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  • Denuncian una negativa a tratar la Ficha Limpia en Cinco Saltos

    Denuncian una negativa a tratar la Ficha Limpia en Cinco Saltos

    El proyecto de Ficha Limpia en Cinco Saltos no corrió con la misma suerte que la iniciativa aprobada en la Legislatura de Río Negro esta semana: hubo una negativa a tratarlo en el Concejo Deliberante.

    La situación es denunciada por la UCR, espacio que presentó en noviembre la propuesta para impedir la postulación de personas condenadas a cargos municipales.

    «Si no quieren aprobar el proyecto Ficha Limpia local, adhieran al proyecto provincial», expresó al respecto el titular del comité radical de Cinco Saltos, Daniel Calcaterra.

    La iniciativa esperaba ser tratada en la sesión del viernes, la última que realizó el Legislativo local durante el periodo de sesiones ordinarias del 2024. Sin embargo, Ficha Limpia no se trató por un supuesto «rechazo» de los bloques del PJ y la CC ARI, los cuales suman una mayoría de cuatro ediles, de los siete que tiene en total el cuerpo.

    «A los días de haber sido presentado el proyecto, la referente y excandidata a intendente por el PJ, Liliana Alvarado, dijo públicamente que la prohibición estaba expresamente en la Carta Orgánica y en la Constitución provincial, argumentando su negativa. El bloque del ARI, que responde a Jorge López, manifestó algo muy parecido en un programa radial», precisó Calcaterra.

    Ante esta situación, el comite local exigió que la ciudad adhiera —al menos— a la norma aprobada por la Legislatura. La ratificación a la ley provincial podría ser tratada el próximo año.

    «Hoy tienen la posibilidad de adherir al proyecto provincial, espero puedan reflexionar y de una u otra forma tengamos Ficha Limpia en Cinco Saltos», sumó Calcaterra.


    Ficha Limpia: qué dice el proyecto presentado en Cinco Saltos


    La normativa, formulada orginalmente por el radicalismo y elevada por el intendente Enrique Rossi, establece «la inhabilitación para ser candidato/a a un cargo electivo municipal extensivo a funcionarios designados por las nuevas autoridades Municipales, para las personas condenadas mediante sentencia de tribunal colegiado y en segunda instancia«.

    Entre los delitos previstos se encuentran cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y fraude en perjuicio de la administración pública.

    Asimismo, se considerarían el delito de femicidio, violencia de género o abuso sexual en todas las modalidades previstas en el Código Penal; así como los delitos producto de manifestaciones públicas, actitudes misóginas y/o todas aquellas que puedan encuadrarse en las formas de violencia simbólica.

    Para corroborarlo los partidos deberán presentar ante la Junta Electoral Municipal los respectivos certificados de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.


  • Ficha Limpia: un canto de sirenas

    Ficha Limpia: un canto de sirenas

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    Se aprobó Ficha Limpia en Río Negro. Gentileza

    Daría la sensación de que Ficha Limpia llega a contratiempo. Algo parecido al canto de las sirenas, que podríamos escuchar sin saber de dónde provienen y en definitiva, si son reales. Una expresión que refleja el hartazgo social, debido a la corrupción, pero no resuelve, ya que, quienes deben definir, se encuentran inmersos en niveles incalculables de corrupción. Quizás, el gran padecimiento de los ciudadanos de a pie.

    Porque a diferencia de lo que se intenta establecer, no son los partidos políticos (aun con complicaciones y muchas, como la compra y venta de sellos partidarios; etc.) exclusivamente, sino la ausencia de un sistema judicial independiente, que pueda responder desde la vocación por respetar la Constitución y las normas, en vez de acomodarse a los espasmos políticos del momento, omitiendo los principios constitucionales.

    En la cena del Colegio de Magistrados del país, el juez -en retiro- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Juan Carlos Maqueda, se preguntó: “Qué sería de la democracia si nosotros empezamos a ceder en los controles…”.

    Mientras que el actual presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, hizo un llamado para que los jueces sean: “Sensibles pero no demagogos” y reclamó ser “leales a la Constitución”, haciendo referencia a “la ejemplaridad, para que muy pocos malos ejemplos no hagan perder el orgullo de pertenecer al Poder Judicial”. Y el vicepresidente, Carlos Rosenkratz hizo el cierre ofreciendo un brindis “para que los grandes jueces no se conviertan en políticos”.

    Una canción de Serrat decía: “…Llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada…”. Pero no podría traducirse literalmente para los argentinos, ya que pasan muchas cosas y de todo tipo en el país. Aunque, sí es posible afirmar que si se cumplieran las normas, si hubiera vocación por la Constitución y el Poder Judicial no fuera “político” y obrara con “independencia”, quizás no necesitaríamos la Ficha Limpia.

    Y a las expresiones de los magistrados, podríamos responderles: a Maqueda, que los controles se han volcado más por las decisiones políticas que por el respeto independiente de las normas. A Rosatti, que la demagogia es parte del Poder Judicial y a Rosenkratz que, aun sin la evidencia partidaria, los jueces hacen más política que los actores de los otros poderes.

    Un poder Judicial muy cuestionado


    Desde luego, no son todos y reconocemos la honorabilidad y vocación de servicio y apego a la Constitución de muchos integrantes del Poder Judicial. Pero son voluntades aisladas. Porque el sistema es otra cosa y al sistema le falta justicia, solo basta con analizar los tiempos, que a lo largo de cualquier proceso, no son más que corrupción.

    Las pruebas, están a la vista. Por ejemplo, hablando del resguardo constitucional y el saneamiento de la democracia, podemos recordar que la reforma constitucional de 1994 vino cargada de herramientas que supuestamente favorecerían y mejorarían las condiciones del sistema, desde el punto de vista de la transparencia, a través del ejercicio ciudadano.

    Sin embargo, hace 15 años que no tenemos Defensor del Pueblo en el país; las audiencias públicas suelen estar vacías; la revocatoria de mandato se ha utilizado en momentos escasos; la iniciativa popular resulta inviable y la participación ciudadana en las bancas del vecino o bancas del pueblo, terminan siendo catarsis.

    Ficha Limpia ha causado una gran exposición mediática, pero podríamos preguntarnos si cuenta con la sostenibilidad necesaria o es una discusión coyuntural, que “observa el árbol y se pierde el bosque”.

    Ya que un debate no debería tapar a otro y cientos de discusiones importantes no podrían darse antes que otras (también importantes), salvo que se lo haya consensuado. En tal sentido podemos decir que ya hemos experimentado la imposibilidad de debatir sobre ciertos temas porque se nos respondía con otros, por la falta de respuestas.

    Ficha Limpia no resulve los problemas de fondo


    En el caso de Río Negro, la pregunta podría ser: si Ficha Limpia viene a resolver circunstancias de forma o de fondo. Se quitaría de la escena a los competidores, sin mejorar la competencia y finalmente, dejando a la ciudadanía sin opciones.

    Entonces, si hubiera un sistema de justicia independiente, no demagógico y con jueces alejados de la política, quizás no sería necesario contar con otra ley que, aunque satisface alguna inquietud de la sociedad en el presente, no garantiza que se resuelva el conflicto en el futuro.

    Porque, con Ficha Limpia, se arma un carpetazo o alguna causa judicial y los mismos que se escandalizan por la “falta de moral” y creen que con la ficha limpia sanearían a la política, son los que se apresuran a juzgar sin garantizar un debido proceso.

    O como dijo el propio Rosatti: “Se requiere una herramienta no solamente de seguridad jurídica, sino también de celeridad para evitar la reiteración de procesos cuyo resultado ya conocemos y que solo hacen elongar el tiempo de decisión para el justiciable”, es decir: para los ciudadanos.

    Y en terreno de mejorar la calidad democrática, quizás encontremos que para no llegar tarde (como dice Serrat) debemos darle valor a lo que tenemos (leyes y la propia Constitución) a la vez que sanear al sistema judicial.

    Porque si la Justicia sigue siendo una de las instituciones menos creíbles, no estamos en condiciones de garantizar que Ficha Limpia no sea utilizada para quitar a competidores de las carreras, en vez de jerarquizar la competencia. Porque el proyecto puede ser muy bueno, lo malo resulta todo lo demás, para lo cual, nadie dice ni propone cómo lo cambiarlo.

    * Exlegisladora, delegada Comité Central de la UCR.


  • Gloria Ruiz destituida: uno por uno, lo que dijeron los diputados en la sesión

    Gloria Ruiz destituida: uno por uno, lo que dijeron los diputados en la sesión

    Por unanimidad, la Legislatura de Neuquén aprobó en una sesión especial el proyecto de ley para separar de su cargo a la vicegobernadora Gloria Ruiz por «inhabilidad moral». La iniciativa tuvo 30 votos a favor, mientras que cinco diputados de los bloques de izquierda y Unión por la Patria se retiraron del recinto antes de votar por no ser autorizados a abstenerse.

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    El texto de la ley declara el impedimento para ejercer funciones de vicegobernadora de Neuquén a Gloria Ruiz por inhabilidad moral. También indica que el impedimento se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2027 correspondiendo el cese inmediato de toda remuneración, dieta o beneficio económico y que comenzará de forma automática a partir de la aprobación de la ley.

