El planteo para crear una comisión investigadora sobre el escándalo $LIBRA y el rol del presidente Javier Milei en la promoción de la criptomoneda que terminó en estafa fue rechazado este jueves por el Senado, al no conseguirse los dos tercios necesarios para su aprobación. Si tuvo luz verde un pedido de informes.
La propuesta, tratada sobre tablas en medio de la sesión convocada por la suspensión de las PASO, obtuvo 47 votos a favor y 23 en contra, quedando a solo una mano alzada de conseguir la mayoría necesaria.
Con el impulso de la Unión Cívica Radical (UCR) y el posterior apoyo de Unión por la Patria, el proyecto buscaba investigar posibles irregulares en torno al caso $LIBRA, a partir del involucramiento del presidente Javier Milei al darle difusión en redes, así como también la posible participación de otros actores del Gobierno en el escándalo.
Pablo Blanco, senador radical por Tierra del Fuego, había defendido la conformación de la comisión porque era la «herramienta adecuada» para que el presidente explicara lo ocurrido.
En cambio, la Cámara Alta dio luz verde a un pedido de informes sobre la $LIBRA, que impulsaba la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO), con 46 votos a favor y 14 en contra.
El Senado trata la suspensión de las PASO de cara a las elecciones 2025, escándalo $LIBRA mediante
Desde las 12 de este jueves, el Senado trata el proyecto para la suspensión de las PASO este año. También, para la inhabilitación de las leyes Antimafia, reiterancia, reincidencia y Juicio en Ausencia.
La apertura se da en medio escándalo desatado el viernes pasado con la difusión del presidente Javier Milei de la memecoin $LIBRA, que derivó en una catarata de pedidos de investigación, en Senado y Diputados, además del juicio político que pretende impulsar el bloque de UxP.
El oficialismo logró sentar a 37 senadores. Ante la negativa de varios aliados, el oficialismo deberá pescar en el interbloque peronista con terminales en Cristina Kirchner.
Por este motivo, los focos volverán a posarse sobre algunos gobernadores peronistas, que jugaron a lo largo del 2024 con el gobierno del presidente Javier Milei, como el catamarqueño Raúl Jalil y el santiagueño Gerardo Zamora.
Entre los nombres del interbloque que lidera José Mayans (Formosa) que podrían aportar el voto afirmativo están: Sergio Uñac (San Juan), Florencia López (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y los santiagueños Gerardo Montenegro, José Emilio Neder y Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador. Sin embargo, podrían ser más.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro por el cobro de las tasas municipales de Allen no solo ratificó una ordenanza promulgada por el Concejo Deliberante, sino que desnudó irregularidades en la gestión de Marcelo Román. Ahora se esperan novedades respecto a cómo será el recalculo de los tributos.
Desde el Legislativo aseguraron a este medio que restan conocerse los trámites administrativos para la devolución de lo cobrado irregularmente por la comuna, que fijó un pago mensual de los tributos y no bimestral. Esperan prontas novedades respecto a la decisión del Ejecutivo.
Sin embargo, desde la asesoría legal del Concejo insistieron que este recalculo de las tasas debería haber sido efectuado mucho antes de conocerse el fallo del STJ durante esta semana. Es que existe una ordenanza, ratificada por el cuerpo en octubre, que regularizó la situación.
Por el momento, los ediles opositores —entre ellas Marta Crespo (Nos Une Río Negro)— planifican la presentación de pedidos de informes. Buscan que la administración de Román especifique los pasos a seguir y si efectivamente se produjo una readecuación del cobros de las tasas.
Cobro de las tasas en Allen: cómo debería ejecutarse la devolución
Todo comenzó a raíz de la ordenanza 088/2024, que fue inicialmente vetada por el jefe comunal y posteriormente ratificada por el Legislativo local. Según se explicó en la argumentación, su redacción fue necesaria para «superar las irregularidades» del Poder Ejecutivo «en defensa primero de los contribuyentes afectados y en segundo lugar en pos de mantener la debida transparencia y regularidad de los actos administrativos y de gobierno».
Esta normativa, ratificada por el STJ esta semana, encomendó al «Poder Ejecutivo Municipal a proceder al recálculo de las Tasas Retributivas Municipales de todo el año fiscal 2024, conforme al calendario fiscal bimestral establecido en el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 110/2023«.
