Neuquén.- Este miércoles, personal del Departamento de Delitos Económicos realizó un allanamiento con resultados positivos en el marco de una investigación por estafa con criptomonedas.
El caso se inició tras una denuncia presentada en agosto de 2024, cuando dos mujeres reportaron haber sido víctimas de una maniobra fraudulenta al intentar comprar activos digitales a través de una plataforma en línea.
Tras una exhaustiva investigación, las autoridades llevaron adelante un operativo en la ciudad capital, donde lograron secuestro de elementos clave para la causa, incluyendo:
Teléfonos celulares y computadoras.
Cuadernos con anotaciones.
Posnet portátil y pendrive.
Router de conexión.
Además, se procedió a la demora del presunto representante de la plataforma, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
El cuento del tío se cobró una nueva víctima en la región, esta vez una mujer de Cutral Co fue engañada por un estafador. Según se pudo confirmar, el delincuente se hizo pasar por su hijo y la terminó engañando para que le transfiera $200.000. La Policía ya inició una investigación.
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Medios de la comarca informaron que la estafa ocurrió el lunes, cuando una mujer de 67 años recibió una llamada de un joven, y totalmente convencida de que era su hijo quien estaba al otro lado del teléfono, inició una conversación.
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Al parecer, el estafador utilizó una maniobra ya muy conocida en la región, se hizo pasar por su hijo, y debido a la confianza que esto generó, pudo establecer una charla con la mujer y le manifestó que le necesitaba que le preste dinero.
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La víctima no lo dudó, sin preguntar demasiado tomó los datos de referencia que le pasó el estafador y terminó realizando una transferencia de $200.000 a la cuenta indicada.
El estafador, con total descaro le agradeció y le dijo «Ma, te quiero» para mantener la mentira, luego bloqueó el número de la víctima antes de que pudiera darse cuenta que todo era un engaño.
“Por ahí siempre se menciona este tipo de hecho para que antes de hacer algún tipo de transferencia, traten de chequear, llamen por teléfono, manden un mensaje. Sabemos que es una situación que un poco se vive en el momento, pero es importante tratar de chequear si es o no el familiar que refiere ser”, señaló el comisario inspector Walter Troncoso, jefe de Seguridad Interior Cutral Co y Plaza Huincul.
La Policía ya investiga la estafa, pidió los informes telefónicos y bancarios correspondientes para conocer desde dónde llegó la llamada y a qué cuenta terminó transferido el dinero.
Engañaron a una abuela
Los adultos mayores son lamentablemente el blanco más fácil para los estafadores, así lo demuestra una de las últimas estafas que se registró bajo el cuento del tío en Cutral Co. Un delincuente se hizo pasar por la nieta de una mujer de 83 años y la convenció de entregar sus ahorros.
El comisario Eduardo Sierralta informó sobre la denuncia de la mujer que se recibió en la Comisaría 14. «Una señora denunció que había recibido el día 3 de octubre un llamado telefónico, donde su nieta, que actualmente reside en la ciudad de Bahía Blanca, le hacía conocer que por nueva disposición del Banco Nación debía cambiar sus billetes, todo el dinero que tenía en su poder”, relató.
Lamentablemente se trataba del famoso «cuento del tío». En esta oportunidad, el estafador aprovechó la confianza de la mujer y «mantiene un diálogo, donde logra convencerla de reunir todo el dinero que tenía en su poder con la promesa de que un representante del banco se iba a presentar en su domicilio”.
Se suponía que este trabajador bancaria sería quien llevaría los ahorros de la mujer a la entidad para cambiarlos por nuevos billetes, y así no perdieran su vigencia.
Efectivamente, un rato más tarde, «un masculino se presenta en la casa de la señora y retira el dinero con la promesa de que ese mismo día arribaría una nueva persona con los billetes con nueva denominación”.
Lamentablemente, las horas pasaron y la mujer nunca recibió la nueva visita, de manera que tomó contacto con su familia de Bahía Blanca, quienes negaron las comunicaciones previas y le dijeron que seguramente todo había sido una estafa.
Esto motivó a la abuela realiza la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana a su domicilio. «El monto aproximado que fue damnificada la señora es la suma aproximada de 2.4 millones de pesos en billetes de distintos montos. Se encuentra trabajando en ese hecho, el personal de la Comisaria 14”, cerró el comisario.
Una mujer fue víctima de una estafa bajo la modalidad del Cuento del tío y perdió 200 mil pesos. La denuncia fue radicada en la comisaría 14° de Cutral Co.