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    La sesión especial fue presidida por la vicepresidenta primera de la cámara, Zulma Reina, y, como primer punto, se leyó la sugerencia de la vicepresidenta segunda de poner en en conocimiento a todos los diputados de los hechos constatados por la comisión investigadora, así como la defensa de la vicegobernadora Gloria Ruiz los días miércoles 13 y el viernes 18.

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    La sesión especial terminó tras más de cinco horas de debate, y en un clima caliente, a partir del enfrentamiento entre los legisladores provinciales de UxP, que reclamaban por el derecho a réplica sin micrófonos, mientras que las autoridades de la cámara leían el proyecto de ley y lo sometían a votación apoyados por el alto volumen de los altoparlantes.

    Los discursos de los diputados

    El primero en tomar la palabra fue el diputado del MPN, Claudio Domínguez, que comparó el caso de Ruiz con el del senador Eduardo Kueider, que fue expulsado en el Congreso de la Nación. Explicó que podría haberse definido la expulsión por inhabilidad moral en el recinto con dos tercios de los votos y, sin embargo, se decidió abrir una comisión investigadora y ofrecer dos instancias de defensa de Ruiz. «Eso habla de la amplitud de esta cámara«, dijo.

    Domínguez criticó el proceso de defensa de la vicegobernadora, temporalmente suspendida, «es la segunda persona más importante de la Provincia de Neuquén y estuvo tratando de embarrar la cancha, generar distracciones y victimizarse». Aseguró que ella denunció que los diputados eran presionados a votar en su contra cuando en la última sesión especial tuvieron que escuchar la presión desde las tribunas.

    «Habló antes de que se vote y dijo que los diputados que votaran en contra iban a tener consecuencias legales, esa es una forma de presionar. Y luego la denuncia que hace a los cinco diputados en Comodoro Py y un mensaje de advertencia que hace a los demás de ampliar la denuncia», repasó el legislador, que consideró que esa estrategia de defensa apuntó a «generar inestabilidad en las instituciones».

    El diputado emepenista criticó a Ruiz por no estar empapada de las inversiones que llegarán a la provincia por parte de las empresas petroleras. «Dijo a los medios que estaba abocada al trabajo legislativo, ayer se le preguntó por una publicidad que pasan en los cines diciendo que está trabajando en leyes de temas ambientales y género, se le preguntó cuántas leyes presentó y ella respondió que ninguna», dijo.

    Domínguez explicó que Ruiz afirmó ser perseguida por el gobernador, Rolando Figueroa, por ser crítica hacia la gestión. «Pero no presentó ningún proyecto de comunicación en esta Legislatura para pedir informes o criticar el estado de las escuelas», dijo y aclaró que, si fuera cierto que el primer mandatario provincial la perseguía, no hubiera recibido una devolución presupuestaria para el Poder Legislativo y tampoco hubiera acudido a Casa de Gobierno para pedir «un paraguas político» durante los allanamientos.

    El legislador repasó también las irregularidades que se detectaron en la defensa de Ruiz de este miércoles. En primer lugar, que habían solicitado protección para testigos que iban a declarar en su defensa pero, al llegar a la comisión, pidió que los propios diputados citaran a los convocados.

    Además, criticó que diera varias versiones en la compra de una camioneta 4×4 y que admitiera haber sacado un crédito a nombre de su suegra cuando era intendenta de Plottier y, por lo tanto, una persona políticamente expuesta. «Nos insistían en que podíamos preguntar todo e insistían con preguntas sobre la pileta de natación, parecían que venían preparados para ese tema, pero en eso también hicieron agua», disparó Domínguez.

    Afirmó que «se pisaban constantemente», porque Ruiz dijo que el terreno allanado con la pileta no era de ella y que tampoco conocía al dueño. Sin embargo, admitió saber quién era el arquitecto que había diseñado los planos, casualmente el hijo de Pablo Schapira, el asesor de prensa de la Legislatura a quien acusan de haber sido contratado por interposita persona.

    Con respecto a las contrataciones irregulares, recordó que la propia Ruiz admitió que había dado de baja contratos porque no tenían cupo en la planta política. Durante la defensa salió a luz que tenía cupos libres y no los cubrió. «Eso es lo que estamos juzgando, es el comportamiento, cómo se desempeñó, qué es lo que hizo», dijo Domínguez, que instó a los diputados a votar la inhabilitación moral.

    «Va a quedar un antecedente, por supuesto, pero no quiero ver abstenciones en esta cámara, esto es por sí o por no», cerró.

    Lépore y un resumen en PowerPoint

    El diputado de Neuquinizate, Francisco Lépore, llevó al recinto una presentación de diapositivas para hacer un resumen de la investigación y graficar el proceso ante el resto de los diputados. Aseguró que «limitamos los hechos que se podían constatar y que tienen relevancia» para la comisión investigadora, ya que también habían detectado «otras irregularidades que eran menores y decidimos ignorar».

    A modo pedagógico, presentó las pruebas con un árbol que mostraba los contratos irregulares de al menos tres personas que trabajaban en la Legislatura. «El asesor de prensa que venía a trabajar y no estaba designado, ni siquiera ad honorem, y la persona que cobraba un sueldo no venía a trabajar», dijo y aclaró que no se pudo acreditar ninguna de las funciones que le atribuían a ella. Por ejemplo, que colaboraba en la elaboración de un proyecto de ley de educación que nunca se presentó.

    Lo mismo pasó con el asesor legal de la Legislatura, Eduardo Olate, que cobraba a través de su esposa, y de la responsable de redes, Carina Salvatierra, que cobraba a través de su hermana. «Y que además vive en Buenos Aires», afirmó mientras mostraba las diapositivas.

    También repasó la investigación de la Fiscalía de Neuquén por el desvío de casi 30 millones de pesos desde las cuentas oficiales de la Legislatura a las cuentas personales de Pablo Ruiz, que fue designado por su hermana Gloria como coordinador de Casa de las Leyes.

    Repasó los contratos irregulares para agencias de publicidad y la confección de gigantografías «por montos desmedidos» y donde «el contenido la muestra como Gloria Ruiz y no como la vicegobernadora, no tiene el logo de la Legislatura y está en las cuentas particulares de ella». Y se quejó: «Los neuquinos pagamos más de 40 millones de pesos para hacer contenidos para las redes particulares de Ruiz».

    En relación a la compra de la camioneta 4×4, dijo: «Nosotros no investigamos el enriquecimiento ilícito, pero nos parece preocupante que haya dado tantas versiones diferentes para justificar el origen de los fondos para pagar una camioneta de casi 80 millones de pesos», aseguró.

    «Una de las versiones que dijo es que la pagó con ahorros de ingresos familiares de toda su vida, que podría ser verdad, pero no lo podemos contrastar porque no cumplió con la ley que exige presentar una declaración jurada de patrimonio antes de asumir», aseguró.

    Cuestionó la falta de transparencia por no permitir el Tribunal de Cuentas acceda a los expedientes de contratos y compras, y agregó que desde octubre de 2023 tampoco se cumple la resolución interna de la Legislatura que impone actualizar un sitio web de «datos abiertos».

    Por otro lado, cuestionó las actitudes posteriores de Ruiz durante la investigación «que apuntaban a generar una crisis más que resolverla», ya que hizo denuncias, amenazó con revelar «datos oscuros» e invitó a renunciar al gobernador en un mensaje en redes sociales.

    Bermúdez aseguró que «Ruiz no está a la altura»

    El diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, quiso sumar un octavo punto para argumentar la inhabilidad moral de Gloria Ruiz, al que definió la falta de capacidad para ejercer su rol y la poca conciencia sobre la responsabilidad que implica su función. «La función pública pesa en la nuca las 24 horas y hay que tener el cuello fuerte para soportarlo», dijo,

    Para el legislador provincial, lo que se juzga es «una actitud, que incluye poco apego a las normas, amor por lo atajos y la cosa poco transparente». Agregó que las irregularidades surgen de «pensar que con un grupo de parientes poco capacitados se puede sobrellevar ese trabajo».

    «Yo le hice a la vicegobernadora una pregunta muy clara, de si estaba al tanto que la Legislatura enviaba transferencias de dinero a la cuenta personal de su hermano y dijo que no. Es claro que falta a la verdad. Cuando el BPN alerta a su hermano por movimientos sospechosos de lavado de dinero, no hubo reunión familiar para hablar sobre ese tema», dijo.

    Repasó también las intrincadas versiones que justifican la compra de una camioneta 4×4, el atraso en la presentación de la declaración jurada patrimonial. Calificó como «fraude laboral» al hecho de solicitar servicios en la Legislatura a través de contratos con otras personas.

    Específicamente apuntó contra Pablo Schapira, que ejercía de responsable de la comunicación de la Legislatura, que lo llevaba a hablar oficialmente de la institución en medios masivos de comunicación. «No estaba designado y manejaba contratos de pauta», expresó.

    Cuestionó la falta de austeridad de la vicegobernadora, que gastó más de 30 millones de pesos en contratar a una sanadora o que había destinado más de 400 millones de pesos a gastos protocolares. «No iba a salud, a educación o seguridad, iba a gorra, bandera y vincha», dijo y felicitó a los diputados que no permitieron incrementar los gastos discrecionales del Poder Legislativo a 6 mil millones para 2025 «porque se iban a destinar fondos de todos los neuquinos en gorra, bandera y vincha».