En tanto, el artículo 2 obliga a «realizar las notas de crédito que puedan resultar respecto a los contribuyentes que ya hayan abonado dicha Tasa Municipal conforme» al esquema mensual. Asimismo, se ordena «notificar en forma fehaciente a cada contribuyente que resulte con saldo acreedor, la existencia del crédito a su favor y las posibilidades de aplicación e imputación».
El monto a favor de los vecinos debería poder ser destinado para pagar cualquier otra tasa o servicio comunal o «disponer su cesión total o parcial a favor de otro contribuyente deudor para su aplicación al pago de sus deudas municipales».
Conflicto de poderes e irregularidades en Allen
La administración de Román había desconocido, mediante una la resolución 2052/2023, la ordenanza de 2023 que había fijado el calendario fiscal bimestral. De esta manera se había procedido a afectuar un cobro mensual, lo que derivó de manera «indirecta» a efectuar un aumento del 100% en el valor de la respectiva tasa.
El veto parcial de Román fue ratificado por la presidencia del Concejo Deliberante. Esto le valió el puesto a la edil oficialista Valeria Bezic (UCR), dado que no convocó al debido tratamiento de la resolución municipal, un paso fundamental establecido por la Carta Orgánica.
El STJ manifestó que existió por parte de Román y Bezic un»exceso de competencias invadiendo facultades propias del Concejo Deliberante Municipal y soslayando el debido procedimiento«. El máximo tribunal rionegrino le dio la derecha al Legislativo, a quien le atribuyó la exclusividad en materia tributaria.
Reconocimiento a bomberos y voluntarios que combaten el fuego
El bloque Avanzar, acompañado por otros bloques, presentó un proyecto para reconocer la labor “esencial, comprometida y de riesgo” de todos los agentes que participan en el combate de los incendios forestales en un sector del Parque Nacional Lanín y otras áreas de la provincia.
La iniciativa hace mención a brigadistas, bomberos voluntarios, personal de salud, de apoyo logístico y aeronáutico, así como también trabajadores y trabajadoras que participaron activamente en las tareas de combate, prevención, asistencia y contención de los focos de incendio.
En esa línea, la propuesta invita al Ministerio de Seguridad a realizar actos conmemorativos, actividades de visibilización y jornadas de concientización sobre la importancia de su labor con el fin de promover la conciencia social sobre la prevención del fuego en zonas boscosas y de forestación.
La labor de las casi 600 personas, entre bomberos, voluntarios, personal especializado y colaboradores, que se encuentran combatiendo las llamas constituye “un esfuerzo invaluable para la protección del medio ambiente y la seguridad de las comunidades afectadas”, sostienen los fundamentos.
Más adelante agregan que representa una “tarea de altísima complejidad y riesgo”, en la que los agentes se enfrentan a situaciones extremas que ponen en peligro su integridad física, en pos de resguardar los bosques de la provincia.
Finalmente, aseguran que la situación actual se vio agravada por la falta de recursos y de políticas públicas nacionales adecuadas, y menciona por caso que la reciente derogación de la ley nacional de Manejo del Fuego “profundiza este panorama, generando un vacío normativo y operativo que dificulta las tareas de prevención y control de incendios”.
El proyecto de declaración (17424) ingresó por Mesa de Entradas el 19 de febrero firmado por Francisco Lepore (Avanzar); Zulma Reina, Yamilia Hermosilla, Matías Martínez, Luz Ríos, Federico Méndez (Comunidad); Giselle Stillger (Arriba Nqn); Carlos Coggiola (Neuquén Federal); Darío Martínez, Darío Peralta (UxP); Claudio Domínguez, Gabriel Alamo, Paola Cabeza, Patricia Fernández, Daniela Rucci, Juan Sepúlveda, Cielubi Obreque, Ramón Fernández (MPN); César Gass (JxC-UCR); Carina Riccomini (Juntos); Marcelo Bermúdez; Mercedes Tulián, Damián Canuto (NCN-PRO); Guillermo Monzani, Alberto Bruno, Cecilia Papa (Hacemos Neuquén); y Brenda Buchiniz (Cumplir).
El oficialismo en el Senado no llamará a sesión especial este viernes para tratar el pliego del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema de Justicia, ante la falta de respaldo de diferentes bloques de la Cámara alta.
Desde Unión por la Patria (UxP), el senador José Mayans anticipó que su bancada no dará quórum, lo mismo que los senadores de PRO y la UCR. Con solo seis legisladores libertarios, el oficialismo no puede alcanzar el mínimo de 37 senadores necesarios para abrir la sesión.
