Mientras avanza en el Congreso un proyecto para endurecer penas por falsas denuncias, estadísticas oficiales y especialistas advierten que el verdadero problema sigue siendo la enorme subdenuncia de abusos y violencias sexuales.
El debate volvió a instalarse en la política argentina con fuerza. El proyecto impulsado por la senadora radical Carolina Losada para agravar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género y abuso sexual reabrió una discusión extremadamente sensible: cuánto pesan realmente las denuncias infundadas dentro del sistema judicial y qué impacto puede tener esta iniciativa sobre las víctimas reales.
Pero detrás de la discusión política aparecen datos que muestran un escenario muy distinto al instalado en parte del debate público. Según cifras oficiales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, entre 2020 y 2026 solo se registraron dos denuncias por falsa denuncia vinculadas específicamente a violencia de género y abuso sexual. Ni siquiera condenas: apenas denuncias.
El contraste entre esos números y la idea de una supuesta “avalancha” de acusaciones falsas expone una tensión cada vez más profunda entre ciertos discursos políticos y las estadísticas reales del sistema judicial.
La discusión no es menor. Porque mientras algunos sectores buscan endurecer penas argumentando que las falsas denuncias “llenan los tribunales”, organismos especializados, fiscalías y organizaciones feministas sostienen que el problema estructural sigue siendo exactamente el contrario: la enorme cantidad de casos de violencia y abuso que jamás llegan a denunciarse.
El foco político puesto sobre un fenómeno estadísticamente ínfimo
El proyecto de Losada propone modificar el Código Penal y elevar las penas por falsa denuncia cuando se trate de casos vinculados a violencia de género, delitos sexuales o hechos contra niñas, niños y adolescentes. La iniciativa incluso contempla sanciones de hasta seis años de prisión para esos casos específicos.
La senadora sostiene que las falsas denuncias utilizan recursos del Estado y perjudican tanto a personas inocentes como a víctimas reales. Sin embargo, las propias estadísticas oficiales muestran que se trata de un fenómeno extremadamente reducido dentro del universo judicial argentino.
En Neuquén, las causas por falsa denuncia representan apenas el 0,30% del total de expedientes y la mayoría se vincula a delitos económicos, no a violencia sexual. A nivel nacional, las denuncias falsas relacionadas específicamente con delitos sexuales rondan el 0,10%, según datos relevados por especialistas citados en el informe.
La diferencia entre percepción política y realidad estadística se vuelve todavía más evidente cuando se analizan las condenas efectivas. Durante 2023 hubo 23.419 sentencias condenatorias en todo el país y solo 60 estuvieron vinculadas a falsa denuncia o falso testimonio en todas sus modalidades. Eso representa apenas el 0,25% del total de condenas.
El dato desarma uno de los principales argumentos utilizados para justificar el endurecimiento penal: la idea de que los tribunales se encuentran colapsados por acusaciones inventadas.
La verdadera crisis: la mayoría de las víctimas nunca denuncia
Mientras el debate político se concentra sobre las falsas denuncias, los organismos especializados vienen advirtiendo desde hace años un fenómeno mucho más grave: la subdenuncia sistemática de las violencias sexuales y de género.
Según datos de la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas y la Unión Europea, el 45% de las mujeres argentinas sufrió algún tipo de violencia por parte de una pareja o expareja, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o realizó una denuncia formal.
En materia de violencia sexual, el panorama es todavía más crítico. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres estima que apenas el 10% de las víctimas llega a denunciar. Es decir, nueve de cada diez casos permanecen fuera del sistema judicial.
Incluso en los femicidios consumados aparecen señales alarmantes sobre la falta de respuesta estatal previa. Según registros de la Corte Suprema, el 54% de las víctimas asesinadas en 2024 murió a manos de parejas o exparejas, pero solo el 18% había denunciado previamente y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes.
Ese contexto explica por qué muchas organizaciones consideran que instalar políticamente el foco sobre las falsas denuncias puede generar consecuencias mucho más profundas que un simple cambio legislativo.
El temor a denunciar vuelve al centro del debate
Uno de los puntos más cuestionados por especialistas y colectivos feministas es el posible efecto disciplinador que podría generar el proyecto sobre víctimas, docentes, profesionales de salud y funcionarios obligados legalmente a denunciar casos de abuso o violencia.
Actualmente, leyes como la Ley Lucio y la Ley 26.485 establecen obligaciones concretas de denuncia frente a situaciones de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. El temor es que el endurecimiento penal termine generando un mensaje implícito de advertencia: denunciar podría convertirse en un riesgo jurídico para quienes intervengan en esos casos.
La preocupación no se limita únicamente a las víctimas. También alcanza a médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, docentes y operadores judiciales que podrían actuar con mayor cautela por miedo a futuras acusaciones de falsa denuncia.
Especialistas sostienen que ese efecto puede profundizar todavía más la subdenuncia existente y reforzar patrones históricos de desconfianza hacia las mujeres que denuncian violencia o abuso sexual.
El debate también fractura a la propia UCR
La discusión incluso abrió tensiones internas dentro de la propia Unión Cívica Radical. La Red de Mujeres Radicales de Neuquén expresó públicamente su rechazo al proyecto y lo calificó como “regresivo en términos de derechos” e incompatible con una justicia con perspectiva de género.
El espacio advirtió que la iniciativa parte de un diagnóstico “sin sustento empírico” y alertó que puede reforzar la desconfianza hacia las víctimas y profundizar la impunidad.
Dentro de algunos sectores del radicalismo incluso comenzó a discutirse la posibilidad de impulsar sanciones internas contra Losada por el impacto político y simbólico del proyecto.
El trasfondo del debate excede largamente una discusión técnica sobre el Código Penal. Lo que aparece en juego es el sentido político y social de las políticas de género construidas durante los últimos años y el lugar que ocupa hoy la palabra de las víctimas dentro del sistema judicial argentino.
Porque detrás de las estadísticas, la discusión termina girando sobre una pregunta mucho más profunda: si el problema central sigue siendo que millones de mujeres no denuncian, ¿qué consecuencias puede tener volver a ponerlas bajo sospecha antes incluso de que hablen?
