El acuerdo fue definido este miércoles por los jefes de bloque, en una reunión encabezada por el presidente de Diputados, Martín Menem, en la que se cerró el cronograma de trabajo para los próximos días. Según lo previsto, el miércoles 11 se celebrará un plenario de comisiones (Justicia, Familia, Niñez y Juventudes, y Presupuesto) para firmar dictamen, y al día siguiente el proyecto será llevado a votación en el recinto.
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El oficialismo, junto a bloques aliados del PRO, la UCR y otras fuerzas dialoguistas, retomará el texto dictaminado el año pasado para no reiniciar la negociación de cero, un dictamen que perdió estado parlamentario al culminar el período anterior.
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La iniciativa central del Régimen Penal Juvenil es reducir la edad de imputabilidad a 14 años, con penas máximas que en ciertos casos llegarían a 15 años de prisión efectiva para delitos graves. El proyecto prevé que la privación de libertad sea el último recurso y que se prioricen medidas alternativas, como tareas comunitarias o programas de reparación del daño, con especial énfasis en la atención educativa y social de adolescentes.
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Aunque originalmente sectores del oficialismo impulsaban una baja hasta los 13 años, esa propuesta fue desplazada en las negociaciones con aliados y oposición para consolidar un acuerdo más amplio.
Contexto y reacción política
La medida forma parte de un impulso más amplio del Gobierno y de La Libertad Avanza para endurecer las políticas de seguridad, tema que cobró fuerza tras casos de crímenes cometidos por menores que impactaron en la opinión pública.
El proyecto ha generado debate político y social: asociaciones de derechos humanos y bloques opositores como Unión por la Patria han expresado reservas, señalando que la modificación criminaliza a la juventud y no aborda causas estructurales de la violencia.
Con esta agenda, el oficialismo busca avanzar antes del cierre del período de sesiones extraordinarias, fijado para fines de febrero, y asegurar que la iniciativa tenga media sanción en Diputados y pueda ser remitida al Senado para su discusión.
Los detalles del proyecto
El texto oficial propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un sistema diferenciado que contempla sanciones específicas, procesos judiciales adaptados y medidas socioeducativas para los menores alcanzados por la ley. El Gobierno propuso en primera instancia bajar a 13 años, pero las negociaciones con opositores habrían puesto el límite en 14.
El régimen vigente en Argentina establece que los menores de 16 años no son punibles, y que los adolescentes de 16 y 17 pueden ser juzgados solo por delitos graves, bajo un esquema especial. El proyecto del Gobierno busca modificar ese criterio, incorporando a los adolescentes desde los 13 años al sistema penal, aunque con un tratamiento diferenciado del régimen de adultos.
De acuerdo con versiones oficiales citadas por los principales medios y periodistas especializados del país, la iniciativa contempla:
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La imputabilidad a partir de los 13 años para delitos graves.
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Un sistema penal juvenil autónomo, con jueces especializados.
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Sanciones graduales, que priorizan medidas socioeducativas, restricción de libertad y, en última instancia, privación de la libertad en institutos especializados.
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Plazos máximos de detención inferiores a los del régimen penal común.
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Programas obligatorios de educación, capacitación laboral y acompañamiento psicológico.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es dar respuesta institucional a delitos graves cometidos por menores, evitar la impunidad y establecer un marco legal que hoy consideran “obsoleto”, dado que el régimen actual data de la última dictadura militar.