En este caso la víctima, adulta de 67 años recibió el llamado telefónico y la persona que la contactó se hizo pasar por su hijo. “Incluso hasta le dicen: te quiero, po lo cual esta persona se shockeó, se bloqueó y le terminaron haciendo que ella efectúe una transferencia por 200 mil pesos desde una cuenta de un banco nacional”, aclaró el comisario inspector Walter Troncoso.
El jefe policial especificó que se informa este tipo de hechos para que todas las personas -porque las estafas abarcan a todas las edades, más allá de las diferentes modalidades- tomen todas precauciones.
“Se les pide que traten de chequear, que llamen por teléfono, que manden un mensaje. Es una situación que se vive en el moento, pero bueno es necesario que traten de chequear si es familiar que los requiere o que se asesoren por otro familiar para que la calem. Si están solos, que corten la comunicación”, indicó Troncoso.
Las auditorías que encontraron irregularidades en la construcción de canchas de césped sintético en Neuquén durante el gobierno de Omar Gutiérrez generan nerviosismo en algunos sectores posiblemente involucrados en la incipiente investigación.
Según pudo averiguar diario RÍO NEGRO, por lo menos un abogado particular se acercó el martes a la mañana a la fiscalía de Delitos Económicos para preguntar por la existencia de una investigación penal de oficio, y le confirmaron que en efecto está en marcha.
El profesional, Gustavo Palmieri, no quiso revelar quiénes lo contactaron para que los represente. El fiscal jefe Pablo Vignaroli le informó que había iniciado una investigación de oficio a partir de las publicaciones periodísticas que comenzaron en este diario el 16 de enero pasado.
En esa fecha Vignaroli estaba de licencia médica pero ordenó a su equipo que recopile todas las publicaciones. Apenas se reincorporó, abrió un legajo de oficio y le solicitó por nota al presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Pablo Dirr, que le remita todos los antecedentes de los sumarios que confecciona en el organismo.
Obras de 2021 y 2023
Uno es relativo a canchas de césped sintético construidas en 2021 y otras en 2023. Estas últimas fueron auditadas por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe).
Por su parte el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, también recopila información porque eventualmente estarían comprometidos fondos del erario público. El organismo a su cargo marcó el ritmo de las últimas investigaciones, por ejemplo la estafa con planes sociales, los montos girados a cooperativas para capacitaciones, o las actividades de la exvicegobernadora Gloria Ruiz.
Sin plazos, por ahora
Por ahora ningún plazo legal apura a la fiscalía de Delitos Económicos. Sin embargo la presencia de un abogado defensor revela que el legajo genera inquietud, aunque Palmieri no hizo ninguna presentación formal.
Vignaroli dio a entender que se tomará su tiempo para estudiar el caso. «No todo es tan lineal como se dice. Hay trabajos que se suspendieron de común acuerdo con las empresas, hay que ver caso por caso», indicó.
«Irregularidades de todo tipo»
Hace diez días en una entrevista con diario RÍO NEGRO, el presidente del Tribunal de Cuentas había señalado que “hay irregularidades de todo tipo: desde administrativas hasta más severas con los números”.
Dirr, un hombre elegido por Figueroa para ese puesto, describió “falta de normas legales, falta de expedientes o este tema de canchas que estaban destinadas a un lugar y por ahí se hacían en otro lugar”. Aclaró que esos casos podrían constituir “una irregularidad formal, pero ahora veo que hay canchas que no están hechas directamente”.
El Tribunal de Cuentas abrió sumarios por la adjudicación y ejecución de canchas de césped sintético durante el 2021y 2023, en el segundo mandato del exgobernador Omar Gutiérrez.
El informe de la Upefe, a cargo de Tanya Bertoldi, fue una auditoría sobre 28 canchas en Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, Mariano Moreno, Zapala, China Muerta, El Sauce, Los Catutos, Los Chihuidos, Los Miches, Neuquén capital, Octavio Pico, Paso Aguerre, Picún Leufú, Villa del Puente Picún Leufú, Santo Tomas, Villa La Angostura, San Martín de los Andes.
El monto total adjudicado por las obras, ahora bajo examen, se fijó en 1.543.067.814,38 pesos.
Un juez de Garantías prorrogó la inhibición general de bienes de los 18 imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén. La intención de la fiscalía es que al final del proceso, si los encuentran culpables, les rematen los rodados e inmuebles embargados en reparación del daño causado. Algunos de los defensores se opusieron a la prórroga y otros la consintieron, en una audiencia realizada este martes en la Ciudad Judicial.