    Bermúdez señaló que se nota un cambio de época en la provincia. «Estas cosas pasan en todas las provincias en todos los países», dijo y aclaró que las cosas tienen que denunciarse, investigarse y castigarse. «La impunidad que tuvo durante años la política argentina se va disipando», afirmó.

    Desde Hacemos Neuquén hablaron de la crisis institucional

    El diputado de Hacemos Neuquén, Guillermo Monzani, aseguró que la sesión especial busca dar un cierre a un proceso que comenzó no solamente por la investigación sino por los debates del presupuesto. Agregó que Neuquén creció de manera exponencial en los últimos años y que necesita gobernantes que estén a la altura. «No hay lugar para grises, hay que votar por sí o por no», afirmó.

    Reconoció el trabajo del equipo joven que confeccionó el informe de la comisión investigadora, liderados por Lepores, y también agradeció a la secretaria de cámara, a quien consideró «la persona más capacitada del equipo de Ruiz» y que fue inculpada de muchas irregularidades por el equipo defensor de la vicegobernadora.

    Desde su bloque, el diputado Alberto Bruno aclaró que la «inhabilidad moral» busca juzgar actitudes pero no refiere a la salud mental de la mandataria. Y aclaró que en las 9 horas de defensa, Ruiz solamente habló unos veinte minutos. «El resto de la defensa la hicieron los abogados para aclarar algunas cuestiones que la terminaron por embarrar un poco más», dijo.

    Dio algunos ejemplos de los puntos cuestionados, como un gasto millonario en banners de los que no se pudo explicar su ubicación. «No me pone contento esta situación», dijo y se quejó ante un ataque del abogado de defensor: «Dijo que estábamos obligados a levantar la mano y creo que ninguno de lo que estamos acá estamos obligados a nada».

    Bruno aclaró que, a pesar del momento doloroso, es necesario que los diputados «nos hagamos cargo y votemos por sí o por no».

    Coggiola cuestionó el ataque a los legislativos

    El diputado de Neuquén Federal, Carlos Coggiola, destacó dos puntos de la defensa de Gloria Ruiz. «El abogado defensor agarró el reglamento interno de la Legislatura y aclaró que la distribución de los fondos era responsabilidad de la Secretaría de Cámara. Lo dijo infantilmente, como si estuviéramos en otro lado, cuando el inciso dice que tiene que tener supervisión inmediata del presidente y con el visto bueno del presidente», expresó.

    A su vez, destacó que también se quiso endilgar la responsabilidad a los trabajadores de planta permanente de la Legislatura, algo que fue rechazado por el sindicato de ANEL.

    «No es grato estar acá ni tener que expedirse en esta situación», dijo y agregó que él proviene de la misma ciudad que la vicegobernadora. «Tenemos muchas personas en común y caminaremos los dos por la misma ciudad. Quiero decirle a mi comunidad de Plottier que estoy en una situación difícil pero no dudo en absoluto de la dirección de mi voto porque los elementos expuestos en la causa me obligan a expedirme de esta manera sin lugar a dudas», afirmó.

    A su turno, el diputado de Desarrollo Ciudadano-Comunidad, Matías Martínez, también adelantó su voto positivo y agregó que hace falta sentar un precedente para las próximas generaciones, que no pueden avalar los grises o matices en casos de defraudación al Estado.

    La izquierda cuestionó la doble vara para medir la moralidad

    A su turno, la diputada del FIT, Gabriela Suppicich, recordó que la investigación forma parte de una interna dentro del partido gobernante y que recién este jueves, mientras ellos estaban sesionando, se conoció que la vicegobernadora había dio imputada por un ilícito.

    «Llama la atención que el Tribunal no pudo ingresar a auditar y nadie dijo nada, desde febrero a noviembre no podían auditar y recién lo anunciaron cuando se destapó la olla», dijo la legisladora y aclaró que la «inhabilidad moral» es una situación muy subjetiva, porque los bloques califican el accionar de Ruiz como terrible y nadie apoya su proyecto para que se investigue a los funcionarios que cobran o no por doble cargos.

    Sin nombrarlo, apuntó directamente contra Bermúdez: «Lo de Ruiz es cuestionable cuando es de una fuerza política con una ministra que mata a un obrero en Orán». Y aclaró que es mentira que el objetivo de este proyecto sea «ir a fondo». «Al contrario, se investiga lo que el poder quiere que se investigue», expresó.

    Adelantó su abstención en el voto y aclaró que desde la banca ya habían expresado las razones por lo que iban a abstenerse.

    El diputado Andrés Blanco afirmó que se trata de un escenario obsceno al mostrar a una vicegobernadora explicando cómo compró una camioneta de 90 millones de pesos cuando la gente la está pasando «horriblemente mal». «¿A quién no le genera indignación? Son privilegios que cuestionamos históricamente con todos los funcionarios, tenemos las pruebas de que somos consecuentes», se quejó.

    «No tenemos ninguna duda de que la corrupción es inherente a los poderes y cada cosa que vemos lo confirma cada vez más», dijo y aclaró que hay que investigar los casos para llegar a la verdad absoluta, y no una mirada sobre una parte del problema. «La corrupción se tiene que terminar pero no la tienen que investigar las instituciones políticas que investigan de acuerdo a sus intereses», expresó.

    Blanco retomó la palabra de Domínguez sobre el pedido de un «paraguas político» y cuestionó a Figueroa: «Qué pasaba si no había interna. Me permito dudar si su compañero de fórmula no conocía estas irregularidades del pasado».

    Lichter hizo foco en la moralidad

    Por su lado, la diputada Verónica Lichter, del PRO, aclaró que la «inhabilidad moral» no es subjetiva porque implica romper un pacto que se basa en el reglamento interno de la Legislatura.

    «Rompe el pacto cuando no presenta la declaración jurada de bienes y lo hace 10 meses después, o cuando contrata por 30 millones de pesos a una sanadora suspendida por la propia Iglesia Católica por malversación de fondos», dijo y aclaró que también gastó 11 millones de pesos en un spot publicitario. «Son 41 sueldos mínimos con un spot de 30 segundos que dice que a dónde le gustaría estar», se quejó.

    «Ella dijo que eran sólo desprolijidades administrativas», se quejó y agregó: «¿Podemos poner a administrar 56 mil millones de pesos a una desprolija? Por eso considero inhabilitada a Gloria Argentina Ruiz».

    Parrilli acusó a la comisión investigadora de simular un juicio

    La diputada de Unión por la Patria (UxP), Lorena Parrilli, aseguró que la celeridad con la que se hizo el proceso para expulsar a la vicegobernadora, de sólo tres semanas, demuestra que se trata de una persecución política y no de un proceso judicial por un ilícito.

    «Nuestra abstención se basa en que la acción de la comisión investigadora que es bochornosa», dijo y aclaró que no hay objetividad en el proceso. «El gobernador creerá que esto no le toca y sí le toca, porque es su vicegobernadora», dijo y recordó que Cristina Fernández de Kirchner terminó el mandato con un vicepresidente como Julio Cobos, que votó en contra de la ley de retenciones. «Y no se lo expulsó ni se lo destituyó», dijo.

    Se enfocó en el cuestionamiento a los bombones. «Fue lo que hicieron las gestiones anteriores, que compraban medallas de oro o hamacas paraguayas para regalar a los diputados. Ella compró bombones para el Día de la Madre», dijo y agregó que atacaban a Ruiz por ser mujer o no ser abogada y no tener terminología para defenderse. También lamentó la chicana de los diputados de repartir bombones durante la defensa.

    «Para mí es más fácil condenarla porque es adversaria políticamente nuestra. No nos representa ni tenemos nada que ver con Gloria Ruiz. Pero estoy convencida de que si convalidamos esta práctica vamos a dejar una mancha en la historia política de Neuquén», dijo y que es grave lo que va a suceder hoy.

    Canuto: «Si siempre fue así, que esta vez sea la última»

    El diputado del PRO, Damián Canuto, aseguró que Parrilli utilizó un ejemplo equivocado sobre Cristina Fernández de Kirchner. «Votar en contra en una resolución es su derecho como presidente de la cámara, pero nunca se pidió separar del cargo al vicepresidente de su segundo mandato, investigado por casos de corrupción, ese era el ejemplo que tenía que citar», afirmó.

    «Aseguran que siempre fue así y que no es la primera vez. ¿Tenemos que aceptarlo? Esa es una aseveración injusta y si siempre fue así, pretendamos que esta vez sea la última», declaró.

    Relacionó a los diputados «abstencionistas» que cuestionan el proceso en lugar del centro de la problemática y los comparó con la defensa de la vicegobernadora, que en lugar de centrarse en lo evidente, que son las irregularidades de la gestión, se atajaban con errores procesales, tratados internacionales o el texto -y no el espíritu- de las leyes.

    Gass destacó el respaldo de la transparencia

    A su turno, el diputado de la UCR, César Gass, aclaró que el momento que le toca vivir es doloroso para todos los diputados. En el radicalismo siempre estuvimos a favor de la transparencia y nuestro principio siempre fue condenar la corrupción. Agregó que en su partido político hay cláusulas pétreas de las que no se pueden apartar.

    La comisión investigadora presentó un informe que nunca tocó el tema penal, para eso está el Poder Judicial. El descargo que hicieron ayer ante ese informe no logró conmovernos ni desactivar esas imputaciones, y por eso estamos acá.

    También quiero destacar el carácter excepcional de esta herramienta utilizada en este caso puntual. Ojalá en los años que me queda acá no me toque nunca más tratar asuntos de esta naturaleza.