En cambio, la Cámara avanzará en el debate sobre la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2025. El proyecto establece que para el proceso electoral del próximo año regirán los plazos del Código Electoral Nacional y la Ley de Partidos Políticos, con modificaciones en los tiempos previos a la elección general.
Además, el Senado tratará leyes de seguridad, como la Ley Antimafia, la reforma de Reincidencia y el Juicio en Ausencia. La UCR, por su parte, impulsa la creación de una comisión investigadora sobre la promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei, con apoyo de la senadora Mónica Silva (Río Negro).
Mayoría absoluta para la reforma electoral
Como la suspensión de las PASO implica una modificación de la Ley 26.571, requiere una mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.
El debate en la Cámara alta promete estar atravesado por la polémica sobre Libra, la criptomoneda promovida por el presidente Milei, y la falta de consenso para el avance del pliego de Lijo.
Arrecifes, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires con poco más de 32 mil habitantes, se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse que un ginecólogo condenado por abuso sexual en Roca, está atendiendo en el hospital municipal Santa Francisca Romana. El caso generó indignación entre los vecinos, especialmente porque el médico habría ingresado al nosocomio utilizando únicamente una parte de su identidad.
La situación salió a la luz luego de que pacientes comenzaran a notar inconsistencias en los nombres con los que firmaba recetas y se asignaban turnos, lo que desató una serie de reclamos en redes sociales y llevó al bloque de concejales de Unión por la Patria (UxP) a presentar un pedido formal de informes al municipio.
El antecedente en Roca: abuso y condena
El ginecólogo señalado fue condenado el 3 de julio de 2024 en Roca por abuso sexual simple. La justicia determinó que, durante una consulta en noviembre de 2021, el médico Francisco Méndez Peralta Ramos realizó tocamientos y comentarios con connotación sexual hacia una paciente, aprovechándose de la relación médico-paciente y de la vulnerabilidad de la mujer.
La condena incluyó dos años de prisión condicional, inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer la medicina, y reglas de conducta estrictas, como la prohibición de acercarse a la víctima o contactarla bajo cualquier medio.
Esta sentencia contra Méndez Peralta Ramos pasó varios recursos de apelación que fueron rechazados y se desconoce si ya adquirió total firmeza. No obstante, tanto el Tribunal de Impugnación (TI) como el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, denegaron la posibilidad de revertir la condena. La última queja presentada fue en diciembre del 2024, por lo que podría tramitarse un pedido ante la Corte Suprema.
Contratación y presunto ocultamiento en Arrecifes
Según trascendió en Arrecifes, el médico habría sido contratado durante la gestión anterior del municipio (de la UCR) y mantenido en funciones bajo la actual gestión de Juan Fernando Bouvier (Juntos por el Cambio PRO). Lo que encendió las alarmas entre los vecinos fue el presunto uso deliberado de un nombre parcial, ya que en las recetas firmaba como «Francisco Méndez», mientras que en otros documentos aparecía su nombre completo.
Fue por eso que, el bloque de concejales de UxP solicitó un informe detallado sobre el plantel médico del hospital, las fechas de contratación y las modalidades de ingreso del personal. «No se trata solo de una cuestión legal, sino también ética y de transparencia hacia los pacientes que confían su salud en este hospital», señaló la concejal Cecilia Contreras.
Un hospital clave para la comunidad
El hospital Santa Francisca Romana es el único centro de salud de Arrecifes. Sin ginecólogos disponibles en el plano local, las mujeres del pueblo dependen casi exclusivamente de este nosocomio para sus consultas y controles. Por esta razón, la noticia sobre el pasado del médico generó mayor preocupación.
Contreras explicó que, si bien no se reportaron nuevos casos de abuso en Arrecifes que involucren al profesional, las dudas sobre la identidad del ginecólogo crearon una sensación de inseguridad entre las pacientes. «En un hospital público, no debería trabajar alguien con estos antecedentes, por respeto a las mujeres y a la comunidad en general», subrayó.
Detalles de la sentencia judicial
El fallo que condenó a Méndez Peralta Ramos destacó el impacto psicológico sufrido por la víctima en Roca. Según el juez, el abuso interrumpió su proyecto de vida, obligándola a buscar asistencia psicológica y psiquiátrica.