Estas medidas cautelares fueron prorrogadas por seis meses en el caso de 17 de los imputados y por 20 días excepcionalmente para uno de ellos que no asistió a la audiencia porque su abogado está de viaje.
El juez que dispuso la prórroga fue Marco Lúpica Cristo. Por la fiscalía asistieron Pablo Vignaroli y la asistente letrada Tanya Cid; en representación de la fiscalía de Estado lo hizo Ismael Brat pero fue cuestionada su legalidad y no lo dejaron intervenir.
La asistente letrada Cid recordó que la estafa con planes sociales produjo un perjuicio, a valores actualizados, superior a los mil millones de pesos: 1.040.265.585 pesos.
«Evitar que se insolventen»
La finalidad de los embargos e inhibición general de bienes es «decomisar el producto del delito», explicó la funcionaria, así como «evitar que los imputados se insolventen y garantizar los derechos de las víctimas a restitución e indemnización para reparar el daño».
Los embargos incluyen inmuebles, automóviles, cuentas corrientes, cajas de ahorros y billeteras virtuales.
Los imputados alcanzados por la medida son los que según la fiscalía actuaron como cabecillas de la organización: Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Marcos Osuna (los tres con prisión domiciliaria), Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler.
También seguirán embargados y con inhibición general de bienes Alfredo Cury; Luis María Gallo, Laura Carolina Reznik; Julieta Oviedo; Julio Arteaga; Isabel Montoya; Aarón Escobar; Valeria Honorio; Ariel Krom; Rodolfo López; Omar Rodríguez Quezada; Emmanuel Victoria Contreras y Fernando Cardozo Regidor.
Las y los abogados defensores presentes en la audiencia fueron Cury (se representa a sí mismo y a Soiza junto con Esteban Sampayo); Pablo Gutiérrez; Gustavo Palmieri; Lucía Barceló; Laura Giuliani; Gonzalo Rodríguez; Fabián Flores y Maximiliano Gómez.
El 18 y 19 de febrero será la audiencia del control de acusación, en la que se discutirán las pruebas que se utilizarán en el juicio.
Desde 2023 que Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, quedó en el centro de una de las mayores investigaciones por corrupción en Neuquén. La trama de la estafa con planes sociales, que salpica nombres y cargos, avanza con una fecha clave: el próximo 18 de febrero, cuando se llevará a cabo la audiencia de control de acusación previa al juicio oral El juicio podría ser a mediados de marzo.
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En este contexto, Soiza dejó caer una bomba política. Este martes, en la audiencia donde se extendieron embargos e inhibiciones contra los imputados, el exfuncionario deslizó que el dinero desviado de la maniobra podría haber financiado la campaña legislativa nacional de 2021, con el aval del sistema político.
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Aunque tiene derecho a hablar sin juramento de decir la verdad, Soiza hasta ahora había negado su responsabilidad y se había limitado a denunciar una persecución judicial.
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Sin embargo, esta vez rompió el silencio sobre el posible destino del dinero: «Estoy casi seguro de que la plata fue para la campaña política a nivel nacional. Es el camino más lógico», declaró.
Planes sociales: el extraño plan de Soiza
El período investigado por la fiscalía abarca de septiembre de 2020 a julio de 2022. Dentro de ese lapso, las únicas elecciones relevantes fueron las de noviembre de 2021. Según Soiza, el dinero desviado habría sido canalizado hacia esa campaña, bajo el consentimiento de actores de la política.
«Fue por ese lado, tenemos algunas pruebas», afirmó, aunque sin aportar evidencia concreta durante la audiencia. Su versión coincide con la de Alfredo Cury, abogado defensor y también imputado, quien desde hace meses intenta sin éxito llevar la causa al fuero federal, con el argumento que el desvío de fondos para una campaña nacional excede la órbita provincial.
El enfrentamiento entre Cury y el fiscal jefe Pablo Vignaroli se intensificó este martes en la sala. Cury acusó al fiscal de «mal desempeño» por permitir la ausencia de un imputado y de su defensor sin tomar medidas, algo que contrasta, según él, con el trato que recibió en el pasado.
El conflicto verbal escaló al punto de que Cury pidió al juez Marco Lúpica Cristo que informe al fiscal general sobre la conducta de Vignaroli. Pero la respuesta del fiscal fue determinante: «Que me denuncie, si cree que hay mal desempeño, que me haga un jury».
Aunque tiene derecho a hablar sin juramento de decir la verdad, Soiza hasta ahora había negado su responsabilidad y se había limitado a denunciar una persecución judicial.
