria advirtieron que la iniciativa puede criminalizar la pobreza y señalaron que no existen evidencias concluyentes de que la baja de la edad de imputabilidad reduzca el delito. También cuestionaron que el debate se dé en sesiones extraordinarias y sin una discusión amplia.
Jueces, fiscales y especialistas en derecho penal juvenil aportaron matices al debate. Algunos magistrados sostienen que el régimen actual carece de herramientas intermedias, lo que deja sin respuesta institucional a ciertos delitos graves. Otros advierten que el problema central no es la edad, sino la falta de recursos, institutos adecuados y equipos interdisciplinarios.
Desde asociaciones de magistrados se planteó la necesidad de actualizar el sistema, pero se pidió evitar soluciones simplistas. “Bajar la edad sin inversión en infraestructura y políticas de reinserción es insuficiente”, señalaron fuentes judiciales citadas por La Nación.
Organismos de derechos humanos y entidades especializadas en infancia expresaron su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. Argumentan que la Argentina asumió compromisos internacionales que priorizan la protección integral de niños y adolescentes, y que el enfoque debe estar puesto en educación, contención social y prevención.
Unicef Argentina, junto a organizaciones civiles, recordó en documentos previos que la mayoría de los delitos graves no son cometidos por menores, y que el endurecimiento penal no resuelve los factores estructurales que atraviesan a los jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
Para el Gobierno, la reforma es parte de un paquete más amplio que incluye cambios en el Código Penal y en políticas de seguridad interior. El proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso, pero su eventual tratamiento anticipa un debate intenso, con audiencias públicas, posiciones cruzadas y fuerte impacto político. La definición dependerá de la correlación de fuerzas en ambas cámaras y de la capacidad del oficialismo para construir consensos en un tema que, históricamente, divide a la dirigencia y a la sociedad argentina.
Neuquén.- La Unión Cívica Radical de Neuquén avanza en su proceso de renovación de autoridades, con dos fechas clave ya confirmadas para febrero.
El lunes 9 de febrero, a las 19.30, se realizará el acto de asunción de las nuevas autoridades del Comité Capital, mientras que la conducción partidaria a nivel provincial asumirá el 20 de febrero.
En el caso del Comité Capital, se oficializó la nómina de delegados titulares y suplentes que integrarán la nueva conducción, en el marco de la lista consensuada para el período que se inicia. La renovación forma parte del cronograma institucional del partido tras el proceso interno desarrollado en las últimas semanas.
Presidente: Estefanía Buamscha
Vice Presidente: Jorge Huala
Secretario: Juliana Fernández
Tesorera: Crisitina Maripan
Asunción provincial el 20 de febrero
Por su parte, la presidencia del partido a nivel provincial, actualmente a cargo de Juan Peláez, será renovada el 20 de febrero, cuando asuman formalmente las nuevas autoridades de la UCR Neuquén.
Desde el radicalismo destacaron que este recambio institucional busca fortalecer la organización partidaria, consolidar la vida orgánica y proyectar al partido de cara a los próximos desafíos políticos, tanto en la capital como en el interior de la provincia.
La región patagónica atraviesa una crisis ambiental que ha puesto en jaque la biodiversidad, la seguridad de las comunidades y el patrimonio natural del país. Ante este escenario crítico, el diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), César Gass presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita formalmente la declaración de la Emergencia Nacional ígnea. La iniciativa surge en un contexto de sequía extraordinaria y una ola de incendios forestales de magnitud alarmante que afectan gravemente a las provincias del sur argentino y a áreas protegidas de un valor cultural y ambiental incalculable.
Durante la presente temporada estival, la provincia de Chubut es uno de los epicentros de la tragedia. Los focos ígneos han golpeado con dureza la Comarca Andina, con situaciones críticas en la zona de Lago Epuyén y Río Turbio. Especialmente preocupante es la situación en el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego amenaza ecosistemas milenarios. No obstante, el mapa del desastre se extiende por toda la región: Santa Cruz registra focos de gran magnitud en el área norte del Parque Nacional Los Glaciares, mientras que Río Negro sufre las consecuencias de las llamas en El Bolsón y en la totalidad del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido. Neuquén, por su parte, aún acarrea las cicatrices de incendios en el Valle de Magdalena, dentro del Parque Nacional Lanín.
El legislador César Gass describió la gravedad de la situación y señaló que la Patagonia atraviesa por segundo verano consecutivo incendios de carácter devastador. Según explicó, estos incendios forestales no solo destruyen bosques nativos, sino que desarticulan comunidades enteras y generan secuelas irreversibles en la biodiversidad, la producción local y la industria del turismo.
El proyecto de Gass advierte que el cambio climático de origen antrópico modificó la naturaleza de estos eventos, dando lugar a los denominados incendios de sexta generación. Este tipo de incendios se caracterizan por un comportamiento violento, explosivo e impredecible, lo que hace que los métodos de combate tradicionales resulten insuficientes.
En este marco, el diputado subrayó la necesidad imperiosa de reforzar los recursos destinados al combate del fuego. La solicitud de emergencia nacional apunta a garantizar una mayor disponibilidad de medios aéreos, la incorporación de más brigadistas, maquinaria pesada, equipamiento moderno y una asistencia sanitaria y logística adecuada para quienes enfrentan las llamas en condiciones extremas desde hace semanas. Gass también puso el foco sobre la gestión de los recursos públicos. Cuestionó el desfinanciamiento de las políticas de prevención y manejo del fuego. En su argumentación, recordó que el Plan Nacional de Manejo del Fuego registró una subejecución cercana al 25% de su presupuesto, lo que representa unos 20.000 millones de pesos que no llegaron a fortalecer el sistema ni a asistir a las provincias en emergencia.
Para fundamentar su reclamo, el legislador se amparó en el marco legal vigente. Recordó que el derecho a un ambiente sano está consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Gass enfatizó que la Corte Suprema ha sido clara al establecer que este derecho no es una simple declaración de principios, sino una obligación concreta del Estado. Asimismo, invocó el principio “in dubio pro natura”, que exige priorizar la protección ambiental frente a cualquier duda o conflicto de intereses. El proyecto busca, en última instancia, forzar una respuesta federal, urgente y coordinada que proteja de manera efectiva el patrimonio natural y el futuro de las próximas generaciones ante una problemática que se repite con una ferocidad cada vez mayor.