    Novoa: «A partir de ahora no se va a apañar a nadie»

    El diputado de Comunidad, Ernesto Novoa, se defendió de las acusaciones de Parrilli y retrucó recordando casos de corrupción de su partido. «Nos dicen que los políticos estamos lejos de la gente. Por supuesto que estamos lejos si cuando los políticos llegan al poder mejoran su vida pero no la de los demás», afirmó.

    Aclaró que no se trataba de una cuestión de género y consideró que se trataba de una victimización. «No es por ser mujer, acá hay plazos fijos y extracciones de efectivo», dijo y cerró: «No soy yo, es la Constitución«.

    Darío Martínez cuestionó el proceso de destitución

    El diputado de Unión por la Patria (UxP), Darío Martínez, cuestionó usar un proyecto de ley como instrumento para solicitar la expulsión de Ruiz como vicegobernador. «Lo que se va a votar en de extremada gravedad institucional y por eso pedí ser extremadamente cuidadoso con el proceso«, dijo.

    Y leyó el inciso que dio pie a la resolución para determinar la «inhabilidad moral». «La Constitución dice declarar por dos tercios de votos de la cámara el impedimento para ejercer su función por inhabilidad moral», dijo y aclaró que hay que hacer un proyecto de declaración y no una ley.

    «La sociedad nos está mirando y nos exige transparencia. No quieren que todo siga igual y por eso tiene que modificarse la actuación del funcionario público», dijo y convocó a sus pares a tratar en una sesión especial para votar la ley de ética pública para «poner una lupa gigante arriba de cada funcionario».

    «Este es el momento para que cambien las cosas, después de un hecho tan grave que se ponga una lupa sobre cada funcionario, que se lo investigue y al que no le guste, que no sea funcionario», aseguró.

    Peralta reclamó a Figueroa por la elección de su compañera de fórmula

    El diputado de Unión por la Patria (UxP), Darío Peralta, cuestionó el rol de la comisión A y acusó a los diputados de montar un circo en donde preguntaban más a los abogados que a la vicegobernadora. «Por cualquier defensa que hubieran hecho, el resultado ya estaba decidido«, dijo.

    También retomó el cuestionamiento de la falta de idoneidad y aseguró que el gobernador, Rolando Figueroa, podría ser acusado de falta de idoneidad para elegir a una funcionaria como compañera de fórmula.

    Pidió el tratado de una ley de ética pública y convocó a llamar al reglamento interno, que da derecho a réplica a los diputados cuando se ven aludidos.

  • La Legislatura votó por mayoría la destitución de Gloria Ruiz

    La Legislatura votó por mayoría la destitución de Gloria Ruiz

    Con 30 votos positivos y por unanimidad, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó, en general, la destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz por inhabilidad moral. Lo hizo este jueves por la tarde en sesión especial al sancionar la ley que declara el impedimento para que ejerza la función hasta el 10 de diciembre de 2027 y que durante la jornada de este viernes se tratará en particular. 

    La destitución obtuvo el aval de los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO-NCN, Hacemos Neuquén, Neuquén Federal, Avanzar, Arriba Neuquén, Juntos, JxC-UCR y Cumplir. Las bancas de UxP, PTS-FIT-U y FIT-U solicitaron abstenerse pero la Cámara no lo autorizó. Al momento de la votación, UxP se retiró del recinto mientras que el voto de los dos bloques de izquierda, que sí permanecieron en sus bancas, no se computó como válido al no contar con la autorización de la Cámara para abstenerse. 

    El informe de la comisión investigadora detectó que durante la gestión de Ruiz hubo designaciones irregulares y nepotismo, manejo irregular de fondos públicos, contrataciones directas irregulares y sobreprecios, declaraciones patrimoniales falsas y obstrucción al control externo. En el debate, hubo objeciones por parte de la gran mayoría de las bancas a la falta de explicaciones convincentes por parte de la vicegobernadora al realizar su derecho de defensa. Los diputados y diputadas que avalaron la destitución defendieron el procedimiento que permitió la creación de la comisión investigadora, la publicidad en cada una de sus etapas y el derecho de defensa de Ruiz. 

    Al iniciar el debate, Claudio Domínguez (MPN) se refirió a la transparencia del proceso y lo contrastó con la reciente destitución del senador nacional Edgardo Kueider, expulsado del Congreso de la Nación sin ninguna instancia de investigación y sin derecho a un descargo. Además, precisó inconsistencias respecto a la compra de una camioneta SW4, sobre la cual Ruiz reconoció que adquirió con fondos que, en parte, provenían de la venta de otro vehículo que se encontraba registrado a nombre de su suegra. 

    El legislador recordó que al momento de la compra de esta segunda camioneta, en 2021, Ruiz se encontraba registrada como políticamente expuesta por ser la intendenta de Plottier. A ello agregó que su pertenencia tampoco quedó incorporada en la declaración jurada suministrada en 2024, por ejercer el cargo de vicegobernadora.   

    Respecto a las personas que se desempeñaban sin estar nombradas pero que cobraban a través de contratos que se otorgaban a interpósitas personas, Domínguez recordó que en el mes de abril la propia vicegobernadora le comentó a varios legisladores que debía dar de baja a parte de su equipo por carecer de cupo de puestos políticos, situación que se complejizó por no poder recontratarlos por un año para no incumplir con los plazos previstos en la ley 2141. 

    El diputado recordó que legisladores le sugirieron sancionar una resolución de Cámara para solucionar el impedimento legal, opción que no fue avalada por la propia Ruiz, quien sí se decidió reordenar estos cupos a partir de una resolución de presidencia. No obstante, Domínguez advirtió que la ex vicegobernadora no nombró por esta vía a las personas que habían tenido que dejar su cargo, sino que, a pesar de tener cupos libres, decidió no cubrirlos.

    A su turno, Francisco Lepore (Avanzar) se refirió a los cinco puntos que llevaron a la comisión a recomendar en sesión el tratamiento de la inhabilidad moral, con foco en la posibilidad de defensa que se le brindó a la vicegobernadora y que, según consideró, “no dio explicación a ninguno”. 

    En cuatro a las contrataciones por interpósitas personas, aseguró que existió una “triangulación” de contrataciones irregulares y en materia de uso de fondos públicos existió una “metodología totalmente irregular” con transferencias a una cuenta personal del coordinador del Complejo Casa de las Leyes y hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz, con la particularidad de que no se cesó a pesar de la advertencia del BPN y se pasó al libramiento de cheques.  

    El legislador también se refirió a las contrataciones directas, con montos “totalmente desmedidos” que superaron ampliamente el máximo permitido por decreto provincial. Informó que se trata de productos comunicacionales que, además, se utilizaron en las redes sociales particulares de la vicegobernadora y no en la página institucional oficial, violando la ley de impersonalidad del Estado. En cuanto a la compra de la camioneta, y tras recordar que no se investigó sobre un posible enriquecimiento ilícito, lo que se cuestionó son las múltiples versiones con las que justificó públicamente su adquisición,. Finalmente se refirió también a la obstrucción a los organismos de control que, según opinó, estuvo concatenado con los hechos anteriores para impedir el acceso a la información. 

    Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez hizo eje en la falta de capacidad de Ruiz para cumplir el rol de funcionaria pública y “estar a la altura de las circunstancias”. Sostuvo que quedó claro que faltó a la verdad y subrayó que las pruebas recopiladas por la comisión investigadora “son contundentes”. También calificó de “despilfarro” los 400 millones de pesos de gastos protocolares y objetó que se hayan destinado a “gorros, banderas y vinchas, y no a salud y educación”. En ese sentido, remarcó que el procedimiento aplicado “fija un estándar de conducta pública que hay que sostener”. Su par de bloque, Verónica Lichter aseguró que Gloria Ruiz “rompió el pacto social” que define a la moralidad cuando, entre otros puntos, pagó por un spot publicitario el equivalente a 41 salarios mínimo, vital y móvil y calificó de “maniobra canalla” acusar a su secretaria de Cámara y al personal de carrera de la casa. 

    A su turno, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) ponderó el trabajo que llevó adelante la comisión investigado ra y explicó que su labor permitió garantizar un proceso transparente. “Marcamos el camino para que Neuquén deje atrás esta crisis institucional”, observó el diputado al considerar que los pasos que fijó la resolución 1219 le otorgaron previsibilidad a un proceso.

    Por el mismo bloque, Alberto Bruno cuestionó a los abogados de Ruiz de atribuirles, durante el descargo, que los votos a favor de la destitución son direccionados y aseguró que su decisión “es a conciencia”. Lamentó, además, que la vicegobernadora haya delegado la mayoría de sus explicaciones en su equipo legal.  

    Al hablar, Carlos Coggiola (Neuquén Federal) criticó la elevada partida de gastos “absolutamente discrecionales” que Ruiz contempló en el proyecto original de presupuesto del Poder Legislativo, “50 veces mayor que la vigente, con seis millones y medio de pesos”. Se pronunció en contra del silencio inicial de la vicegobernadora y que haya atribuido responsabilidades a la Secretaria de Cámara así como también a empleados de planta de la casa. “En cada uno de los puntos no hubo una defensa sólida ni firme” concluyó el legislador.