«La gravedad del delito radica en la confianza traicionada y en el contexto médico en que ocurrió. Fue un abuso de poder evidente», señaló el fallo al justificar la inhabilitación temporal para el profesional de la medicina.
A pesar de esto, la pena fue de ejecución condicional, lo que permitió al médico trasladarse a otra provincia y eventualmente retomar su actividad profesional. La inhabilitación forma parte de una pena accesoria a la sanción principal.
Polémica y sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante
El caso generó un intenso debate en Arrecifes. Este jueves, autoridades de Salud locales y el director del hospital deberán responder en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante sobre los procedimientos de contratación y los antecedentes del profesional.
Los concejales de UxP remarcaron que no se oponen a que el médico ejerza porque no hay restricciones legales en Buenos Aires, pero consideran inaceptable que se oculte información clave a la comunidad de Arrecifes. «No se trata solo de un error administrativo, sino de un potencial encubrimiento que pone en riesgo la confianza de los pacientes», advirtieron.
La comunidad exige respuestas
Mientras avanza la investigación, en Arrecifes crece la indignación. Las redes sociales se llenaron de preguntas sobre quién es este profesional. La falta de otro centro de salud en la zona hace que muchas pacientes se sientan obligadas a seguir atendiéndose con el ginecólogo, a pesar de sus antecedentes.
El caso planteó un dilema ético profundo: ¿es suficiente cumplir con las reglas legales para garantizar que una persona condenada pueda retomar su actividad profesional? En un pueblo pequeño como Arrecifes, donde la salud pública es limitada, esta pregunta tomó una urgencia particular.
El proyecto de ley de Ficha Limpia, que impediría una candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner, recibió dictamen favorable este miércoles en el Senado con las firmas del oficialismo y bloques dialoguistas, aunque enfrenta un escenario complejo de cara a la votación en el recinto. La discusión, de todos modos, quedará para el período ordinario de sesiones, que comienza el 1ro de marzo.
La iniciativa obtuvo luz verde en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Alejandra Vigo (PJ cordobés), con 11 firmas sobre 19 integrantes. Acompañaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, mientras que Unión por la Patria volvió a oponerse en soledad.
El dictamen significó una buena noticia para el oficialismo, pero en el recinto Unión por la Patria puede hacer más fuerza para bloquear la iniciativa. Su suerte dependerá, en buena medida, de dos senadores santacruceños (José María Carambia y Natalia Gadano) que se mueven con independencia y hasta ahora no se pronunciaron.
La ficha limpia impide que personas con una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción (como Cristina en la causa Vialidad) sean candidatas a cargos electivos. Se aplicará cuando la condena se confirme 180 días antes de la elección general. Tampoco podrán asumir en esas condiciones el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas públicas.
Cristina Kirchner y el escándalo $LIBRA provocaron acusaciones cruzadas
El debate en el Salón Illia del Senado fue breve, pero caliente. El kirchnerismo volvió a denunciar “proscripción” contra Cristina y buscó correr el eje a la polémica por la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y que acumula demandas en la Justicia y proyectos en el Congreso.
El porteño Mariano Recalde, de La Cámpora, calificó a Milei como un “estafador, delincuente, que tiene en su Gabinete a gente que pide plata para habilitar reuniones (en referencia a Karina Milei)”, y cuestionó “que vengan senadores a hablar de moral con la bragueta abierta”.
Otra camporista, Anabel Fernández Sagasti, ironizó: “No se nos va la vida con la ficha limpia. Si no sale la ficha limpia, la Corte tiene en su escritorio una acordada para firmar”, en relación a la condena de la expresidenta.
El cordobés Luis Juez, exjefe del bloque PRO, advirtió: “No pueden trasladar a la sociedad la responsabilidad de que el candidato que mejor les mida está condenado dos veces por delitos fraudulentos contra la administración pública. Hurguen en el placard; capaz que tengan alguno sin imputación penal que pueda ser candidato y que junte los votos”.
“Nadie pretende proscribir a nadie, simplemente fijar un parámetro ético mínimo. Un país serio no vota dirigentes políticos condenados”, enfatizó Juez.
Ficha Limpia: propusieron ampliar los delitos alcanzados
En la discusión volvió a ponerse sobre la mesa la posibilidad de ampliar la cantidad de delitos alcanzados, ya que el proyecto se reduce a los de corrupción (fraude en perjuicio de la administración pública; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; enriquecimiento ilícito; y encubrimiento, entre otros).