El juez, con temple, negó mala fe procesal y cerró el planteo: «Puede que no se lleven bien, pero no veo razones objetivas para dar curso a la denuncia».
Las audiencias de esta causa no escapan a los cuestionamientos. Por ejemplo, el abogado Ismael Brat asistió como «gestor legal» de la fiscalía de Estado, algo que no está contemplado en causas penales. «No existe la figura de gestor procesal. Esto es una falta de respeto al procedimiento», protestó Gustavo Palmieri, defensor de otro imputado.
La jornada también tuvo momentos de tensión distendida. El juez Lúpica Cristo corrigió al defensor Maximiliano Gómez por llegar tarde y responder un saludo de la mañana con un «buenas tardes». Fue un recordatorio más de que, en esta causa, el juicio parece tan polémico como los personajes que la protagonizan.
El camino hacia el 18 de febrero está cargado de polémica e interrogantes. ¿Habrá pruebas concretas sobre el presunto desvío de fondos?¿Se utilizará esta causa como un nuevo campo de batalla política? Se verá con el correr de los días.
La familia de la nena de 4 años que fue brutalmente atacada por un perro en el interior de un mercado en la ciudad de Cutral Co, descubrió que un pastor se encontraba estafando gente con una falsa colecta solidaria. La abuela de la nena lo enganchó cuando intentaba venderle números de una rifa.
Según denuncia la familia de la nena, un hombre que sería pastor de una iglesia de la ciudad, fue descubierto vendiendo números de una falsa rifa solidaria en la que utilizaba el nombre de una nena que a principio de mes fue atacada por un perro, y sufrió graves heridas en su rostro y cabeza.
Todo se descubrió cuando el supuesto pastor se acercó hasta el trabajo de la abuela de la nena, desconociendo que allí se encontraba un familiar de la menor, e intentó vender números. Cuando la mujer lo increpó, el hombre cambió su relato diciendo que se trataba de una campaña solidaria para otra persona, y luego se escapó del lugar.
A través de las redes sociales, la familia de la nena salió a desmentir la colecta y pidió a todos los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul que no le entreguen dinero ya que se trata de una estafa.
La pequeña debió ser operada de urgencia
“Nunca hicimos una tómbola ni pedimos ayuda. Este señor se está aprovechando de la terrible desgracia que pasó mi hija para hacerse plata. No le compren números, ese dinero no es para mi hija”, escribió la madre de la pequeña en su cuenta de Facebook.
El terrible ataque ocurrió el 8 de enero pasado en un mercado ubicado sobre calle Avenida del Trabajo, entre Mitre e Independencia de la ciudad de Cutral Co. Allí, un perro raza Dogo de la dueña del local, atacó a la nena y le provocó graves heridas en su rostro y cabeza. La menor debió ser intervenida quirúrgicamente y se necesito un médico especializado que llegó desde Córdoba.
El lunes 3 de febrero vuelve la actividad judicial plena tras la feria y hay tres causas que se llevan adelante en el Alto Valle que volverán a tener movimiento en las próximas semanas. En los expedientes judiciales se investigan casos que sucedieron en Roca, Allen y Huergo.
La polémica casa construida en Paso Córdoba: habrá respuesta del municipio de Roca en la Justicia
La causa por la casa construida en el área protegida en Paso Córdoba y que despertó una fuerte polémica en la ciudad, volverá a tener actividad judicial en febrero con la respuesta a la demanda que los propietarios de la construcción presentaron en un juzgado Contencioso Administrativo de los tribunales de Roca.
La Justicia, a través del juez Matías Lafuente, no hizo lugar a la medida cautelar de los dueños de la construcción para bloquear las decisiones municipales, pero ordenó presentar pruebas al Gobierno comunal que justifiquen la multa y la orden de demolición.
La imponente casa se encuentra a poco más de un kilómetro del puente de Paso Córdoba, en un lote privado pero dentro del Área Protegida.
El Tribunal de Faltas municipal multó a los dueños y ordenó la demolición de la costosa construcción a mediados de 2024, ya que consideró a la vivienda “clandestina” porque no contaba con la aprobación del municipio para su construcción.
Los tres dueños apelaron la decisión argumentando que habían regularizado la situación y que la casa forma parte de un proyecto turístico. La apelación fue rechazada y se ratificó tanto la multa como la orden de demolición.
En este escenario los propietarios recurrieron al juzgado Contencioso Administrativo de de la Justicia de Río Negro.