    El jefe de bloque del MPN, Gabriel Alamo, sostuvo que “es fundamental tomar una decisión que resguarde la institucionalidad y el Poder Legislativo” y expuso que los funcionarios públicos también representan valores de la democracia que, en este caso, fueron traicionados, lo que genera una pérdida de confianza. “Acá se ha producido un grave daño institucional”, aseguró. 

    El presidente del bloque de DC-Comunidad, Ernesto Novoa, ponderó que es la “propia política la que está dando respuesta” y calificó de “histórica” la sesión en la que se evidenció que “la clase política no quiere ser cómplice de esto”. Descartó que exista “persecución política”. 

    El diputado Matías Martínez (DC-Comunidad) añadió que las conclusiones de la investigación de la comisión especial expusieron “conductas que no pueden ser toleradas y que dañan las instituciones democráticas”. Recordó que, al asumir, el gobierno de Rolando Figueroa se comprometió a ser “un modelo de cambio y de transparencia”. 

    Su compañera de bloque, Luz Ríos, puntualizó en la confianza, la transparencia y el respeto por las normas como valores esenciales de las instituciones democráticas y argumentó que su voto positivo es un acto de “responsabilidad institucional”. 

    En tanto, César Gass (JxC-UCR) votó a favor de la destitución al destacar que durante el descargo no logró “inclinar la balanza” ni “desactivar ninguna de las imputaciones” que el informe elevado por la comisión investigadora ofreció como prueba de las causales en su contra.

    Por su parte, Carina Riccomini (Juntos) cuestionó que la defensa se haya basado en acusar a otros funcionarios y no a demostrar pruebas, descartó que su voto haya sido “direccionado” por terceros y alertó que, por ejemplo, los legisladores y las legisladoras no tienen acceso a los expedientes que se tramita desde presidencia del cuerpo. 

    Desde la banca del PTS-FIT-U, Andrés Blanco sustentó su pedido de abstención al considerar que es un proceso interno del propio sector político que detenta el poder en la provincia y que entre ellos fijan los límites de hasta donde se investiga. “No es nuestra rosca, no es nuestra crisis”, fundamentó al recordar que el tipo de procedimiento que habilitó la Cámara también implica un peligro para las minorías que integran el cuerpo, al posibilitar que por el voto de una simple mayoría de sus miembros se apruebe una resolución que suspenda temporalmente a uno de sus integrantes mientras se lo investiga.   

    En sentido similar se expresó su compañera del FIT-U, Gabriela Suppicich, quien reivindicó el derecho a abstenerse de la votación y reiteró que se trata de una interna entre la fórmula gobernante. Cuestionó que “se investiga lo que el poder quiere que se investigue” y que se centra solo en Ruiz, “al resto no lo tocamos”. 

    Tras pedir la autorización para abstenerse, Lorena Parrilli (UxP) cuestionó la falta de elementos probatorios de las irregularidades y el procedimiento que recomendó la destitución. “Si convalidamos esta práctica, vamos a dejar una mancha en la provincia” dijo la legisladora.

    De igual modo, su compañero de bancada, Darío Martínez justificó la postura de su bloque al indicar que el procedimiento que se utilizó para llevar adelante la declaración de inhabilidad moral no es el correcto y que la intención de votar una ley para ello tampoco es el instrumento adecuado. Sobre este punto, señaló que el propio artículo 189 inc) 25 establece que la Cámara debería expedirse a través de una declaración o resolución con el voto de ? de los diputados presentes. 

    La 9° sesión especial comenzó a las 15.30 y finalizó a las 20.15. Fue presidida por la vicepresidente 1° a cargo de la presidencia, Zulma Reina, y contó con la participación de los 35 diputados y diputadas.

  • La Legislatura votó, en general, la destitución de Gloria Ruiz

    La Legislatura votó, en general, la destitución de Gloria Ruiz

    Comisiones y Sesiones

    La Legislatura votó, en general, la destitución de Gloria Ruiz

    Con 30 votos positivos y por unanimidad, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó, en general, la destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz por inhabilidad moral. Lo hizo esta tarde en sesión especial al sancionar la ley que declara el impedimento para que ejerza la función hasta el 10 de diciembre de 2027 y que mañana se tratará en particular. 

    La destitución obtuvo el aval de los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO-NCN, Hacemos Neuquén, Neuquén Federal, Avanzar, Arriba Neuquén, Juntos, JxC-UCR y Cumplir. Las bancas de UxP, PTS-FIT-U y FIT-U solicitaron abstenerse pero la Cámara no lo autorizó. Al momento de la votación, UxP se retiró del recinto mientras que el voto de los dos bloques de izquierda, que sí permanecieron en sus bancas, no se computó como válido al no contar con la autorización de la Cámara para abstenerse. 

    El informe de la comisión investigadora detectó que durante la gestión de Ruiz hubo designaciones irregulares y nepotismo, manejo irregular de fondos públicos, contrataciones directas irregulares y sobreprecios, declaraciones patrimoniales falsas y obstrucción al control externo. En el debate, hubo objeciones por parte de la gran mayoría de las bancas a la falta de explicaciones convincentes por parte de la vicegobernadora al realizar su derecho de defensa. Los diputados y diputadas que avalaron la destitución defendieron el procedimiento que permitió la creación de la comisión investigadora, la publicidad en cada una de sus etapas y el derecho de defensa de Ruiz. 

    Al iniciar el debate, Claudio Domínguez (MPN) se refirió a la transparencia del proceso y lo contrastó con la reciente destitución del senador nacional Edgardo Kueider, expulsado del Congreso de la Nación sin ninguna instancia de investigación y sin derecho a un descargo. Además, precisó inconsistencias respecto a la compra de una camioneta SW4, sobre la cual Ruiz reconoció que adquirió con fondos que, en parte, provenían de la venta de otro vehículo que se encontraba registrado a nombre de su suegra. 

    El legislador recordó que al momento de la compra de esta segunda camioneta, en 2021, Ruiz se encontraba registrada como políticamente expuesta por ser la intendenta de Plottier. A ello agregó que su pertenencia tampoco quedó incorporada en la declaración jurada suministrada en 2024, por ejercer el cargo de vicegobernadora.   

    Respecto a las personas que se desempeñaban sin estar nombradas pero que cobraban a través de contratos que se otorgaban a interpósitas personas, Domínguez recordó que en el mes de abril la propia vicegobernadora le comentó a varios legisladores que debía dar de baja a parte de su equipo por carecer de cupo de puestos políticos, situación que se complejizó por no poder recontratarlos por un año para no incumplir con los plazos previstos en la ley 2141. 

    El diputado recordó que legisladores le sugirieron sancionar una resolución de Cámara para solucionar el impedimento legal, opción que no fue avalada por la propia Ruiz, quien sí se decidió reordenar estos cupos a partir de una resolución de presidencia. No obstante, Domínguez advirtió que la ex vicegobernadora no nombró por esta vía a las personas que habían tenido que dejar su cargo, sino que, a pesar de tener cupos libres, decidió no cubrirlos.

    A su turno, Francisco Lepore (Avanzar) se refirió a los cinco puntos que llevaron a la comisión a recomendar en sesión el tratamiento de la inhabilidad moral, con foco en la posibilidad de defensa que se le brindó a la vicegobernadora y que, según consideró, “no dio explicación a ninguno”. 

    En cuatro a las contrataciones por interpósitas personas, aseguró que existió una “triangulación” de contrataciones irregulares y en materia de uso de fondos públicos existió una “metodología totalmente irregular” con transferencias a una cuenta personal del coordinador del Complejo Casa de las Leyes y hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz, con la particularidad de que no se cesó a pesar de la advertencia del BPN y se pasó al libramiento de cheques.  

    El legislador también se refirió a las contrataciones directas, con montos “totalmente desmedidos” que superaron ampliamente el máximo permitido por decreto provincial. Informó que se trata de productos comunicacionales que, además, se utilizaron en las redes sociales particulares de la vicegobernadora y no en la página institucional oficial, violando la ley de impersonalidad del Estado. En cuanto a la compra de la camioneta, y tras recordar que no se investigó sobre un posible enriquecimiento ilícito, lo que se cuestionó son las múltiples versiones con las que justificó públicamente su adquisición,. Finalmente se refirió también a la obstrucción a los organismos de control que, según opinó, estuvo concatenado con los hechos anteriores para impedir el acceso a la información. 

    Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez hizo eje en la falta de capacidad de Ruiz para cumplir el rol de funcionaria pública y “estar a la altura de las circunstancias”. Sostuvo que quedó claro que faltó a la verdad y subrayó que las pruebas recopiladas por la comisión investigadora “son contundentes”. También calificó de “despilfarro” los 400 millones de pesos de gastos protocolares y objetó que se hayan destinado a “gorros, banderas y vinchas, y no a salud y educación”. En ese sentido, remarcó que el procedimiento aplicado “fija un estándar de conducta pública que hay que sostener”. Su par de bloque, Verónica Lichter aseguró que Gloria Ruiz “rompió el pacto social” que define a la moralidad cuando, entre otros puntos, pagó por un spot publicitario el equivalente a 41 salarios mínimo, vital y móvil y calificó de “maniobra canalla” acusar a su secretaria de Cámara y al personal de carrera de la casa. 

    A su turno, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) ponderó el trabajo que llevó adelante la comisión investigado ra y explicó que su labor permitió garantizar un proceso transparente. “Marcamos el camino para que Neuquén deje atrás esta crisis institucional”, observó el diputado al considerar que los pasos que fijó la resolución 1219 le otorgaron previsibilidad a un proceso.
     