Fernández Sagasti pidió incorporar los delitos de lesa humanidad, pedofilia, trata de personas, lavado de dinero y narcotráfico, entre otros, pero el oficialismo rechazó cualquier cambio en el texto porque haría que el trámite vuelva a la Cámara de Diputados.
“Esta ley es perfectible, puede abarcar más delitos, pero muchas veces las modificaciones que se quieren imponer terminan dilatando”, argumentó el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche.
El dictamen obtuvo finalmente las firmas necesarias: el libertario Juan Carlos Pagotto; Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri por el PRO; Eduardo Vischi, Carolina Losada, Flavio Fama, Pablo Blanco y Rodolfo Suárez por la UCR; Mónica Silva por Juntos Somos Río Negro; el salteño Juan Carlos Romero por Cambio Federal; y la cordobesa Vigo.
Ante la controversia generada por la memecoin $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei, el Gobierno opta por desviar la atención abriendo el recinto del Senado. En esta sesión, se debatirá la suspensión de las PASO, mientras se pospone por 24 horas la discusión sobre el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.
,
Durante la reunión parlamentaria del miércoles, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el bloque opositor dialoguista acordaron iniciar el debate sobre la cancelación de las primarias a partir de las 12. A su vez, la segunda sesión destinada a tratar el proyecto del juez federal quedó en suspenso, en espera de nuevos acuerdos previos al debate por las PASO.
,
Diversos aliados del oficialismo consideran poco probable avanzar con el pliego de Lijo. Una fuente legislativa afirmó que, sin incluir una mujer en la futura conformación de la Corte, el progreso es imposible. Además, el peronismo se ha cerrado, garantizando que 25 de sus senadores bloquearán la designación que exige dos tercios.
,
Dentro del grupo dialoguista, sectores del radicalismo y del PRO han mostrado resistencia ante la candidatura de Lijo. La UCR, por ejemplo, se opone a la nominación de Carolina Losada y Pablo Blanco, revelando que un sector de los radicales se niega a colaborar, complicando aún más la formación del quórum especial requerido.
Cómo viene el panorama en el Senado
Por otro lado, la agenda de cancelación de las PASO se acompaña de discusiones sobre temas de seguridad, como medidas antimafia, juicios en ausencia y reiterancia. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respalda estas propuestas, que prometen encender tensiones en el recinto del Senado durante una jornada legislativa de intensa deliberación.
Para avanzar en la reforma electoral, el Gobierno necesita alcanzar la mayoría absoluta de 37 senadores. En este esfuerzo, se interrumpió la licencia del radical Víctor Zimmermann, cuya ausencia evitaba su reemplazo por Alicia Terada, representante de la Coalición Cívica, consolidando así el apoyo de diversos bloques federales y provinciales.
El quórum también se ve afectado por la expulsión de Edgardo Kueider, detenido por intentar ingresar a Paraguay con más de US$200 mil sin declarar. Asimismo, el exlibertario Francisco Paoltroni se ha posicionado en contra de la reforma electoral, complicando la suma de votos necesarios para aprobar la medida.
Entre los senadores radicales se observa una división: Carolina Losada y Pablo Blanco defienden la continuidad de las PASO, mientras Maximiliano Abad se une a su postura. En contraste, Eduardo Vischi, líder del bloque en Corrientes, aboga por suspender las primarias, reflejando la complejidad interna del voto en esta materia.
El oficialismo también cuenta con el respaldo de senadores provinciales, como Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, aunque figuras como Carlos Rovira se oponen. Por su parte, Unión por la Patria recuperará una banca con la juramentación de Stefanía Cora, reemplazando a Kueider, lo que añade más tensión al cálculo del quórum.
Finalmente, la sesión preparatoria para elegir autoridades del Senado se reprogramó para el lunes 24. Se espera que Bartolomé Abdala sea reelecto como presidente provisional, mientras Silvia Sapag, Carolina Losada, Alejandra Vigo y Agustín Giustinian continúan en sus cargos, con Emilio Viramonte Olmos sustituyendo a María Laura Izzo en la secretaría administrativa.
El Senado sesionará este jueves para convertir en ley la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y tres proyectos penales impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero siguen las trabas en torno a la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia. El oficialismo aspira a tratar el tema el viernes en otra sesión. Desde la oposición piden al Ejecutivo que abra un diálogo para llegar a un acuerdo más amplio. El debate se dará con el caso $LIBRA todavía candente para el Gobierno de Javier Milei.