La causa contra un exintendente de Huergo
La audiencia de formulación de cargos contra el exintendente de Huergo, Miguel Martínez fue postergada a comienzos de diciembre en medio de un planteo del abogado defensor Federico Diorio de inconsistencia en la acusación contra el exjefe comunal.
«Nos viene cambiando el hecho«, aseguró Diorio a este medio, luego de solicitar que el equipo fiscal avance en una «correcta evaluación» de las acusaciones.
La investigación es llevada adelante el fiscal Juan Luppi, de la delegación judicial de Regina, y la fiscal jefa Graciela Echegaray, de la Segunda Circunscripción, y debería tener novedades durante febrero.
La actual gestión municipal de Huergo, a cargo de Silvia Penilla, denunció a través de un asesor letrado que un proveedor del municipio aseguró que pagó personalmente al intendente un lote que el gobierno municipal le cedió, pero ese monto no habría ingresado a las arcas municipales. El comprador se anotició de esta situación con solicitó un libre deuda y allí figuraban cuotas impagas por un monto de alrededor de 4 millones de pesos.
Causa por estafa contra miembros de la mutual municipal de Allen
Seis miembros de la mutual municipal de Allen (Moyem), están siendo investigados tras la formulación de cargos en su contra en diciembre pasado en una causa por estafa a empleados municipales.
El 5 de diciembre la fiscalía descentralizada de esa ciudad, a cargo de Ricardo Romero, y el abogado querellante que representa al municipio de Allen, Federico Diorio, presentaron las pruebas que tienen contra los seis imputados y requirieron cuatro meses de investigación, plazo que el juez Julio Martínez Vivot otorgó a la parte acusatoria.
Los cargos fueron presentados contra Ramón Cayuqueo, titular de Moyem; Adriana Trujillo, en su carácter de secretaria; Susana Reyes, como tesorera; Rodrigo Nahuelan como vocal titular; Daniel Montivero como suplente; y Claudio López como apoderado.
Romero, con la adhesión de Diorio, dijo que los imputados «siguiendo un plan común, en el periodo comprendido entre el 31 de julio de 2018 al 31 de julio del 2024, en al menos 72 oportunidades simularon haber constituido regularmente la mutual de empleados municipales de Allen, a cuyos efectos falsificaron actas de asamblea, fichas de afiliación, listados de deudores y libros de actas; «además entregaron papeles membretados con firmas, otorgaron préstamos personales y utilizaron sellos con la leyenda: «MUTUAL DE OBREROS MUNICIPALES Y EMPLEADOS MUNICIPALES (M.O.Y.E.M.)».
Lo anterior, según la fiscalía, lo hicieron «a sabiendas que dicha mutual había dejado de existir en el año 2006, por resolución del organismo que las las Asociaciones Mutuales, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), resolución de la que había sido notificados».
Por otra parte, con esa maniobra, aseguró el fiscal Romero, «los nombrados concretaron también el engaño al Municipio de la Ciudad de Allen, al que remitían las actas de asambleas, las planillas con las afiliaciones y actas firmadas por los afiliados autorizando el descuento de sus haberes mensuales del valor de la cuota de afiliado y, en su caso el descuento del valor de la cuotas correspondientes a los préstamos personales que se les otorgaran».
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el abogado Alfredo Cury supieron tener buena relación. Hoy están enfrentados y el terreno en el que dirimen diferencias es la causa por la estafa con planes sociales, en la que uno es acusador y el otro reviste el doble carácter de defensor e imputado. Este martes tuvieron uno de los cruces más serios.
Alfredo Cury le pidió al juez que dirigió la audiencia, Marco Lúpica Cristo, que «ponga en conocimiento del fiscal general (José Gerez) de la conducta del fiscal Vignaroli. Hay mal desempeño de su funciones».
Según el abogado, el fiscal perdió la objetividad: hoy le permitió a uno de los 19 imputados en la causa y a su defensor que se ausenten mientras que el año pasado, Cury no se presentó a una audiencia «y Vignaroli pidió que declaren mi rebeldía y mi captura», una medida extrema.
«Hay privilegios, hay trato desigual. ¿Por qué hoy no pidió rebeldía y captura?» para el imputado ausente, inquirió Cury.
El juez Lúpica Cristo le preguntó a Vignaroli si quería contestar. «No, que me denuncie, si cree que hay mal desempeño que me haga un jury«, respondió el fiscal jefe y se levantó como para irse, pero el juez se lo impidió.