    Por el mismo bloque, Alberto Bruno cuestionó a los abogados de Ruiz de atribuirles, durante el descargo, que los votos a favor de la destitución son direccionados y aseguró que su decisión “es a conciencia”. Lamentó, además, que la vicegobernadora haya delegado la mayoría de sus explicaciones en su equipo legal.  

    Al hablar, Carlos Coggiola (Neuquén Federal) criticó la elevada partida de gastos “absolutamente discrecionales” que Ruiz contempló en el proyecto original de presupuesto del Poder Legislativo, “50 veces mayor que la vigente, con seis millones y medio de pesos”. Se pronunció en contra del silencio inicial de la vicegobernadora y que haya atribuido responsabilidades a la Secretaria de Cámara así como también a empleados de planta de la casa. “En cada uno de los puntos no hubo una defensa sólida ni firme” concluyó el legislador.

    El jefe de bloque del MPN, Gabriel Alamo, sostuvo que “es fundamental tomar una decisión que resguarde la institucionalidad y el Poder Legislativo” y expuso que los funcionarios públicos también representan valores de la democracia que, en este caso, fueron traicionados, lo que genera una pérdida de confianza. “Acá se ha producido un grave daño institucional”, aseguró. 

    El presidente del bloque de DC-Comunidad, Ernesto Novoa, ponderó que es la “propia política la que está dando respuesta” y calificó de “histórica” la sesión en la que se evidenció que “la clase política no quiere ser cómplice de esto”. Descartó que exista “persecución política”. 

    El diputado Matías Martínez (DC-Comunidad) añadió que las conclusiones de la investigación de la comisión especial expusieron “conductas que no pueden ser toleradas y que dañan las instituciones democráticas”. Recordó que, al asumir, el gobierno de Rolando Figueroa se comprometió a ser “un modelo de cambio y de transparencia”. 

    Su compañera de bloque, Luz Ríos, puntualizó en la confianza, la transparencia y el respeto por las normas como valores esenciales de las instituciones democráticas y argumentó que su voto positivo es un acto de “responsabilidad institucional”. 

    En tanto, César Gass (JxC-UCR) votó a favor de la destitución al destacar que durante el descargo no logró “inclinar la balanza” ni “desactivar ninguna de las imputaciones” que el informe elevado por la comisión investigadora ofreció como prueba de las causales en su contra.

    Por su parte, Carina Riccomini (Juntos) cuestionó que la defensa se haya basado en acusar a otros funcionarios y no a demostrar pruebas, descartó que su voto haya sido “direccionado” por terceros y alertó que, por ejemplo, los legisladores y las legisladoras no tienen acceso a los expedientes que se tramita desde presidencia del cuerpo. 

    Desde la banca del PTS-FIT-U, Andrés Blanco sustentó su pedido de abstención al considerar que es un proceso interno del propio sector político que detenta el poder en la provincia y que entre ellos fijan los límites de hasta donde se investiga. “No es nuestra rosca, no es nuestra crisis”, fundamentó al recordar que el tipo de procedimiento que habilitó la Cámara también implica un peligro para las minorías que integran el cuerpo, al posibilitar que por el voto de una simple mayoría de sus miembros se apruebe una resolución que suspenda temporalmente a uno de sus integrantes mientras se lo investiga.   

    En sentido similar se expresó su compañera del FIT-U, Gabriela Suppicich, quien reivindicó el derecho a abstenerse de la votación y reiteró que se trata de una interna entre la fórmula gobernante. Cuestionó que “se investiga lo que el poder quiere que se investigue” y que se centra solo en Ruiz, “al resto no lo tocamos”. 
    Tras pedir la autorización para abstenerse, Lorena Parrilli (UxP) cuestionó la falta de elementos probatorios de las irregularidades y el procedimiento que recomendó la destitución. “Si convalidamos esta práctica, vamos a dejar una mancha en la provincia” dijo la legisladora.

    De igual modo, su compañero de bancada, Darío Martínez justificó la postura de su bloque al indicar que el procedimiento que se utilizó para llevar adelante la declaración de inhabilidad moral no es el correcto y que la intención de votar una ley para ello tampoco es el instrumento adecuado. Sobre este punto, señaló que el propio artículo 189 inc) 25 establece que la Cámara debería expedirse a través de una declaración o resolución con el voto de ? de los diputados presentes. 

    La 9° sesión especial comenzó a las 15.30 y finalizó a las 20.15. Fue presidida por la vicepresidente 1° a cargo de la presidencia, Zulma Reina, y contó con la participación de los 35 diputados y diputadas.

    Neuquén, 19 de diciembre de 2024.

  • El caso de la otra mujer importante de la política neuquina que terminó en destitución

    El caso de la otra mujer importante de la política neuquina que terminó en destitución

    La destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz y el escándalo político que se generó desde las primeras denuncias sobre irregularidades como presidenta de la Legislatura neuquina trajo inevitablemente a la memoria otro caso parecido: el de la exintendenta de Neuquén capital, Derlis Kloosterman. Las similitudes tienen que ver con varias cuestiones: el propio partido al que representaban y al que llegaron con el voto popular, el alto cargo que ejercieron (una vicegobernadora y la otra intendenta), las acusaciones de corrupción y que ambas eran mujeres.

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    Gloria Ruiz fue destituida por una amplia mayoría de votos. Hubo un intento de defensa poco creíble y confusa que no convenció a ninguno de los legisladores que la escucharon. Este jueves, una sesión especial con mayoría agravada, terminó alejándola del poder.

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    Lo de Derlis Kloosterman ocurrió a principios de los 90, luego de haber superado una interna con Herminio César Balda.

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    En los comicios de 1991 finalmente se impuso en la denominada “elección de mujeres, ya que las postulantes de los partidos más importantes habían desplazado a los hombres.

    No era común en aquellos tiempos que una mujer llegara tan alto en sus aspiraciones políticas. Por eso sorprendió que Kllosterman se convirtiera en la primera intendenta luego de superar a Marta Búffolo (UCR) y María Angélica Orbanich (PJ).

    El hecho que terminó en destitución

    Pero todo cambió a partir de la compra de 2.800 tachas refractantes para colocar en las calles como atenuadores de velocidad y el pegamento para poder colocarlas.

    El decreto que firmó a fines de 1994 la puso en el ojo de la tormenta del que nunca pudo salir. Hubo una denuncia por sobreprecios en aquella compra y el Concejo Deliberante presidido por el doctor Jorge Gorosito, no la perdonó por más que fuera de su mismo partido. Y así terminó destituida.

    Años más tarde, el Tribunal de Cuentas le dio la razón y la absolvió. Y, finalmente, en 1998 la misma fiscalía que la investigaba no la acusó y el juez que instruía la causa penal la sobreseyó.

    Kloosterman quedó libre de culpa y cargo, pero nunca más fue reivindicada políticamente, más allá de alguna invitación para participar en los festejos por el aniversario de la ciudad de Neuquén como exintendenta.

    El de “Derlis”, como la llamaba todo el arco político, tiene las similitudes con el escándalo vivido recientemente en la Legislatura con el caso de Gloria Ruiz. Dos mujeres importantes que llegaron a puestos políticos muy altos. Dos historias en distintas épocas, que el destino volvió a unir de manera caprichosa 30 años después.

  • La Legislatura destituyó a Gloria Ruiz de la vicegobernación de Neuquén

    La Legislatura destituyó a Gloria Ruiz de la vicegobernación de Neuquén

    Tras cinco horas de debate en la Legislatura de Neuquén, se votó por la «inhabilidad moral» de la ahora ex vicegobernadora Gloria Ruiz. La sesión especial comenzó pasadas las 15:30 bajo la presidencia de Zulma Reina, la vicepresidenta primera: la votación en general por la destitución de Ruiz fue por 30 votos positivos, sancionando la ley que declara el impedimento para que ejerza la función hasta el 10 de diciembre de 2027 y que mañana se tratará en particular. 

    Con 30 votos, los diputados neuquinos destituyeron a Gloria Ruiz de su cargo como vicegobernadora de la provincia. Foto: X (ex Twitter)

    Ayer, tras casi nueve horas, la ex titular de la Legislatura respondió junto a su equipo de abogados preguntas sobre las contrataciones irregulares y designaciones de familiares, y compras como la camioneta 4×4 y la piscina de Plottier, estas últimas por las que hoy fue imputada. El escándalo se desató a partir de la investigación judicial por el desvío millonario de fondos públicos de la Legislatura y de la Casa de las Leyes, en el que está involucrado su hermano, Pablo Ruiz.

    Este mismo jueves, Gloria Ruiz fue notificada que estaba imputada en causas en las que está sospechada de haber cometido los delitos de fraude al Estado y enriquecimiento ilícito. Se presentó en la Fiscalía de Delitos Económicos con su abogado Carlos Broitman, por lo que se verificaron sus antecedentes y se les tomó las huellas dactilares.

    Mirá la sesión especial completa acá:

    Destitución de Gloria Ruiz por inhabilidad moral: el debate

    La destitución obtuvo el aval de los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO-NCN, Hacemos Neuquén, Neuquén Federal, Avanzar, Arriba Neuquén, Juntos, JxC-UCR y Cumplir. Las bancas de UxP, PTS-FIT-U y FIT-U solicitaron abstenerse pero la Cámara no lo autorizó. Al momento de la votación, UxP se retiró del recinto mientras que el voto de los dos bloques de izquierda, que sí permanecieron en sus bancas, no se computó como válido al no contar con la autorización de la Cámara para abstenerse. 