La agenda se discutió en una reunión de Labor Parlamentaria entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y jefes de todos los bloques políticos. Allí acordaron tratar el jueves a partir del mediodía el freno a las PASO, que tiene aval de gobernadores peronistas, y también los proyectos de “Ley Antimafias”, reiterancia y reincidencia, y juicio en ausencia, además de ascensos militares y diplomáticos.
Sesión en el Senado: designación de Ariel Lijo
El tratamiento del pliego de Lijo se resolverá en otra reunión entre Villarruel y autoridades de los bloques, este mismo jueves. El oficialismo, comandado por el jujeño Ezequiel Atauche, quiere debatir el nombramiento en otra sesión el viernes (el último día del período extraordinario), pero aún no logra garantizarse los dos tercios de los votos necesarios.
Detrás, persiste la sospecha sobre el nombramiento por decreto: si el Senado no avala a Lijo, hay quienes interpretan que le daría un argumento a Milei para designarlo con su sola firma, “en comisión”, por un año. La misma suerte podría correr el otro candidato, Manuel García Mansilla, quien ni siquiera tuvo aval en la Comisión de Acuerdos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había ratificado la estrategia de “los dos o ninguno”.
En la reunión de Labor Parlamentaria, la oposición insistió con el pedido para que el Gobierno abra un diálogo para un acuerdo más amplio, donde también entren en discusión el número de integrantes de la Corte Suprema, el cupo femenino y la designación del procurador general de la Nación (jefe de los fiscales), que hoy está bajo un interinato.
En el encuentro donde se definió la agenda participaron Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche por La Libertad Avanza; José Mayans y Anabel Fernández Sagasti por Unión por la Patria; Eduardo Vischi, Mariana Juri y Pablo Blanco por la UCR; Alfredo De Angeli y Martín Goerling por el PRO; Carlos “Camau” Espínola por Unidad Federal; y los senadores de bloques provinciales Juan Carlos Romero (Salta), Carlos Arce (Misiones), Francisco Paoltroni (Formosa), Edith Terenzi (Chubut), Mónica Silva (Río Negro), Natalia Gadano (Santa Cruz) y Beatriz Ávila (Tucumán).
Por fuera del temario de la sesión de este jueves, el oficialismo no podrá evitar que se cuele el escándalo en el que quedó envuelto Javier Milei por la criptomoneda $Libra. La UCR tiene presentado un proyecto para crear una comisión investigadora del caso, y podría intentar aprobarlo con apoyo de Unión por la Patria, que en la Cámara de Diputados impulsa también el juicio político contra el presidente.
El bloque kirchnerista además pasará a tener una integrante más y quedará con 34 (a solo tres del quórum propio) ya que finalmente jurará la entrerriana Stefania Cora en lugar del expulsado Edgardo Kueider. Paralelamente, la UCR recuperará a un senador que estaba de licencia, el chaqueño Víctor Zimmermann, a quien hicieron volver para contribuir con La Libertad Avanza en las votaciones que se vienen.
Por otra parte, el lunes a las 16 se llevará adelante la sesión preparatoria de renovación de autoridades del Senado, donde buscarán renovar mandato Bartolomé Abdala (presidente provisional), y las vicepresidentas Silvia Sapag, Carolina Losada y Alejandra Vigo. También se renovarán las secretarías de la Cámara y hay dudas sobre la responsable del área administrativa, María Laura Izzo.
Sesión en el Senado: los planteos contra Ariel Lijo
Mientras los senadores definen la suerte del pliego, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) difundió el lunes un documento con “cinco razones por las que el Senado no debe llevar a Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En primer lugar, la organización sostuvo que “pese a sus 30 años de ejercicio, no cuenta con una trayectoria académica y profesional ni con un reconocimiento en la comunidad del derecho a la altura del cargo que se pretende cubrir”, por lo cual “no es un jurista de renombre en Argentina”.
Asimismo, advirtió que “es de los jueces penales que menos eficiencia demostró en causas de corrupción”, y puso como ejemplo “las inadmisibles dilaciones en las que incurrió”. Según datos del CIJ (Centro de Información Judicial) actualizados a abril de 2024, tiene 13 causas en instrucción hace más de una década (3 de ellas hace 17, 18 y 26 años) y fue de los que menos casos elevó a juicio oral (15,7% del total).
