El establecimiento de un mercado de carbono estructurado en la Argentina se presenta como una herramienta técnica para canalizar financiamiento hacia proyectos de mitigación, restauración y conservación ambiental. Estos mecanismos basados en el mercado permiten cuantificar las reducciones o remociones de gases de efecto invernadero en toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Al asignar un valor económico a la mitigación climática, se incentiva la inversión del sector privado y se facilita el cumplimiento de las metas ambientales internacionales. La viabilidad de este esquema depende de la existencia de reglas claras de monitoreo, reporte y verificación que garanticen la transparencia y eviten distorsiones operativas como la doble contabilización.
Frente a este escenario, la senadora nacional y ex secretaria de Energía, Flavia Royón, presentó un proyecto de ley que busca establecer el marco jurídico para el desarrollo, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos voluntarios en el territorio nacional. La iniciativa legislativa promueve un estándar de alta integridad ambiental y seguridad jurídica, ordenando el funcionamiento de las transacciones sin obstaculizar la inversión privada, y procura dar previsibilidad a los actores del mercado mediante una institucionalidad coordinada con las provincias.
Entre los puntos principales del proyecto de Royón destaca la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe). Esta plataforma digital será de inscripción obligatoria para todos los proyectos que pretendan emitir, transaccionar o retirar créditos de carbono bajo jurisdicción argentina. El ReNaRe funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes como autoridad de aplicación nacional.
Otro eje metodológico de la propuesta es la obligatoriedad del ciclo de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) bajo estándares auditables. El texto establece que los titulares de los proyectos deberán implementar tecnologías de alta precisión, tales como sensores remotos satelitales, dispositivos de internet de las cosas (IoT) y tecnología LiDAR para el control de la biomasa y las emisiones en terreno. Los informes anuales requerirán el dictamen de una entidad de validación y verificación independiente, acreditada ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
El proyecto contempla un régimen de incentivos fiscales específico para promover la radicación de inversiones iniciales en el sector. El articulado propone la exención del Impuesto a las Ganancias por un período de cinco años para los ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono, siempre que no estén bajo el régimen de grandes inversiones. Adicionalmente, introduce la amortización acelerada en tres años para la adquisición de tecnologías de monitoreo y otorga estabilidad fiscal por un término de quince años a partir de la aprobación del proyecto.
En materia presupuestaria y de contabilidad internacional, el proyecto clasifica los créditos en Contribuciones de Mitigación y Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles (URMT), estas últimas aptas para transferencias internacionales bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París. El Estado nacional aplicará un Ajuste Correspondiente en el inventario nacional al exportar una URMT, sumando las toneladas cedidas para evitar el doble cómputo internacional. Finalmente, las transferencias al exterior deberán aportar un 2% del valor de la transacción para el Aporte para la Adaptación Climática, destinado a financiar obras de infraestructura en las provincias más vulnerables.
Por su parte, la abogada y especialista en energía y derecho ambiental, Verónica Tito, analizó con Mejor Energía las implicancias operativas de regular estos mercados en la Argentina, y explicó cómo la falta de un marco normativo unificado a nivel federal genera asimetrías entre las provincias y limita el acceso a financiamiento internacional de gran escala. La especialista remarcó la importancia de «establecer definiciones precisas sobre la propiedad del carbono y la interacción entre el sector público y los desarrolladores privados».
Tito señaló que «la coexistencia de registros provinciales independientes y metodologías dispares puede restar credibilidad al país ante los compradores internacionales de créditos». Desde una perspectiva jurídica, destacó que «los proyectos basados en la naturaleza deben estructurarse respetando de forma estricta las facultades constitucionales de las provincias sobre sus recursos naturales». La armonización de un estándar nacional mínimo se presenta, bajo este enfoque, como el camino para mitigar los riesgos de litigiosidad y superposición registral.
La especialista también ponderó la necesidad de «agilizar los procesos administrativos para la aprobación de los proyectos», advirtiendo que los plazos burocráticos excesivos desalientan el desarrollo tecnológico. Según su análisis, «el diseño de salvaguardas ambientales y sociales sólidas no debe traducirse en barreras de entrada para las pequeñas y medianas empresas agropecuarias o forestales». El desafío regulatorio radica en equilibrar la máxima exigencia técnica en los sistemas de medición con la fluidez comercial que demanda el mercado voluntario global.
En una coincidencia legislativa, la senadora Sonia Decut formalizó de manera casi simultánea la presentación de un segundo proyecto de ley enfocado en la materia, denominado Ley Marco para el Desarrollo de los Mercados de Carbono y su Integración al Mercado de Capitales. Esta propuesta comparte los principios de integridad ambiental y federalismo concertado, ratificando el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales en los términos del artículo 124 de la Constitución Nacional. Sin embargo, introduce un enfoque marcadamente financiero al vincular los activos ambientales con el régimen de oferta pública.
El texto de Decut define formalmente a los resultados de mitigación y a los créditos de carbono como activos ambientales intangibles con individualidad jurídica y económica propia. El proyecto establece que, cuando estos instrumentos sean objeto de oferta pública, tokenización o negociación en mercados autorizados, quedarán bajo la órbita y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). De esta forma, busca habilitar la creación de instrumentos financieros ambientales como fideicomisos y bonos vinculados a la sostenibilidad para canalizar el ahorro interno hacia la mitigación climática.
A diferencia de la propuesta de Royón, el marco propuesto por Decut determina que la inscripción en el Registro Nacional de Carbono será voluntaria para las operaciones realizadas exclusivamente en mercados voluntarios domésticos, salvo excepciones tasadas. Asimismo, convalida de pleno derecho los programas jurisdiccionales provinciales de mitigación, como los esquemas REDD+, mediante una declaración jurada de cumplimiento de presupuestos mínimos. Los criterios para evitar el doble conteo entre proyectos privados y estatales se derivan, bajo esta norma, a las resoluciones del Consejo Federal del Mercado de Carbono.
Este dinamismo en el Congreso de la Nación se superpone con los esfuerzos técnicos de la Mesa Argentina de Carbono, una plataforma sectorial que nuclea a los principales actores privados, académicos y de la sociedad civil vinculados al mercado regulado y voluntario. La organización diseñó en 2025 un plan de desarrollo sectorial integral y un proyecto normativo de base para el mercado local. Ante las nuevas presentaciones legislativas en el Senado, la entidad se encuentra abocada a la actualización de su propuesta para asegurar la competitividad internacional del sector.
La Mesa Argentina de Carbono trabaja en la revisión de los mecanismos de interoperabilidad registral y en la simplificación de las salvaguardas sociales para los proyectos comunitarios. El objetivo institucional de la organización es aportar insumos técnicos al debate legislativo para evitar que las regulaciones nacionales fijen cupos excesivos de retención de carbono que puedan aislar a la Argentina de los flujos de inversión globales.
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