    El informe de la comisión investigadora detectó que durante la gestión de Ruiz hubo designaciones irregulares y nepotismo, manejo irregular de fondos públicos, contrataciones directas irregulares y sobreprecios, declaraciones patrimoniales falsas y obstrucción al control externo.

    En el debate, hubo objeciones por parte de la gran mayoría de las bancas a la falta de explicaciones convincentes por parte de la vicegobernadora al realizar su derecho de defensa. Los diputados y diputadas que avalaron la destitución defendieron el procedimiento que permitió la creación de la comisión investigadora, la publicidad en cada una de sus etapas y el derecho de defensa de Ruiz. 

    Al iniciar el debate, Claudio Domínguez (MPN) se refirió a la transparencia del proceso y lo contrastó con la reciente destitución del senador nacional Edgardo Kueider, expulsado del Congreso de la Nación sin ninguna instancia de investigación y sin derecho a un descargo. Además, precisó inconsistencias respecto a la compra de una camioneta SW4, sobre la cual Ruiz reconoció que adquirió con fondos que, en parte, provenían de la venta de otro vehículo que se encontraba registrado a nombre de su suegra. 

    El legislador recordó que al momento de la compra de esta segunda camioneta, en 2021, Ruiz se encontraba registrada como políticamente expuesta por ser la intendenta de Plottier. A ello agregó que su pertenencia tampoco quedó incorporada en la declaración jurada suministrada en 2024, por ejercer el cargo de vicegobernadora.   

    Respecto a las personas que se desempeñaban sin estar nombradas, pero que cobraban a través de contratos que se otorgaban a interpósitas personas, Domínguez recordó que en el mes de abril la propia vicegobernadora le comentó a varios legisladores que debía dar de baja a parte de su equipo por carecer de cupo de puestos políticos, situación que se complejizó por no poder recontratarlos por un año para no incumplir con los plazos previstos en la ley 2141. 

    El diputado recordó que legisladores le sugirieron sancionar una resolución de Cámara para solucionar el impedimento legal, opción que no fue avalada por la propia Ruiz, quien sí se decidió reordenar estos cupos a partir de una resolución de presidencia. No obstante, Domínguez advirtió que la ex vicegobernadora no nombró por esta vía a las personas que habían tenido que dejar su cargo, sino que, a pesar de tener cupos libres, decidió no cubrirlos.

    Destitución de Gloria Ruiz: los cinco puntos que llevaron al tratamiento por inhabilidad moral

    A su turno, Francisco Lepore (Avanzar) se refirió a los cinco puntos que llevaron a la comisión a recomendar en sesión el tratamiento de la inhabilidad moral, con foco en la posibilidad de defensa que se le brindó a la vicegobernadora y que, según consideró, “no dio explicación a ninguno”. 

    En cuatro a las contrataciones por interpósitas personas, aseguró que existió una “triangulación” de contrataciones irregulares y en materia de uso de fondos públicos existió una “metodología totalmente irregular” con transferencias a una cuenta personal del coordinador del Complejo Casa de las Leyes y hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz, con la particularidad de que no se cesó a pesar de la advertencia del BPN y se pasó al libramiento de cheques.  

    El legislador también se refirió a las contrataciones directas, con montos “totalmente desmedidos” que superaron ampliamente el máximo permitido por decreto provincial. Informó que se trata de productos comunicacionales que, además, se utilizaron en las redes sociales particulares de la vicegobernadora y no en la página institucional oficial, violando la ley de impersonalidad del Estado.

    En cuanto a la compra de la camioneta, y tras recordar que no se investigó sobre un posible enriquecimiento ilícito, lo que se cuestionó son las múltiples versiones con las que justificó públicamente su adquisición. Finalmente se refirió también a la obstrucción a los organismos de control que, según opinó, estuvo concatenado con los hechos anteriores para impedir el acceso a la información. 

    Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez hizo eje en la falta de capacidad de Ruiz para cumplir el rol de funcionaria pública y “no estar a la altura de las circunstancias”. Sostuvo que quedó claro que faltó a la verdad y subrayó que las pruebas recopiladas por la comisión investigadora “son contundentes”. También calificó de “despilfarro” los 400 millones de pesos de gastos protocolares y objetó que se hayan destinado a “gorros, banderas y vinchas, y no a salud y educación”.

    En ese sentido, remarcó que el procedimiento aplicado “fija un estándar de conducta pública que hay que sostener”. Su par de bloque, Verónica Lichter aseguró que Gloria Ruiz “rompió el pacto social” que define a la moralidad cuando, entre otros puntos, pagó por un spot publicitario el equivalente a 41 salarios mínimo, vital y móvil y calificó de “maniobra canalla” acusar a su secretaria de Cámara y al personal de carrera de la casa. 

    A su turno, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) ponderó el trabajo que llevó adelante la comisión investigado ra y explicó que su labor permitió garantizar un proceso transparente. “Marcamos el camino para que Neuquén deje atrás esta crisis institucional”, observó el diputado al considerar que los pasos que fijó la resolución 1219 le otorgaron previsibilidad a un proceso.

    Por el mismo bloque, Alberto Bruno cuestionó a los abogados de Ruiz de atribuirles, durante el descargo, que los votos a favor de la destitución son direccionados y aseguró que su decisión “es a conciencia”. Lamentó, además, que la vicegobernadora haya delegado la mayoría de sus explicaciones en su equipo legal.  

    Al hablar, Carlos Coggiola (Neuquén Federal) criticó la elevada partida de gastos “absolutamente discrecionales” que Ruiz contempló en el proyecto original de presupuesto del Poder Legislativo, “50 veces mayor que la vigente, con seis millones y medio de pesos”. Se pronunció en contra del silencio inicial de la vicegobernadora y que haya atribuido responsabilidades a la Secretaria de Cámara así como también a empleados de planta de la casa. “En cada uno de los puntos no hubo una defensa sólida ni firme” concluyó el legislador.

    El jefe de bloque del MPN, Gabriel Alamo, sostuvo que “es fundamental tomar una decisión que resguarde la institucionalidad y el Poder Legislativo” y expuso que los funcionarios públicos también representan valores de la democracia que, en este caso, fueron traicionados, lo que genera una pérdida de confianza. “Acá se ha producido un grave daño institucional”, aseguró. 

    El presidente del bloque de DC-Comunidad, Ernesto Novoa, ponderó que es la “propia política la que está dando respuesta” y calificó de “histórica” la sesión en la que se evidenció que “la clase política no quiere ser cómplice de esto”. Descartó que exista “persecución política”. 

    El diputado Matías Martínez (DC-Comunidad) añadió que las conclusiones de la investigación de la comisión especial expusieron “conductas que no pueden ser toleradas y que dañan las instituciones democráticas”. Recordó que, al asumir, el gobierno de Rolando Figueroa se comprometió a ser “un modelo de cambio y de transparencia”. 

    Su compañera de bloque, Luz Ríos, puntualizó en la confianza, la transparencia y el respeto por las normas como valores esenciales de las instituciones democráticas y argumentó que su voto positivo es un acto de “responsabilidad institucional”. 

    En tanto, César Gass (JxC-UCR) votó a favor de la destitución al destacar que durante el descargo no logró “inclinar la balanza” ni “desactivar ninguna de las imputaciones” que el informe elevado por la comisión investigadora ofreció como prueba de las causales en su contra.

    Por su parte, Carina Riccomini (Juntos) cuestionó que la defensa se haya basado en acusar a otros funcionarios y no a demostrar pruebas, descartó que su voto haya sido “direccionado” por terceros y alertó que, por ejemplo, los legisladores y las legisladoras no tienen acceso a los expedientes que se tramita desde presidencia del cuerpo. 

    Desde la banca del PTS-FIT-U, Andrés Blanco sustentó su pedido de abstención al considerar que es un proceso interno del propio sector político que detenta el poder en la provincia y que entre ellos fijan los límites de hasta donde se investiga. “No es nuestra rosca, no es nuestra crisis”, fundamentó al recordar que el tipo de procedimiento que habilitó la Cámara también implica un peligro para las minorías que integran el cuerpo, al posibilitar que por el voto de una simple mayoría de sus miembros se apruebe una resolución que suspenda temporalmente a uno de sus integrantes mientras se lo investiga.   

    En sentido similar se expresó su compañera del FIT-U, Gabriela Suppicich, quien reivindicó el derecho a abstenerse de la votación y reiteró que se trata de una interna entre la fórmula gobernante. Cuestionó que “se investiga lo que el poder quiere que se investigue” y que se centra solo en Ruiz, “al resto no lo tocamos”. 

    Tras pedir la autorización para abstenerse, Lorena Parrilli (UxP) cuestionó la falta de elementos probatorios de las irregularidades y el procedimiento que recomendó la destitución. “Si convalidamos esta práctica, vamos a dejar una mancha en la provincia” dijo la legisladora.

    De igual modo, su compañero de bancada, Darío Martínez justificó la postura de su bloque al indicar que el procedimiento que se utilizó para llevar adelante la declaración de inhabilidad moral no es el correcto y que la intención de votar una ley para ello tampoco es el instrumento adecuado. Sobre este punto, señaló que el propio artículo 189 inc) 25 establece que la Cámara debería expedirse a través de una declaración o resolución con el voto de ? de los diputados presentes. 