ACIJ señaló además que el candidato de Milei al máximo tribunal “no inspira confianza en la ciudadanía, lo que es esencial para la credibilidad y legitimidad del sistema de justicia. Ello, porque pesan sobre él múltiples denuncias por mal desempeño y presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones”.
“Desde 2004 hasta la actualidad, fue denunciado 34 veces ante el Consejo de la Magistratura, siendo el tercer juez de Comodoro Py que más denuncias recibió. Si bien no fue sancionado, las acusaciones realizadas no concluyeron mediante procedimientos públicos y transparentes que permitieran concluir que estaban infundadas. De hecho, varios de los expedientes se cerraron sin siquiera haber ordenado medidas de prueba. También fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno”, precisó la entidad.
En cuarto lugar, indicó que “existen sospechas sobre sus vínculos con el poder, a partir de la extensa duración de la investigación de casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios y la falta de sanciones penales en el marco de esos expedientes”.
Por último, ACIJ afirmó que “su desempeño en la audiencia pública ante el Senado fue inadecuado” y que “omitió responder preguntas sobre temas jurídicos de gran relevancia”. Por eso, consideró que la Cámara alta “no debería avanzar en su designación sin conocer su visión sobre ellos”. En ese marco, agregó que “varias de sus afirmaciones en la audiencia pública por su candidatura eran dudosas, contradictorias e incluso falsas”.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció este miércoles al nuevo titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA). Se trata de Gastón Renda, actual jefe de departamento de planeamiento, proyecto e inversión de la Legislatura.
«Con una amplia experiencia en gestión pública y un profundo compromiso con el desarrollo de la provincia, Renda tendrá la responsabilidad de liderar las políticas hídricas y ejecutar proyectos estratégicos relacionados con el riego, el saneamiento, la sistematización de cuencas y la protección de los recursos naturales«, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.
Renda será el reemplazo de Pedro Sánchez, quien acordó dejar la superintendencia días atrás. Según trascendió, la salida del titular de la UCR rionegrina del DPA tuvo razones políticas y operativas.
«Su liderazgo será clave para articular el trabajo con los municipios, los consorcios de regantes, los organismos interjurisdiccionales y enfrentar estos desafíos del presente y del futuro, garantizando una administración responsable y sostenible del recurso hídrico«, agregó Weretilneck sobre la designación del sucesor de Sánchez.
El gobernador preveía anunciar los cambios en el organismo a comienzos de mes, pero, como todo, se postergó porque el accionar gubernamental se concentró en los incendios de El Bolsón.
Los motivos de la salida de Pedro Sánchez del DPA
En el radicalismo se explicó que el organismo exigía una función demasiado técnica que colisiona con el perfil buscado para un actor partidario si, por lo menos, el conjunto conserva cierta pretensión de posicionamiento político.
En esa línea, Weretilneck habría prometido —como parte del Gran Acuerdo— que el presidente de la UCR iría a una función con otras características y, según trascendió, recaería en un cargo expectante del ministerio de Gobierno y de Turismo, que conduce Fabian Gatti.
Fuentes gubernamentales aluden a un reacomodamiento operativo, a partir que el DPA figura en la órbita —según el último diseño ministerial— de la secretaría de Energía y Ambiente, a cargo de Andrea Confini.
En medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, que involucra a los hermanos Milei, La Libertad Avanza consiguió el respaldo necesario para debatir la suspensión de las PASO en el Senado.
Además de la eliminación de las primarias, el oficialismo buscará avanzar con otros proyectos ya aprobados en Diputados, como la reiterancia y reincidencia, el juicio en ausencia y la Ley Antimafias.
Un debate con alto voltaje político
El debate no estará exento de tensión. Desde la oposición, especialmente Unión por la Patria (UP), anticipan que aprovecharán la sesión para cuestionar al Gobierno por el escándalo financiero que sacude a los hermanos Milei.
A esto se suma que un sector de la UCR, liderado por Pablo Blanco, impulsa una comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, lo que prolongaría el tema en la agenda política y podría generar nuevos conflictos para el Ejecutivo.
Sesión con un condimento extra
La sesión se desarrollará mientras Javier Milei esté de viaje en Estados Unidos, lo que dejará a Victoria Villarruel como presidenta en ejercicio y al senador Bartolomé Abdala a cargo del debate en la Cámara Alta.