«La audiencia no terminó, voy a resolver el planteo», dijo con firmeza.
El magistrado señaló entonces que «este supuesto encono tiene que ser analizado sobre estándares objetivos. No sé qué hay detrás, puede ser que no se lleven bien, pero no veo mala fe procesal, así que no voy a informar nada al fiscal general».
Luego sí dio por cerrada la audiencia.
El «gestor procesal» de la fiscalía de Estado
Las audiencias de planes sociales no se privan de tener detalles desopilantes, y la de este martes no fue la excepción.
Por ejemplo, la presencia del abogado Ismael Brat en representación de la fiscalía de Estado, querellante en la causa. Invariablemente ese rol lo desempeña desde hace más de dos años Gustavo Kohon.
Fue Alfredo Cury, como no podía ser de otra manera, quien le preguntó en qué carácter asistía a la audiencia. «Gestor legal», respondió Brat. En consecuencia, Cury se opuso a que tuviera voz.
Más a fondo, el defensor Gustavo Palmieri dijo que «la fiscalía de Estado ni siquiera tomó la precaución de enviar un representante con la debida asistencia legal. No existe la figura de gestor procesal en causas penales. No debe venir la fiscalía de Estado, que es el perjudicado en este caso, sin la debida representación legal adecuada».
Tajante, opinó que la audiencia no debió realizarse en esas condiciones.
Buenas tardes
Otro aporte lo hizo el defensor Maximiliano Gómez.
Cuando le tocó el turno de hablar, se produjo el siguiente diálogo.
-Buenas tardes -le dijo el juez Lúpica Cristo.
-Buen día -respondió el abogado. Eran las 9:45 de la mañana.
-Digo buenas tardes porque usted llegó 32 minutos tarde -le aclaró el juez.
En efecto, el abogado entró a la sala con la audiencia ya iniciada y se sentó en el sector de los defensores como si nada.
Hace dos años y dos meses que Ricardo Soiza está acusado de participar en la estafa de planes sociales. Ahora que el juicio oral se acerca, el exdirector dice que está «casi seguro» de que el dinero de la maniobra pudo destinarse a la campaña a diputado nacional 2021 del actual gobernador Rolando Figueroa, con el visto bueno del entonces mandatario, Omar Gutiérrez.
Soiza, exdirector de Planes Sociales, lo dijo ayer en una audiencia en la que se prorrogaron los embargos e inhibiciones de bienes contra todos los imputados en la estafa. El próximo 18 de febrero será la audiencia de control de acusación, previa al juicio oral.
Como imputado, tiene derecho a hablar en su defensa sin juramento de decir verdad. En casi todas las audiencias Soiza pidió la palabra, se declaró inocente y denunció una persecución de la fiscalía. Pero nunca mencionó el destino del dinero. Es más: aseguró que desconocía la existencia de la estafa y descargó la responsabilidad en otros imputados de menor jerarquía.
La campaña del 2021
Este martes dijo que «si la plata (sustraída como parte de la maniobra) fue para la campaña política, y creo que realmente ese es el camino, la campaña política a nivel nacional, hay un justo canal que era el actual gobernador Rolando Figueroa».
«Porque todo ese tiempo que estuve detenido estuve escuchando, observando, viendo, que la recaudación que se decía iba para un canal político. Yo no estaba presente porque estuve diez meses ausente de mi lugar de trabajo (por enfermedad). Ese es el camino, el canal donde se bifurcaba la recaudación», continuó.
«Fue por ese lado, estoy casi seguro, tenemos algunas pruebas. (Se hizo) con la venia del gobernador de ese momento que era Omar Gutiérrez», dijo Soiza.
La estrategia de pasar al federal
El período investigado por la fiscalía abarca desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022. Soiza alude a que las únicas elecciones que hubo dentro de ese rango fueron las de diputado nacional del 14 de noviembre del 2021, en las que Figueroa se presentó por el Movimiento Popular Neuquino.
Su versión coincide con la de otro imputado: el abogado Alfredo Cury, quien no por casualidad, es su defensor.
Cury ya intentó, sin éxito, que la causa planes sociales pase a la justicia federal. Hoy anunció que hará una presentación con Soiza en el fuero federal, se supone que con las pruebas de lo que denuncia.
En agosto del año pasado, Soiza mencionó a Figueroa pero en otro contexto. Dijo que lo visitó en su restaurante Faraón, le pidió que lo acompañe en la campaña a gobernador «y yo por decir no, creo que estoy pagando todo esto». Es una versión completamente distinta a la de hoy.