    La 9° sesión especial comenzó a las 15.30 y finalizó a las 20.15. Fue presidida por la vicepresidente 1° a cargo de la presidencia, Zulma Reina, y contó con la participación de los 35 diputados y diputadas.

     

  • La UCR expulsó a tres diputados con peluca y decidió no sancionar a Cervi

    La UCR expulsó a tres diputados con peluca y decidió no sancionar a Cervi

    El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió este jueves la expulsión de los diputados nacionales Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Mariano Arjol (Misiones), tras considerar que sus acciones favorecieron los vetos presidenciales de Javier Milei contra la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario.

    En cambio, Pablo Cervi, legislador por Neuquén, no fue alcanzado por la medida. Según el tribunal partidario, Cervi se abstuvo en la votación del financiamiento a universidades, lo que lo diferencia de los sancionados.

    Decisión del tribunal
    El fallo, fundamentado en los artículos 13 y 14 del reglamento del Tribunal Nacional de Ética (TNE) y el artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria, argumenta que los tres legisladores expulsados incurrieron en una «grave conducta partidaria que afecta la dignidad de la UCR». La resolución se adoptó con mayoría en el tribunal, aunque hubo un voto en disidencia.

    Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, firmantes de la mayoría, señalaron que los actos de los diputados no solo contravinieron los principios éticos del partido, sino que también dañaron su reputación ante la ciudadanía. Por su parte, Ricardo Barrios Arrechea, en minoría, abogó por una suspensión temporal en lugar de la expulsión, alertando sobre el riesgo de debilitar al partido en un contexto de fragmentación política.

    Impacto en la UCR y el Congreso
    La polémica sobre los llamados «radicales con peluca» comenzó tras el veto presidencial a la movilidad jubilatoria. En septiembre, el grupo de cinco legisladores radicales visitó la Casa Rosada y acordó blindar la decisión de Milei en el Congreso. Más tarde, en octubre, repitieron el accionar durante la votación del veto al financiamiento universitario.

    Estas acciones desencadenaron la fractura del bloque radical en la Cámara de Diputados, con 12 integrantes formando el espacio «Democracia para Siempre», liderado por sectores alineados a Facundo Manes y Martín Lousteau.

    Cervi, fuera de la sanción
    El legislador neuquino Pablo Cervi quedó exento de la medida disciplinaria. Según fuentes partidarias, su abstención en la votación del financiamiento universitario le permitió evitar la expulsión, aunque persisten cuestionamientos dentro del bloque que preside Rodrigo de Loredo sobre el futuro de su relación con el partido.

    Firmeza y mensaje
    Con estas expulsiones, la UCR busca reafirmar su identidad opositora al gobierno de Javier Milei y su compromiso con políticas que beneficien a sectores vulnerables, como la movilidad jubilatoria y el fortalecimiento del sistema universitario.

    Los diputados sancionados aún tienen la posibilidad de apelar, pero su futuro dentro del partido parece estar sellado.

  • La Corte Suprema declaró inconstitucional la reelección indefinida de Gildo Insfrán

    La Corte Suprema declaró inconstitucional la reelección indefinida de Gildo Insfrán

    La Corte Suprema de Justicia declaró este miércoles la inconstitucionalidad del artículo que permite la reelección indefinida del gobernador de Formosa, Gildo Insfran, alegando que va en contra de la alternancia del poder que pregona la Constitución Nacional. Sin embargo, el formoseño llamó a una reforma constitucional en su provincia.

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    Los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por unanimidad, confirmaron la inconstitucionalidad de la norma, con argumentos diversos. Se trata de uno de los últimos fallos de la Corte Suprema con cuatro votos, antes de la salida de Maqueda del tribunal el 29 de diciembre próximo a los 75 años.

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    No obstante, Insfrán, previendo un fallo negativo de la Corte, llamó a una reforma constitucional en su provincia para contrarrestar el impacto político de una decisión. Y está dispuesto a aprobar una reforma constitucional que proponga una sola reelección, pero que se empiece a contar desde 2027. Esto lo habilitaría a dos períodos más, especulan en la oposición formoseña.

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    La Corte resolvió en el caso Confederación Frente Amplio Formoseño c/Formosa, provincia de s/Amparo, donde los apoderados fueron lad diputada provincial Agostina Villaggi y Juan Montoya, abogados de la UCR.

    Tambien hubo demandas ante la Justicia presentadas por el senador nacional Francisco Paoltroni (Alianza La Libertad Avanza), el diputado nacional Fernando Carbajal (UCR) y la legisladora provincial Gabriela Neme (Nuevo País).

    El proceso iniciado constituye una acción declarativa de inconstitucionalidad contra las normas provinciales que permiten la reelección indefinida del gobernador. La Corte ya se pronunció en el pasado interpretando constituciones locales: limitó las reelecciones de los gobernadores de San Juan, Tucumán, Río Negro y La Rioja. Insfrán, que lleva 29 años al frente de la provincia, fue reelegido el año pasado.

    Qué dijo el Procurador General de la Nación sobre la reelección de Insfrán

    El Procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ya dictaminó que es inconstitucional el artículo de la Constitutción de Formosa que permite la reelección indefinida del gobernador. Los dictamenes de la Procuración, que actúa en el proceso como el representante de la sociedad, son opiniones no vinculantes para el máximo tribunal, pero en este caso están alineados.

    “Cabe concluir que el sistema republicano consagrado en la Constitución Nacional y que las provincias se han obligado a respetar implica la limitación del poder”, escribió Casal, y dijo que “las múltiples reelecciones sucesivas -potencialmente indefinidas- conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho, pues dado el modo de funcionamiento de nuestras instituciones, la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes”.

    Por eso, el funcionario señaló que el artículo 132° de la Constitución de Formosa, que admite la reelección indefinida, “se aparta de la necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades allí previstas, lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Nacional”.

    Casal analizó si el artículo 132 de la Constitución de Formosa, al consagrar la posibilidad de reelección indefinida para el gobernador y el vicegobernador, es compatible con la forma republicana de Gobierno que las provincias deben garantizar en su organización institucional, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Nacional.

    Explicó que, según la jurisprudencia de la Corte, la vigencia del sistema republicano presupone de manera primordial la periodicidad de los cargos de Gobierno, pero que, cuando del Poder Ejecutivo se trata, esa no es la única característica esencial, pues la falta de alternancia afecta significativamente la separación de poderes y la existencia de un sistema abierto en el que los ciudadanos puedan competir en el acceso a los cargos públicos en condiciones generales de igualdad.

  • La UCR expulsó a tres diputados con peluca y decidió no sancionar a Cervi

    La UCR expulsó a tres diputados con peluca y decidió no sancionar a Cervi

    El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió este jueves la expulsión de los diputados nacionales Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Mariano Arjol (Misiones), tras considerar que sus acciones favorecieron los vetos presidenciales de Javier Milei contra la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario.

    En cambio, Pablo Cervi, legislador por Neuquén, no fue alcanzado por la medida. Según el tribunal partidario, Cervi se abstuvo en la votación del financiamiento a universidades, lo que lo diferencia de los sancionados.

    Decisión del tribunal
    El fallo, fundamentado en los artículos 13 y 14 del reglamento del Tribunal Nacional de Ética (TNE) y el artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria, argumenta que los tres legisladores expulsados incurrieron en una «grave conducta partidaria que afecta la dignidad de la UCR». La resolución se adoptó con mayoría en el tribunal, aunque hubo un voto en disidencia.

    Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, firmantes de la mayoría, señalaron que los actos de los diputados no solo contravinieron los principios éticos del partido, sino que también dañaron su reputación ante la ciudadanía. Por su parte, Ricardo Barrios Arrechea, en minoría, abogó por una suspensión temporal en lugar de la expulsión, alertando sobre el riesgo de debilitar al partido en un contexto de fragmentación política.

    Impacto en la UCR y el Congreso
    La polémica sobre los llamados «radicales con peluca» comenzó tras el veto presidencial a la movilidad jubilatoria. En septiembre, el grupo de cinco legisladores radicales visitó la Casa Rosada y acordó blindar la decisión de Milei en el Congreso. Más tarde, en octubre, repitieron el accionar durante la votación del veto al financiamiento universitario.

    Estas acciones desencadenaron la fractura del bloque radical en la Cámara de Diputados, con 12 integrantes formando el espacio «Democracia para Siempre», liderado por sectores alineados a Facundo Manes y Martín Lousteau.

    Cervi, fuera de la sanción
    El legislador neuquino Pablo Cervi quedó exento de la medida disciplinaria. Según fuentes partidarias, su abstención en la votación del financiamiento universitario le permitió evitar la expulsión, aunque persisten cuestionamientos dentro del bloque que preside Rodrigo de Loredo sobre el futuro de su relación con el partido.

    Firmeza y mensaje
    Con estas expulsiones, la UCR busca reafirmar su identidad opositora al gobierno de Javier Milei y su compromiso con políticas que beneficien a sectores vulnerables, como la movilidad jubilatoria y el fortalecimiento del sistema universitario.

    Los diputados sancionados aún tienen la posibilidad de apelar, pero su futuro dentro del partido parece estar sellado.